"Por su
carisma de estadista, por sus esfuerzos en pro del bienestar económico y la cohesión de los ciudadanos
mexicanos; por la aportación de México a la estabilidad y el progreso de América Latina, el señor Felipe Calderón se hizo acreedor a un espectacular reconocimiento que le fue otorgado en su reciente viaje a España. A este reconocimiento del gobierno español y de un grupo de empresarios de ese país se sumaron otros más modestos que le fueron hechos en Estados Unidos unos cuantos días después, durante otra visita programada. Seguramente muchos somos los que nos hemos hecho la pregunta sobre las razones reales de estos reconocimientos, dadas las apreciaciones que hacen de uno de los presidentes más oscuros y cuestionados que hemos padecido en las últimas décadas.
Mi impresión es que existen dos posibilidades para ello, las dos bastante siniestras, por cierto. La primera de ellas es que tales reconocimientos constituyan un pago por los servicios que su gobierno ha prestado a esos países y a sus empresas, y de manera muy particular a un grupo específico de empresarios españoles de la banca y del sector energético, o bien que el Presidente haya mandado comprar tales reconocimientos para tratar de contrarrestar el deterioro real de su imagen y de su incapacidad de gobierno, como resultado de sus limitaciones personales y de los altos niveles de corrupción entre sus colaboradores. Pero también es probable que sea una combinación de ambas.
La primera posibilidad responde a evidencias observables en la vida cotidiana. Por los medios sabemos que para los bancos, varios de ellos españoles, México es el país que les reporta las mayores utilidades a escala mundial. De hecho, nuestro país se ha convertido para ellos en una zona libre para el saqueo; una prueba de ello está en los incrementos permitidos al costo de los servicios bancarios, que sin justificación sobrepasaron 360 por ciento de un solo golpe recientemente. Así, los retiros de dinero en los cajeros automáticos pasaron de siete pesos a 25 o 30, sin justificación alguna. Pero esto es sólo un ejemplo de una amplia variedad de posibilidades para practicar el despojo sin riesgo alguno y violando incluso la Constitución mexicana, la cual considera un acto ilegal el cobro de intereses sobre intereses, como lo practican los bancos con todas las tarjetas de crédito que manejan y con tasas que se antojan aberrantes.
Pero si esto es permitido, no obstante que está a la luz pública, el lector puede imaginarse lo que sucede en otros casos, como los conocidos gracias al tristemente célebre negociante español Camilo Mouriño, amigo del actual Presidente y convertido por éste en su anterior secretario de Gobernación haciendo caso omiso a las leyes mexicanas. No es por ello difícil imaginarse entonces las ganancias concedidas con los contratos otorgados a las empresas españolas del sector energético para instalar tecnologías que bien podrían estar desarrollando técnicos mexicanos, para evitar la sangría innecesaria de recursos financieros y la pérdida del patrimonio nacional.
Ante la desmesura de estas acciones, aparentemente avaladas en el Congreso por los llamados partidos de oposición, quizás debiéramos recordar algo que está en la Constitución y que antes se solía enseñar en las escuelas: ni el presidente de la República, ni ningún otro funcionario ni militar de alto rango, pueden aceptar ni recibir una condecoración extranjera sin el permiso del Congreso. Ciertamente, en este caso no se ha tratado formalmente de condecoraciones, sino de una variante más moderna, pero igualmente efectiva que aquellas. Los llamados reconocimientos
.
Para analizar la segunda posibilidad se requiere contar con más información sobre toda una industria altamente especializada, ajena a la ética y muy rentable, formada por empresas y organismos dedicados a vender todo tipo de reconocimientos con mucha imaginación, como uno que compró Carlos Salinas siendo presidente, y que Jacobo Zabludovsky anunció con trompetas y timbales. Era el año de 1990, la contaminación en la ciudad de México estaba en pleno apogeo y una buena noche nos enteramos que una agencia asociada a la ONU había decidido otorgarle un premio equiparable al Nobel
, pero en el campo de la ecología, por sus notables esfuerzos en ese campo. Recuerdo al comentarista de televisión informando del boletín oficial que luego repetirían algunos periódicos, en el que se decía que el reconocimiento le había sido conferido por su incansable lucha por eliminar la contaminación en todo el país, y que la agencia que se lo otorgaba estaba presidida por el mismísimo nieto del señor Nobel. En aquella ocasión decidí escribir aquí mismo en La Jornada un artículo señalando que era curioso este hecho, dado que Nobel nunca tuvo una mujer ni tampoco hijos, lo cual era totalmente indispensable (al menos entonces) para tener nietos. El artículo me ganó una amenaza telefónica de uno de los esbirros del señor Salinas, pero afortunadamente no pasó a mayores. Después he conocido muchas otras empresas de este tipo, que le ofrecen a uno por un buen puñado de dólares ponerlo en alguna publicación entre los 500 hombres y mujeres más famosos de América Latina, o colocar nuestra foto en algún salón, junto a las de John Wayne o de Arnold Schwarzenegger.
