Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). Aunque ambos esfuerzos fueron producto de una intensa movilización ciudadana, lo cierto es que en ambos casos el correspondiente procedimiento legislativo tuvo como uno de sus orígenes sendas iniciativas del Presidente entonces en funciones.Es una lástima que el Presidente Calderón no haya decidido seguir esa senda de compromiso con las mejores causas ciudadanas, íntimamente vinculadas con la extensión de derechos fundamentales y con el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas.
No solamente no ha habido iniciativas en esos y otros campos cruciales por parte del Ejecutivo Federal, sino que desde las más altas instancias del gobierno se han promovido cambios regresivos y peligrosos. Eso demuestra que algunos funcionarios se sienten muy cómodos viviendo en la opacidad y preservando el sigilo en el ejercicio de sus funciones.
Durante este sexenio se aprobó una modificación legislativa que permite mantener bajo secreto las averiguaciones previas federales ya terminadas, con lo cual se fortalece la desconfianza en la PGR y se debilita la rendición de cuentas a la que deberían estar obligados todos los órganos del Estado mexicano.
La falta de compromiso de la administración de Calderón con la transparencia se demuestra por acción y por omisión. Por acción al impulsar iniciativas regresivas y perjudiciales. Por omisión al no comprometerse con iniciativas garantistas y de avanzada. Hace varios años que deberíamos haber tenido una nueva ley federal de transparencia, pero el Ejecutivo no parece estar preocupado por ello, al grado que no ha presentado ninguna iniciativa al respecto, ni en materia de acceso a la información ni en materia de protección de datos personales.
Un caso emblemático del nivel crítico en el que estamos instalados se observa en la resistencia de Hacienda, sin duda por instrucciones del Presidente, de negarse por todos los medios a cumplir con un mandato del IFAI para entregar información sobre créditos fiscales “perdonados”, cuyo monto supera los 70 mil millones de pesos, nada menos. Se ha recurrido a todo tipo de estrategias para evitar cumplir con lo señalado por el IFAI: amparos, recursos administrativos, quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Una batería de argucias para dejar de cumplir la ley. Por si todo eso fuera poco, se acaba de lanzar un duro golpe contra la transparencia por parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que acaba de entender en el Juicio de Nulidad 826/08-17-10-2 que las autoridades tienen una especie de “derecho” a no entregar información pública y que para hacerlo valer pueden acudir ante esa instancia. Lo curioso de esa decisión es que es contraria a varias normas jurídicas, pero sobre todo a la interpretación que ya han hecho varios tribunales colegiados de circuito (por ejemplo en el Amparo Directo 78/2007 y en el Amparo en Revisión 458/2004).
El contexto, en suma, no permite en modo alguno al optimismo sobre el futuro de la transparencia y del derecho de acceso a la información. La única esperanza reside en la posibilidad de que la opinión pública reaccione frente a una cadena de burlas y desprecio hacia sus derechos. La transparencia ha sido, desde su inicio, un tema de la sociedad civil que siempre le ha resultado incómodo a los funcionarios. Si por ellos fueran el secreto absoluto sería la regla permanente en la administración pública.
El avance de los derechos fundamentales y su garantía efectiva es una tarea democratizadora, pero sobre todo civilizatoria. No podemos dar pasos hacia atrás, porque de esa manera estaríamos saboteando nuestro presente y nuestro futuro. Ojalá que en la última parte del sexenio de Calderón pueda revertirse las malas cuentas que llevan hasta hoy. México lo merece.
www.miguelcarbonell.com twitter: miguelcarbonell
Investigador del IIJ-UNAM
stedad de documentos que recibo, tanto en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, como en el Comité ¡Eureka!, destacan siempre ante mis ojos y reciben toda mi atención, los que tienen que ver con desapariciones forzadas y con muertes de seres inocentes, con crímenes impunes, perpetrados en muchas ocasiones por las mal llamadas “fuerzas del orden”, que resultan ser (triste es decirlo), policías o soldados.Hoy comparto con los lectores, parte de un escrito de fecha 5 de abril del 2010, del cual copio lo que sigue:
Lic. Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. General Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional. Doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ingeniero Eugenio Hernández Flores, gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas.
