1/20/2011

Denuncian abuso sexual contra familiares de presos en Chiapas


Revisiones forzadas en genitales y tratos denigrantes

Por Patricia Chandomí, corresponsal

Tuxtla Gutiérrez, 19 ene 11 (CIMAC).- Familiares de internos de al menos tres penales en el estado de Chiapas denunciaron violencia sexual y psicológica en su contra, por parte de custodios y directivos de los reclusorios.

Acusaron que mujeres y niñas son víctimas de revisiones forzadas en su área genital para poder visitar a sus familiares.

El 4 de agosto de 2010, por portar su traje tradicional a Rosaura se le impidió la entrada para visitar a su familiar interno en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados de Chiapas (CERSS) número 15, en el municipio de Copainalá.

El 10 de octubre del mismo año, Reina fue a visitar a su esposo al CERSS número 6, en el municipio de Motozintla. Relató que fue obligada a desnudarse, a asumir posturas forzosas y a una revisión en sus genitales.

También contó que fue objeto de injurias por parte de dos mujeres y el comandante de custodios. Además, añadió, le robaron 170 pesos con el argumento que se prohíbe introducir dinero al penal.

“Cuando entré a revisión (dos guardias mujeres) me dijeron que me quitara la blusa, el sostén, el pantalón y la ropa interior. Después me dijeron que pusiera mis dos manos en la cabeza y que hiciera 10 sentadillas. Le pregunté a la guardia que eso quién lo había ordenado y me dijeron ‘esta es la ley que están ordenando (el gobernador de Chiapas) Juan Sabines y (Felipe) Calderón; así debe ser la revisión’. Una (custodia) estaba viendo mi parte de adelante y la otra me veía las nalgas por atrás”, denunció Reina.

Por su parte, Rosaura dijo que el director del CERSS 15, Martín Toledo Fernández, así como el subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, Francisco Ferreira Jiménez, niegan la entrada de alimentos y restringen el horario de visita a los familiares, quienes -aseguró- son objetos de chantaje para obtener alguna concesión por parte de otros mandos como Nefer Peña Santiago y Laura Córdova Guzmán.

Las mujeres denunciantes explicaron que internos han recolectado firmas para exigir que cesen los abusos de las autoridades penitenciarias en Chiapas.

“A nuestros familiares no les dan permiso para realizar llamadas, ni siquiera ingresar cuadernos, papel o plumas, porque el director dice que no quieren que escribamos o llamemos a Derechos Humanos para quejarnos; nos extorsionan por la cantidad de 10 mil pesos para que los internos puedan salir a las áreas verdes del penal”, afirmó Perla, esposa de un recluso.

El 23 de septiembre de 2010, en el CERSS número 11, en el municipio de Pichucalco, Jerónima y Patricia, esposas de dos internos, fueron obligadas a una revisión vaginal para poder visitar a sus familiares.

En 2010, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas recibió 17 denuncias de familiares y presas y presos (respaldas con más de 2 mil firmas) sobre penas crueles, tratos inhumanos y degradantes en los Centros Penitenciarios de los municipios de Cintalapa, Comitán de Domínguez, Copainalá, Motozintla, Pichucalco, Ocosingo, Tonalá y San Cristóbal de Las Casas.

Para el Centro, el gobierno de Chiapas incumple su obligación de garantizar y proteger la vida, así como la integridad física y psicológica de las personas recluidas.

La organización humanitaria documentó además testimonios de 24 familiares de presas y presos que denunciaron agresiones directas contra mujeres, niñas y niños que fueron y son sometidas a tratos crueles inhumanos y degradantes al momento de ingresar a las cárceles.

Ante esta situación el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas ha considerado que deben de cesar de inmediato los tratos crueles, inhumanos y degradantes y los actos de tortura que prevalecen en las prisiones del estado de Chiapas.

También ha exigido una investigación pronta y efectiva de los funcionarios de todos los niveles que están cometiendo estas violaciones a los Derechos Humanos, y exigieron hacer pública la situación real de las prisiones en Chiapas y que se permita a observadores nacionales e internacionales verificar el estado y condiciones de las mismas.

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