del medio ambiente, sino además ha contribuido en forma acelerada a una crisis de credibilidad en las instituciones del Estado.A manera de recuento podemos apuntar los siguientes antecedentes:
1. La entrega anticonstitucional de concesiones por parte del gobierno federal para la instalación de cinco plantas de generación de energía eléctrica de exportación para abastecer el sur de California y Arizona, desde territorio bajacaliforniano, con una capacidad en su conjunto aproximada de 2600 megavatios, la cual constituye el doble de la capacidad productiva de las dos plantas actuales (Cerro Prieto y Rosarito) que suministran dicho energético a los hogares del estado y parte de Sonora.
2. La instalación de una estación de gas natural licuado en Ensenada con una capacidad receptora de mil millones diarios de pies cúbicos, suficientes para abastecer 12 plantas de 500 megavatios, cuya quema de combustible contribuirá en 17 por ciento a las emisiones del calentamiento global provenientes del gas natural. La estación de gas requerirá de dos a cuatro tanques, donde cada uno tendrá la capacidad de almacenar 5 millones de pies cúbicos de gas natural licuado. En caso de romperse la cubierta de los tanques o que fallara el sistema de enfriamiento, este liquido se expandiría a 3 mil millones de pies cúbicos, razón por la cual esta estación jamás sería construida en California, aunque el destino del producto sea la propia California.
3. La concreción de esta estrategia ha sido posible gracias a la creación de una enorme red de complicidades de funcionarios federales y estatales, que han pisoteado derechos ciudadanos, violentado la soberanía nacional y avasallado las instituciones del Estado.
4. Las acciones ilegales de Sempra en Baja California se pusieron al descubierto al descubrirse que la adquisición del terreno para ser utilizado como zona de amortiguamiento fue realizada mediante una operación fraudulenta, donde la supuesta vendedora, de nombre Elodia Gómez Castañón, había fallecido un año tres meses antes de realizarse dicha operación.
5. Para encubrir el fraude, el gobierno del estado de Baja California contó con la complicidad del notario público de Ensenada Diego Monsiváis Franco, jueces locales y agentes del Ministerio Público estatales, que desalojaron al legítimo propietario, y le giraron orden de aprehensión, durante el periodo del ex gobernador Eugenio Elorduy, cuya hija aparece como apoderada de la empresa DGN, fusionada con Sempra Energy según la Comisión Federal de Competencia.
6. Como una acción adicional, en un hecho insólito y violatorio de la soberanía nacional, la empresa Sempra celebró un contrato en Estados Unidos el 16 de abril de 2008 con un investigador privado para realizar acciones de espionaje en territorio mexicano, a los abogados y familiares de la persona despojada de su terreno y a autoridades del estado. El pago por dichos servicios lo realizó Sempra mediante los cheques 132532, 133709 y 137361.
7. La operación para privilegiar la instalación de esta empresa en Baja California y el encubrimiento de sus actividades fraudulentas corrió a cargo de Bernardo Martínez, secretario de Gobierno de Eugenio Elorduy y actual empleado de dicha trasnacional. Durante el presente gobierno, el procurador del estado, Rommel Moreño Manjarrez, reconsignó el expediente, y a pesar de que la justicia federal amparó al legítimo propietario, ha declarado que el propietario del terreno es un delincuente, en un intento por proteger los intereses de la trasnacional.
8. Después de años de litigio, mediante el exhorto Nº 21/2010 del 24 de mayo de 2010, girado por el juez primero de lo penal de Tijuana, Baja California, licenciado Francisco A. Molina Hernández, se ordena la restitución del inmueble a Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, y el mismo juez indica al agente del Ministerio Público que queda sin efecto la orden de aprehensión dictada en contra de Sánchez Ritchie por el delito de despojo.
9. El que dicha empresa no tenga la posesión jurídica sobre el terreno tiene varias y profundas implicaciones, la principal es que quedó al descubierto la farsa montada por Sempra y avalada por el gobierno estatal en turno, en la cual adquirió el predio mediante un fraude, y al mismo tiempo la trasnacional queda en el desamparo legal y violenta las normas de la Semarnat que la obligan a cubrir el requisito obligatorio de tener una área de amortiguamiento.
10. Un fraude adicional de Sempra es ocultar a los tenedores de acciones en la bolsa de valores que existía una demanda en su contra; y presentar proyecciones de futuros que sabía no tenían ni podían garantizar jurídicamente, y al mismo tiempo han cometido perjurio en contra de la SEC (Securities Exchange Commission), al no reportar la demanda en su contra y ocultarle que habían perdido el litigio en los tribunales mexicanos.