Enseguida, dirigiéndose solamente al Presidente, se lee: El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, ha recibido una denuncia de los ciudadanos Martín Almanza Rodríguez, Cinthya Josefina Salazar Castillo, Carlos Alfredo Rangel Delgado y Vanesa Viridiana Velásquez Carmona, todos ellos de nacionalidad mexicana, mayores de edad, de ocupación empleados y residentes en esta frontera, en contra de elementos del Ejército Nacional Mexicano, por un atentado a balazos cometido en su contra la noche del sábado 3 de abril del presente año, en donde los cuatro resultaron lesionados, falleciendo además dos menores de edad de nombres Bryan Almanza Salazar, de cinco años y Martín Almanza Salazar, de nueve años.
Martín Almanza Rodríguez, de 30 años, en pormenorizado relato, narra luego el horror de los momentos que vivieron él, su esposa y todos los familiares que viajaban en su camioneta, la mayoría menores, hijos de los dos matrimonios.
Narra que salieron de Nuevo Laredo hacia Matamoros “para pasar el fin de semana en la playa Bagdad”; que tomaron la “carretera ribereña Nuevo Laredo-Reynosa y a la altura del kilómetro 118, tramo Guerrero-Cd. Mier, encontramos un retén del Ejército mexicano, integrado por al menos cuatro vehículos y más de 50 soldados”.
Explica que al pasar junto a los militares, disminuyó totalmente la velocidad de la camioneta y bajaron todos los vidrios, mientras esperaban alguna indicación, pero dijo: “Uno de los soldados nos hizo la seña que continuáramos en circulación”.
Lo que sigue narrando es terrible. Expresa la desesperación y el miedo que todos sentían, ya que los soldados empezaron a disparar contra el vehículo por la parte trasera y dos de los mayores resultaron heridos. Los niños gritaban y lloraban y los mayores, a grandes voces, pedían a los militares que no dispararan, aducían que eran gente de paz y que iban con ellos muchos niños.
Martín Almanza, quien conducía la camioneta, la detuvo totalmente, pero les seguían disparando. Narra que decidieron bajarse y correr hacia el monte, ya que tanto él como su cuñado estaban heridos y todos los adultos trataban de proteger a los menores. Aún había claridad —dicen— y decidieron alejarse para tratar de evitar ser alcanzados por las balas, pero al abandonar el vehículo se dieron cuenta de que su hijo de nueve años, Martín Almanza Salazar, “quedó muerto dentro de la camioneta, con impactos en la espalda y tendido boca abajo en la cajuela”.
Cynthia Josefina Salazar, esposa de Martín Almanza Rodríguez, se dio cuenta de que había perdido el conocimiento y le gritaba: “Martín, Martín, no te mueras, hay que sacar a los niños de la camioneta... me paré en la orilla de la carretera y le gritaba a los soldados que nos disparaban que había niños dentro... pero no me hicieron caso”. Cuando mi esposo recobró el conocimiento, se bajó y corrimos al monte... “yo cargaba en brazos a mi niño Bryan y estiraba a las dos niñas, pero en el momento que lo cambié de brazo, me sentí herida en el estómago, pero seguimos corriendo. Después sentí que hirieron a mi hijo Bryan por la espalda... sentí cómo su cabecita se iba para atrás y se le soltaba el cuerpecito y le grité a mi esposo que nos habían matado a Bryan... entonces él me ayudó a cargarlo hasta la casa donde nos dieron refugio”.
“Me siento muy triste porque mi hijo Bryan murió en mis brazos y no pude protegerlo”...
Y termina: “Yo quisiera decirle al presidente Calderón que sepa lo que está pasando con los militares; ellos tienen hijos y no les gustaría pasar por lo que nosotros estamos pasando. Queremos justicia, queremos ayuda.... ¡que se castigue a los responsables!”.
