>Vitral | Javier Solórzano
Ahora resulta
Felipe Calderón tiene razón cuando dice que él se va a ir pero la violencia se va a quedar. Lo que le faltó reconocer es su cuota de responsabilidad en esto. El Presidente está en campaña. Nada es gratuito. Quitar la tenencia, invitar al diálogo después de la ejecución de Torre Cantú, y ofrecer opciones para el pago de impuestos, no puede ser visto de otra forma que intentar subirse al carrito del “superdomingo”.
En medio de un proceso electoral cargado de reclamos, el asesinato de Torre provocó que al menos por un rato la case política pusiera su mejor gesto y hasta pareciera sensata. Las buenas intenciones duraron poco. Son tantos los agravios que presumen que no se ve cómo pudiera darse el diálogo. No hay forma porque nadie quiere ceder. Las elecciones han sido un factor más para la agudización de diferencias, agravios y problemas. Nada que hacer hasta que pasen, y como quién sabe qué vaya a pasar, más vale que no juguemos a las esperanzas. En vez de llegar a acuerdos para dar fuerza, respeto y tranquilidad a las elecciones, como un primer paso en función de la voluntad que presumen, optan por esperar a que pase la obsesiva fecha. Firman acuerdos de seguridad para curarse en salud, más que para trabajar en la transparencia del proceso.
El domingo en vez de que los agravios disminuyan, se incrementarán. El lunes será día de reclamos, al menos en 4 o 5 estados, y entre las previsibles nuevas diferencias e insultos nadie se va a acordar del diálogo. Las elecciones del domingo se han convertido en una extensión de los conflictos. Las elecciones son un conflicto con todo y que PRD y PAN son los “nuevos amigos” del vecindario. Sorprende que a estas alturas del sexenio se empiecen a dar cuenta de la necesidad del diálogo. A la vista no hay condiciones para ello, independientemente de la urgencia de nuevas formas de comunicación y acción política. La inminencia de mayores riesgos nos puede llevar a lo inédito y el caos. Todo es posible en el país en el que no pasa nada hasta que pasa. El diálogo urgía desde que Calderón tomó posesión con la “ayudadota” del PRI.
La responsabilidad de la muerte de Rodolfo Torre no recae sólo en los que lo asesinaron. También en la insistencia de seguir bajo un modelo obsesivo de atacar al narco, junto con una clase política que vive enfrentada y que ha hecho de las elecciones del domingo su nueva gran apuesta. Estamos ante un Presidente en campaña; ante un líder partidista que prende fuego sin importar las leyes; ante un partido con todas las de ganar que anda al mismo tiempo recordando lo que hizo el 1 de diciembre del 2006 y sacando todas sus mañas; y un partido que está a nada de pasar de largo el domingo de no ser por alianzas con sus “nuevos amigos”, los mismos que les quitaron la Presidencia.
¡OOOUUUUCHCHCHCH! No se debe criminalizar la protesta social, dijo la Corte; lo entendimos todos menos la SSP.
En medio de un proceso electoral cargado de reclamos, el asesinato de Torre provocó que al menos por un rato la case política pusiera su mejor gesto y hasta pareciera sensata. Las buenas intenciones duraron poco. Son tantos los agravios que presumen que no se ve cómo pudiera darse el diálogo. No hay forma porque nadie quiere ceder. Las elecciones han sido un factor más para la agudización de diferencias, agravios y problemas. Nada que hacer hasta que pasen, y como quién sabe qué vaya a pasar, más vale que no juguemos a las esperanzas. En vez de llegar a acuerdos para dar fuerza, respeto y tranquilidad a las elecciones, como un primer paso en función de la voluntad que presumen, optan por esperar a que pase la obsesiva fecha. Firman acuerdos de seguridad para curarse en salud, más que para trabajar en la transparencia del proceso.
