Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (Proceso).- He allí la vida de un legislador común y corriente. El diputado tiene derecho a un ingreso mensual denominado “dieta” de 77 mil 745 pesos mensuales. A eso se suma una prestación que se llama “asistencia legislativa” por 45 mil 786 pesos mensuales, cuya utilización no es necesario comprobar o justificar. Luego viene el monto de la “atención ciudadana”, sobre el cual tampoco tiene que ofrecer explicaciones.
En total, cada mes se embolsa 152 mil 303 pesos, junto con vales para alimentos, tarjetas de pago de carreteras y autopistas, pasajes aéreos nacionales, apoyo para la contratación de personal con cargo al grupo parlamentario, servicio telefónico ilimitado nacional, seguro de gastos médicos, fondo de ahorro, seguro colectivo de vida y aguinaldo. En pocas palabras, una vida de rey. Lujosa. Opulenta. Por encima de los vasallos –los ciudadanos–, a los cuales puede ignorar.
Como revela el estudio del CIDE, ¿a quién le rinde cuentas el Poder Legislativo? El Congreso es un islote de opacidad, un archipiélago de arbitrariedad, un recinto que cuesta mucho y rinde poco. Los supuestos “representantes populares” sólo reciben sanciones si no se presentan a las sesiones de su cámara, pero no se obliga al diputado o al senador a informar, explicar o justificar sus acciones ante nadie. Pueden cumplir con la obligación de nombrar a algunos funcionarios –como los consejeros del IFE– o pueden simplemente no hacerlo. Pueden aprobrar la cuenta pública dentro del plazo establecido o pueden sencillamente no hacerlo. Pueden regresar el remanente del presupuesto al final del año o repartírselo de manera discrecional.
Y ante esta situación abusiva y antidemocrática, la ciudadanía está impotente. Contempla acciones que corren en su contra pero no puede castigarlas. Padece la rapacidad del poder pero no puede sancionarlo. No cuenta con instrumentos legales para evaluar a los legisladores o para combatir la opacidad dentro del Congreso. Al no existir la reelección de legisladores, se priva al ciudadano de la posibilidad de premiar o castigar a sus representantes. Se elimina el único incentivo del legislador para atender las demandas de sus electores. Se crea una situación perversa que impide la rendición de cuentas: la información es escasa y los instrumentos de sanción son débiles o inexistentes. Por eso la persistencia de personajes como Jorge Emilio González, el Niño Verde, capturado en un video negociando sumas multimillonarias, o Emilio Gamboa, quien fuera coordinador parlamentario del PRI a pesar de sus conversaciones escandalosas con Kamel Nacif.
La población reconoce, critica y entiende que algo está mal. Que quienes se dicen “representantes” lo son sólo de sí mismos o de los intereses de su partido. Que puede votar por alguien pero no puede vigilarlo o castigarlo. Pese a ello, la mayoría de los mexicanos aún rechazan el único instrumento que podría funcionar como una correa de contención, una correa de control, una correa democrática: la reelección legislativa.
Los ciudadanos han sido indoctrinados durante más de 70 años para pensar que la reelección es un perjuicio que debe ser evitado, en lugar de un beneficio que debe ser buscado. Han sido socializados para creer que la frase “Sufragio Efectivo, No Reelección” fue acuñada para abarcar también a los legisladores, cuando sólo se refería a la no reelección de Porfirio Díaz. Han sido engañados para suponer que los líderes posrevolucionarios se oponían a la reelección, cuando la realidad es que la Constitución de 1917 contenía el principio de reelección y el presidente Calles lo eliminó en 1933, porque quería arrebatar poder a los ciudadanos y concentrarlo en manos del PRI.
Por ello los mexicanos viven con el mito de que la reelección es dañina, cuando somos el único país del mundo que la prohíbe. Viven creyendo que si se les diera la capacidad de premiar o sancionar a sus representantes no sabrían cómo hacerlo por su falta de educación, y compran la lógica porfirista de que el país no está preparado para la reelección. Viven con el prejuicio de que la reelección perpetuaría en el poder a una clase política corrompida, cuando eso ya ocurre. Políticos como él se quedan allí –inamovibles, irrefrenables, incompetentes– porque no se enfrentan a la posibilidad de ser removidos mediante el reto de la reelección. Gastan pero no representan. Abusan pero no responden. Saltan de puesto en puesto sin haber sido obligados a rendir cuentas por lo que hicieron.
Nuestra democracia disfuncional jamás cambiará si no logramos instaurar un sistema de premios y castigos para quienes ejercen el poder. Nuestra democracia de baja calidad jamás mejorará si no logramos incorporar mecanismos para evaluar a los que están cómodamente sentados en la punta de la pirámide. Nuestra democracia cleptocrática jamás evolucionará si no rechazamos los mitos impuestos que la clase política ha usado para mantenernos callados, sumisos, apáticos, tolerantes, displicentes. La reelección de legisladores no es algo que los ciudadanos deberían rechazar; es algo que deberían exigir. La capacidad de castigar a un legislador corrupto no es algo que los ciudadanos deberían criticar; es algo que deberían abrazar.
Como lo explican los jóvenes aglutinados en torno al movimiento “Reelige o Castiga” www.reeligeocastiga.org), hay que forzar a los representantes a rendir cuentas. Hay que obligar a los legisladores a profesionalizarse si quieren quedarse en el puesto. Hay que saber que si no apoyamos la reelección seguiremos propiciando la opacidad y la irresponsabilidad que caracterizan al Congreso. Hay que comprender que la única forma de ir rompiendo los cacicazgos locales es enfrentándolos al imperativo de presentarse ante los ciudadanos, si es que quieren conseguir su voto otra vez. Hay que entender que hemos sido manipulados durante décadas para rechazar un derecho que nos corresponde y que los partidos nos arrebataron. El derecho a evaluar. El derecho a escrutar. El derecho a exigir. El derecho a demandar la transparencia. El derecho a reelegir o castigar.
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