REPORTAJE
Indolencia e impunidad, respuesta oficial
Por Anayeli García y Guadalupe Cruz
México, DF, 17 ene 11 (CIMAC).- Pese al incremento de asesinatos dolosos contra mujeres en el Edomex niegan autoridades iniciar una investigación para declarar la Alerta de Violencia de Género
Aunque durante los últimos 5 años, se registraron en esta entidad 922 homicidios de mujeres, el pasado 11 de enero el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, desechó la solicitud para que se investigue el feminicidio y declarar eventualmente una alerta de género.
Nadia Alejandra Muciño Márquez, de 24 años de edad, fue asesinada en 2004 en Villa Nicolás Romero, Edomex, por su esposo, Bernardo López Gutiérrez y el hermano de éste, Isidro.
Su caso quedó impune porque cuando las autoridades levantaron el cuerpo “extraviaron” la cuerda con la que fue asfixiada y se negaron a analizar la sangre encontrada en una camisa y en el lavadero de la vivienda.
Además, los peritos “olvidaron” sellar el lugar de los hechos, lo que le permitió a la familia de los homicidas quemar “toda la evidencia” e incluso cambiar la tapa de una cisterna, donde Bernardo y su hermano introdujeron y golpearon a Nadia, según el relato de sus hijos.
Después de seis años en busca de justicia, María Antonia Márquez, madre de Nadia, consiguió que Isidro López Gutiérrez fuera sentenciado a 42 años de prisión por este delito a finales de 2009; él apeló la condena en febrero pasado y dos meses más tarde fue puesto en libertad. Bernardo sigue prófugo.
A finales de 2010 el caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El asesinato de Nadia Alejandra forma parte de esos 9 de cada 10 homicidios de mujeres que quedan impunes en el Estado de México.
En 5 años de gobierno de Enrique Peña Nieto (2005-2010) se registraron 922 homicidios dolosos de mujeres y niñas. En 523 asesinatos (56.7 por ciento) se desconoce al asesino, de acuerdo con cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) con base en datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).
Según la misma fuente, los crímenes contra mujeres van en ascenso: en 2005 se registraron 98 homicidios dolosos, en 2006, 138; en 2007; 161; para 2008, 176; en 2009, 205; y hasta agosto de 2010 se denunciaron 144.
Los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli concentran el 54 por ciento de los asesinatos.
Y sin embargo, Peña Nieto y el procurador de Justicia del estado, Alfredo Castillo Cervantes, minimizaron los asesinatos. Ambos justificaron que el Edomex no es la entidad con más asesinatos de mujeres y niñas en el país.
Para colmo, Castillo Cervantes aseguró que a estas mujeres no las asesinan en el estado sino que ahí los criminales sólo arrojan los cuerpos.
En ese contexto, se dio la negativa el pasado 11 de enero por parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (integrado por dependencias federales y los institutos estatales de mujeres) para que iniciara una investigación del feminicidio en el Edomex y eventualmente se declarara una Alerta de Violencia de Género (AVG).
De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la AVG es un mecanismo de protección para salvaguardar la vida e integridad de las mujeres.
En la reunión del Sistema Nacional, los 20 Institutos de las Mujeres de estados gobernados por el PRI votaron en contra de la solicitud de los grupos civiles para que comenzara una investigación del caso.
CORRUPCIÓN E INEFICACIA
A las declaraciones de los gobernantes se suman las “grandes deficiencias” en la indagación y la corrupción de las autoridades, que se traduce en la nula procuración de justicia en estos casos, aseveró María de Luz Estrada, coordinadora del OCNF.
Patricia Álvarez, directora de una institución educativa gubernamental en el municipio de Chimalhuacán, relató que en el Estado de México a las mujeres no les sirve de nada ejercer sus derechos ni denunciar.
Al tener contacto con madres de familia, Patricia Álvarez se ha percatado de que ellas no denuncian la violencia porque desconfían de las autoridades y mejor “aprenden a vivir así” porque si van a las instituciones encargadas de procurar justicia “no pasa nada”.
A decir de funcionarias, académicas y representantes de la sociedad civil es indignante la nula voluntad política en ese estado para esclarecer y prevenir los homicidios de mujeres.
Angélica de la Peña, integrante de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, dijo que las autoridades mexiquenses “asumen una actitud reactiva para no responder a la situación con instrumentos como la AVG, que no se aplica porque no reconocen que el fenómeno es grave”.
Añadió que esto demuestra que en el Estado de México, como en otras entidades donde se ha rechazado la AVG (como Guanajuato), no existe procuración de justicia para las mujeres, pues prefieren “darle la vuelta a su responsabilidad, en vez de enfrentar de manera eficiente este delito”.
Para que la situación cambie, agregó, la sociedad civil debe exigir que se cumplan las leyes, que los Institutos de las Mujeres articulen y vigilen la aplicación de la legislación, pero sobre todo, subrayó, que haya voluntad política de la autoridad mexiquense.
