se reúnan y decidan con autonomía constituir un gremio o cambiar de directiva. También, las autoridades se sienten con el derecho de otorgar y quitar tomas de notaatendiendo a sus intereses. Los líderes, cuya corrupción se exhibe en su ostentosa forma de vida, complementan el cerco con su complicidad; la libertad sindical pondría en riesgo su negocio, por cierto el más detestable: traficar con los derechos, el futuro y los sueños de los hombres y mujeres que trabajan.
La imposibilidad práctica de los trabajadores mexicanos de organizarse libremente limita la existencia de una contratación colectiva auténtica, que es clave en cualquier sistema laboral moderno, obstaculizando el diálogo social, considerado en el mundo como un medio privilegiado para el desarrollo de las sociedades. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), refiriéndose a la libertad sindical, ha señalado: ...reconocida como fundamental por todas las cartas de derechos humanos... la libertad de asociación garantiza a los trabajadores y empleadores el derecho de trabajar conjuntamente en la consecución de sus intereses comunes y laborales. Su máxima expresión es la negociación libre y voluntaria de las condiciones de trabajo...
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La libertad sindical no es un valor abstracto o un ideal inalcanzable; al contrario, es normal en países democráticos y su ausencia se refleja en la precariedad laboral. Basta mirar nuestro propio entorno. El salario en México está ubicado entre los más bajos del mundo, las jornadas de trabajo crecen y en muchos centros laborales llegan a las 12 horas diarias, la contratación por honorarios se convierte en práctica común de los gobiernos y, cuando aplican recortes presupuestales, la primera medida es sacrificar el ingreso de estos indocumentados laborales. Podemos confirmarlo en la iniciativa privada, en las dependencias federales y en los gobiernos de los estados y del Distrito Federal.
La degradación laboral se recrudece en las últimas décadas, afectando a trabajadores de distintos sectores. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia no se reconoce relación laboral, ni el derecho a la seguridad social a varios miles de trabajadores, a pesar de que vienen laborando durante muchos años. Quienes se desempeñan en la banca de desarrollo sufren acoso por tener la osadía de intentar formar una federación democrática. Su dirigente, Ángel Romo Lazo, hace unos días denunció valientemente la persecución que sufren de la gerencia de Banobras por el pecado
de tomar en serio su derecho a la libertad de asociación. Como respuesta a la presión ejercida, los trabajadores del sector han hecho un frente común. A nivel de la pequeña y mediana empresa, la indefensión es la regla general. Ante la escasez de empleo, se impone a los solicitantes condiciones indignas, como la firma en blanco de renuncias y pagarés; verdaderas mafias se han apoderado de las compañías de limpieza y de servicios, el acoso sexual y los despidos por embarazo son cosa de todos los días. La afiliación al Seguro Social con el salario real es un verdadero triunfo. El pasado jueves cumplieron 100 días en huelga los despachadores de gasolina de la estación Belem en esta ciudad; reclaman a su patrón, Salvador Guerrero Alonso, sólo salario mínimo profesional y seguridad social. Se resisten a ser únicamente propineros.
En contraste a los verdaderos problemas de la gente, mañana asistiremos a una jornada electoral plagada de promesas demagógicas, ausente de compromisos concretos en temas como recuperación salarial, cambio en los sistemas de justicia y protección social universal. La población bien sabe que las vagas referencias al empleo sólo se concretan en los parientes y amigos de los candidatos. Obviamente, el tema de los derechos civiles, políticos y económicos, incluido el de libre asociación gremial, no aparece. La lógica de los partidos anda en otro lado.
La condición de la libertad sindical en México se acredita con el hecho de que sólo uno de cada 100 trabajadores tiene el privilegio de contar con un sindicato democrático. La pregunta es: ¿qué hacer para superar esta postración? No cabe duda de que la organización social y política es un medio de defensa insustituible y que uno de sus caminos es el uso de los mecanismos internacionales de defensa, entre ellos, la presión de organizaciones de todo el mundo para que el gobierno mexicano respete las normas de convivencia internacional, como el Convenio 87 de la OIT, que, por cierto, mañana cumple 60 años. Este valioso instrumento forma parte del orden jurídico mexicano, por disposición del artículo 133 constitucional, con jerarquía superior a la propia Ley Federal del Trabajo, atendiendo la tesis aprobada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en abril de 2007. Este convenio señala que los trabajadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen derecho a organizarse con absoluta libertad, y las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal
. Una vía internacional para presionar a su cumplimiento son las quejas presentadas ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, del cual el gobierno mexicano es cliente frecuente.
