En Culiacán, Sinaloa, fueron arrojadas durante la madrugada del pasado 18 de junio bombas molotov contra las oficinas del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Ese día fue atacado también el comité de campaña del candidato del PRI a la alcaldía de Ahome. El 12 de junio se produjo una agresión similar contra el edificio del comité municipal del Partido Acción Nacional (PAN). El objetivo de estos atentados sería crear un clima de inseguridad que inhiba la votación.
En Oaxaca, la empresaria y ex secretaria de Transporte durante el gobierno de José Murat, Aurora López Acevedo, denunció que fue secuestrada y violada por cinco personas. Los agresores le dijeron: hija de tu puta madre, deja de estar chingando, ya te advertimos dos veces y ésta es la tercera y no entiendes...
. La transportista acusó a Manuel Moreno Rivas, ex director de la policía ministerial, de estar detrás del ataque. El ex gobernador Murat ha apoyado la campaña de Gabino Cué en la entidad. El candidato de la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso anunció un inminente conflicto poselectoral.
En Durango, los integrantes de la coalición Durango nos Une han informado sobre el robo y la quema de vehículos, persecución contra sus militantes, así como detenciones arbitrarias y amenazas contra sus simpatizantes. Señalan al gobernador del PRI como responsable de las agresiones.
Estos tres hechos son apenas una pequeña muestra de la intensidad y el fragor de la guerra sucia en los comicios del próximo 4 de julio. La lista de las trapacerías cometidas en esta pelea de lodo llena páginas y páginas. Nadie parece estar a salvo. Baste enumerar tan sólo otro par. Al candidato a la gubernatura de Quintana Roo por el PRD, Gregorio Greg Sánchez, se le dictó auto de formal prisión y se le suspendieron sus derechos político-electorales por supuestas ligas con el narcotráfico.
Simultáneamente, medios nacionales han divulgado grabaciones ilegales en las que se muestra a mandatarios estatales y funcionarios electorales intervenir en las campañas. Este 29 de junio, los dirigentes nacionales del PAN, PRD, Partido del Trabajo (PT) y Convergencia acudirán a la Fiscalía Especial de Delitos Electorales para demandar penalmente por ilícitos electorales y daño patrimonial con recursos públicos, por la violación a la Ley Electoral y a la Constitución al gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, así como a funcionarios de su gobierno y a consejeros del Consejo Estatal Electoral, y procederán de la misma manera contra otros gobernadores priístas.
Las elecciones del próximo 4 de julio son claves de cara a los comicios presidenciales de 2012. Un triunfo arrollador del tricolor en ellos le allanaría al PRI, en lo general, y a Enrique Peña Nieto, en lo particular, el camino a Los Pinos. Es por ello que la actual contienda partidista se ha convertido en un ensayo general de lo que el país vivirá en la próxima sucesión presidencial: un pleito entre las elites, en el que todo se valdrá para mantenerse o para llegar a la Presidencia de República; una guerra de una intensidad en la que el conflicto que el país vivió en 2004-2006 será apenas un juego de niños.
Como muestran las actuales campañas, uno y otro bando echarán mano de cuantos recursos tengan a su alcance para derrotar a su adversario: tratarán de cooptar a enemigos prominentes, ventilarán sus juegos sucios en los medios de comunicación, colocarán pájaros en los alambres
, judicializarán las elecciones, chantajearán con la carta del narcotráfico, utilizarán los programas sociales y, si es necesario, recurrirán a la violencia.
Como parte de su estrategia de campaña, el PRI ha anunciado por anticipado su triunfo en los 12 estados en los que se renovarán ejecutivos locales. La blanqueada
tricolor sería parte de una imparable racha ganadora que no se detendrá sino hasta 2012. El mensaje priísta, sin embargo, deja de lado que en varios estados se encuentra profundamente dividido, y que triunfar sin unidad interna no es fácil.
Es ya costumbre en las elecciones que los partidos y candidatos divulguen en la opinión pública encuestas en las que informan
que la mayoría de los ciudadanos los apoyan. Los sondeos de opinión se han convertido en un arma más en la guerra sucia y no en un instrumento para medir las tendencias de voto. Lo notable en este proceso electoral ha sido que, salvo en casos muy específicos, la mayoría de las encuestas no se ponen de acuerdo en varios de los posibles triunfadores y/o en sus márgenes de triunfo.
A pesar de ello, y con las limitaciones del caso, es evidente que no todo es miel sobre hojuelas para el PRI. Tan sólo durante el último mes, los sondeos mostraron que en Puebla y Chihuahua el tricolor ha perdido más de 10 puntos porcentuales, mientras en Durango su ventaja disminuyó en cinco puntos. En este último estado la declinación del candidato a gobernador por el PT en favor de la coalición Durango nos Une, complica las cosas al PRI.