El domingo en vez de que los agravios disminuyan, se incrementarán. El lunes será día de reclamos, al menos en 4 o 5 estados, y entre las previsibles nuevas diferencias e insultos nadie se va a acordar del diálogo. Las elecciones del domingo se han convertido en una extensión de los conflictos. Las elecciones son un conflicto con todo y que PRD y PAN son los “nuevos amigos” del vecindario. Sorprende que a estas alturas del sexenio se empiecen a dar cuenta de la necesidad del diálogo. A la vista no hay condiciones para ello, independientemente de la urgencia de nuevas formas de comunicación y acción política. La inminencia de mayores riesgos nos puede llevar a lo inédito y el caos. Todo es posible en el país en el que no pasa nada hasta que pasa. El diálogo urgía desde que Calderón tomó posesión con la “ayudadota” del PRI.
La responsabilidad de la muerte de Rodolfo Torre no recae sólo en los que lo asesinaron. También en la insistencia de seguir bajo un modelo obsesivo de atacar al narco, junto con una clase política que vive enfrentada y que ha hecho de las elecciones del domingo su nueva gran apuesta. Estamos ante un Presidente en campaña; ante un líder partidista que prende fuego sin importar las leyes; ante un partido con todas las de ganar que anda al mismo tiempo recordando lo que hizo el 1 de diciembre del 2006 y sacando todas sus mañas; y un partido que está a nada de pasar de largo el domingo de no ser por alianzas con sus “nuevos amigos”, los mismos que les quitaron la Presidencia.
¡OOOUUUUCHCHCHCH! No se debe criminalizar la protesta social, dijo la Corte; lo entendimos todos menos la SSP.
Espacio Civil | Emilio Alvarez Icaza
El chantaje del PRI
El chantaje del PRIEl Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha mandado por conducto de su presidenta Beatriz Paredes un contundente mensaje a Felipe Calderón: ¿quieres diálogo?, bien, después del domingo 4 de julio hablamos en función de cómo se porten tú y tu partido ante las elecciones estatales (que se ven horribles en cuanto a las reglas mínimas de la democracia electoral para la mayoría de los casos).
De hecho, para parte del equipo cercanísimo del presidente Calderón, el PRI presentó, ante la brutal ejecución de su candidato a la gubernatura de Tamaulipas, un chantaje muy claro: si el titular del Ejecutivo quiere que nos sentemos a dialogar, ni se le vaya a ocurrir al PAN impugnar los resultados electorales, ahora sí que “haiga sido como haiga sido”. Es decir, ahora le toca a Felipe Calderón asumir, como el PRI lo hizo en 2006. Según el equipo político de Calderón no fue de a gratis la relación de agravios y facturas relatadas por la presidenta del tricolor, todos enmarcados en la exigencia de no lucrar políticamente con las muertes ¿¿¡¡?? Por si no fuera suficiente, Enrique Peña Nieto reforzó esta posición dejando claro que cualquier espacio de diálogo será después de las elecciones.
En el gobierno federal no sólo no cayó bien el emplazamiento, sino que además piensan que el PRI no asume lo que le corresponde: en Tamaulipas, donde gobierna el PRI, existe una de las estructuras policiacas y de seguridad más corruptas del país, carecen de un programa de seguridad, la omisión del gobierno estatal es gran responsable de la inseguridad en la entidad y la responsabilidad de las investigaciones hasta hoy recae en la procuraduría estatal.
El grupo de los rudos del PRI, encabezados por Emilio Gamboa Patrón y varios de los gobernadores cuyas entidades viven procesos electorales, también usaron la tragedia. En su lógica, era momento de que Beatriz Paredes mandara un mensaje a la altura del priísmo nacional. El asesinato de Torre Cantú y sus colaboradores generó también que la sucesión al interior de ese partido se acelerara.
La gravedad de los acontecimientos supone una respuesta demoledora del Estado ante la delincuencia, el sabor de boca empieza a ser que ya se está tardando la respuesta. También se esperaría que, ante el tamaño del desafío a nuestra democracia, los poderes y las fuerzas políticas tendrían una respuesta fuerte, sólida, unitaria y con visión de Estado, tampoco se ve que llegue.
