ATENCO LIBRE PERO NO SE OLVIDA !!!

El crimen

Luis Javier Garrido

La liberación de los presos políticos de Atenco, decidida el último día de junio por la Suprema Corte en medio de la situación crítica por la que atraviesa el país, es un triunfo de la sociedad civil nacional e internacional, por mucho que el gobierno de facto de Felipe Calderón pretenda utilizar este gravísimo caso –que exige ahora una reparación del daño causado a los 12 detenidos– para sus afanes político-electorales luego del homicidio del candidato priísta a gobernador de Tamaulipas.

1. El asesinato de Rodolfo Torres Cantú, candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, y de varios de sus acompañantes, la mañana del 28 de junio, a tan sólo seis días de las elecciones constitucionales, constituye un hecho de enorme gravedad en la historia moderna de México, que no tiene precedente en las últimas décadas, no nada más porque haya evidenciado la gravedad del conflicto que se ahonda entre el PRI y el gobierno faccioso que encabeza Calderón en su disputa hacia el 2012, arrastrando con él al país, sino porque abre aún más la vía para la comisión de crímenes políticos impunes.

2. La historia moderna de México registra el homicidio de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI en 1994, como un parteaguas en la historia del sistema del poder, pero no existe memoria de asesinatos de candidatos a gobernadores, a no ser la tentativa para eliminar a Amado Avendaño, candidato ciudadano en Chiapas en 1994, lo que evidencia el retroceso al que los panistas están llevando al país en todos los órdenes. En el contexto de descomposición generado por el gobierno espurio al seguir el modelo de militarización de la vida nacional que les fue impuesto desde el exterior con el objetivo de colombianizar a México, emerge ahora una nueva amenaza.

3. El clima de impunidad creado por los panistas se presenta tras estos hechos con un nuevo rasgo: como el escenario del crimen perfecto. En el entramado al que ha llevado a México el gobierno, con un país inmerso en un baño de sangre, todo crimen, y desde luego también un asesinato político, puede atribuirse a ese actor político que se encubre tras la noción de crimen organizado, que en la jerga oficial quiere decir “los cárteles” y no la mafia de ultraderecha en el poder (como lo entienden miles de mexicanos), y minimizarse como un delito más, desprovisto de la gravedad que tiene, en el que los culpables no tienen rostro ni nombre, y jamás serán procesados, por mucho que se señale después en alguna patraña de investigación a presuntos sicarios: como ahora precisamente se pretende hacer.

4. La reacción del gobierno de facto de Felipe Calderón, del vocero del Departamento de Estado estadunidense, de la mayor parte de los medios mexicanos y de la gran prensa de derecha internacional ante el crimen, atribuyéndolo de inmediato, y sin que hubiera mediado investigación alguna, al crimen organizado, pretendiendo decir al narcotráfico, no hace más que alimentar las sospechas. Las fotos del crimen, publicadas por el diario Por Esto de Mérida el jueves 1º presentan el escenario de una ejecución como la de Huitzilac en 1927, que no pudo haber sida cometida sino por una fuerza disciplinada y profundamente organizada.

5. La presunción de que alguno de los cárteles pudiera haber estado atrás de este asesinato no le quita, por otra parte, al mismo su carácter político, pues las organizaciones de narcotraficantes son antes que nada organizaciones políticas, que se mueven en estrecha relación con el poder, y como se ha visto en los últimos meses, varias de ellas se hallan vinculadas a partidos políticos.

6. La reacción inmediata de la cúpula del PRI ante los hechos da empero evidencia de una muy clara lectura de los priístas sobre lo acontecido, pues no escondieron su agravio ni la responsabilidad que atribuyen a Calderón por lo ocurrido: desde el clima político generado por éste a fin de romper su alianza estratégica con el Revolucionario Institucional –que llegó a sus extremos con las escuchas telefónicas de junio–, como por lo que vino tras los hechos mismos. El llamado televisivo de Calderón a una tregua, formulado el martes 29 a las 9 horas, es decir a la misma hora en que se iniciaba la reunión en duelo de la cúpula priísta en Ciudad Victoria, no hizo otra cosa que propiciar la mayor andanada de descalificaciones del PAN hacia el PRI en todos estos años de crisis de la unión.

7. El cónclave del PRI, reunido en Ciudad Victoria, y en el que estuvieron presentes los gobernadores priístas, respondió por voz de Beatriz Paredes (presidenta del CEN priísta), señalándole a Calderón que el Institucional ha estado siempre abierto al diálogo pero con liderazgos legítimos, y le recordó, por cuarta o quinta ocasión, su origen espurio subrayándole que su llegada a la silla presidencial fue posible por el Institucional, que le dio el quórum en la sesión del Congreso del 1º de diciembre de 2006 para que pudiera acceder al cargo a pesar de lo acontecido en las elecciones, rechazando la que llamó su estrategia política de lucro con la tragedia, a lo que se sucedieron los señalamientos de decenas de dirigentes priístas calificando al titular de facto del Ejecutivo federal de oportunista y simulador.