Grandes dificultades para triunfar tienen también los candidatos del tricolor de Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala. En los dos primeros estados el partido está fuertemente dividido. Gabino Cué tiene tras de sí el apoyo de los ex gobernadores Diódoro Carrasco y José Murat. Mario López Valdez, integrante del PRI hasta hace unas semanas, cuenta, entre otras, con las simpatías del senador Francisco Labastida y su hijo, así como del ex gobernador Juan S. Millán.
Como parte del ensayo general hacia 2012 en el que se ha convertido este 4 de julio, el gobierno de Felipe Calderón no puede permitir el triunfo priísta por un marcador de 12 a cero. Para ello, las divisiones tricolores juegan en su favor. También las herramientas de todo tipo que proporciona el estar en Los Pinos. Parecieran inevitables varios conflictos poselectorales y, por supuesto, una mayor descomposición política.
El atentado mortal contra Rodolfo Torre Cantú, aspirante priísta a la gubernatura de Tamaulipas, en el que murieron además el diputado local Enrique Blackmore Smer y cuatro escoltas, no puede ser desvinculado de su circunstancia de persona, tiempo y lugar: se trata del candidato de mayor rango que muere asesinado en el país desde el homicidio de Luis Donaldo Colosio; fue perpetrado, además, a menos de una semana de las elecciones, y en una de las entidades en las que resultan más palpables el control territorial de organizaciones delictivas y la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad y la vigencia de las leyes.
Aunque diversos analistas han mencionado el fenómeno del flujo de dinero sucio a las campañas en curso, y por más que la pavorosa ola de violencia que azota a México había ya cobrado las vidas de diversos políticos, la muerte de Torre Cantú, independientemente de quiénes la hayan planeado y ejecutado, constituye un mensaje inequívoco: la criminalidad ha mostrado su determinación de dictar quién ocupa un cargo de poder y quién no, y con ello la ofensiva criminal se arroga una facultad política y confirma que el acontecer electoral ha sido contaminado por un componente mafioso. Semejante irrupción desembozada constituye, en el ámbito estatal, una suerte de golpe de Estado que desmiente, en forma rotunda, la optimista prédica oficial acerca de un debilitamiento
de las instancias delictivas a consecuencia de las acciones gubernamentales.
En tal situación, la agresión homicida contra el político tamaulipeco no es únicamente un delito, de suyo condenable, contra un individuo, sino constituye un atentado contra la vida republicana en su conjunto: sería un pecado de ingenuidad suponer que la ejecución de Torre Cantú no altera de manera radical el escenario partidista y electoral de Tamaulipas y no conlleva un impacto grave en la credibilidad y la confianza de los procesos comiciales en el resto del país. Independientemente de que el Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas (IETAM) haya decidido seguir adelante con la elección, es claro que ésta ha quedado distorsionada, no sólo por la desaparición del aspirante a gobernador que aparecía puntero en las encuestas, sino también por el temor de la ciudadanía, ahondado por el crimen de ayer, por las inevitables especulaciones que, ante la incierta perspectiva de esclarecimiento, recorren ya la entidad nororiental.
La pavorosa proliferación delictiva que padece el país es consecuencia anunciada de la aplicación de un modelo económico depredador y desarticulador, pero también de un añejo estilo de ejercicio del poder que se mantiene intacto a pesar de las alternancias: en general, en el país se gobierna, en todos los niveles, con arbitrariedad, desapego a las leyes, patrimonialismo, búsqueda de impunidad para los propios, sesgos facciosos en la procuración de justicia y connivencia con intereses ilícitos. La criminalidad desbocada, que ahora golpea al ámbito partidista y electoral, es un engendro creado por los vicios de la propia clase política. Ésta no tiene ya margen para actuar como si en el país no pasara nada, ni para repetir en forma indefinida ritualismos cada vez más insustanciales y autorreferenciales. Es preciso que funcionarios, representantes populares y dirigentes políticos se asomen al abismo que han generado y que emprendan una moralización y una reforma profunda del poder.
Detrás de la Noticia | Ricardo RochaComo subproducto del actual gobierno, las semejanzas con el Tri y su director técnico fueron evidentísimas:
—El Vasco y su equipo son más importantes que Hidalgo, Morelos, Villa y Zapata juntos. Ellos y nadie más encarnan el Bicentenario y el Centenario.
—Calderón y Aguirre son perfectos. Nunca se equivocan. Y los que los cuestionan son traidores a la patria, así que duro con ellos.
—El Vasco, mañana, tarde y noche, como el Ejército. Aunque terminen tan odiados uno y otro.
—En el Tri, como en el gobierno, no están los mejores porque suelen ser muy latosos y hasta se atreven a abrir la boca. Aquí, los puros sumisos, los títeres o a los que se quiere revalorar artificialmente.
—Ni en el gobierno ni en el Tri se tiene que escuchar a la gente. Eso no sirve de nada. Aquí el que manda hace lo que se le pega la gana. ¡Ah! Y eso de la rendición de cuentas es una jalada.
—A nosotros no nos gustan los tontos útiles. En nuestros equipos puro tonto inútil.
