Ricardo Rocha
México está gordo, diabético y al borde del infarto. Y es que el gigantesco y creciente problema de la obesidad no es sólo de estética ni un hecho anecdótico sino el más grave desafío de salud pública. No es únicamente un tema de interés nacional. Es un asunto de Estado.
Por eso estremece e indigna la farsa protagonizada por los secretarios Bruno Ferrari de Economía, José Ángel Córdova de Salud y Alonso Lujambio de Educación Pública. A iniciativa del primero y con la absoluta complacencia y conveniencia de los otros, conspiraron todos para echar abajo la iniciativa de prohibir la venta de comida y bebidas chatarra en 220 mil escuelas primarias y secundarias de todo el país.
Los hechos y declaraciones recientes son no solamente una enorme y cínica desfachatez sino un vergonzante monumento a la mediocridad y la corrupción. Porque para nadie es un secreto que tenemos el alarmante primer lugar mundial en obesidad infantil y que esto se debe a la ingesta enfermiza de toda clase de porquerías como frituras, pastelitos y bebidas pintadas que consumen nuestros niños desproporcionadamente en las cooperativas escolares. Por eso, ante la alerta, el gobierno presionado por organizaciones de especialistas y la opinión pública, decidió elaborar una lista de 50 artículos básicos que podrían venderse en los centros educativos. Aunque usted no lo crea, en estos meses de “acercamientos” con los cuatro o cinco capos de nuestra industria “alimenticia”, la lista creció a 768 productos autorizados. Y lo peor, con una argucia que es una mentada de progenitora a la inteligencia: la aparición de pastelitos y papitas más chicos, las llamadas miniporciones, como si los chamacos no pudieran atascarse con dos o más bolsitas que los harán cada vez más gordos.
Pero decíamos que no es un asunto solamente estético. Los daños a la salud física y mental de cinco millones de nuestros niños son gravísimos: el gran peligro de la comida chatarra es que por sus componentes químicos, diseñados para ese propósito, puede ser tan adictiva como el tabaco o las drogas, debilitando los circuitos cerebrales generando problemas como déficit de atención, ansiedad y aislamiento por el consumo excesivo de altas cantidades de azúcares, aditivos y grasas según los expertos de la revista Nature. Otros expertos en conducta establecen que el daño es doble porque es natural que los niños crean que si esos seudoalimentos están autorizados en la escuela, pueden ser consumidos también en casa, derivando en la conformación de una cultura de ingesta chatarra; la propia Organización Mundial de la Salud determina que además de esos trastornos sicológicos se produce la obesidad que lleva a enfermedades como caries destructivas y las más graves como diabetes, hipertensión arterial, acumulaciones críticas de colesterol, triglicéridos y cardiopatías en los pequeños que además desordenan su desarrollo por la falta de nutrientes adecuados; agregue usted la pérdida de la autoestima por el sobrepeso de todos estos “gorditos del salón”, que además —y éste es el dato más dramático— morirán 10 años antes por todo este deterioro. Adicionalmente, el daño financiero al país es terrible: entre todos pagamos 45 mil millones de pesos en enfermedades derivadas de la obesidad.
Por eso estremece que tres secretarios del actual gobierno hayan autorizado tantas atrocidades. Y si alguien cree que el segundo adjetivo es exagerado, dígame cómo calificar a quienes han accedido a quitarles 10 años de vida a nuestros niños.
La razón es una sola. El infame negocio de la comida chatarra en las escuelas —que cuadra con el dato anterior— representa 40 mil millones de pesos tan sólo por ventas en esas “tienditas”. Pero todavía más, quienes se benefician de él suelen ser muy generosos en las contiendas políticas. Bien se sabe que en el año 2006 patrocinaron la campaña de odio contra Andrés Manuel López Obrador. Y al mismo tiempo donaron grandes sumas al PAN para la causa calderonista. Por eso toda la simulación convenenciera para supuestamente regular y contener este crimen colectivo ha sido uno de los fraudes más vergonzantes para el país y la opinión pública.
Si somos lo que comemos, entonces seguiremos siendo un país de corruptos, agachados y por supuesto gordos.
Yo no sé el señor Ferrari, pero eso sí, el doctor Córdova y el maestro Lujambio tienen sus aspiraciones. El uno para gobernador de Guanajuato, el otro para mandar desde los merititos Pinos. Conste que dije aspiraciones y no merecimientos. De lo que no tengo duda es de que si llegan a estar en campaña, ya tendrán a quién estirarle la mano para decirle: “¡Recuérdame!”.
