Así, la mesa de firma de los acuerdos de San Andrés tuvo los lugares del EZLN vacíos. Firmaron desde un cuarto donde se reunían, al lado de la sala principal. Cuánta razón tuvieron, uno quisiera que se hubieran pasado de precavidos, porque el discurso de ellos fue: hemos firmado unos acuerdos que son el primer paso, todavía falta, la agenda es larga. Cinco años después, el 28 de marzo de 2001, se pudo observar en San Lázaro que, ante la presencia del EZLN y el CNI, algunas y algunos integrantes del Congreso invitaron a sus familiares y dotados de su camarita esperaban la foto con el subcomandante insurgente Marcos. La comandanta Esther dio la explicación: “Algunos habrán pensado que esta tribuna sería ocupada por el sup Marcos y que sería él quien daría el mensaje central de los zapatistas. Ya ven que no es así.
“El subcomandante insurgente Marcos es eso, un subcomandante. Nosotros somos los comandantes, los que mandamos en común, los que mandamos obedeciendo a nuestros pueblos. Al sup y a quien comparte con él esperanzas y anhelos les dimos la misión de traernos a esta tribuna. Ellos, nuestros guerreros y guerreras, han cumplido gracias al apoyo de la movilización popular en México y en el mundo. Ahora es nuestra hora.
El respeto que ofrecemos al Congreso de la Unión es de fondo, pero también de forma. No está en esta tribuna el jefe militar de un ejército rebelde. Está quien representa a la parte civil del EZLN, la dirección política y organizativa de un movimiento legítimo, honesto y consecuente, y, además, legal por gracia de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas
(Perfil de La Jornada, 29/3/2001).
Ahí quedó la foto de la comandancia zapatista en San Lázaro saludando a la bandera y entonando el Himno Nacional al concluir la histórica reunión. Hoy sabemos que el Congreso no escuchó los históricos discursos pronunciados, aun cuando pusieran cara de conmovidos
ante los centenarios agravios que se mostraban. Bajo la bandera de la razón de Estado un mes después decidieron qué sí y qué no respetar de unos acuerdos firmados en el contexto de un proceso enmarcado en una ley. Cual mensaje premonitorio el comandante David, desde el Zócalo de la ciudad de México, señaló: Sólo les pediríamos al señor Fox y al Congreso de la Unión que no le pongan más candaditos a la iniciativa de ley de la Cocopa, porque lo único que van a lograr con esto es ponerle cien candados a la única puerta que conduce a la paz con justicia y dignidad.
(Perfil de La Jornada, 12/3/2001).
Suelo mostrar una foto que proviene del Archivo General de la Nación que al publicarla le colocaron al calce la leyenda indígenas en el constituyente de Querétaro. 1917
. En efecto hay indígenas, si uno se guía por el ropaje, y están afuera del recinto oficial literalmente tomándose la foto en la banqueta
. Ello permite anotar que las fotos también pueden inducir a equívocos, pues los pueblos indígenas, con todo y que masivamente sus integrantes pelearon en la Revolución, no fueron considerados como tales en la redacción del texto fundamental. Sería hasta 1992 que se insertó la frase de que la nación mexicana tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. El PAN presentó la propuesta de que se dijera los pueblos indígenas y los españoles
. Ello en el contexto del famoso quinto centenario que abrió el afán de festejo oficial en Iberoamérica y el debate sobre el encuentro de dos mundos
o la invasión genocida como lo fue en su momento. Los pueblos encontraron su manera de festejar organizándose en la Coordinadora Quinientos años de resistencia que se replicaría a nivel continental. Los zapatistas también se preparaban…
Por otra parte, sabemos que hay retratos que hablan más que mil perdones
(sic, palabras, por supuesto) y es el caso del que nos acaba de mostrar el estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social: de la población indígena, sólo dos de cada 10 de estos mexicanos no están en pobreza. Y se dijo hace ya una década que la poco transparente danza de los millones desatada transversalmente
era la solución, como argumento para pretender sepultar la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas. Es saludable recordar a unos pueblos que no han hecho otra cosa que luchar por ser parte de la nación sin sacrificar sus identidades. Coloquemos la mirada en la historia y ojalá también aprendamos de ella.
Lamentables las declaraciones del secretario de Marina, el pasado 26 de julio, quien tras señalar que en esa institución “no se tolera ni se protege a quienes por error o falta de profesionalismo violan los derechos humanos”, fustigó a las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos al asegurar que “los grupos delictivos tratan de manchar el prestigio y el buen nombre de las instituciones, utilizando grupos ciudadanos que, mediante engañ
os, pretenden que caigan en el juego perverso de los criminales, ya que al utilizar la bandera de los derechos humanos intentan dañar la imagen de las instituciones, con el fin malévolo de obstruir la participación de las mismas en su contra y así tener el campo abierto a su maldad”.Sin embargo, resultan esclarecedoras del debate que se da en la Cámara de Diputados en torno a las reformas a la Ley de Seguridad Nacional en las que no existe acuerdo sobre el marco jurídico que debe regir la seguridad en el país, pretendiendo subsanar la violación constitucional que representa involucrar a las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública y reglamentar, en una ley secundaria, un Estado de excepción.
La jurisdicción militar en los Estados democráticos en tiempos de paz debe tener un alcance excepcional, partiendo del reconocimiento, en palabras de Luis Miguel Cano, de que para avanzar hacia una seguridad humana integral la autoridad debe atender conflictos “entre ciudadanos que hay que proteger, y no frente a los enemigos que hay que combatir”.
