Julio Hernández López: Astillero
Lo importante es aparentar que hay empeño justiciero. Así sucedió en Ciudad Juárez, donde las cosas empeoraron luego que Felipe Calderón hubo de ir a la propia urbe fronteriza a anunciar una serie de ambiciosas metas a conseguir en cien días luego de los cuales la atención del fallido promitente se ha tenido que posar en los subsecuentes escándalos del México Rojo (tan incumplidos están los ofrecimientos de coyuntura hechos por FC que su secretario de disculpas y demagogia, Fernando Gómez Mont, prefirió confrontar a quienes pedían cuentas de la fábula de los cien días y acusar, a quienes critican, de provocar violencia y no entender que las cosas no pueden componerse o mejorar ni siquiera en los plazos anunciados soberanamente por el propio Calderón). El ocupante de Los Pinos brincó allá la aduana de la protesta social mediante blindaje militar, exclusión de grupos sociales incómodos en los actos oficiales, palabrería y mucho manejo mediático. Ahora sucede algo parecido con el caso ABC, cuyo aniversario de impunidad obliga al esposo de la señora Zavala Gómez del Campo a allegarse el mayor número posible de municiones de salva para simular que pone en el paredón a funcionarios culpables y que está dispuesto a actuar contra sistemas burocráticos criminales.
En la feria de fingimientos institucionales se representó este miércoles la propagandísticamente necesaria reunión de algunos padres de familia de niños muertos en la guardería ABC, se anunció que el 5 será día de luto nacional y se habló de que el propio Calderón estará en Hermosillo en el curso de las próximas semanas. Pero ayer se dio a conocer el dictamen de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que coloca al malabarista de gobierno ante la necesidad de confirmar en los hechos sus presuntos aires justicieros o sumar ese expediente a la pila de falseamientos producidos con el ánimo de apaciguar en lo inmediato, de darle contenido esperanzador a los discursos de ocasión.
Cierto es que la responsabilidad del curso que tenga el mencionado dictamen tendrá el pleno de una corte derechizada y cargada al calderonismo, y que las resoluciones inculpatorias hechas hasta ahora por un solo ministro pueden ser aprobadas, pero incumplidas y desdeñadas, como sucedió con el caso de Oaxaca y las reiteradas violaciones al orden constitucional habidas durante 2006 y 2007, pero Calderón no puede eludir el castigo, cuando menos político, a dos de sus cuadros preferidos: Juan Molinar Horcasitas, un sombrío grillo panista que se acomoda en cualquier cargo, sobre todo si no sabe nada de él, y Daniel Karam, miembro del grupito íntimo al que FC ha promovido ofensivamente a cargos de alta responsabilidad para los que no tiene la proporcional preparación. Lo menos que Calderón debería llevar a los padres de los niños muertos en Hermosillo sería la destitución de esos funcionarios y su consignación penal, que en el fondo sería el reconocimiento de su propia corresponsabilidad por la designación de esos personajes y la inadecuada supervisión de su nivel de eficacia.
El otro político mencionado en el dictamen de Zaldívar es Eduardo Bours, el empresario priísta que convirtió a Sonora en negocio familiar y en escaparate de frivolidades, clasismo e irresponsabilidad cotidianas. Pero ha de recordarse que Bours y su candidato a la sucesión, Alfonso Elías Serrano, fueron los damnificados electorales del incendio que ahora el polivalente secretario Gómez Mont insiste en que fue intencional, pero sin precisar nombres y bandería política de los presuntos causantes. Sonora parecía encaminada con facilidad a un triunfo del aspirante promovido por Bours, pero las llamas y las muertes de la guardería ABC generaron un vuelco que llevó al poder estatal al panista Guillermo Padrés.