Con estos antecedentes, comprobables uno por uno, dos acciones son impostergables para la recuperación del estado de derecho en Baja California y en el país. La cancelación de la concesión a Sempra Energy y, en consecuencia, la clausura de la terminal de gas natural licuado en Ensenada..
busca nuevos conocimientos y comparte sus descubrimientos. La ciencia y sus resultados serían así un bien público a disposición de la humanidad para resolver problemas de la colectividad.El propósito de la empresa privada, en contraste, es generar la máxima ganancia. Si invierte en investigación científica es para lucrar con sus resultados y para ello se protege patentando los descubrimientos. La defensa de la privatización de la investigación es que no hay dinero público que alcance y es justo que las empresas puedan recuperar su inversión en investigación y desarrollo de productos por medio de la propiedad intelectual.
El problema está en que el fin de lucro altera la investigación científica y subvierte su esencia. Cuando está implicada la ganancia surgen el financiamiento interesado y los conflictos de interés que afectan el bienestar y seguridad de la población.
La industria farmacéutica transnacional –la gran farma– es icono de esta problemática. Varias revisiones sistemáticas demuestran que los estudios que financia tienen, con más frecuecia, sesgos en su diseño, resultados favorables al fármaco investigado y ocultamiento de efectos adversos graves. La gran farma invierte dos veces más en comercialización y administración, 33 por ciento de sus costos, que en investigación y desarrollo, 17 por ciento. Los frutos de sus investigaciones son decrecientes; sólo nueve de las 22 moléculas y biológicos nuevos, registrados en 2006, habían sido desarrollados por estas compañías. Incluso 90 por ciento de sus ganancias provienen de fármacos que han estado en el mercado durante más de cinco años, según PriceWaterHouse.
Las patentes de muchos productos están por expirar y tendrán que competir con los fármacos genéricos con la habitual caída de precios o erosión por genéricos
. Y tiene razón en preocuparse. Cuando Brasil e India ignoraron la patente del antirretroviral combinado para tratar el VIH/sida, el precio del tratamiento anual cayó de 11 mil a 295 dólares. Esto ilustra cómo la big pharma condena a muerte a los que no pueden pagar y daña los sistemas de salud con sus precios monopólicos. Su estrategia de cabildeo con los gobiernos y los legisladores se enfoca actualmente a modificar la legislación sobre patentes para prolongarlas y a impedir que se adopten protocolos de atención con el uso racional de fármacos o que se facilite la venta de éstos sin receta.
Otra actuación con daños a las personas está relacionada con la manipulación de los resultados de los ensayos clínicos de sus medicamentos, sea por ocultamiento de efectos secundarios o por proponer usos del medicamento no investigados.
En la actualidad se debaten varios casos muy célebres. Uno es Avandia de GSK, antidiabético que tiene ventas por 2.2 mil millones de dólares. En 2007 se descubrió que este medicamento estaba asociado al incremento en cerca de 50 por ciento de ataques cardiacos. La empresa lo sabía, pero no lo había advertido en la caja. Este hecho llevó al Senado de Estados Unidos a formar un comité de investigación cuyos resultados, presentados en febrero de 2010, confirman este hecho y en julio se determinará si se retira del mercado. Circula en México donde sólo alerta contra su uso en personas con insuficiencia cardiaca, pero no sobre el aumento del riesgo de infarto.
Otro caso es el medicamento Seroquel, de Astra Zeneca, cuyo uso aprobado es en el tratamiento de esquizofrenia. Posteriormente, la empresa lo promovió como tratar el trastorno bipolar, sin haber hecho nuevos ensayos clínicos. O sea, no está probado su efecto y la falta de tratamiento eficaz puede llevar el paciente al suicidio. Con esta ampliación sus ventas llegaron a 4.9 mil millones de dólares en 2009. Recientemente la empresa fue multada con 520 millones de dólares por este fraude contra el sistema de salud. Las autoridades mexicanas no han tomado ninguna medida.
La revisión de las investigaciones sobre Tamiflu que publicó el British Medical Journal en 2009 demostró el mismo comportamiento engañoso de Roche con información parcial, estudios de efectos adversos ocultados, etcétera, que llegó a concluir que no se puede garantizar que tenga utilidad ni que sea inocuo. Y, sin embargo, la Ssa hizo una compra de este medicamento por 325 millones en febrero, 2010. ¿Dónde está la autoridad sanitaria que debe proteger nuestra salud y el dinero destinado a ello?
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