De ser este el caso, cabría hacerse la pregunta: bueno, ¿y para qué podría querer esto el Presidente? Las respuestas se centran, desafortunadamente, en que el señor Calderón necesita a gritos salirse del agujero en el que está metido por su propia incapacidad y la enorme cauda de errores producidos por sus limitaciones, complejos, frustraciones y pésimas decisiones en la selección de sus colaboradores cercanos.
Haiga sido por una o por otra de estas causas, o bien por la combinación de ambas, las conclusiones resultan trágicas para los mexicanos, por lo que ellas significan.
La caravana tenía fines pacíficos, pues su objetivo era llevar alimento a un poblado que desde noviembre de 2009 se encuentra cercado, y en el que desde hace seis meses los paramilitares cortaron los cables de la energía eléctrica, de las líneas telefónicas y los ductos del agua potable.
Desde tiempos de la Colonia esta región ha sido presa de muy variados conflictos, y en nuestros días la situación se ve agravada por un largo proceso de sometimiento, desintegración territorial, explotación económica y discriminación racial, motivado por los intereses políticos y económicos sobre la zona. La actual agresión contra San Juan Copala tiene su origen en 2007, cuando el grupo conocido como MULT-I (Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente) decidió crear un municipio autónomo, buscando legítimamente recuperar su libre determinación dentro del Estado mexicano, como alternativa organizativa frente a intereses que sólo buscan despojar de su territorio y sus recursos a los habitantes de la región. La respuesta de los grupos con afanes de control no se hizo esperar, y en los últimos meses se ha concretado en ataques violentos del grupo conocido como Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), al que se relaciona con el gobierno priísta de Ulises Ruiz, y cuyo dirigente declaró abiertamente que impedirían a toda costa el paso de la caravana. Además de otra serie de hechos violentos anteriores a la caravana, como los del 28 y 29 de noviembre del año pasado, el 10 de diciembre siguiente, o el 10 de marzo pasado, el 14 de mayo seis mujeres y seis niños fueron agredidos y privados de su libertad después de haber salido por víveres, y el 20 de mayo fueron asesinados Cleriberta Castro Aguilar y su esposo Timoteo Alejandro Ramírez, dirigente del MULT-I y líder moral del municipio.
Cabe aclarar que tal y como lo manifestaron varias organizaciones oaxaqueñas en un comunicado el 2 de mayo, el problema no es producto de un enfrentamiento entre comunidades, sino de un conflicto histórico en la región, en el que sin duda existe una responsabilidad directa del Estado, en la medida en que no sólo ha omitido instrumentar políticas para superar el grave rezago social, sino que ha soslayado las acciones de cacicazgo y control. Por lo que lo ocurrido es un reflejo de la absoluta impunidad con la que este grupo actúa, incluso portando armas de uso exclusivo del Ejército.
En un comunicado emitido también por la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos se menciona que en el caso de Copala se confirma nuevamente la repetición reiterada de un patrón de conducta de las autoridades mexicanas en diferentes escenarios y situaciones: oficialmente no hay paramilitares, y ellas sólo intervienen para garantizar la paz. Sin embargo, estas afirmaciones se ven contrastadas por la realidad. Resulta increíble que se minimice con declaraciones en las que se culpa a las organizaciones que se meten
en la zona, la situación de una comunidad en estado de sitio, cercada por un grupo armado que actúa en la más completa impunidad, que es de conocimiento público y se ha agravado al paso de los años, ante la mirada cómplice e indiferente de los gobiernos local y federal.
Las agresiones, en efecto, de las que ha sido víctima el municipio de San Juan Copala, han sido denunciadas desde el año 2007, sin que existan acciones firmes o concretas al respecto. La oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó en un comunicado el 28 de abril que el Estado tiene el deber de prevenir cualquier tipo de violaciones y proteger los derechos a la vida e integridad física de los habitantes del país frente a terceros. A ello tendríamos que añadir la omisión estatal para proteger el libre tránsito y otra serie de derechos fundamentales en perjuicio de gente que lucha por causas justas y legítimas.
Por estos motivos, innumerables organizaciones en el país y en el mundo han exigido que se garantice un alto total a la agresión de la que son objeto los habitantes de San Juan Copala; se garantice la seguridad y el libre tránsito en la región; se inicie un proceso de paz con justicia y dignidad para la región triqui, sin que esto excluya el juicio y el castigo a los responsables de los delitos cometidos; se realice una investigación pronta, completa e imparcial de los hechos, así como la intervención expedita de una institución civil federal (no militar), que garantice el proceso de paz en la región.
Se ha anunciado una nueva caravana humanitaria a Copala el día 8 de junio. Frente a este anuncio, y el silencio oficial, la dirigencia de la Ubisort dijo están exponiendo sus vidas
, poniendo con ello una vez más de manifiesto la ausencia de la autoridad en la región. El Estado mexicano está obligado a garantizar la seguridad de los habitantes de la región y de quienes acuden en su ayuda. Si no es capaz, al menos debería pedir formalmente al Comité de la Cruz Roja Internacional su intervención, a fin de brindar ayuda humanitaria a los afectados.
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