En otro ejercicio de imaginaciones improductivas, ayer sesionó una vez más el Consejo Nacional de Seguridad Pública, para continuar con las rondas de discursos, propuestas, creación de comisiones y otros entretenimientos similares. Algunas de las intervenciones resultaron pequeñas joyas de la demagogia y, a la luz de los infortunios que viven los pobladores de las áreas por ellos gobernados, ofensivas. Por ejemplo, el presidente municipal de Ciudad Juárez, que duerme en El Paso, Texas, José Reyes Ferriz, arengó: Vayamos al rescate de nuestro presente y al blindaje definitivo de nuestro futuro con la determinación que el momento exige para derrotar la criminalidad que sin escrúpulos pretende arrancarnos el territorio nacional, y llamó a los alcaldes del país a unirnos en una sola bandera, la bandera de la ley, la bandera de la justicia, la bandera del orden, la bandera de México. El microgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, también se lució: Importa decir que la hora de México nos impone a todos pasar del diagnóstico a la acción, de una perspectiva de integralidad a la transversalidad, porque todos somos responsables y por eso es aceptable generar una dinámica que desde ahora contribuya a concretar cambios acumulativos que avancen gradualmente en la dirección correcta. No, pos sí. Rollo y más rollo, sin resultados verdaderos. En todo caso, se habilitó la nota de que avanza la idea de que haya policías estatales con mandos únicos, lo cual en los hechos no significa nada.
Y, mientras Fox le salta al cuello a la dupla Calderón-Nava, al criticar las alianzas perreánicas, augurar amplias derrotas del panismo en las urnas el mes próximo, y advertir que va a ser muy costosa esta elección, va a costar mucho tiempo al Partido Acción Nacional recuperar su posición ideológica, recuperar su posición de líder en la promoción democrática del país, ¡feliz fin de semana, con el instituto electoral de Quintana Roo que con celeridad ha ordenado la cancelación del registro de Greg como candidato, el retiro de su nombre de las boletas electorales y la suspensión de propaganda a su favor!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Enrique Galván Ochoa: Dinero
Se publicó el decreto por el cual se declara día de luto nacional el 5 de junio, en memoria de los niños asesinados en la guardería ABC de Hermosillo. Le faltaron unos renglones: el luto también debería ser por el dictamen jurídico del ministro de la Suprema Corte Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que dejó libres de todo cargo a los dueños, entre quienes se encuentra la señora Marcia Gómez del Campo Tonella, prima de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa del presidente Calderón. No es que Daniel Karam, del IMSS; Juan Molinar, ex director de ese instituto, y Eduardo Bours, ex gobernador de Sonora, no sean responsables también, claro que lo son, pero la lista quedó incompleta. Finalmente ninguno será castigado, el resultado de la investigación de la Suprema Corte de Justicia no es vinculatorio, es decir, no implica acción penal contra los culpables. Por lo demás, no es una sorpresa. ¿O acaso sorprende a alguien la impunidad de los poderosos? Al ministro Zaldívar Lelo de Larrea lo acompañará el deshonor de haberse puesto a su servicio.
La sanción a JP Morgan
Es como imponerle una multa de un centavo a un automovilista que se pasa un alto. Aun así, es significativa la sanción que la autoridad financiera de Gran Bretaña impuso al banco JP Morgan. Encontró que había violado la ley al no separar el dinero de sus clientes de su propio capital entre noviembre de 2002 y julio de 2009. La crisis financiera que se desató entre esos años puso en peligro los ahorros de los clientes; si Morgan naufraga habrían resultado afectados. La multa quedó en 59.9 millones de euros. Como quien le quita un pelo a una rana.
Lo importante es aparentar que hay empeño justiciero. Así sucedió en Ciudad Juárez, donde las cosas empeoraron luego que Felipe Calderón hubo de ir a la propia urbe fronteriza a anunciar una serie de ambiciosas metas a conseguir en cien días luego de los cuales la atención del fallido promitente se ha tenido que posar en los subsecuentes escándalos del México Rojo (tan incumplidos están los ofrecimientos de coyuntura hechos por FC que su secretario de disculpas y demagogia, Fernando Gómez Mont, prefirió confrontar a quienes pedían cuentas de la fábula de los cien días y acusar, a quienes critican, de provocar violencia y no entender que las cosas no pueden componerse o mejorar ni siquiera en los plazos anunciados soberanamente por el propio Calderón). El ocupante de Los Pinos brincó allá la aduana de la protesta social mediante blindaje militar, exclusión de grupos sociales incómodos en los actos oficiales, palabrería y mucho manejo mediático. Ahora sucede algo parecido con el caso ABC, cuyo aniversario de impunidad obliga al esposo de la señora Zavala Gómez del Campo a allegarse el mayor número posible de municiones de salva para simular que pone en el paredón a funcionarios culpables y que está dispuesto a actuar contra sistemas burocráticos criminales.
