El candidato del PRI, Manuel Añorve.
John M. Ackerman
MÉXICO, D.F., 18 de enero.- La cobarde y brutal agresión a Guillermo Sánchez Nava, representante del PRD ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG), forma parte de una clara estrategia de guerra sucia por parte del PRI para ganar la elección de gobernador en Guerrero este 30 de enero. En las próximas dos semanas, seguramente las violaciones a la legalidad y los principios constitucionales en la materia su multiplicarán, y al final podríamos escuchar la repetición de la célebre frase: “…Haiga sido como haiga sido…”.
Por eso las autoridades deberían actuar desde ya para evitar el desbordamiento de la situación, aunque la mejor respuesta sería que los ciudadanos salieran a votar masivamente, para expresar su repudio a la violencia, la corrupción y la inseguridad que tanto daño han hecho al estado.
Esta elección es un preludio histórico rumbo a los comicios presidenciales de 2012. Durante su desarrollo veremos si la equidad y la legalidad son posibles en materia electoral o si estamos condenados a la permanencia del imperio de la ley de la selva, donde el poder, la agresión y el dinero son más importantes que la voluntad popular.
El candidato del PRI, Manuel Añorve, ya tiene experiencia en las elecciones sucias. El mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha reconocido que su campaña para la presidencia municipal de Acapulco en 2008 fue sumamente irregular. La asociación civil Ángel de la Guarda, dirigida por la esposa del candidato, contrató varios anuncios televisivos en horario estelar para inducir el voto a favor de Añorve. También se distribuyó masivamente una portada falsa de un periódico local que anunciaba el retiro de la contienda electoral del principal candidato de izquierda, Luis Walton. Otra serie de notas falsas calumniaban a Walton con la acusación de que había participado en una red de pornografía infantil.
Tanto Enrique Peña Nieto como el entonces gobernador priista de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio, participaron activamente en aquella campaña sucia. Asistieron a actos públicos, y todo parece indicar que también financiaron numerosos “operativos” electorales. La Iglesia intervino igualmente a favor del candidato ganador y hubo presión directa sobre los electores en numerosas casillas. Todo esto, mientras el Instituto Electoral del estado se mantuvo al margen.
De acuerdo con el TEPJF, todas estas tropelías no fueron suficientes para ameritar la anulación de la elección, aun cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugares había sido de apenas 5 mil votos de los 223 mil sufragios válidos (es decir, sólo el 2.2%). En una reedición de la impunidad generada con el dictamen de validez de la elección presidencial de 2006, el TEPJF se negó a realizar cualquier esfuerzo por esclarecer las verdaderas condiciones del proceso electoral y simplemente avaló los resultados sobre las rodillas. De manera similar, el año pasado el TEPJF se negó a evaluar a fondo las condiciones de los comicios para gobernador de Durango y Veracruz.
Estos antecedentes de impunidad regresan hoy con fuerza para asegurar que el actual proceso electoral en Guerrero continúe corroyéndose hasta la médula. Es más que evidente que Añorve ya rebasó el tope de gasto de campaña de 33 millones de pesos. La cantidad de folletos, calcomanías, espectaculares y anuncios televisivos, los frecuentes viajes en helicóptero del candidato, la sospechosa cobertura “noticiosa” de las principales empresas de televisión, y la entrada de ejércitos de “promotores” bien financiados desde diversos estados gobernados por el PRI, hablan de un derroche desmedido y totalmente ilegal.
Asimismo, más allá del “gasto” explícito, habría que recordar que las donaciones “en especie” también deberían contabilizarse. Cada minuto “regalado” por Televisa a Añorve, cada hora de algún empleado del Estado de México dedicado a la campaña, y cada litro de gasolina utilizado para transportar láminas deben ser incluidos en el cálculo del gasto total.
Este tipo de donaciones, por cierto, son completamente ilegales y podrían dar lugar a sanciones administrativas y hasta penales para los involucrados. El artículo 407 del Código Penal Federal es contundente al imponer una pena de hasta nueve años de prisión al servidor público que destine “fondos, bienes o servicios” públicos, e incluso el “tiempo” de sus subordinados, a algún partido político o candidato. Aquí las autoridades también deberían vigilar la posible participación de recursos y empleados del Gobierno del Distrito Federal en la campaña de Ángel Aguirre.
Pero independientemente de lo que hagan o dejen de hacer las instituciones electorales, lo más importante es que la población salga a votar el 30 de enero. Los desastrosos resultados del gobierno de Zeferino Torreblanca no deberían llevar al desánimo, sino a la cada vez más activa participación social a favor de la democracia y la justicia. Por ejemplo, el llamado de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero para boicotear las elecciones es un grave error. Hace el juego a los priistas, quienes siempre se benefician cuando se reduce la participación espontánea de la población.
Por ejemplo, en las elecciones estatales de 2010 hubo una correlación directa entre el aumento de la tasa de participación ciudadana y una reducción en el porcentaje de votación para el PRI. En Tamaulipas la participación fue de apenas 44% y el viejo partido del Estado conquistó 62% de la votación. En Chihuahua, acudió a las urnas el 41% del electorado y el PRI recibió 56% de los sufragios. En contraste, las victorias de Gabino Cué, Mario López Valdés y Rafael Moreno Valle se sustentaron en una gran ola de participación ciudadana, que llegó a 57% en Oaxaca, a 58% en Sinaloa y a 59% en Puebla.
La abstención ayuda al PRI porque este partido cuenta con una vasta “maquinaria” electoral que por medio de la compra, la coacción y la intimidación logra obligar a los “suyos” a votar a como dé lugar. Sin embargo, cuando la tasa de participación es alta, el efecto de estos “operativos” se diluye, permitiendo que el resultado refleje de manera más fiel las preferencias reales de los electores.
Los siguientes 15 días serán claves. Hagamos votos para que el estado de Guerrero sea un ejemplo de valentía institucional y movilización ciudadana que preparen el camino para la celebración de elecciones presidenciales auténticamente democráticas en 2012.
twitter: @JohnMAckerman
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