En estos días, la SCJN definirá la suerte de la toma de nota
y la posibilidad de un nuevo criterio que impida la intromisión de las autoridades en la vida de los gremios, revisando la jurisprudencia 86/2000. Emitir una sentencia ajustada al Convenio 87 de la OIT sería un paso congruente con otras decisiones dictadas en el pasado en favor de la libertad sindical.
El pasado miércoles trabajadores pertenecientes a la sección 142 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana iniciaron una huelga en la mina de El Cubo, en Guanajuato, ante la negativa de la empresa canadiense Gammond Gold –titular
de la concesión de ese yacimiento– a cumplir con el pago de las utilidades. Ayer, funcionarios de la corporación canadiense reiteraron su negativa a dialogar con los trabajadores y señalaron que las acciones de éstos están fuera de la ley. Por su parte, en entrevista radiofónica, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, calificó la huelga como
un chantajede los mineros y reiteró los argumentos de la parte patronal en el sentido de que las medidas de protesta de los sindicalistas han provocado, en el último mes, una caída de 30 por ciento en las acciones de la compañía.
La colocación de las banderas rojinegras en el mineral referido es el episodio más reciente de un conflicto que se recrudeció desde el pasado 3 de junio, cuando los sindicalizados emprendieron acciones de resistencia en demanda del reparto de utilidades –el cual, aseguran, no se realiza desde hace 10 años– y de mejores condiciones de trabajo. En respuesta, la empresa despidió arbitrariamente a los cerca de 400 trabajadores de la mina, interpuso una denuncia penal en su contra por despojo y clausuró indefinidamente las instalaciones de El Cubo, Las Torres y Peregrina. Días después, el 18 de junio, decenas de trabajadores de esa mina impidieron el ingreso a directivos de Gammon Gold que buscaban, acompañados de 60 guardias privados, extraer la maquinaria y el equipo de trabajo del interior del socavón.
Resulta inevitable vincular la tensa situación que se ha presentado en días recientes en El Cubo con los desalojos policiacos de Cananea, Sonora, y Pasta de Conchos, Coahuila. Tales episodios confirman la proliferación de factores de tensión en el sector minero, como consecuencia de la unilateralidad y arbitrariedad de las empresas del ramo –nacionales y foráneas– y el evidente alineamiento de las autoridades laborales –que debieran actuar en forma imparcial– a los intereses patronales. En los últimos años, a las amplias concesiones otorgadas durante el ciclo de gobiernos neoliberales a los capitales nacionales y foráneos para hacerse de yacimientos en el país –condiciones que favorecieron en particular a las compañías mineras de Canadá– se ha sumado una disposición oficial a favorecer los intereses de los inversionistas en ese sector, y ello se ha puesto de manifiesto con la exoneración a los propietarios de Grupo México de toda responsabilidad legal por el accidente de Pasta de Conchos donde en enero de 2006 murieron 65 trabajadores; con el empecinamiento de la propia STPS en atribuir a los mineros la responsabilidad por la huelga de Cananea y el posterior desalojo de esa mina, y con la evidente suscripción de la postura patronal en el caso de El Cubo.
El correlato de esta actitud abiertamente proempresarial es la beligerancia oficial contra los gremios, que se refleja en la determinación de las autoridades para resolver por medio de la fuerza policial los conflictos laborales y en el acoso judicial para los sindicatos.
En la circunstancia presente, el carácter oligárquico y antipopular del grupo gobernante constituye un acicate para el surgimiento de escenarios riesgosos en términos de estabilidad y paz social. Si las autoridades no logran conjurar esa actitud en el conflicto que se desarrolla en El Cubo, estarán contribuyendo a la proliferación indeseable de escenarios explosivos en un panorama nacional de por sí sobrado de ellos.
amigo de la corte) es una institución jurídica de origen romano que forma parte de la práctica judicial anglosajona y se considera incluso comprendida en el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). Ha sido recogida en los reglamentos del Tribunal Europeo y de la Corte Interamericana (CIDH), ambos de Derechos Humanos.