Por eso estremece e indigna la farsa protagonizada por los secretarios Bruno Ferrari de Economía, José Ángel Córdova de Salud y Alonso Lujambio de Educación Pública. A iniciativa del primero y con la absoluta complacencia y conveniencia de los otros, conspiraron todos para echar abajo la iniciativa de prohibir la venta de comida y bebidas chatarra en 220 mil escuelas primarias y secundarias de todo el país.
Los hechos y declaraciones recientes son no solamente una enorme y cínica desfachatez sino un vergonzante monumento a la mediocridad y la corrupción. Porque para nadie es un secreto que tenemos el alarmante primer lugar mundial en obesidad infantil y que esto se debe a la ingesta enfermiza de toda clase de porquerías como frituras, pastelitos y bebidas pintadas que consumen nuestros niños desproporcionadamente en las cooperativas escolares. Por eso, ante la alerta, el gobierno presionado por organizaciones de especialistas y la opinión pública, decidió elaborar una lista de 50 artículos básicos que podrían venderse en los centros educativos. Aunque usted no lo crea, en estos meses de “acercamientos” con los cuatro o cinco capos de nuestra industria “alimenticia”, la lista creció a 768 productos autorizados. Y lo peor, con una argucia que es una mentada de progenitora a la inteligencia: la aparición de pastelitos y papitas más chicos, las llamadas miniporciones, como si los chamacos no pudieran atascarse con dos o más bolsitas que los harán cada vez más gordos.
Pero decíamos que no es un asunto solamente estético. Los daños a la salud física y mental de cinco millones de nuestros niños son gravísimos: el gran peligro de la comida chatarra es que por sus componentes químicos, diseñados para ese propósito, puede ser tan adictiva como el tabaco o las drogas, debilitando los circuitos cerebrales generando problemas como déficit de atención, ansiedad y aislamiento por el consumo excesivo de altas cantidades de azúcares, aditivos y grasas según los expertos de la revista Nature. Otros expertos en conducta establecen que el daño es doble porque es natural que los niños crean que si esos seudoalimentos están autorizados en la escuela, pueden ser consumidos también en casa, derivando en la conformación de una cultura de ingesta chatarra; la propia Organización Mundial de la Salud determina que además de esos trastornos sicológicos se produce la obesidad que lleva a enfermedades como caries destructivas y las más graves como diabetes, hipertensión arterial, acumulaciones críticas de colesterol, triglicéridos y cardiopatías en los pequeños que además desordenan su desarrollo por la falta de nutrientes adecuados; agregue usted la pérdida de la autoestima por el sobrepeso de todos estos “gorditos del salón”, que además —y éste es el dato más dramático— morirán 10 años antes por todo este deterioro. Adicionalmente, el daño financiero al país es terrible: entre todos pagamos 45 mil millones de pesos en enfermedades derivadas de la obesidad.
Por eso estremece que tres secretarios del actual gobierno hayan autorizado tantas atrocidades. Y si alguien cree que el segundo adjetivo es exagerado, dígame cómo calificar a quienes han accedido a quitarles 10 años de vida a nuestros niños.
La razón es una sola. El infame negocio de la comida chatarra en las escuelas —que cuadra con el dato anterior— representa 40 mil millones de pesos tan sólo por ventas en esas “tienditas”. Pero todavía más, quienes se benefician de él suelen ser muy generosos en las contiendas políticas. Bien se sabe que en el año 2006 patrocinaron la campaña de odio contra Andrés Manuel López Obrador. Y al mismo tiempo donaron grandes sumas al PAN para la causa calderonista. Por eso toda la simulación convenenciera para supuestamente regular y contener este crimen colectivo ha sido uno de los fraudes más vergonzantes para el país y la opinión pública.
Si somos lo que comemos, entonces seguiremos siendo un país de corruptos, agachados y por supuesto gordos.
Yo no sé el señor Ferrari, pero eso sí, el doctor Córdova y el maestro Lujambio tienen sus aspiraciones. El uno para gobernador de Guanajuato, el otro para mandar desde los merititos Pinos. Conste que dije aspiraciones y no merecimientos. De lo que no tengo duda es de que si llegan a estar en campaña, ya tendrán a quién estirarle la mano para decirle: “¡Recuérdame!”.
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Periodista
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