Procuración de justicia y política
Lorenzo Córdova Vianello
La detención, consignación y finalmente el auto de formal prisión a Gregorio, Greg, Sánchez, candidato del PRD a la gubernatura de Quintana Roo, nuevamente pone sobre la mesa el tema del uso de la procuración de justicia con fines políticos.
No pretendo aquí referirme a la culpabilidad o no de Greg sobre las imputaciones por crimen organizado. No existen elementos para poder emitir juicio algun
o al respecto y el mismo tendrá que ser el resultado de un proceso penal que sin duda será largo y tortuoso. Tampoco quiero abordar las expectativas electorales del candidato a gobernador, todavía poco ciertas, vistas las previsibles impugnaciones que se interpondrán vía el amparo y ante el Tribunal Electoral para intentar rescatar la permanencia de Greg en la contienda. Me parece, por el contrario, que es una ocasión para subrayar la necesidad de repensar el diseño de la procuración de justicia en México para inocular la cada vez más recurrente, y muchas veces justificada, acusación de que a las procuradurías se les usa políticamente.
La dura reacción del PRD acusando el trasfondo político de la acusación, además de natural y previsible, es completamente normal si se tiene en cuenta la lamentable cadena de actuaciones ministeriales sesgadas políticamente que preceden este caso.
El antecedente más ominoso en ese sentido es el desafuero contra López Obrador que tuvo por objeto (reconocido con el tiempo cínica y groseramente por Vicente Fox) impedir que el entonces jefe de Gobierno del DF fuera candidato presidencial. Pero a la lista se suman, entre otros casos, las detenciones de decenas de presidentes municipales —sobre todo perredistas— en plena campaña electoral hace un año y que hasta el momento ha culminado con 17 ex alcaldes liberados por falta de pruebas, la acusación en contra del hoy amparado Julio César Godoy Toscano, ex candidato a diputado por Lázaro Cárdenas, Michoacán, y, finalmente, la persecución penal contra el actual aspirante panista a la gubernatura de Aguascalientes, Martín Moreno, cuya candidatura fue ratificada por el Tribunal Electoral hace algunas semanas.
Y es que en tanto la procuración de justicia esté en manos de los poderes ejecutivos, federal y locales, la sospecha de falta de imparcialidad y autonomía en su desempeño y de un uso político de la persecución de los delitos será inevitable.
Y mientras no se asuman medidas que tiendan a garantizar una real autonomía de los ministerios públicos encargados de esa procuración de justicia frente a la política, esas sospechas y acusaciones tenderán a multiplicarse.
En un estupendo ensayo sobre el Ministerio Público, Héctor Fiz-Zamudio recuerda que existe una tendencia vigorosa en el mundo hacia la autonomía del MP que se ha articulado en tres vertientes: a) su incorporación al Poder Judicial; b) su plena autonomía como órgano constitucional del Estado, y c) su permanencia dentro del Ejecutivo, pero estableciendo garantías reales de autonomía, equiparables a las de los jueces: inamovilidad, remuneración y profesionalización (Función constitucional del Ministerio Público. Tres ensayos y un epílogo, UNAM, México, 2003, pp. 184-185).
Hoy, en la arena de discusión de la reforma política hay dos propuestas sobre la mesa que coinciden en la necesidad de dotar de plena autonomía al MP frente al titular del Ejecutivo y que están planteadas en las iniciativas que han presentado, por un lado, los senadores del PRI y, por el otro, el PRD, PT y Convergencia.
No se trata de un planteamiento nuevo, y las objeciones a esa propuesta casi siempre coinciden en la inconveniencia de sustraer la procuración de justicia del Ejecutivo porque ello significaría debilitar la capacidad del gobierno de enfrentar la criminalidad organizada.
Se trata de réplicas inaceptables. El gran dilema que tenemos ante nosotros es el de combatir la delincuencia sin renunciar a las vías democráticas de funcionamiento del Estado y el de la dependencia y subordinación de los MP de los gobiernos es uno de los grandes pendientes en nuestro proceso de democratización. En tanto no resolvamos este punto, las denuncias de sesgos políticos en la procuración de justicia serán inevitables.