Por dolorosa que resulte esta realidad, la sociedad es testigo, una vez más, de que la descomposición de nuestra clase política no ha tocado fondo. Todo indica que la violencia tampoco.
PARÉNTESIS: Hoy se cumplen 10 años de la histórica votación del año 2000 que cristalizó la alternancia. Hoy en franca transición estancada, las señales de regresión son cada vez más fuertes.
De hecho, para parte del equipo cercanísimo del presidente Calderón, el PRI presentó, ante la brutal ejecución de su candidato a la gubernatura de Tamaulipas, un chantaje muy claro: si el titular del Ejecutivo quiere que nos sentemos a dialogar, ni se le vaya a ocurrir al PAN impugnar los resultados electorales, ahora sí que “haiga sido como haiga sido”. Es decir, ahora le toca a Felipe Calderón asumir, como el PRI lo hizo en 2006. Según el equipo político de Calderón no fue de a gratis la relación de agravios y facturas relatadas por la presidenta del tricolor, todos enmarcados en la exigencia de no lucrar políticamente con las muertes ¿¿¡¡?? Por si no fuera suficiente, Enrique Peña Nieto reforzó esta posición dejando claro que cualquier espacio de diálogo será después de las elecciones.
En el gobierno federal no sólo no cayó bien el emplazamiento, sino que además piensan que el PRI no asume lo que le corresponde: en Tamaulipas, donde gobierna el PRI, existe una de las estructuras policiacas y de seguridad más corruptas del país, carecen de un programa de seguridad, la omisión del gobierno estatal es gran responsable de la inseguridad en la entidad y la responsabilidad de las investigaciones hasta hoy recae en la procuraduría estatal.
El grupo de los rudos del PRI, encabezados por Emilio Gamboa Patrón y varios de los gobernadores cuyas entidades viven procesos electorales, también usaron la tragedia. En su lógica, era momento de que Beatriz Paredes mandara un mensaje a la altura del priísmo nacional. El asesinato de Torre Cantú y sus colaboradores generó también que la sucesión al interior de ese partido se acelerara.
La gravedad de los acontecimientos supone una respuesta demoledora del Estado ante la delincuencia, el sabor de boca empieza a ser que ya se está tardando la respuesta. También se esperaría que, ante el tamaño del desafío a nuestra democracia, los poderes y las fuerzas políticas tendrían una respuesta fuerte, sólida, unitaria y con visión de Estado, tampoco se ve que llegue.
Por dolorosa que resulte esta realidad, la sociedad es testigo, una vez más, de que la descomposición de nuestra clase política no ha tocado fondo. Todo indica que la violencia tampoco.
PARÉNTESIS: Hoy se cumplen 10 años de la histórica votación del año 2000 que cristalizó la alternancia. Hoy en franca transición estancada, las señales de regresión son cada vez más fuertes.
Votos, trampas y balas
¿Qué garantías de limpieza, de seguridad, de validez, pueden ofrecer los comicios del domingo? ¿Qué opciones tienen los ciudadanos?José Antonio Crespo
Si bien el asesinato de Rodolfo Torre es un fuerte revés a la endeble democracia mexicana, ésta ha sido sistemáticamente golpeada por la clase política. Antes y después de la tragedia, hemos visto una galería de mezquindades políticas de todos los partidos y muchos gobiernos. Tras diez años de la primera alternancia democrática en nuestra historia, estamos ahora enfrentando un panorama no muy distinto al que prevaleció hace 20 años en materia electoral. Enfrentamos auténticas elecciones de Estado, donde no hay mínimas garantías de equidad, transparencia e imparcialidad, pues además de la utilización directa de recursos públicos a favor de partidos y candidatos oficiales, existen indicios de que las autoridades electorales han quedado bajo control del Poder Ejecutivo en diversas entidades. Eso impide una credibilidad mínima suficiente en los procesos electorales.