Muchísimos mexicanos que se han enterado de tragedias similares en el país opinan con un dejo entre sarcasmo y amargura: “Tanto el ‘jefe supremo’ como el ‘ministro del Interior’ sólo dirán: ‘daños colaterales’”.
Dirigente del comité ¡Eureka!
Atres días de que se cumpla un año del incendio de la guardería ABC –subrogada a particulares por el Instituto Mexic
ano del Seguro Social (IMSS)–, en el que murieron 49 niños y más de 70 resultaron heridos, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, se reunió ayer en la residencia oficial de Los Pinos con un grupo de padres y madres de las víctimas.El encuentro que se comenta reviste aspectos impresentables tanto en la forma como en el fondo. Al igual que como ocurrió el 30 de abril pasado, la reunión de ayer estuvo marcada por la ausencia de la mayoría de los familiares de los muertos en el incendio. Horas antes, los padres excluidos informaron, por medio de un comunicado, que la invitación al encuentro se realizó en forma indirecta y por medio de terceras personas
, y luego de diversas solicitudes infructuosas para que el titular del Ejecutivo federal se reuniera, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, con la totalidad de las familias afectadas. Tales elementos dejan ver una actitud parcial y selectiva por parte de las autoridades en la atención a los deudos de las víctimas, y refuerzan la impresión de que el gobierno federal alienta la división entre los progenitores de los niños fallecidos.
La cita referida tiene lugar, por lo demás, en el contexto de una exasperante falta de voluntad de esclarecimiento y procuración de justicia, tanto de las autoridades estatales como de las federales: desde los primeros indicios de que la tragedia del 5 de junio ocurrió por la imprevisión, la indolencia y la corrupción, debió emprenderse una investigación cabal y oportuna que condujera al deslinde de responsabilidades y al establecimiento de las sanciones correspondientes. Sin embargo, a la conducta errática y tardía inicial de las autoridades para hacerse cargo de tales pesquisas –días después del incendio, el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, advirtió que nadie iría a la cárcel
como consecuencia de las muertes de los menores– se ha sumado, en los meses siguientes, una inacción injustificable para imputar responsabilidades penales o administrativas a los altos funcionarios involucrados, pese a que éstos han sido señalados en el informe del caso que elaboró la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esas conductas han dejado claro que hay renuencia de los niveles federal y estatal de gobierno a llevar a juicio a los copropietarios de la guardería ABC –entre quienes se encuentran personajes considerados influyentes
por su parentesco con funcionarios del gabinete del ex gobernador sonorense Eduardo Bours y con la esposa del titular del Ejecutivo federal, Margarita Zavala–, pese a que la propia PGR giró desde julio del año pasado las órdenes de aprehensión correspondientes.
Por lo demás, el caso ABC pone de manifiesto un escandaloso extravío de los aparatos de procuración e impartición de justicia en el país, eficaces para llevar a la cárcel a mujeres indígenas a las que se les inventan delitos, pero del todo inútiles cuando se trata de investigar a los poderosos y a sus parientes. En este sentido, el aparente designio de impunidad para los responsables de la catástrofe de Hermosillo no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un patrón de conducta en el que convergen el abuso del poder, la fabricación de culpables, el empleo faccioso y discrecional de las leyes, la corrupción y la discriminación.
A la luz de los elementos de juicio disponibles, la reunión que tuvo lugar ayer en Los Pinos se presenta a la opinión pública como un ejercicio de simulación y encubrimiento ante una realidad lacerante y dolorosa. En tanto que estos ensayos discursivos no vayan acompañados de un viraje en el manejo del tema –comenzando por un trato igual e imparcial para las familias de las víctimas–, no se podrá resarcir el dolor, el agravio y la indignación provocados desde hace un año a la sociedad sonorense y nacional, ni se podrá remontar el descrédito monumental que padecen las instituciones.
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