Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (apro).- El poeta Javier Sicilia calificó como una traición a los ciudadanos la aprobación en San Lázaro de la minuta de Ley de Seguridad Nacional, y anunció nuevas movilizaciones antes de que se apruebe definitivamente.
En respuesta, legisladores federales rechazaron las acusaciones de Sicilia, y aclararon que la aprobación de la minuta es “sólo un trámite”, ya todos los artículos quedaron “reservados” para su análisis y posterior aprobación o rechazo.
De acuerdo con Sicilia, es “indignante e insultante” para las víctimas de la guerra contra el crimen organizado que se haya aprobado la iniciativa, después de que los legisladores pidieron perdón durante el encuentro que se realizó el pasado 28 de julio en el Castillo de Chapultepec.
“Su perdón fue fingido. Están jugando con nuestro dolor y nuestros sufrimientos, y eso no tiene nombre”, puntualizó el poeta.
Eso, añadió, es “un acto esquizofrénico”.
En conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado del expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, Sicilia manifestó que las víctimas están indignadas por la falta de palabra de los diputados que aprobaron la minuta de Ley de Seguridad Nacional en la Comisión de Gobernación.
Dicha iniciativa, apuntó, sólo abona a la guerra declarada por Felipe Calderón hace cinco años, misma que ha provocado alrededor de 50 mil muertos.
“Traicionaron la palabra como hombres, es un acto vergonzoso, es la cultura de la simulación”, insistió Sicilia, y anunció que mañana realizarán acciones contra dicha iniciativa en la Cámara de Senadores.
“Queremos que se eche para atrás, porque esta ley abonaría al autoritarismo y a la guerra. Nosotros insistimos en que debe ser una ley humana y ciudadana”, subrayó.
El posicionamiento de rechazo a la Ley de Seguridad Nacional por parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad fue expuesto por el padre Miguel Concha durante el encuentro con el Poder Legislativo, realizado en el Castillo de Chapultepec.
“Desde que el 23 de abril de 2009 el Ejecutivo federal envió al Senado la iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Nacional, las organizaciones de derechos humanos y los especialistas prendimos la alerta sobre el peligro que su contenido entrañaba para la muy deficiente democracia y los derechos que ya para entonces eran severamente dañados por la instrumentación de una equivocada y necia estrategia de militarización de la seguridad pública”, dijo en esa ocasión el padre Concha.
En tanto, Álvarez Icaza recordó que en su condición actual, dicha iniciativa de ley, a la que calificó de “perversa”, se opone a la concepción de seguridad ciudadana y “sólo se centra en legislar sobre la condición del Ejecutivo como jefe de las fuerzas armadas”.
Es sólo un trámite legislativo: Beltrones
Luego de los señalamientos de Sicilia, el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, precisó que la aprobación de la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados es sólo un “trámite legislativo”, ya que quedaron en reserva todos los artículos para hacer las modificaciones necesarias y atender las preocupaciones que en días pasados expuso el Movimiento por la Paz.
“Javier Sicilia tiene todo el derecho y, además, la obligación de estar atento y pendiente de que se cumplan los compromisos que se establecieron en la mesa de Chapultepec. Y nosotros, también, en honrar nuestra palabra de todos aquellos aspectos que dijimos habrían de revisarse”, señaló Beltrones.
En entrevista, el senador del PRI precisó que la iniciativa de ley tendrá modificaciones, sobre todo después de las inquietudes expresadas por el movimiento que encabeza Sicilia.
Por separado, los coordinadores del PAN y el PRD en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota y Armando Ríos Piter, así como la diputada priista Beatriz Paredes, rechazaron que hayan traicionado la palabra que dieron al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y sostuvieron que la Ley de Seguridad Nacional se dictaminará bajo el irrestricto respeto a los derechos humanos de los ciudadanos.
De acuerdo con Paredes, respeta los comentarios de Sicilia, pero el proceso legislativo, añadió, apenas se inicia, y recordó que un día antes en San Lázaro dejó claro que tienen que honrar la palabra y dictaminar con pleno respeto a los derechos humanos y a tratados internacionales en la materia.
Por su parte, Vázquez Mota rechazó que el alto mando del Ejército la haya presionado para modificar la minuta del Senado. “He escuchado a las fuerzas armadas, como escuchamos a todos, a las voces del movimiento, a los liderazgos ciudadanos y, por supuesto, hemos reiterado que no avalaríamos un Estado de excepción”
Lo que se está construyendo en San Lázaro, agregó, es un andamiaje legal que dé certeza jurídica al Ejército en su tarea de combate al crimen organizado y que se salvaguarden los derechos humanos de la población.
Sin embargo, las principales preocupaciones del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad van en el sentido de que la minuta de Ley de Seguridad Nacional refuerza la estrategia militar y policiaca en el combate al narcotráfico, sin dar énfasis a los derechos humanos y a la protección de la ciudadanía.
PRD condiciona aprobación de ley
El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, advirtió que la Ley de Seguridad Nacional será aprobada por la fracción parlamentaria de su partido, siempre y cuando se contemplen los derechos humanos y se “modifique” el llamado “Estado de excepción”.
En entrevista, Zambrano manifestó que sin esos cambios, la iniciativa sería inconstitucional y “de ninguna manera” estarían dispuestos “a caminar con esa resolución”.
Añadió: “Es obvio que la propuesta de ley aprobada en lo general en el Senado de la República debe tener cambios importantes y sustanciales, por lo menos en dos cuestiones fundamentales, es decir sobre la Ley de Derechos Humanos y el Estado de excepción”.
Además, dijo, se debe incorporar un elemento obligatorio relacionado con la llamada “declaratoria de afectación”, figura que es rechazada por el PRD y los grupos de izquierda, pues significa que el gobierno federal puede suspender las garantías o derechos fundamentales de la gente sin que lo autorice el Congreso de la Unión.
Esas cosas, añadió, “no pueden ser unilaterales del Ejecutivo”. (Con información de Rosalía Vergara)
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