Y así podríamos seguir con lo que los yucatecos llaman semejanzas maravillosas. Y tal vez así explicarnos tanta fantochada mediática fuera de la cancha. Y dentro: el empecinamiento de alinear a bultos de cuarta desplazando a quienes al final demostraron que debían haber estado desde el principio.
Total que entre la pifia del árbitro, nuestros errores y las genialidades de Argentina nos quedamos igual que siempre, en la orilla y con más de lo mismo. La rabia ahora potenciada por tanta alharaca. Otra apuesta fallida del gobierno que ya sacó a Aguirre de los spots del Ángel para ponerlo en el bote de la basura. Al fin y al cabo siempre fue desechable, aunque él se creyera indispensable.
Posdata
La ejecución de Rodolfo Torre Cantú es la dentellada más feroz que alguien en este país ha dado contra un personaje público. Era el próximo gobernador de Tamaulipas. Iba con poca escolta y en un vehículo sin blindaje. Médico de profesión tenía una propuesta contra las adicciones. Y en su protesta como candidato del PRI advirtió su rechazo a “quienes ejercen la violencia, quebrantan la ley y perturban la paz social”. Hay mucho que investigar.
Alberto Aziz Nassif
Ya se había dado el gran desencanto con la democracia realmente existente en México. La última medición de Latinobarómetro 2009 nos ubica en el sótano en temas de confianza y apoyo a la democracia. Las fallas y regresiones graves a nivel federal, como el conflicto de la sucesión presidencial en 2006, deterioraron la imagen de los organismos electorales y la confianza institucional que se construyó entre 1996 y 2003. En diversos gobiernos, resultado de una alternancia a nivel estatal, el factor partido político de oposición, que gana elecciones competidas, dejó de representar una diferencia importante, porque las prácticas y la cultura política del viejo régimen contaminaron las formas de gobernar. Ya se había visto que los impulsos de la transición empezaron a agotarse, como recurso de un horizonte de futuro, y en su lugar llegó la desconfianza institucional. Los actores políticos, partidos y legisladores bajaron hasta el suelo en la confianza ciudadana. Expresiones de desafección y convocatorias para anular el voto fueron voces importantes que llegaron en 2009. Sin duda, hay graves problemas en la representación política y nos hemos llenado de una democracia que ha perdido su horizonte de futuro.
En unos cuantos años se ha vulnerado la democracia y los déficits de desigualdad, baja calidad ciudadana, la pérdida de capital político y un conjunto institucional poco confiable, forman algunas de las piezas que nos dejó la transición democrática. En este contexto aparecen los espejos locales y los gobernadores que operan para sus partidos, trafican con los recursos públicos y controlan todos los espacios en donde faltan las piezas fundamentales de una competencia democrática: equidad, debate, y tolerancia.
Ulises Ruiz y Fidel Herrera son la expresión concentrada de los gobiernos del PRI. Estas grabaciones muestran el nivel de violación a la legalidad y, sin embargo, siguen tan campantes rumbo a las elecciones del próximo 4 de julio. El PRI acusa al gobierno federal de usar los instrumentos del Estado con fines partidistas, y con ello defiende a sus gobernadores y a sus candidatos. Sin saber todavía el origen de las grabaciones, lo más probable es que no se conozca de dónde surgieron, quizá estemos ante una doble guerra sucia. La batalla en algunos casos no es entre demócratas y autoritarios, porque estos últimos están en los dos bandos, como sucede en Veracruz, en donde la opción es más PRI o el viejo PRI con acento magisterial y registro panista. Así los comicios locales se han convertido en un campo de batalla con diversos cruces, desde la propaganda sucia, la compra del voto, la debilidad del debate público, hasta los escándalos de las grabaciones, más lo que se acumule hasta el día de las elecciones, todo lo cual deja un ambiente político asfixiante. Alianza Cívica está documentado las irregularidades en la página www.cuidemoselvoto.org
La película que estamos viendo con estas elecciones me recuerda las primeras batallas electorales de la oposición al inicio de los la década de los ochentas, hace 25 años. Las estrategias son muy parecidas: era el control de su estructura corporativa, los descuentos forzados en los cheques de los trabajadores sindicalizados, el uso del dinero público, el aparato de gobierno al servicio de la campaña electoral y el gobernador como el capitán de los comicios. En ese entonces era un reto ganarle al partido gobernante, que en las elecciones era un Estado recubierto de forma partidista. Sin embargo, se pensaba que una alternancia podría cambiar la forma de hacer política. Hoy se repite la estrategia, pero se ha perdido esa expectativa, porque lo que se ha generado, en muchos casos, ha sido decepcionante.
A pesar de que ya vimos la película y lo que sigue, en varios estados es necesario completar los ciclos de la alternancia, porque esa pieza se necesita para que esos ciudadanos tengan la oportunidad de optar, quizá pasen por el desencanto y puedan llegar al hartazgo, pero hasta ahora no han experimentado una transición electoral y tienen derecho a tenerla...
Investigador del CIESAS
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