En la feria de fingimientos institucionales se representó este miércoles la propagandísticamente necesaria reunión de algunos padres de familia de niños muertos en la guardería ABC, se anunció que el 5 será día de luto nacional y se habló de que el propio Calderón estará en Hermosillo en el curso de las próximas semanas. Pero ayer se dio a conocer el dictamen de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que coloca al malabarista de gobierno ante la necesidad de confirmar en los hechos sus presuntos aires justicieros o sumar ese expediente a la pila de falseamientos producidos con el ánimo de apaciguar en lo inmediato, de darle contenido esperanzador a los discursos de ocasión.
Cierto es que la responsabilidad del curso que tenga el mencionado dictamen tendrá el pleno de una corte derechizada y cargada al calderonismo, y que las resoluciones inculpatorias hechas hasta ahora por un solo ministro pueden ser aprobadas, pero incumplidas y desdeñadas, como sucedió con el caso de Oaxaca y las reiteradas violaciones al orden constitucional habidas durante 2006 y 2007, pero Calderón no puede eludir el castigo, cuando menos político, a dos de sus cuadros preferidos: Juan Molinar Horcasitas, un sombrío grillo panista que se acomoda en cualquier cargo, sobre todo si no sabe nada de él, y Daniel Karam, miembro del grupito íntimo al que FC ha promovido ofensivamente a cargos de alta responsabilidad para los que no tiene la proporcional preparación. Lo menos que Calderón debería llevar a los padres de los niños muertos en Hermosillo sería la destitución de esos funcionarios y su consignación penal, que en el fondo sería el reconocimiento de su propia corresponsabilidad por la designación de esos personajes y la inadecuada supervisión de su nivel de eficacia.
El otro político mencionado en el dictamen de Zaldívar es Eduardo Bours, el empresario priísta que convirtió a Sonora en negocio familiar y en escaparate de frivolidades, clasismo e irresponsabilidad cotidianas. Pero ha de recordarse que Bours y su candidato a la sucesión, Alfonso Elías Serrano, fueron los damnificados electorales del incendio que ahora el polivalente secretario Gómez Mont insiste en que fue intencional, pero sin precisar nombres y bandería política de los presuntos causantes. Sonora parecía encaminada con facilidad a un triunfo del aspirante promovido por Bours, pero las llamas y las muertes de la guardería ABC generaron un vuelco que llevó al poder estatal al panista Guillermo Padrés.
En otro ejercicio de imaginaciones improductivas, ayer sesionó una vez más el Consejo Nacional de Seguridad Pública, para continuar con las rondas de discursos, propuestas, creación de comisiones y otros entretenimientos similares. Algunas de las intervenciones resultaron pequeñas joyas de la demagogia y, a la luz de los infortunios que viven los pobladores de las áreas por ellos gobernados, ofensivas. Por ejemplo, el presidente municipal de Ciudad Juárez, que duerme en El Paso, Texas, José Reyes Ferriz, arengó: Vayamos al rescate de nuestro presente y al blindaje definitivo de nuestro futuro con la determinación que el momento exige para derrotar la criminalidad que sin escrúpulos pretende arrancarnos el territorio nacional, y llamó a los alcaldes del país a unirnos en una sola bandera, la bandera de la ley, la bandera de la justicia, la bandera del orden, la bandera de México. El microgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, también se lució: Importa decir que la hora de México nos impone a todos pasar del diagnóstico a la acción, de una perspectiva de integralidad a la transversalidad, porque todos somos responsables y por eso es aceptable generar una dinámica que desde ahora contribuya a concretar cambios acumulativos que avancen gradualmente en la dirección correcta. No, pos sí. Rollo y más rollo, sin resultados verdaderos. En todo caso, se habilitó la nota de que avanza la idea de que haya policías estatales con mandos únicos, lo cual en los hechos no significa nada.