En los últimos años se ha hecho costumbre en muchos países que antes no la reconocían, sobre todo en causas de derechos humanos y cuando un litigio es fundamental para la existencia de un Estado de derecho democrático. Surge entonces como medio de participación ciudadana en torno a temas y problemas de interés público, con el que personas o grupos expertos e interesados en un proceso aportan a los jueces elementos sustantivos, sobre todo cuando se trata de proteger garantías fundamentales.
En México no está garantizada por la ley, y por eso, en 2004 el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria propuso introducirla en nuestra práctica judicial, durante la consulta nacional sobre una reforma integral y coherente del sistema de impartición de justicia en el Estado mexicano, que ese año y durante 2005 abrió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De manera sucinta, la SCJN la asumió dentro de las 30 propuestas que publicó el 11 de septiembre de 2006 en el Libro blanco de la reforma judicial (una agenda para la justicia en México), aclarando que su implementación también puede lograrse en el corto plazo mediante una decisión de la Corte en esta dirección
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En su motivación expresa que las funciones de un tribunal constitucional trascienden el interés de las partes y que, por ello, “para lograr mayor acceso a la justicia y promover una mejor y más amplia participación social en la defensa de los derechos fundamentales y las controversias políticas, se debe introducir en algunos mecanismos procesales existentes (e.g. controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, contradicciones de tesis e, incluso en ciertas hipótesis, el propio amparo)”. Desde entonces, que sepamos, han sido presentados a la SCJN ocho memoriales de amicus curiae, y sólo uno a un tribunal de Acapulco.
En mayo de 2007 la Clínica Legal de Interés Público de ITAM presentó uno a propósito de la discriminación de los medios públicos y comunitarios en la ley Televisa. En agosto de 2009, 26 organizaciones universitarias y de derechos humanos de 13 países, así como la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard y la Comisión Internacional de Juristas, entregaron por separado otros tres documentos bajo la figura de amicus curiae, afirmando que el derecho internacional prohíbe la aplicación del fuero militar a violaciones de derechos humanos. Este año, la SCJN ha recibido por lo menos otras seis presentaciones de amicus curiae, lo que también manifiesta el compromiso de la sociedad por un verdadero estado de derecho democrático. A comienzos de este año, el grupo plural del Senado que da seguimiento al caso de los ex funcionarios de Michoacán detenidos el 26 de mayo de 2009 por presuntos nexos con el narcotráfico, entregaron también uno con el fin de aportar pruebas que aceleren la liberación de los 19 que entonces seguían detenidos en el penal de Mil Cumbres.
En mayo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) presentaron a su vez bajo esta figura dos documentos en relación con los presos de San Salvador Atenco. Y el 9 de junio, el Prodh y los padres de familia del Movimiento 5 de Junio entregaron otro que acredita la falta de debida diligencia del Estado en materia de lucha contra la corrupción, dentro del deber de garantizar el derecho de acceso a la salud y la seguridad social, así como la conculcación, entre otros, de los derechos de la infancia y el derecho al acceso a la información pública.
El 10 de junio, una delegación del Tribunal Internacional por la Libertad Sindical hizo lo propio, al presentar al presidente de la SCJN los resolutivos de esa instancia internacional ciudadana de justicia laboral. El 25 de junio, la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos presentó un amicus curiae manifestando su acuerdo y aprobación al proyecto del ministro Sergio Valls, en el que concluye que los matrimonios entre personas del mismo sexo y su derecho a la adopción no son violatorios de la Constitución ni de ningún tratado internacional ratificado por México. Y por fin, esa misma semana, la Red Solidaria Década contra la Impunidad, que preside el obispo Raúl Vera, conjuntamente con otras organizaciones civiles y sociales, así como personajes del mundo académico y eclesial, como el obispo Samuel Ruiz, presentaron otro memorial de amicus curiae contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro y las graves violaciones a los derechos civiles y sociales de los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) por parte del gobierno federal.
En forma más que bien fundamentada en el marco jurídico nacional y en la CADH, así como en su protocolo adicional en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y en la jurisprudencia internacional, en particular la de la CIDH –a las que, por cierto, está jurídicamente obligada la propia SCJN–, pide a la Corte, entre otras cosas, que se consideren los argumentos allí expresados en el momento de resolver el amparo indirecto interpuesto por el SME, se haga efectivo el principio de igualdad ante la ley y el cumplimiento del artículo 25 de la CADH, así como que se les garantice un juicio justo.La sociedad está en espera de esa respuesta.
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