Porfirio Muñoz Ledo
El estado de Guerrero tiene un noble historial y también una tremenda zaga de represiones políticas. Refugio de los insurgentes, protagonizó sucesos como el Congreso del Anáhuac, el abrazo de Acatempan o el Plan de Iguala. Fue la cuna del movimiento que derrocó a Santa Anna y dio inicio a la Reforma con el Plan de Ayutla. En el periodo posrevolucionario fue guarida de sucesivos grupos guerrilleros, que según Carlos Montemayor, prolongaron la lucha armada por la vía clandestina.
Por contrapartida, se afincó un duro caciquismo que durante décadas hizo gala de brutalidad militar, violencia política, defraudación electoral y corrupción oficial. Así, la matanza de civiles por el general Caballero Aburto en 1960, la aniquilación de las guerrillas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, las golpizas de Ruiz Massieu y la indecible matanza de campesinos en Aguas Blancas, ordenadas por el segundo Figueroa.
La transición significó un equilibrio de fuerzas que no pudo traducirse en una victoria de la izquierda, primero por la defraudación (1999) y luego por el gatopardismo (1905). En estas elecciones se corre el riesgo de una brutal regresión autoritaria, que sería la antesala de la vuelta al poder del antiguo partido oficial y un anuncio de los métodos por los que pretende imponerse. Una suerte de efecto dominó que pasaría por el Estado de México y culminaría en el 2012.
En el otro sentido, sería el triunfo de una amplia alianza de fuerzas progresistas que abriría cauces benéficos para las elecciones ulteriores. Ello implicaría la cuarta derrota sucesiva del PRI en importantes estados: un saldo catastrófico para la presidenta saliente y un recibimiento aleccionador para quien se apresta a encabezar ese partido. Un balde de agua fría para su talante bravucón y un mentís irrefutable a su discurso triunfalista.
La señora Paredes señaló al candidato de las izquierdas, Ángel Aguirre, que no olvide que se formó en el PRI. Tal advertencia pareciera propia de un cártel que amenaza a un desertor, o bien, el reconocimiento de que en sus anteriores derrotas estatales los candidatos salieron de su partido, por lo que es necesario atajar el fenómeno a toda costa; también que se barruntan desprendimientos políticos que, como en 1988, darían al traste para siempre con sus aspiraciones restauradoras.
El clima de violencia comenzó a instaurarse hace meses, con los asesinatos del líder del Congreso, Armando Chavarría y del dirigente del Partido del Trabajo, Rey Hernández, que han permanecido impunes, con grave responsabilidad de las autoridades locales que encabeza el Tancredo Torreblanca. La agresión a Guillermo Sánchez Nava, representante de la coalición ante el Instituto Electoral, y quien ya había sido secuestrado anteriormente, es una obra maestra del crimen político y de la barbarie represora.
Fue agredido por una parvada de mozalbetes que arrancaban propaganda electoral para reemplazarla por la del candidato Añorve. Según la averiguación, tiene el cráneo partido en cuatro, y los agresores se alejaron cuando entendieron que había muerto. O estaban trastornados por la droga, o tenían instrucciones de hacerlo. Cabe señalar que el PRI local está presidido por un antiguo “porro” que se apoderó de la universidad encapuchado y portando metralleta.
El “manual de actividades” para desestabilizar el proceso abarca desde llamadas intimidatorias e impedimento de instalación de casillas, hasta balaceras contra los vehículos de la coalición. En ese tono, repartieron por todo el estado una edición apócrifa del periódico La Jornada, donde se cantaba la “derrota” del adversario en el debate. A cada agresión denunciada, la respuesta cínica que culpa de modo estúpido al ofendido de la comisión de los hechos.
La desesperación es causa de crímenes nefandos. Los acontecimientos de Guerrero indican el resurgimiento de un pathos político que pone en riesgo la paz pública del país. Una combinación entre la guerra interna decretada contra el narcotráfico y la violencia electoral por la preservación de los territorios. Sólo una ciudadanía alerta y dispuesta a movilizarse podría detener semejante tragedia.
Diputado federal del PT
Por contrapartida, se afincó un duro caciquismo que durante décadas hizo gala de brutalidad militar, violencia política, defraudación electoral y corrupción oficial. Así, la matanza de civiles por el general Caballero Aburto en 1960, la aniquilación de las guerrillas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, las golpizas de Ruiz Massieu y la indecible matanza de campesinos en Aguas Blancas, ordenadas por el segundo Figueroa.
La transición significó un equilibrio de fuerzas que no pudo traducirse en una victoria de la izquierda, primero por la defraudación (1999) y luego por el gatopardismo (1905). En estas elecciones se corre el riesgo de una brutal regresión autoritaria, que sería la antesala de la vuelta al poder del antiguo partido oficial y un anuncio de los métodos por los que pretende imponerse. Una suerte de efecto dominó que pasaría por el Estado de México y culminaría en el 2012.
En el otro sentido, sería el triunfo de una amplia alianza de fuerzas progresistas que abriría cauces benéficos para las elecciones ulteriores. Ello implicaría la cuarta derrota sucesiva del PRI en importantes estados: un saldo catastrófico para la presidenta saliente y un recibimiento aleccionador para quien se apresta a encabezar ese partido. Un balde de agua fría para su talante bravucón y un mentís irrefutable a su discurso triunfalista.
La señora Paredes señaló al candidato de las izquierdas, Ángel Aguirre, que no olvide que se formó en el PRI. Tal advertencia pareciera propia de un cártel que amenaza a un desertor, o bien, el reconocimiento de que en sus anteriores derrotas estatales los candidatos salieron de su partido, por lo que es necesario atajar el fenómeno a toda costa; también que se barruntan desprendimientos políticos que, como en 1988, darían al traste para siempre con sus aspiraciones restauradoras.
El clima de violencia comenzó a instaurarse hace meses, con los asesinatos del líder del Congreso, Armando Chavarría y del dirigente del Partido del Trabajo, Rey Hernández, que han permanecido impunes, con grave responsabilidad de las autoridades locales que encabeza el Tancredo Torreblanca. La agresión a Guillermo Sánchez Nava, representante de la coalición ante el Instituto Electoral, y quien ya había sido secuestrado anteriormente, es una obra maestra del crimen político y de la barbarie represora.
Fue agredido por una parvada de mozalbetes que arrancaban propaganda electoral para reemplazarla por la del candidato Añorve. Según la averiguación, tiene el cráneo partido en cuatro, y los agresores se alejaron cuando entendieron que había muerto. O estaban trastornados por la droga, o tenían instrucciones de hacerlo. Cabe señalar que el PRI local está presidido por un antiguo “porro” que se apoderó de la universidad encapuchado y portando metralleta.
El “manual de actividades” para desestabilizar el proceso abarca desde llamadas intimidatorias e impedimento de instalación de casillas, hasta balaceras contra los vehículos de la coalición. En ese tono, repartieron por todo el estado una edición apócrifa del periódico La Jornada, donde se cantaba la “derrota” del adversario en el debate. A cada agresión denunciada, la respuesta cínica que culpa de modo estúpido al ofendido de la comisión de los hechos.
La desesperación es causa de crímenes nefandos. Los acontecimientos de Guerrero indican el resurgimiento de un pathos político que pone en riesgo la paz pública del país. Una combinación entre la guerra interna decretada contra el narcotráfico y la violencia electoral por la preservación de los territorios. Sólo una ciudadanía alerta y dispuesta a movilizarse podría detener semejante tragedia.
Diputado federal del PT
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