Y, mientras Fox le salta al cuello a la dupla Calderón-Nava, al criticar las alianzas perreánicas, augurar amplias derrotas del panismo en las urnas el mes próximo, y advertir que va a ser muy costosa esta elección, va a costar mucho tiempo al Partido Acción Nacional recuperar su posición ideológica, recuperar su posición de líder en la promoción democrática del país, ¡feliz fin de semana, con el instituto electoral de Quintana Roo que con celeridad ha ordenado la cancelación del registro de Greg como candidato, el retiro de su nombre de las boletas electorales y la suspensión de propaganda a su favor!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Enrique Galván Ochoa: Dinero
Se publicó el decreto por el cual se declara día de luto nacional el 5 de junio, en memoria de los niños asesinados en la guardería ABC de Hermosillo. Le faltaron unos renglones: el luto también debería ser por el dictamen jurídico del ministro de la Suprema Corte Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que dejó libres de todo cargo a los dueños, entre quienes se encuentra la señora Marcia Gómez del Campo Tonella, prima de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa del presidente Calderón. No es que Daniel Karam, del IMSS; Juan Molinar, ex director de ese instituto, y Eduardo Bours, ex gobernador de Sonora, no sean responsables también, claro que lo son, pero la lista quedó incompleta. Finalmente ninguno será castigado, el resultado de la investigación de la Suprema Corte de Justicia no es vinculatorio, es decir, no implica acción penal contra los culpables. Por lo demás, no es una sorpresa. ¿O acaso sorprende a alguien la impunidad de los poderosos? Al ministro Zaldívar Lelo de Larrea lo acompañará el deshonor de haberse puesto a su servicio.
La sanción a JP Morgan
Es como imponerle una multa de un centavo a un automovilista que se pasa un alto. Aun así, es significativa la sanción que la autoridad financiera de Gran Bretaña impuso al banco JP Morgan. Encontró que había violado la ley al no separar el dinero de sus clientes de su propio capital entre noviembre de 2002 y julio de 2009. La crisis financiera que se desató entre esos años puso en peligro los ahorros de los clientes; si Morgan naufraga habrían resultado afectados. La multa quedó en 59.9 millones de euros. Como quien le quita un pelo a una rana.
Carlos Fernández-Vega: México SA
De nada sirvió al inquilino de Los Pinos la intentona de limpiar su imagen –algo por demás imposible– y lavarse las manos en el caso de la guardería ABC subrogada por el IMSS (reunión a modo con selecto grupo de padres de familia y oportunista acuerdo de luto nacional, a dos días de conmemorarse el primer aniversario), porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación no sólo ratificó ayer lo que sustentó en su informe preliminar (marzo 2010) sobre la investigación realizada en torno a la tragedia de Hermosillo, sino que involucró a Daniel Karam, actual director del IMSS, y a Carla Rochín Nieto, ex coordinadora de Guarderías, como dos de los principales responsables, junto a Juan Molinar Horcasitas y Eduardo Bours.
El citado acuerdo –con la firma al calce de Calderón y Fernando Gómez Mont– fue publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (363 días después de los acontecimientos), como si se tratara de una iniciativa del inquilino de Los Pinos, cuando en realidad fueron los padres de los niños fallecidos y heridos en la ABC quienes desde la tragedia misma exigieron una decisión de tal naturaleza. Pero aún si la iniciativa fuera de la residencia oficial, la decisión no puede calificarse más que como un acto de simulación ante la inminente conmemoración del primer aniversario de los dolorosísimos sucesos en la guardería de Hermosillo.
Tampoco fue Calderón, ni los funcionarios involucrados, quienes requirieron la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para investigar y esclarecer los hechos. Fueron los mismos padres, el 2 de julio de 2009, los que solicitaron a la SCJN que ejerciera la facultad de investigación prevista en el segundo párrafo del artículo 97 constitucional, toda vez que las investigaciones de los gobiernos federal y estatal simple y sencillamente se dedicaron a encontrar chivos expiatorios, los cuales, dicho sea de paso, ya están libres.