Investigador y profesor de la UNAM
La detención, consignación y finalmente el auto de formal prisión a Gregorio, Greg, Sánchez, candidato del PRD a la gubernatura de Quintana Roo, nuevamente pone sobre la mesa el tema del uso de la procuración de justicia con fines políticos.
No pretendo aquí referirme a la culpabilidad o no de Greg sobre las imputaciones por crimen organizado. No existen elementos para poder emitir juicio algun
o al respecto y el mismo tendrá que ser el resultado de un proceso penal que sin duda será largo y tortuoso. Tampoco quiero abordar las expectativas electorales del candidato a gobernador, todavía poco ciertas, vistas las previsibles impugnaciones que se interpondrán vía el amparo y ante el Tribunal Electoral para intentar rescatar la permanencia de Greg en la contienda. Me parece, por el contrario, que es una ocasión para subrayar la necesidad de repensar el diseño de la procuración de justicia en México para inocular la cada vez más recurrente, y muchas veces justificada, acusación de que a las procuradurías se les usa políticamente.La dura reacción del PRD acusando el trasfondo político de la acusación, además de natural y previsible, es completamente normal si se tiene en cuenta la lamentable cadena de actuaciones ministeriales sesgadas políticamente que preceden este caso.
El antecedente más ominoso en ese sentido es el desafuero contra López Obrador que tuvo por objeto (reconocido con el tiempo cínica y groseramente por Vicente Fox) impedir que el entonces jefe de Gobierno del DF fuera candidato presidencial. Pero a la lista se suman, entre otros casos, las detenciones de decenas de presidentes municipales —sobre todo perredistas— en plena campaña electoral hace un año y que hasta el momento ha culminado con 17 ex alcaldes liberados por falta de pruebas, la acusación en contra del hoy amparado Julio César Godoy Toscano, ex candidato a diputado por Lázaro Cárdenas, Michoacán, y, finalmente, la persecución penal contra el actual aspirante panista a la gubernatura de Aguascalientes, Martín Moreno, cuya candidatura fue ratificada por el Tribunal Electoral hace algunas semanas.
Y es que en tanto la procuración de justicia esté en manos de los poderes ejecutivos, federal y locales, la sospecha de falta de imparcialidad y autonomía en su desempeño y de un uso político de la persecución de los delitos será inevitable.
Y mientras no se asuman medidas que tiendan a garantizar una real autonomía de los ministerios públicos encargados de esa procuración de justicia frente a la política, esas sospechas y acusaciones tenderán a multiplicarse.
En un estupendo ensayo sobre el Ministerio Público, Héctor Fiz-Zamudio recuerda que existe una tendencia vigorosa en el mundo hacia la autonomía del MP que se ha articulado en tres vertientes: a) su incorporación al Poder Judicial; b) su plena autonomía como órgano constitucional del Estado, y c) su permanencia dentro del Ejecutivo, pero estableciendo garantías reales de autonomía, equiparables a las de los jueces: inamovilidad, remuneración y profesionalización (Función constitucional del Ministerio Público. Tres ensayos y un epílogo, UNAM, México, 2003, pp. 184-185).
Hoy, en la arena de discusión de la reforma política hay dos propuestas sobre la mesa que coinciden en la necesidad de dotar de plena autonomía al MP frente al titular del Ejecutivo y que están planteadas en las iniciativas que han presentado, por un lado, los senadores del PRI y, por el otro, el PRD, PT y Convergencia.
No se trata de un planteamiento nuevo, y las objeciones a esa propuesta casi siempre coinciden en la inconveniencia de sustraer la procuración de justicia del Ejecutivo porque ello significaría debilitar la capacidad del gobierno de enfrentar la criminalidad organizada.
Se trata de réplicas inaceptables. El gran dilema que tenemos ante nosotros es el de combatir la delincuencia sin renunciar a las vías democráticas de funcionamiento del Estado y el de la dependencia y subordinación de los MP de los gobiernos es uno de los grandes pendientes en nuestro proceso de democratización. En tanto no resolvamos este punto, las denuncias de sesgos políticos en la procuración de justicia serán inevitables.
Investigador y profesor de la UNAM
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