La confianza electoral se esfuma por la guerra ilegal entre partidos que luchan descarnadamente por el jugoso botín político y presupuestal, pasando por encima de todo.
Por otro lado, el narco alcanza a los comicios mismos con probable dinero negro en las campañas, candidatos acusados de vinculación con los cárteles y, peor aún, abanderados de creciente nivel asesinados por sicarios. Los aguijones de las agitadas avispas son cada vez más grandes, y cada vez menos los espacios de la casa nacional que se salvan del embate de los peligrosos himenópteros. Ante la violencia electoral del narco, y en virtud de las elecciones de Estado llevadas a cabo en múltiples entidades, ¿qué garantías de limpieza, de seguridad, de validez, pueden tener los comicios del domingo? ¿Qué opciones tienen los ciudadanos frente a todo ello? No hace mucho el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, auguró que a partir de este mes empezaríamos a ver cómo desciende el nivel de violencia. Y para alentar la participación electoral en tan precarias condiciones, señaló: "Hay Estado para protegerlos, salgan a votar, salgan a cumplir con sus deberes políticos" (25/VI/10). La realidad pronto se encargó de desmentir al secretario, tanto en lo que hace a la disminución de la violencia como en la capacidad del Estado para proteger a los ciudadanos. Si el Estado se hizo a un lado en el secuestro de Diego Fernández de Cevallos, si no puede ofrecer seguridad a un inminente gobernador, si no puede cuidar la vida de sus reos, si son ejecutadas personas que intentan curar su adicción a las drogas en centros de rehabilitación, si no puede evitar que una ciudad como Monterrey sea estrangulada en sus vías de comunicación por el narco, ¿cabría culpar a los ciudadanos que en las zonas más afectadas por la violencia deciden mejor no arriesgarse? Eso ya ocurrió el año pasado, pues las ciudades más golpeadas por la narcoviolencia registraron una muy baja tasa de participación, como Ciudad Juárez (27%), Acapulco (28%), Tijuana (29%), Nuevo Laredo, Reynosa (36%) y Culiacán (37%). Aunque no se descarta que, al menos en Tamaulipas, la reacción del electorado sea la contraria: manifestar su indignación y su disposición a no dejarse alterar por el crimen organizado, concurriendo masivamente a las urnas.
Ambas razones que deterioran la democracia -la falta de respeto a la normatividad electoral por parte de partidos, gobernadores y candidatos, así como la inseguridad derivada del narcotráfico-, afectan la credibilidad de los procesos y el entusiasmo electoral. Eso de que "los votos siempre serán más potentes que las balas" suena muy bien, pero quien le ha restado fuerza al voto ha sido la propia clase política, más que el narcotráfico.
Por eso mismo, han resurgido movimientos de voto nulo como medio de protesta: en Chihuahua, debido a la incapacidad de los gobiernos de todo nivel para cuidar la seguridad de la población, y por el creciente rechazo a la estrategia vigente. Y en Puebla, debido a la falta de confiabilidad del proceso mismo y la ausencia de un auténtico compromiso de la clase política con el electorado.
Difícil encrucijada enfrentará el elector el domingo próximo: votar por la oposición para mover las cosas a través de una esperanzadora alternancia; abstenerse por temor a las balas; anular el voto por falta de credibilidad en el proceso o por falta de alternativas convincentes; o bien volcarse a las urnas y sufragar por el partido que sea para fortalecer la cada vez más frágil institucionalidad política. Habrá que ver.