Nada específico menciona la investigación de la Suprema Corte sobre la responsabilidad de los dueños de la guardería ABC de Hermosillo (una pléyade de parientes de políticos encumbrados, comenzando por la señora Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, familiar de Margarita Zavala, más Gildardo Francisco Urquides Serrano y Sandra Lucía Téllez Nieves). Tampoco de los tres procuradores que realizarían, hasta sus últimas consecuencias, la supuesta investigación oficial (Eduardo Medina Mora y Arturo Chávez Chávez, por la General de la República, y Abel Murrieta Gutiérrez, por la General de Justicia de Sonora (en ejercicio con Bours, y ratificado en el puesto por el gobernador panista Guillermo Padrés Elías).
En esta etapa final del informe, a cargo del ministro Arturo Zaldívar, se subraya que ha quedado evidenciado que la inobservancia de los deberes constitucionales, legales y aún infra legales, no sólo por las autoridades del IMSS, sino por las autoridades del estado de Sonora y del municipio de Hermosillo, propiciaron por un lado, un esquema deficiente de guarderías, y toleraron, por el otro, que la Guardería ABC y la bodega contigua no cumplieran con los parámetros básicos de seguridad, lo que en suma condujo a la tragedia que cobró la vida de 49 niños y dejó a más de cien gravemente lesionados. Más aún, el desorden en el funcionamiento del sistema de protección civil alcanzó los mecanismos que debieron accionarse una vez ocurrida la tragedia, por lo que la vulneración de derechos se prolongó aún después del suceso y agravó la situación de peligro para los menores. Dado lo anterior no puede más que concluirse que el cumplimiento de las obligaciones y deberes encargados a las autoridades involucradas, pudo haber evitado no sólo la actualización del trágico suceso, sino sus alcances posteriores, pudiendo preservarse o disminuirse la dimensión de las afectaciones a la vida e integridad de los menores.
Así, “con fundamento en los hechos probados y en los deberes legales y constitucionales omitidos, este Tribunal Pleno considera que las siguientes autoridades resultan responsables de las violaciones graves a los derechos fundamentales de vida, integridad física, seguridad social, salud e igualdad. El nombre y cargo de las autoridades que se identificaron como responsables de las violaciones graves a los derechos que protege la Constitución, son los siguientes:
Autoridades del IMSS: Daniel Karam Toumeh; Juan Francisco Molinar Horcasitas (director general 2006-2009); Sergio Antonio Salazar (director de Prestaciones Económicas y Sociales, (2007-2009); Carla Rochín Nieto (coordinadora de Guarderías, 2007-2009); Arturo Leyva Lizárraga (delegado estatal en Sonora, 2006-2009) y Noemí López Sánchez (titular del Departamento Delegacional de Guarderías, 2001-2009).
Autoridades del gobierno de Sonora: Eduardo Bours Castelo (gobernador 2003-2009); Wilebaldo Alatriste Candiani (titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, 2003-2009); Ernesto Vargas Gaytán (secretario de Hacienda, 2007-2009); Fausto Salazar Gómez (director general de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, (2008-2009) y Jorge Luis Melchor Islas (subdirector de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda, 2006 a la fecha).
Autoridades del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora: Ernesto Gándara Camou (presidente municipal 2006-2009); Jesús Davis Osuna (director de Inspección y Vigilancia Municipal, 2006-2009) y Roberto Copado Gutiérrez (titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, 2006-2009).
El informe final se presentará a la consideración del pleno de la SCJN, y para su aprobación se requieren cuando menos 6 de los 11 votos posibles. Lamentablemente, el máximo tribunal no tiene atribuciones para sancionar a los funcionarios que encontró responsables de las violaciones graves a los derechos fundamentales de vida, integridad física, seguridad social, salud e igualdad.