Es necesario un cambio de paradigma de seguridad nacional y una visión integral contra el crimen que tenga como prioridad el bienestar y seguridad de las personas. Este fenómeno está directamente relacionado con la pobreza y marginación, falta de expectativas de futuro de grandes sectores sociales, así como de instituciones débiles y una deficiente aplicación del derecho.
El dictamen legislativo que hoy se discute pretende legalizar las decisiones arbitrarias del Ejecutivo, insistiendo en una política reactiva que atiende los efectos, mas no las causas de la inseguridad, y sigue sin entender que la seguridad nacional debe estar definida a largo plazo por un amplio consenso, como corresponde a una política de Estado.
El enfoque de carácter reactivo aplicado a nivel mundial en las últimas décadas ha sido cuestionado en el Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas que menciona: “Las políticas de guerra contra la drogas han fracasado con consecuencias devastadoras para individuos y las sociedades del mundo”, mediante las medidas represivas e inmensos recursos destinados en la criminalización no se han resuelto sino acrecentado los problemas de inseguridad. Por lo que han exhortado a los gobiernos a cambiar el enfoque de las políticas públicas para atender el problema de la criminalidad y tráfico de drogas mediante el establecimiento de modelos de regulación legal que permitan salvaguardar la salud y seguridad de las personas, y socavar el crimen organizado.
La clave para un marco democrático en las relaciones cívico-militares radica en el estricto respeto a los derechos humanos. Es necesario que los poderes públicos devuelvan a las Fuerzas Armadas sus funciones constitucionales a fin de conservar su honor y confianza de la sociedad, que se han erosionado en últimos años consecuencia de decisiones políticas irresponsables.
Esto es lo que debería entender el titular de Marina y funcionarios responsables de combatir a la delincuencia organizada. El combate al crimen no debe darse conculcando las garantías y libertades de los ciudadanos; por el contrario, como lo ha señalado el primer ministro de Noruega, Jens Stoltenberg, en respuesta a los graves acontecimientos provocados por un fanático de ultraderecha hace unos días en ese país: “El terror no debe conducir a más odio, sino a más democracia”.
Candidato a gobernador por la Coalición Unidos Podemos Más en el Estado de México
La migración es factible analizarla como parte de un proceso en el que la aspiración por encontrar un mejor destino
y sobre todo tratar de alcanzar la felicidad ha sido motivación de aquellos que deciden cambiar de residencia o de país en busca de nuevas oportunidades.Sus causas se encuentran vinculadas a la expectativa razonable de mejorar las condiciones personales y por lo tanto el proyecto de vida, pero también a problemas sociales, económicos o políticos que propician la salida de flujos de población.
Las personas que se ven obligadas a migrar suelen ser víctimas de diversos delitos, entre ellos el secuestro, la privación de la vida o actos de discriminación, en el territorio nacional y también en los países de Centroamérica. De igual forma, padecen la existencia de leyes con tendencias claramente xenófobas en algunos lugares de los Estados Unidos de América, circunstancia que propicia que innumerables actores sociales se pronuncien respecto a la falta de cumplimento del deber de asegurar y proteger los derechos humanos.
Hay necesidad de articular una política no sólo en el territorio nacional, sino que sea común a los países vecinos y sobre todo de aquellos con los que compartimos este fenómeno, con el propósito de garantizar el derecho a la seguridad pública, a la libertad, a la integridad, a la justicia y a la vida de los migrantes.
Debemos reconocer los importantes avances que se han alcanzado en el ámbito legislativo, ejemplo de ello son: la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la Ley de Migración, instrumentos que sin duda ayudarán a reorientar la atención a los migrantes. Pero la ley no es suficiente por sí misma, sino que resulta indispensable realizar esfuerzos que involucren a los países de la región para dar respuesta adecuada a un tema que difícilmente puede encontrar solución de manera aislada, además de lograr traducir en hechos lo prescrito por dichas normas jurídicas.
En este escenario se encuentra el pronunciamiento público hecho por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en México, en el que se documentaron un total de 214 eventos de privación ilegal de la libertad en contra de 11 mil 333 migrantes, sólo durante el periodo comprendido de abril a septiembre de 2010, lo cual nos da una idea de la gravedad de la situación.
De lo anterior se desprende la necesidad de que el Estado cumpla con el deber de velar por la protección y respeto irrestricto de los derechos de la población migrante, en especial de mujeres y niños que son víctimas de explotación laboral, abuso físico y sexual. Impacto grave en el tejido social.
Caso muy serio es el que se presenta en contra de los menores de edad migrantes, a los que en el momento de su deportación no se les suele dar una protección efectiva de sus derechos humanos. Al ser deportados en los distintos puntos fronterizos se les expone a innumerables riesgos. Por eso la necesidad de reforzar los esquemas de colaboración internacional, para garantizar que en los procedimientos de deportación de menores de edad se incluya también su reincorporación familiar.
Sin lugar a duda, el Estado cuenta con una oportunidad histórica para marcar un claro compromiso con acciones efectivas en favor de los migrantes, lo cual nos permita ser un referente en el ámbito internacional del respeto y la protección efectiva de los derechos humanos de las personas que por diversas circunstancias se ven obligadas a desplazarse desde su lugar de origen a un país diverso para buscar mejores condiciones de vida.
Uno de los caminos necesarios para contener la migración es ampliar las oportunidades de desarrollo a partir de la educación y el empleo debidamente remunerado que permita satisfacer las necesidades personales y familiares.
En tanto estos temas sigan pendientes el fenómeno continuará e incluso podría agravarse con la crisis económica, por lo que debemos sumar esfuerzos para propiciar mayor desarrollo nacional y regional, pero también para que ante los casos de delitos cometidos en contra de migrantes se logre evitar que la impunidad cubra este sector.
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
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