“Ejercidos” por nueve dependencias
Primera parte
Por Lourdes Godínez Leal
México DF, 10 nov 08 (CIMAC).- Aunque en el Presupuesto de Egresos de la Federación (FEP) de este año nueve dependencias de la administración pública federal (APF) contaron con recursos para implementar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), a punto de concluir 2008 los avances registrados han sido prácticamente nulos y poco transparentes.
Así lo dieron a conocer las expertas del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), de la Cámara de Diputados, quienes en su reporte de seguimiento a las acciones de políticas públicas para dar cumplimiento a la LGAMVLV, han hecho un desglose de los recursos asignados a estas dependencias detectando un cúmulo de irregularidades en la ejecución del presupuesto.
En su informe han sostenido que el hecho de que el Reglamento de la norma se aprobara y publicara con un año de retraso por parte Felipe Calderón ha servido de “excusa” para que dichas instancias, principalmente la Secretaría de Gobernación (Segob), aún contando con los recursos económicos, no haya tenido avances en el primer semestre del año en cuanto a la aplicación de la ley.
Y cuestionan por qué esperó hasta la publicación del Reglamento, cuando el trabajo se pudo haber realizado sin él, ya que de acuerdo al Artículo 42 de la LGAMVLV se especifica que corresponde a la Segob elaborar el programa en coordinación con las demás autoridades integrantes del sistema.
Señala que en el caso de las acciones emergentes, como lo es la declaratoria de la Alerta de Género, “se entiende” que no es posible calendarizar gasto con metas.
No obstante, en el caso del Fondo Nacional para la Alerta de Violencia de Género (Segob) y la realización del Diagnóstico Nacional, sí se podrían calendarizar gastos con metas. En este sentido, enfatiza el CEAMEG “la justificación para no reportar acciones no resulta congruente con la justificación que se enuncia”.
EL REGLAMENTO IMPRECISO Y OMISO
Las especialistas del CEAMEG han criticado --como en su momento lo hiciera la Red de Investigadoras por la Vida y la libertad de las Mujeres, quienes elaboraron una propuesta de reglamento que no fue tomada en cuenta por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)-- la inclusión de conceptos que no están inscritos en la Ley, como “acciones disuasivas” y “desaliento de prácticas violentas”.
Y que otros, como “reducción” o disminución” de la violencia contra las mujeres, hayan sido utilizados en lugar de buscar la erradicación de la violencia “como la posibilidad de alcanzar la concreción de un Estado de derecho a favor de las mujeres y las niñas, reivindicando el derecho constitucional y los valores de igualdad, libertad y democracia”.
Además, reiteran, la utilización indistinta de los conceptos de igualdad y equidad elude la recomendación del Comité de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), en su fracción 19 referente a utilizar sistemáticamente el término "igualdad".
De acuerdo al análisis del CEAMEG, el reglamento tampoco aclara la articulación de las instancias federales para aplicar la ley, ni precisa los alcances del Inmujeres para promover y vigilar su cumplimiento, ya que éste carece de funciones de autoridad en el organigrama de la Administración Pública Federal “porque es un organismo descentralizado normativo”.
MUCHO DISCURSO, POCA PRÁCTICA
Aunque en el decreto del PEF de este año se estableció en el Artículo 25 que el Ejecutivo Federal impulsará la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través de la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, elaboración y aplicación de los programas de la APF para combatir la violencia contra las mujeres, ni el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres ni el Plan Nacional de Desarrollo de la administración calderonista contienen como eje de política pública el combate a ésta.
Asegura que la burocracia para liberar los recursos continúa siendo un obstáculo para el cumplimiento de metas de las dependencias y que muchas veces tiene que ver con mecanismos técnicos y administrativos como la obtención de claves o partidas presupuestales para ejercer el Gasto Etiquetado para Mujeres y la Igualdad de Género (GEMIG), “pero también con la agilidad en los procesos políticos que denoten compromisos institucionales”.
¿DÓNDE ESTÁN LOS RECURSOS?
De acuerdo con la revisión del avance presupuestal que el CEAMEG realizó, los recursos para la aplicación de la LGAMVLV se distribuyeron de la siguiente manera:
El Consejo de la Judicatura Federal, del Poder Judicial Federal, gastó 1.6 millones de pesos (mdp); la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol) 34.2 mdp; y el Programa de Coinversión Social, del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), ejerció 4.5 mdp.
Asimismo, durante el primer trimestre la Secretaría de Educación Pública (SEP) que programó alrededor de 900 mdp, tampoco los ejerció.
Al primer semestre de este año, la Segob no reportó ningún avance ni en los indicadores de metas y objetivos ni en el presupuesto ejercido para aplicar la Ley.
Así, los 15 mdp destinados al Fondo Nacional para la Alerta de Violencia de Género se encuentran intactos al no reportar avances, según el estudio.