Si bien el asesinato de Rodolfo Torre es un fuerte revés a la endeble democracia mexicana, ésta ha sido sistemáticamente golpeada por la clase política. Antes y después de la tragedia, hemos visto una galería de mezquindades políticas de todos los partidos y muchos gobiernos. Tras diez años de la primera alternancia democrática en nuestra historia, estamos ahora enfrentando un panorama no muy distinto al que prevaleció hace 20 años en materia electoral. Enfrentamos auténticas elecciones de Estado, donde no hay mínimas garantías de equidad, transparencia e imparcialidad, pues además de la utilización directa de recursos públicos a favor de partidos y candidatos oficiales, existen indicios de que las autoridades electorales han quedado bajo control del Poder Ejecutivo en diversas entidades. Eso impide una credibilidad mínima suficiente en los procesos electorales.
La confianza electoral se esfuma por la guerra ilegal entre partidos que luchan descarnadamente por el jugoso botín político y presupuestal, pasando por encima de todo.
Por otro lado, el narco alcanza a los comicios mismos con probable dinero negro en las campañas, candidatos acusados de vinculación con los cárteles y, peor aún, abanderados de creciente nivel asesinados por sicarios. Los aguijones de las agitadas avispas son cada vez más grandes, y cada vez menos los espacios de la casa nacional que se salvan del embate de los peligrosos himenópteros. Ante la violencia electoral del narco, y en virtud de las elecciones de Estado llevadas a cabo en múltiples entidades, ¿qué garantías de limpieza, de seguridad, de validez, pueden tener los comicios del domingo? ¿Qué opciones tienen los ciudadanos frente a todo ello? No hace mucho el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, auguró que a partir de este mes empezaríamos a ver cómo desciende el nivel de violencia. Y para alentar la participación electoral en tan precarias condiciones, señaló: "Hay Estado para protegerlos, salgan a votar, salgan a cumplir con sus deberes políticos" (25/VI/10). La realidad pronto se encargó de desmentir al secretario, tanto en lo que hace a la disminución de la violencia como en la capacidad del Estado para proteger a los ciudadanos. Si el Estado se hizo a un lado en el secuestro de Diego Fernández de Cevallos, si no puede ofrecer seguridad a un inminente gobernador, si no puede cuidar la vida de sus reos, si son ejecutadas personas que intentan curar su adicción a las drogas en centros de rehabilitación, si no puede evitar que una ciudad como Monterrey sea estrangulada en sus vías de comunicación por el narco, ¿cabría culpar a los ciudadanos que en las zonas más afectadas por la violencia deciden mejor no arriesgarse? Eso ya ocurrió el año pasado, pues las ciudades más golpeadas por la narcoviolencia registraron una muy baja tasa de participación, como Ciudad Juárez (27%), Acapulco (28%), Tijuana (29%), Nuevo Laredo, Reynosa (36%) y Culiacán (37%). Aunque no se descarta que, al menos en Tamaulipas, la reacción del electorado sea la contraria: manifestar su indignación y su disposición a no dejarse alterar por el crimen organizado, concurriendo masivamente a las urnas.
Ambas razones que deterioran la democracia -la falta de respeto a la normatividad electoral por parte de partidos, gobernadores y candidatos, así como la inseguridad derivada del narcotráfico-, afectan la credibilidad de los procesos y el entusiasmo electoral. Eso de que "los votos siempre serán más potentes que las balas" suena muy bien, pero quien le ha restado fuerza al voto ha sido la propia clase política, más que el narcotráfico.
Por eso mismo, han resurgido movimientos de voto nulo como medio de protesta: en Chihuahua, debido a la incapacidad de los gobiernos de todo nivel para cuidar la seguridad de la población, y por el creciente rechazo a la estrategia vigente. Y en Puebla, debido a la falta de confiabilidad del proceso mismo y la ausencia de un auténtico compromiso de la clase política con el electorado.
Difícil encrucijada enfrentará el elector el domingo próximo: votar por la oposición para mover las cosas a través de una esperanzadora alternancia; abstenerse por temor a las balas; anular el voto por falta de credibilidad en el proceso o por falta de alternativas convincentes; o bien volcarse a las urnas y sufragar por el partido que sea para fortalecer la cada vez más frágil institucionalidad política. Habrá que ver.
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