8. Al margen del cinismo de la posición del PRI, que pretende haber actuado en 2006 con civilidad, para lograr nada menos que la consumación del fraude electoral hecho a millones de mexicanos, resalta la acusación de ilegítimo, formulada por el que era su principal aliado, a quien ha sido además a lo largo de todos estos años el responsable de ahondar las políticas de entrega de los recursos estratégicos de México al extranjero; y cuando a medidados del cuarto año de su sexenio miles de mexicanos siguen llamando presidente legítimo a Andrés Manuel López Obrador.

9. La estrategia electoralista de Los Pinos de pretender lucrar con el crimen político, convocando por enésima ocasión a un supuesto diálogo a las fuerzas de la oposición, quedó así una vez más desenmascarada, pues los únicos entusiastas en apoyarla, junto con los líderes del Verde y del Panal, fueron Jesús Ortega y los demás integrantes chuchistas de la cúpula del PRD, que parece hundirse cada vez más en la infamia. A las reiteradas tomas de posición de rechazo de múltiples dirigentes priístas que repudiaron a Calderón, se sumó el propio López Obrador, quien ante los micrófonos de Carmen Aristegui en MVS indicó el miércoles 30 que acudiría al encuentro si Calderón aceptara por escrito comprometerse a un cambio de política económica y social, echando atrás las concesiones de la fibra óptica y modificando la política de medios.

10. La patética debacle del gobierno calderonista es absoluta, y no va a ser con la propaganda televisiva como se va a sacar al país de la gravísima crisis en la que se halla, sino con un profundo cambio de las políticas actuales.

Provocación y venganza

Editorial La Jornada

A pesar de la contundencia del fallo emitido el miércoles pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el que se ordenó la inmediata excarcelación de los 12 dirigentes y activistas de San Salvador Atenco que permanecían en prisión desde 2006, acusados y sentenciados con base en imputaciones inventadas e improcedentes, y tras la liberación de nueve de los presos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal sacó de sus archivos cuatro causas penales distintas a aquella que juzgó y desechó el máximo tribunal del país, tres de ellas del fuero común y originadas en 2006 (robo agravado, lesiones y daño en los bienes públicos y despojo) y una más, del fuero federal, que data de 2008: ataques a las vías de comunicación. Con esos elementos el gobierno federal mantuvo en la cárcel a tres de los inculpados: Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicoa, hasta las últimas horas de ayer, y generó, en forma por demás innecesaria, un ambiente de incertidumbre y exasperación.

Es pertinente recordar que, en su fallo y en sus posicionamientos, los ministros de la SCJN señalaron que las sentencias solicitadas e impuestas a los atenquenses fueron una forma maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social (y) de castigar el ser oposición; que los procesos respectivos pusieron en entredicho la forma en la que el Estado trata la libertad personal, la libertad de asociación y expresión de los líderes sociales, que la Procuraduría de Justicia del Estado de México (PGJEM) fincó las acusaciones a partir de premisas falsas y endebles, además de que utilizó pruebas ilícitas, y que la autoridad actuó con una ideología totalitaria donde el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y reunión generan la falsa presunción de peligrosidad y despliegue de conductas consideradas delito por los integrantes de dicha organización, sin que interese si se encuentran o no debidamente acreditadas. En suma, los magistrados que revisaron el caso descalificaron la práctica del poder público de inventar delitos comunes contra luchadores sociales.

En los casos de Del Valle, Álvarez y Galindo, sin embargo, la SSP federal, lejos de acatar el fallo, persistió en la conducta previamente reprobada por la SCJN al hacer aparecer una imputación fechada en 2008 y que, por lo visto, no había sido cursada hasta ayer, en lo que constituye una actitud tramposa y de inaceptable mala fe que no parece tener más propósito que incrementar las tensiones generadas por el conflicto de Atenco y convertir en estallido un enojo que tiene muchas más raíces que los aberrantes procesos que convirtieron en presos políticos a 12 de los atenquenses. Cabe recordar que, durante la represión de mayo de 2006 en Texcoco y Atenco, autoridades federales y estatales cometieron multitud de violaciones graves a los derechos humanos de decenas de personas –documentadas en su momento por medios informativos y por organismos humanitarios de México y del extranjero–, y que hasta la fecha tales atropellos permanecen impunes.

En resumen, la SSP federal enturbió y ensució hasta donde pudo el cumplimiento de un fallo inapelable que restituía, así fuera parcialmente, el sentido de justicia ignorado por las autoridades durante más de cuatro años.

Finalmente, además de felicitarse por la liberación –así fuera innecesariamente tardía– de las 12 víctimas de la injusticia, cabe preguntarse de qué manera la actitud gubernamental referida, percibida por la sociedad como expresión de un espíritu de venganza y de provocación, puede impulsar los exhortos al diálogo formulados unas horas antes por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, para enfrentar con unidad a la criminalidad organizada: si las autoridades se empecinan en tratar como delincuencia a disidencias, oposiciones políticos y movimientos sociales, ellas mismas propician su soledad en la lucha contra los verdaderos delincuentes.