garantismo penal, que no es otra cosa que poner los derechos fundamentales de la persona y las garantías procesales como basamento del sistema punitivo.
Sostiene Ferrajoli que el derecho penal debe ser el último recurso del estado de derecho para enfrentar las desviaciones sociales; por tanto, primero, antes de reprimir, es necesario recurrir a todas las fórmulas posibles de prevenir.
En su discurso en el Inacipe, congruente con esta tesis formulada por él hace ya tiempo y sostenida especialmente en su obra capital Derecho y razón, entre las muchas cosas que dijo, como bien destaca el reportero de La Jornada Gustavo Castillo, fue que es necesaria una despenalización gradual de la producción y comercio de las drogas, porque tras muchas décadas de prohibición ha sido imposible su erradicación y en cambio ha servido para fortalecer un escenario de comercio clandestino, corrupción y bandas organizadas.
Algo similar, empezando dentro de los penales, por tratarse de ámbitos en que es posible establecer mecanismo de control, se propuso durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aun cuando no fue posible ir más a fondo en la experiencia, porque una parte de las energías y tiempo de ese gobierno tuvieron que ocuparse en salvarlo de las asechanzas de Fox y de su equipo; recordemos, entre otros muchos casos, el del Paraje San Juan, el recorte del presupuesto y el intento fallido del golpe que pretendió ser definitivo, que fue el desafuero. Sin embargo, el asunto quedó planteado desde entonces.
Otra faceta de la exposición de Ferrajoli, también destacada por La Jornada, pero ignorada por los medios audiovisuales y por buena parte de la prensa escrita, fue la crítica indirecta que el pensador italiano hace a la forma en que el actual gobierno afronta el problema del crimen organizado. En una parte de su exposición dice textualmente: Resulta contraproducente el uso en el debate público de un lenguaje militar o, peor, de una práctica militar, a propósito de la lucha al crimen organizado, como cuando se habla de guerra al narcotráfico o se llaman enemigos a los delincuentes, o se emplea al ejército para contrastar las bandas criminales. El derecho penal es la antítesis de la guerra: en el estado de derecho no existen enemigos, sino sólo ciudadanos
.
Las críticas más constantes a la declaración de guerra y al lenguaje belicista de Felipe Calderón en nuestro país han sido coincidentes con lo que el autor de Derecho y razón ha sostenido y en nuestro propio país la guerra, el enemigo, el exterminio, aunados al aumento de las penas, a las cárceles en que se violan derechos humanos y a procedimientos que facilitan el atropello y la arbitrariedad, como son los cateos, los arraigos, los retenes y otras prácticas contrarias a principios fundamentales de derecho, no han servido sino para desatar una escalada de violencia que no sabemos bien a bien en qué va a terminar.
Muchos medios de comunicación, especialmente la televisión, se han ocupado hasta el cansancio de casos como el del futbolista lesionado en los baños de un bar o la terrible masacre de jóvenes en Ciudad Juárez; nos hacen ver y escuchar en infinidad de ocasiones los discursos de los funcionarios con los que pretenden convencernos de su eficacia y de que están enfrentando con éxito al crimen y al delito, pero pasan desapercibidas la presencia y la voz de una autoridad como la del jurista Ferrajoli.
El título recibido y el discurso hubieran sido una oportunidad de oro para informar sobre su punto de vista y abrir el debate que por momentos, si sólo nos atenemos a la televisión, se vuelve monólogo o, peor aun, repetición de eslogans para aturdirnos y convencernos de la bondad de un producto de mercado.
Se ha dicho insistentemente que no se ganará la guerra contra el narco si no se combaten sus causas, mediante acciones preventivas. Ferrajoli en su intervención propone: una respuesta racional ante la amenaza de este mal social
; además de reiterar la denominación de derecho penal mínimo
, limitado como extrema ratio, sugiere que parte de lo que hay que hacer es desarrollar políticas sociales capaces de reducir la pobreza, la ignorancia y la marginación, que son un constante alimento no sólo de la criminalidad callejera y de subsistencia, sino también aquella criminalidad subalterna a la gran criminalidad organizada
, y enumera como políticas sociales la escuela, la instrucción, el pleno empleo, las garantías de los derechos sociales como únicas verdades políticas capaces de agredir las causas estructurales de este tipo de desviaciones.
Es el momento quizá, y aprovechando la reciente presencia en México de este autor, de volver a leer Derecho y razón, y replantear un debate encaminado a cambiar estrategias del combate al crimen organizado, a partir de nuevas reflexiones sin perjuicios y sin miedo.
Polvos de aquellos lodos. Hace unos lustros, (era el inicio de las concertaciones), al discutirse la reprivatización de la banca, Diego pudo decir a Gutiérrez Barrios: conste, don Fernando, yo nunca le he fallado
. Hoy, el discípulo de Diego no puede decir lo mismo al discípulo de Gutiérrez Barrios; a lo sumo podrá decir: conste, don Manlio, le fallé, pero renuncié
.
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