Los contratos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicanos (Pemex) son el principal objetivo de muchos grupos de poder dentro y fuera del país porque concentran la mayor parte del Presupuesto de Egresos de la Federación relacionado con obra pública.
En México, el Grupo Carso de Carlos Slim –a través de la constructora Impulsora del Desarrollo Económico de América Latina– y el Grupo ICA (Ingenieros Civiles Asociados) han buscado mantener el liderazgo y participación en el mercado de los contratistas del sector energético, aunque la competencia de multinacionales es constante y depredadora para las compañías mexicanas, como muestra el caso de Bufete Industrial, que ya desapareció.
Los contratos que otorgan las paraestatales Pemex y CFE también han sido motivo de ambición y luchas internas de grupos vinculados a influyentes políticos. Se trata de un gran tesoro con un flujo constante y seguro que se administra de manera independiente a la crisis económica del país.
Pemex, por ejemplo, planea invertir un promedio anual de 369 mil millones de pesos durante los próximos nueve años, y será entre 2012 y 2014 cuando se registren los niveles más altos de ese flujo de recursos. Mucho de este dinero, por supuesto, irá a parar a los bolsillos de funcionarios comisionistas que otorgan contratos a intermediarios y empresarios corruptos.
Además, los contratistas de la paraestatal petrolera aún esperan inversiones por 8 mil millones de dólares para la refinería que se localizaría en Tula, Hidalgo. No sólo eso, las modificaciones a la legislación de la industria petrolera permitirán que Pemex aplique esquemas más flexibles y eficientes para la contratación de servicios a través de licitaciones públicas.
Así, se esperan millonarios contratos para Chicontepec y las aguas profundas del Golfo de México. Sin embargo, la corrupción y la falta de transparencia han caracterizado, en muchos casos, el ejercicio de estos recursos, y esa situación parece que no va a cambiar.
Hasta ahora, sin embargo, no se había formalizado la participación privada en el financiamiento del mercado de contratistas del sector petrolero. Ése es otro gran negocio que hace a muchos frotarse las manos.
La banca comercial, al menos los seis principales bancos del sistema, había concentrado la mayor parte de los créditos que necesitan los contratistas de Pemex y la CFE para cumplir los compromisos con estas paraestatales.
En medio de este escenario, surge la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) Navix, que, siendo un intermediario no regulado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, participa en el mercado del financiamiento de contratistas de Pemex con más de 60 millones de pesos, y que hace unos días obtuvo de las Afores, de los fondos de pensiones de los trabajadores mexicanos, al menos, 4 mil millones de pesos.
El nombre de Navix y de los fondos internacionales que la acompañan en la operación que se cerró a través de la Bolsa Mexicana de Valores pasaría prácticamente desapercibido si entre sus directivos y fundadores no figurara Gonzalo Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, el funcionario que impulsó, casualmente, la aprobación de la figura de las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles) –que después se convirtieron en Sofomes–, con el objetivo de impulsar los créditos para el sector productivo ante las restricciones que aún enfrentaba la banca múltiple en sus políticas de financiamiento.
Las Sofomes han surgido como hongos bajo la lluvia y las señales de alerta comienzan a encenderse ante problemas de cartera vencida. En Navix, además, participa como socio minoritario Citigroup, que controla Banamex y que, en teoría, debería otorgar créditos al sector petrolero de forma directa.
Pero, volviendo al caso de las Sofomes, el propio exgobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, ha encendido la alarma sobre la presencia de actividades vinculadas con el lavado de dinero que utilizan estos intermediarios no regulados.
La cartera vencida de estas entidades también preocupa a las autoridades porque han encontrado en los créditos con descuento a nómina de gobiernos municipales y estatales un negocio seguro, pero con pocos controles de riesgo. Allí está el caso de los problemas que enfrentaron varias Sofomes que otorgaron créditos al gobierno del Distrito Federal y que, ante los retrasos en las participaciones federales, enfrentaron problemas para cobrar los préstamos otorgados.
Llama la atención que Gonzalo Gil White, socio de Navix y quien en su currículo destaca su experiencia en Goldman Sachs y en Equity Group Investments, la compañía de inversión del financiero Sam Zell, haya decidido participar en el mercado de créditos para el sector petrolero a través de una Sofom.
Él mismo reconoció ante la prensa que esta figura permite una mayor flexibilidad frente a las políticas tradicionales de la banca. Pero, además del sello de Gil Díaz en la figura que escogió la intermediaria y fondo de su hijo para participar en el sector petrolero, destaca otra coincidencia: la creación de un fideicomiso como el elemento central de la operación. Se trata del Fondo Inversión en el Sector Energético, en el cual para otorgar créditos a los contratistas de Pemex y la CFE, deben depositar derechos de tesorería que garanticen el cobro y el seguimiento de las inversiones. El equipo de Gil White tendrá derechos de tesorería para vigilar que se cumpla el contrato comprometido y que se apliquen de forma efectiva los préstamos otorgados.
*Periodista
Contralínea 216 / 16 de enero de 2011
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