Dirigiéndose al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el erudito en el idioma de sí mismo dijo que esa institución federal, al igual que sus equivalentes estatales, “deben ser perspicaces para no ser instrumento injusto de deslegitimación de los esfuerzos del Estado y de la nación para reconstruir a sus fuerzas de seguridad (¿están destruidas?), para que no se deslegitime este esfuerzo y se sirva involuntariamente a aquellos intereses contrarios a los principios básicos de la convivencia, contrarios a los intereses fundamentales de la sociedad y de sus miembros (…) Deben ser perspicaces para distinguir aquellos actos que pueden ser propios de la tortura, a aquellas huellas que sólo reflejan la necesidad de someter a quien siendo llamado de la autoridad para ser privado de su libertad o porque está cometiendo un delito, o porque es llamado por la autoridad para rendir testimonio, o porque es llamado por la autoridad en calidad de indiciado. Hay veces que en estas operaciones hay resistencia de los particulares al llamado legítimo de la autoridad y se tiene que entrar por vías de hechos a someterlos, a fin de cumplir con dichos actos. (…) Esta es la difícil tarea que hoy nos congrega: Ni ser cómplices ni encubridores de las anomalías que puedan existir dentro de las instituciones de seguridad, ni ser tontos útiles de una delincuencia a la que le sirve deslegitimar, perseguir, contener, condicionar, debilitar la acción de esa autoridad”. La cita es literal.
O sea, los defensores de derechos humanos deberán vivir en lo sucesivo bajo la sospecha de ser tontos útiles.
Beneficiemos al gobierno con la duda y pensemos que el único vínculo de sus integrantes con el narcotráfico es la enemistad; supongamos, incluso, que son sinceros y honestos los argumentos de la guerra oficial contra la delincuencia organizada. Aun así, si se juzga con base en los resultados, el empeño calderonista por robustecer la seguridad y la legalidad ha tenido consecuencias opuestas a las deseadas: de acuerdo con los datos disponibles, hoy la criminalidad es más poderosa, más impune y más acaudalada que hace tres años y medio (ya hay en la lista de los asesinados un candidato a gobernador), en tanto la zozobra y la indefensión de la población son mucho más graves que al inicio del calderonato; es posible que, en la perspectiva de los malos de la película, los chicos del gobierno sean los verdaderos tontos útiles (para entrar al universo semántico del señor secretario). Peor aún: si se les coteja con los objetivos y los resultados declarados por ellos mismos, son más bien tontos inútiles. O bien las intenciones que esgrimen son puras mentiras y entonces no son tan tontos.
Sea como fuere, no se recuerda el caso de un delincuente que se haya visto beneficiado en su carrera por la tontería útil de un activista humanitario; en cambio, la memoria está repleta de inocentes agraviados por funcionarios públicos, y así fuera sólo por eso, no está bien que el señor que despacha en Bucareli plante la sospecha sobre los defensores de derechos humanos, quienes ya bastantes broncas tienen en el México de hoy. Tampoco está bien que se pretenda justificar con la resistencia al arresto
el estado de evidente maltrato físico en que son presentados a los medios buena parte de los detenidos por las instituciones de seguridad y procuración; no es bueno que las autoridades se refocilen en una disolución de escrúpulos semejante a la que disfruta la delincuencia organizada.
¿O será que el gomezmontés es menos semejante al español de lo que podría pensarse en un primer golpe de vista y que su hablante quería decir otra cosa?
Gustavo de la Rosa
rio.Alguien debiera informarle que los funcionarios tienen prohibido dirigir instrucciones a las comisiones de Derechos Humanos. Por el contrario, es necesario que él asuma la responsabilidad de su trabajo en materia de derechos humanos antes de dar consejos no pedidos.
La Secretaría de Gobernación es la responsable de crear un mecanismo de protección a los defensores de derechos humanos, y ese mecanismo empieza por reconocer la importancia de los derechos fundamentales de los seres humanos y a las dependencias que nos encargamos de defenderlos.
Ir a las casas de los derechohumanistas a denostar nuestro trabajo mientras los trabajos que son su obligación no se concretan es una absoluta incongruencia. Es una tontería y falta de respeto al Estado de Derecho. Sugerirnos que no apliquemos la ley cuando esté involucrado un delincuente, ¡no tenemos autorización legal para enjuiciar a los quejosos!, solamente podemos hacerlo respecto a las conductas de las autoridades.
La ley no se aplica con perspicacia ni con suspicacia, se aplica con justicia haciendo una debida interpretación de la letra de la misma.
Alguien debe informarle que los derechohumanistas sólo aplicamos la ley y la Constitución cuando se demuestra que la autoridad las violenta en perjuicio de uno o varios ciudadanos sin poder hacer ninguna consideración de índole personal sobre los ofendidos y no debemos tener otra actitud diferente a la exigencia de que la Constitución se respete. No puedo creer que un abogado insinúe que miremos de lado cuando evaluemos que nuestras resoluciones vayan a desprestigiar a las autoridades.
El prestigio de los gobernantes depende de sus conductas y nosotros nada más las analizamos a la luz de la ley. Si la conducta es indebida, el desprestigio así acarreado no es culpa de las comisiones de derechos humanos, es culpa de los funcionarios que violaron la ley y con ello la Constitución.
No me imagino cómo el secretario Gómez Mont era tan exitoso en la práctica privada, y no creo que se atreviera a pedirle a un juez que fuera perspicaz o suspicaz, y si así lo hacía, él es uno de los destructores de la escasa cultura de la legalidad en el país.
Algún amigo o asesor debe decirle que la consolidación del Estado de Derecho se logra únicamente aplicando a ojos cerrados la ley, sin tomar en cuenta efectos o resultados colaterales de la resolución.
Aun durante la vigencia de la Ley de la Acordada, en el virreinato, que fue la época de mayor rigor en el combate contra los salteadores de caminos, era un juez itinerante que acompañaba a los piquetes de policías y soldados quien ordenaba la ejecución de la pena que solía ser pena capital.
Como se nos insinúa que mediante el uso de habilidades extralegales dictaminemos quién tiene derecho a la protección de sus derechos humanos y quién ya perdió ese derecho, quiénes somos nosotros para hacer eso al recibir la queja y darle trámite, o al evaluar las evidencias acumuladas en el sumario.
Sólo un juez puede determinar la pérdida de derechos de algún gobernado, nosotros no, y él debería saberlo porque es abogado. En fin, es una gran tontería llamarnos tontos útiles.
Visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
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