Sistema judicial en Yucatán perpetúa violencia hacia las mujeres

Defensores documentan casos de mala impartición de justicia

Por la Redacción

México, DF, 5 ago 11 (CIMAC).- El sistema de impartición de justicia en Yucatán perpetúa la violencia contra las mujeres al dejar en la impunidad decenas de casos en los que yucatecas son agredidas o asesinadas, carecen de medidas de protección y sus agresores son condenados por delitos menores y salen pronto de prisión.

Así lo afirmó la organización defensora de los Derechos Humanos (DH) Equipo Indignación, que documentó varios casos de mujeres violentadas o asesinadas que quedaron impunes debido a la mala impartición de justicia en el estado.

En un comunicado, la agrupación mencionó que el pasado 31 de julio el ex militar de 40 años Gregorio Hidalgo Magaña asesinó a su ex esposa, Janie Rosaura Salazar Pérez, a dos de sus hijos e hirió de gravedad a otras tres niñas. Tras el crimen, el sujeto se suicidó.

“Este caso ilustra la responsabilidad del estado, al no responder a lo que estipula la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Yucatán (Ley de Acceso), de atender la violencia sistemática que prevalece en perjuicio de las mujeres al interior del hogar”, advirtió Equipo Indignación.

Relató que Janie Rosaura Salazar Pérez ya había presentado denuncias previas por agresiones cometidas en su perjuicio y de sus hijas e hijos, e incluso recibió terapia psicológica.

A pesar de ese historial de violencia “que era del conocimiento de las instituciones, ninguna autoridad tomó medidas efectivas para salvaguardar su integridad física, psicológica, ni la de sus hijas e hijos”, insistió la organización defensora.

Recordó que la Ley de Acceso faculta, tanto a autoridades ministeriales como judiciales, a emitir medidas precautorias que garanticen la integridad física y psicológica de una mujer que denuncia actos de violencia.

Pero en el caso de Janie las autoridades fueron omisas y tampoco le ofrecieron un refugio temporal ante su situación de riesgo, el cual también está previsto en la legislación.

“Es práctica sistemática del Ministerio Público negar dichas medidas”, aseguró Equipo Indignación y añadió que la Ley de Acceso en la entidad es “letra muerta”.

“Los ministerios públicos retardan investigaciones y no otorgan órdenes de protección y otras medidas cautelares; las y los jueces carecen de una perspectiva de género al momento de efectuar procesos penales”, abundó.

Asimismo, la organización recordó el caso de la sobreviviente de feminicidio Grettel R., cuyo agresor salió en libertad ante la reclasificación que hizo la juez del delito. La joven tuvo que acudir a instancias federales para obtener medidas de protección para ella y su familia ante la incapacidad del gobierno de Yucatán.

En otro caso, agregó Equipo Indignación, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado demostró su falta de capacitación en materia de violencia de género y protegió a un agresor.

“Mar”, actualmente de 26 años, comenzó a ser abusada sexualmente por su padrastro desde los 8 años, a los 9 años fue violada y a los 11 quedó embarazada de él. Su madre era obligada a prostituirse.

A la edad de 15 años “Mar” fue obligada por su padrastro a ejercer el comercio sexual en una zona militar. Su padrastro la golpeaba sistemáticamente a ella y su madre y las amenazaba con matarlas. A su mamá le abrió en una ocasión la cabeza con la cacha de su pistola y en otra le cortó el brazo con un plato roto.

La Sala Penal del TSJ le retiró al padrastro los cargos por violación y sólo se centró en el delito de lenocinio, por lo que el agresor obtuvo su libertad provisional bajo caución, acusó la organización civil.

“En Yucatán, el comercio ilícito de bebidas alcohólicas, la usura o el robo de ganado son delitos graves, obligar a una mujer a prostituirse, no”.

Equipo Indignación advirtió que en Yucatán urgen políticas públicas efectivas que prevengan y combatan la violencia contra las mujeres, con base en los más altos estándares en materia de DH.

A su vez, indicó que el Instituto de Equidad de Género del Estado incumple con su obligación legal de sistematizar y divulgar información estadística cada semestre sobre los casos de violencia de género en la entidad, por lo que no contribuye a implementar políticas públicas al respecto.