TIEMPO DE MUJERES

Legislación antinmigrante

¿Qué hacer?

Ana María Aragonés /I

Los últimos acontecimientos que están afectando gravemente a los migrantes indocumentados y legales, especialmente mexicanos, en la medida en que se les detiene por sus características físicas, nos obliga más que nunca a plantear los posibles caminos que permitan revertir esa tendencia. Si bien la migración responde a exigencias tanto del país receptor como del país expulsor y, por tanto, siempre deben analizarse los dos polos de la relación para una correcta comprensión, se debe tener en cuenta que migración no es destino y, como señala Armando Bartra, todos tenemos derecho a no migrar.

Por el lado de Estados Unidos es claro que ha requerido y requiere a trabajadores migrantes, y si son indocumentados mejor, ya que los empleadores pueden pasar por alto muchos de los beneficios laborales que por ley estarían obligados a otorgar si fueran legales. El resultado está a la vista y tiene que ver con un incremento de sus ganancias, sin importarles las graves violaciones a los derechos laborales y humanos de esos trabajadores. Si estos migrantes no tienen papeles es porque las leyes migratorias y las visas no se actualizaron en relación con el enorme dinamismo que presentaba el país. Pero incorporar a estos trabajadores les ha resultado sin duda muy rentable y explica en gran parte por qué son contrarios a una reforma migratoria integral.

Éstas son importantes razones por las cuales los nefastos personajes antinmigrantes se oponen a la legalización de los trabajadores. Los argumentos tales como han violado la ley y hay que deportarlos dejan de lado las violaciones de prácticamente todos estos empleadores, y sí a ellos simplemente se les aplica una mínima sanción. ¿Por qué a los indocumentados no se les aplica una sanción, se les obliga a pagar impuestos, en caso de que no hayan cumplido con este requisito y así podrían continuar con los procesos burocráticos para obtener su residencia permanente? Multiplicar las estrategias de represión así como los recursos destinados a ésta no han logrado el objetivo de eliminar la migración indocumentada, aunque sí precarizar el trabajo migrante, lo que al final beneficia a estos empleadores.

Bajo la ley SB 1070 se pretende una deportación masiva de trabajadores indocumentados. Sin embargo y de acuerdo con el Center for American Progress, sería prohibitivamente costosa y provocaría profundas consecuencias colaterales, pues alcanzarían los 285 mil millones de dólares en el transcurso de cinco años. Por otra parte, los impuestos se incrementarían y los contribuyentes tendrían que pagar cerca de 17 mil millones de dólares cada año, es decir, 85 mil millones de dólares. Por tanto, sería una estrategia desmesuradamente costosa, pero sobre todo, como señalan los autores, irresponsable. Por tanto, si Estados Unidos hace un ejercicio de costo-beneficio simplemente supondría terrible carga y más impuestos para su población.

El profesor Raúl Hinojosa-Ojeda, investigador de UCLA, da argumentos muy interesantes acerca de lo grave que sería retirar de la economía de Estados Unidos a los migrantes indocumentados. Por un lado, se generaría una reducción en el PIB estadunidense de 2.6 trillones de dólares en los próximos 10 años. Pero si fueran legalizados, como parte de una ley de reforma migratoria integral, parecida al IRCA, el PIB se incrementaría en 1.5 billones de dólares en los próximos 10 años. Su estudio muestra que uno de los efectos de la reforma IRCA en la que se legalizó a los trabajadores indocumentados, fue un incremento tanto en los salarios, como en el consumo, en los empleos y en los ingresos tributarios. Por el contrario, mantener a los trabajadores como indocumentados, produce una presión sobre los salarios a la baja. Por ello, el profesor Hinojosa-Ojeda plantea la necesidad de crear un círculo virtuoso, incorporando a los trabajadores bajo un marco jurídico y de respeto a sus derechos laborares para generar una presión al alza de los salarios.

Pero ésta es justamente una de las consecuencias que quieren evitar los antinmigrantes y de ahí su ferocidad ante esa posibilidad. Y por eso también los sindicatos, antiguamente contrarios a la migración, han entendido finalmente no sólo la importancia sino el beneficio que tendría los trabajadores en general si la migración se legaliza.

Estas son algunas de las explicaciones que permiten entender al polo receptor y los trabajadores indocumentados. El otro polo tiene que ver con el país expulsor. La Organización Internacional para las Migraciones se plantea una muy interesante pregunta ¿cómo prevenir los flujos de indocumentados?. La respuesta está en el lado de México, país que ya no puede soslayar su responsabilidad con discursos encendidos, que si bien pueden tener un efecto escenográfico, resultan totalmente insuficientes si al mismo tiempo no plantean un compromiso para evitar la migración forzada, producto de los desajustes e inequidades del proyecto nacional.

¿Qué puede hacer México? Muchas cosas, que serán materia de mi próxima entrega.

amaragones@gmail.com