A CUATRO AÑOS DE INJUSTICIA, LIBRES !

Determina SCJN que enfrentaron proceso penal con pruebas ilegales

Libres, los 12 presos políticos de Atenco

Por Anayeli García Martínez México, D.F., 30 jun 10 (CIMAC).- Entre lágrimas, sonrisas, bailes y consignas, las esposas y madres de los 12 presos políticos de Atenco, celebraron afuera de la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que la Primera Sala de este organismo resolviera otorgarles la inmediata libertad, luego de considerar que se utilizaron pruebas ilegales o insuficientes y la falta de un debido proceso. Horas antes de que comenzara la discusión sobre los seis amparos de los 12 presos políticos, decenas de mujeres y hombres se arremolinaron frente a la entrada del recinto judicial para hacer un llamado de libertad y justicia. Como una forma de mostrar su apoyo, los manifestantes colocaron una manta donde se leía “Jueces o cómplices” y además coreaban frases como “aquí, allá, Atenco vencerá” y “Atenco vive, la lucha sigue”. Por seguridad, el edificio de la SCJN estaba cercado, pero integrantes del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) ya estaban organizados para presenciar la histórica resolución. Cerca de las 11:30 de la mañana, la Premio Nobel de la Paz, Jody Williams, Trinidad Ramírez, una de las dirigentes del FPDT, Leonel Rivero, abogado del caso, y los actores Ofelia Medina, Julieta Egurrola y Bruno Bichir, hicieron acto de presencia. NO SE ACREDITÓ EL SECUESTRO EQUIPARADO Mientras en la calle se escuchaba al unísono las consignas “Que nadie se calle, libertad para Del Valle” y “Héctor aguanta, el pueblo se levanta”, el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, presidente de la Primera Sala, dio inicio a la sesión con un recuento de lo sucedido el 3 y 4 de mayo de 2006, y determinó que no se acreditó el delito de secuestro equiparado. Esta conclusión se basó en que las pruebas para condenarlos a penas que van de 35 a 112 años de prisión, fueron insuficientes, se basaron en reconocimientos fotográficos ilegales, y que los presuntos culpables se encontraban en el lugar de los disturbios, lo cual -dijo el ministro Gudiño Pelayo- es una prueba insuficiente que carece de sustento, por tanto es inadmisible. Por su parte, el ministro José Ramón Cossío Díaz y la ministra Olga Sánchez Cordero, coincidieron en que las sentencias dictadas el 13 de marzo de 2009 y el 6 de septiembre de 2007, son violatorias de garantías individuales por la falta de un debido proceso. En este sentido, la ministra Sánchez Cordero afirmó “no se puede asociar la protesta social con la violencia y lo subversivo” y reiteró que pertenecer a una organización, no es sinónimo de delincuencia. Los otros dos ministros, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Juan N. Silva Meza también compartieron estas consideraciones. De esta forma, por decisión unánime de 5 votos a favor, se ordenó la liberación de Jorge Alberto y Román Adán Ordóñez Romero, Alejandro Pilón Zacate, Juan Carlos Estrada Cruces, Julio César Espinosa Ramos, Inés Rodolfo Cuellar Rivera, Edgar Eduardo Morales, Oscar Hernández Pacheco y Narciso Arellano Hernández. “QUE SE DICTE OTRA SENTENCIA” Aunque por unanimidad, la Primera Sala había otorgado la libertad para los nueve presos del Molino de las Flores, aún faltaba estudiar el caso de los tres líderes del FPDT que estaban recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano: Ignacio del Valle -quien fue condenado a 112 años de prisión por secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicación- Felipe Álvarez y Héctor Galindo. Fue entonces cuando se suscitó una división de opiniones. Los asistentes a la sesión, que antes dieron tímidos aplausos después de escuchar la votación, ahora se mostraban inquietos. El ministro Cossío Díaz -quien se manifestó a favor del proyecto- consideró pertinente precisar que sí hubo privación ilegal de la libertad, auque no fue “secuestro equiparado”, por lo cual determinó otorgar el amparo y dictar otra condena. Pero además dijo que al tomar en cuenta que los inculpados tenían 4 años, un mes y 26 días en prisión, se podía tomar como una pena compurgada y darles la libertad. Por su parte, el ministro Gudiño Pelayo, fue el único que se mostró en contra de otorgar el amparo a los tres líderes porque –dijo- sí hubo secuestro equiparado que tenía como finalidad obtener algo del Estado. Señaló que se retuvo a un funcionario público con el fin de negociar el diálogo con el entonces secretario de Educación del Estado de México. No obstante el resto de los ministros no compartieron este argumento. Es así que por mayoría de 4 votos a favor, Ignacio, Felipe y Héctor, fueron liberados y se ordenó mandar un telegrama a las autoridades de los respectivos penales, para comunicar la decisión. En ese momento, familiares, amigos, abogados y activistas, salieron con el resto de los integrantes del FPDT para comunicarles la noticia, a quienes afuera instalaron un plantón de apoyo desde hace semanas. LA LUCHA DE ATENCO SIGUE Las cámaras y micrófonos se volcaron sobre los familiares de los presos. Muchos de ellos lloraron, otros no podían hablar. Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle, agradeció el apoyo al pueblo mexicano, y recordó que esta resolución no debe considerarse como un regalo, y con el brazo en alto dijo que “la lucha de Atenco sigue, no termina aquí”. Mujeres como Maribel Ramos Rojas, madre de Julio César Espinoza Ramos, estaba contenta, con lágrimas en los ojos, sabía que volvería a ver a su hijo. En tanto la mamá de Jorge Alberto Ordóñez, mencionó que justo el día del cumpleaños de su hijo, se lo devuelven. Por su parte, Jody Williams, calificó la resolución como una decisión histórica en un día en que México ganó justicia y afirmó “los ministros dieron una señal de que los Derechos Humanos valen” y mencionó que llevará buenas noticias a los 11 ganadores del Premio Nobel que creyeron en Atenco. Mientras, el pueblo de Atenco se organiza para salir del Distrito Federal rumbo al penal del Molino de las Flores y del Altiplano para recibir a los 12 activistas, hoy libres. En tanto, en un comunicado emitido por el gobierno del Estado de México, el gobernador priísta Enrique Peña Nieto, manifestó “su más absoluto respeto a dicha resolución”. Señaló su “respeto” a la labor del máximo tribunal de justicia así como a los Derechos Humanos, y confió en que el poder judicial del Estado normará su criterio, conforme al establecido hoy por los ministros de la Primera Sala.