Las rebanadas del pastel
Si existe un resquicio de ética en el gobierno calderonista entonces debe proceder a la destitución de los funcionarios y su presentación ante el ministerio público, sin olvidar a parientes y protegidos. Lo demás es simple alegoría porque, como subraya la SCJN, que las autoridades violen los derechos de los niños es algo muy grave e indignante, pero que esas violaciones se lleven impunemente en contra de menores absolutamente indefensos y vulnerables es algo de lesa patria.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Julio Boltvinik: Economía Moral
Djurfeldt dice que el no cumplimiento del pronóstico marxista clásico consistente en que la agricultura se volvería totalmente capitalista, no debe ser considerado un golpe mortal para una versión no mecanicista, no determinística, del materialismo histórico. Debemos asumir el reto, añade, de confrontar el desarrollo estructural real de la agricultura occidental con tal pronóstico para encontrar los supuestos injustificados subyacentes en él, reemplazarlos con otros mejor fundados y derivar las consecuencias para un nuevo enfoque del materialismo histórico sobre la cuestión agraria. En el artículo que hoy reviso, Djurfeldt busca contribuir a renovar la discusión al respecto.1 Es dudoso, sin embargo, que Marx haya sostenido tal pronóstico incumplido (véase cita al final).
Penultimátum
Lo dijo con la seriedad que acompañan siempre las declaraciones de los jerarcas de las tres grandes religiones monoteístas. El ayatola Kazem Sedighi puso a temblar en Irán a sus fieles seguidores cuando afirmó que muchas mujeres no se visten recatadamente, llevan a los jóvenes por mal camino, corrompen su castidad y diseminan el adulterio en la sociedad, las relaciones sexuales ilícitas, lo que en consecuencia aumenta los terremotos. Se refería el clérigo a los que han dejado su estela de muerte lo mismo en Haití que en China, Chile o México.
Conflicto coreano: negociación necesaria
Ri Jang Gon, embajador adjunto de Corea del Norte ante la Conferencia de Desarme de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, advirtió ayer que una guerra puede estallar en cualquier momento con su vecino del sur y responsabilizó de ello al régimen surcoreano en colaboración con su aliado Estados Unidos. Tal advertencia tiene como contexto las crecientes tensiones que surgieron luego del hundimiento, el pasado 26 de marzo, de un buque de guerra surcoreano cerca de la frontera marítima entre ambos países; debe recordarse que, luego de que una comisión internacional de investigación concluyó que el incidente fue causado por un torpedo norcoreano, el gobierno de Pyongyang rompió todas sus relaciones con su vecino del sur, desconoció la validez del armisticio suscrito en 1953 –con el que se puso fin a los enfrentamientos armados entre ambos países–, amenazó con un ataque inmediato si algún barco de Corea del Sur violase la frontera en el Mar Amarillo y aseguró que no garantizaría la seguridad de los sudcoreanos que viajen a su territorio.
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El Correo Ilustrado
Prisión para pescadores, impunidad para cadenas hoteleras
Dos indígenas cucapá fueron detenidos por el Ejército Mexicano acusados de pescar un ejemplar de una especie protegida. A pesar de que los acusados han alegado que la captura del pez fue accidental, ya recibieron auto de formal prisión, luego de sufrir tratos vejatorios. Todo el peso de la ley ha caído sobre ellos, en un alarde de la colaboración entre las autoridades civiles y militares para proteger el medio ambiente.
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Raúl Zibechi: Un año de la masacre de Bagua
El movimiento indígena peruano se apresta a recordar el primer aniversario de la masacre de Bagua con movilizaciones y jornadas de lucha en todo el país. El reciente retorno de Alberto Pizango, principal dirigente de la Asociacióón Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que agrupa a mil 300 comunidades, fortalece el protagonismo de los pueblos amazónicos en la vida política peruana. Pizango retornó de su exilio de un año en Nicaragua, fue detenido y llevado a la justicia, que lo dejó en libertad restringida.
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Fidel Castro Ruz,: El Imperio y la Mentira
No me quedó otra alternativa que escribir dos reflexiones sobre Irán y Corea, que explican el peligro inminente de guerra con el empleo del arma nuclear. A su vez, expresé ya la opinión de que uno de ellos podía subsanarse si China decidía vetar la resolución que Estados Unidos promueve en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El otro depende de factores que escapan a toda posibilidad de control, debido a la conducta fanática del Estado de Israel, convertido por Estados Unidos a su actual condición de fuerte potencia nuclear, que no acepta control alguno de la superpotencia.
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José Cueli: Universia
Esta semana ha tenido lugar una reunión singular y esperanzadora: la cita de casi mil rectores universitarios y delegaciones de 72 universidades en Guadalajara.
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