08/LGL/GG
Primera parte
Por Lourdes Godínez Leal
México DF, 10 nov 08 (CIMAC).- Aunque en el Presupuesto de Egresos de la Federación (FEP) de este año nueve dependencias de la administración pública federal (APF) contaron con recursos para implementar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), a punto de concluir 2008 los avances registrados han sido prácticamente nulos y poco transparentes.
Así lo dieron a conocer las expertas del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), de la Cámara de Diputados, quienes en su reporte de seguimiento a las acciones de políticas públicas para dar cumplimiento a la LGAMVLV, han hecho un desglose de los recursos asignados a estas dependencias detectando un cúmulo de irregularidades en la ejecución del presupuesto.
En su informe han sostenido que el hecho de que el Reglamento de la norma se aprobara y publicara con un año de retraso por parte Felipe Calderón ha servido de “excusa” para que dichas instancias, principalmente la Secretaría de Gobernación (Segob), aún contando con los recursos económicos, no haya tenido avances en el primer semestre del año en cuanto a la aplicación de la ley.
Y cuestionan por qué esperó hasta la publicación del Reglamento, cuando el trabajo se pudo haber realizado sin él, ya que de acuerdo al Artículo 42 de la LGAMVLV se especifica que corresponde a la Segob elaborar el programa en coordinación con las demás autoridades integrantes del sistema.
Señala que en el caso de las acciones emergentes, como lo es la declaratoria de la Alerta de Género, “se entiende” que no es posible calendarizar gasto con metas.
No obstante, en el caso del Fondo Nacional para la Alerta de Violencia de Género (Segob) y la realización del Diagnóstico Nacional, sí se podrían calendarizar gastos con metas. En este sentido, enfatiza el CEAMEG “la justificación para no reportar acciones no resulta congruente con la justificación que se enuncia”.
EL REGLAMENTO IMPRECISO Y OMISO
Las especialistas del CEAMEG han criticado --como en su momento lo hiciera la Red de Investigadoras por la Vida y la libertad de las Mujeres, quienes elaboraron una propuesta de reglamento que no fue tomada en cuenta por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)-- la inclusión de conceptos que no están inscritos en la Ley, como “acciones disuasivas” y “desaliento de prácticas violentas”.
Y que otros, como “reducción” o disminución” de la violencia contra las mujeres, hayan sido utilizados en lugar de buscar la erradicación de la violencia “como la posibilidad de alcanzar la concreción de un Estado de derecho a favor de las mujeres y las niñas, reivindicando el derecho constitucional y los valores de igualdad, libertad y democracia”.
Además, reiteran, la utilización indistinta de los conceptos de igualdad y equidad elude la recomendación del Comité de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), en su fracción 19 referente a utilizar sistemáticamente el término "igualdad".
De acuerdo al análisis del CEAMEG, el reglamento tampoco aclara la articulación de las instancias federales para aplicar la ley, ni precisa los alcances del Inmujeres para promover y vigilar su cumplimiento, ya que éste carece de funciones de autoridad en el organigrama de la Administración Pública Federal “porque es un organismo descentralizado normativo”.
MUCHO DISCURSO, POCA PRÁCTICA
Aunque en el decreto del PEF de este año se estableció en el Artículo 25 que el Ejecutivo Federal impulsará la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través de la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, elaboración y aplicación de los programas de la APF para combatir la violencia contra las mujeres, ni el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres ni el Plan Nacional de Desarrollo de la administración calderonista contienen como eje de política pública el combate a ésta.
Asegura que la burocracia para liberar los recursos continúa siendo un obstáculo para el cumplimiento de metas de las dependencias y que muchas veces tiene que ver con mecanismos técnicos y administrativos como la obtención de claves o partidas presupuestales para ejercer el Gasto Etiquetado para Mujeres y la Igualdad de Género (GEMIG), “pero también con la agilidad en los procesos políticos que denoten compromisos institucionales”.
¿DÓNDE ESTÁN LOS RECURSOS?
De acuerdo con la revisión del avance presupuestal que el CEAMEG realizó, los recursos para la aplicación de la LGAMVLV se distribuyeron de la siguiente manera:
El Consejo de la Judicatura Federal, del Poder Judicial Federal, gastó 1.6 millones de pesos (mdp); la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol) 34.2 mdp; y el Programa de Coinversión Social, del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), ejerció 4.5 mdp.
Asimismo, durante el primer trimestre la Secretaría de Educación Pública (SEP) que programó alrededor de 900 mdp, tampoco los ejerció.
Al primer semestre de este año, la Segob no reportó ningún avance ni en los indicadores de metas y objetivos ni en el presupuesto ejercido para aplicar la Ley.
Así, los 15 mdp destinados al Fondo Nacional para la Alerta de Violencia de Género se encuentran intactos al no reportar avances, según el estudio.
08/LGL/GG
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