México, DF, 17 ene 11 (CIMAC).- Pese al incremento de asesinatos dolosos contra mujeres en el Edomex niegan autoridades iniciar una investigación para declarar la Alerta de Violencia de Género
Aunque durante los últimos 5 años, se registraron en esta entidad 922 homicidios de mujeres, el pasado 11 de enero el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, desechó la solicitud para que se investigue el feminicidio y declarar eventualmente una alerta de género.
Nadia Alejandra Muciño Márquez, de 24 años de edad, fue asesinada en 2004 en Villa Nicolás Romero, Edomex, por su esposo, Bernardo López Gutiérrez y el hermano de éste, Isidro.
Su caso quedó impune porque cuando las autoridades levantaron el cuerpo “extraviaron” la cuerda con la que fue asfixiada y se negaron a analizar la sangre encontrada en una camisa y en el lavadero de la vivienda.
Además, los peritos “olvidaron” sellar el lugar de los hechos, lo que le permitió a la familia de los homicidas quemar “toda la evidencia” e incluso cambiar la tapa de una cisterna, donde Bernardo y su hermano introdujeron y golpearon a Nadia, según el relato de sus hijos.
Después de seis años en busca de justicia, María Antonia Márquez, madre de Nadia, consiguió que Isidro López Gutiérrez fuera sentenciado a 42 años de prisión por este delito a finales de 2009; él apeló la condena en febrero pasado y dos meses más tarde fue puesto en libertad. Bernardo sigue prófugo.
A finales de 2010 el caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El asesinato de Nadia Alejandra forma parte de esos 9 de cada 10 homicidios de mujeres que quedan impunes en el Estado de México.
En 5 años de gobierno de Enrique Peña Nieto (2005-2010) se registraron 922 homicidios dolosos de mujeres y niñas. En 523 asesinatos (56.7 por ciento) se desconoce al asesino, de acuerdo con cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) con base en datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).
Según la misma fuente, los crímenes contra mujeres van en ascenso: en 2005 se registraron 98 homicidios dolosos, en 2006, 138; en 2007; 161; para 2008, 176; en 2009, 205; y hasta agosto de 2010 se denunciaron 144.
Los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli concentran el 54 por ciento de los asesinatos.
Y sin embargo, Peña Nieto y el procurador de Justicia del estado, Alfredo Castillo Cervantes, minimizaron los asesinatos. Ambos justificaron que el Edomex no es la entidad con más asesinatos de mujeres y niñas en el país.
Para colmo, Castillo Cervantes aseguró que a estas mujeres no las asesinan en el estado sino que ahí los criminales sólo arrojan los cuerpos.
En ese contexto, se dio la negativa el pasado 11 de enero por parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (integrado por dependencias federales y los institutos estatales de mujeres) para que iniciara una investigación del feminicidio en el Edomex y eventualmente se declarara una Alerta de Violencia de Género (AVG).
De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la AVG es un mecanismo de protección para salvaguardar la vida e integridad de las mujeres.
En la reunión del Sistema Nacional, los 20 Institutos de las Mujeres de estados gobernados por el PRI votaron en contra de la solicitud de los grupos civiles para que comenzara una investigación del caso.
CORRUPCIÓN E INEFICACIA
A las declaraciones de los gobernantes se suman las “grandes deficiencias” en la indagación y la corrupción de las autoridades, que se traduce en la nula procuración de justicia en estos casos, aseveró María de Luz Estrada, coordinadora del OCNF.
Patricia Álvarez, directora de una institución educativa gubernamental en el municipio de Chimalhuacán, relató que en el Estado de México a las mujeres no les sirve de nada ejercer sus derechos ni denunciar.
Al tener contacto con madres de familia, Patricia Álvarez se ha percatado de que ellas no denuncian la violencia porque desconfían de las autoridades y mejor “aprenden a vivir así” porque si van a las instituciones encargadas de procurar justicia “no pasa nada”.
A decir de funcionarias, académicas y representantes de la sociedad civil es indignante la nula voluntad política en ese estado para esclarecer y prevenir los homicidios de mujeres.
Angélica de la Peña, integrante de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, dijo que las autoridades mexiquenses “asumen una actitud reactiva para no responder a la situación con instrumentos como la AVG, que no se aplica porque no reconocen que el fenómeno es grave”.
Añadió que esto demuestra que en el Estado de México, como en otras entidades donde se ha rechazado la AVG (como Guanajuato), no existe procuración de justicia para las mujeres, pues prefieren “darle la vuelta a su responsabilidad, en vez de enfrentar de manera eficiente este delito”.
Para que la situación cambie, agregó, la sociedad civil debe exigir que se cumplan las leyes, que los Institutos de las Mujeres articulen y vigilen la aplicación de la legislación, pero sobre todo, subrayó, que haya voluntad política de la autoridad mexiquense.
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