29/julio/2011
*Cuando el pasado autoritario priista queda impune
*Acusaciones infundadas, falso debate en la sociedad Las leyes para garantizar el respeto a los derechos humanos (DH) son de carácter universal.
Y el concepto tiene hondo calado, histórico también. Es decir, se remonta hasta los preceptos bíblicos y no nace con la Declaración Universal de los DH de las Naciones Unidas de diciembre de 1948, como creen algunos. Pero así formalizan y adoptan como norma los estados del mundo. También están en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde su Capítulo 1° [de reciente reconocimiento], como preceptos para garantizar la dignidad de los mexicanos a nivel individual, social, material y espiritual.
La lucha porque el Estado respete los DH en México tiene un largo pasado, de estira y afloja entre el poder característico del presidencialismo autoritario, que se asume democrático pero tiene antecedentes violatorios, y aquellas organizaciones —hoy las ONG— que tienen como fin exigir, presionar u obligar a los gobernantes a cumplir con los preceptos jurídico-constitucionales del respaldo a tales derechos.
Y tan importante es la labor de las ONG sobre el tema, como que el pasado reciente [las décadas de los 70 y 80, pero también en los últimos años] del Estado mexicano es de violaciones continuas. Y éste tiene una gran responsabilidad para con la sociedad, porque la impunidad se hermana con los excesos del poder, y la injusticia brota de los actos de sus mismos operadores.
Así por ejemplo. Apenas la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, que estalló como conflicto el 1° de enero de 1994 [el día del tan anunciado por Carlos Salinas como de ingreso del país al Primer Mundo, por la entrada en vigor del TLCAN con Estados Unidos y Canadá], destapó la discriminación, el atropello, el sojuzgamiento, la explotación, la humillación de que son víctimas los hombres originarios, en uno de los estados del país más atrasados en cuanto al tipo de relaciones laborales y salariales, con fuertes resabios caciquiles, religiosos, y carentes de respeto a la diversidad de creencias, de lenguas y de expresiones culturales.
Ni se diga los impedimentos para la autodeterminación en cuanto a sus formas tradicionales o de autogobierno y organización comunitaria. Ahí se descubrió que el pluralismo —hoy multiculturalismo— no existe, porque está cargado de fuertes actitudes racistas, discriminatorias y de abusos de toda índole dentro de un Estado que se ufanaba de integrarse a otros Estados, también presunta y abiertamente democráticos.
Lastre del pasado reciente y con cicatrices que no cierran, la llamada guerra sucia de las décadas mencionadas delata el rostro opresor, casi tan fascistoide como el de otras dictaduras latinoamericanas, de aquellos presidentes que adujeron y asociaron el surgimiento de la guerrilla con presuntos intereses extranjeros, comunistas y prosoviéticos. Ese rol lo jugaron los presidentes Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, y en otro sentido también Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y sobre todo el actual Felipe Calderón.
Estos últimos, porque ningún gobernante ha sellado las puertas a la impunidad características del sistema político priista. Cada uno ha heredado asuntos de violaciones a los DH irresueltos. Nadie ha intentado ajustar las cuentas con la guerra sucia operada desde las instancias del poder, presidencial y policiaco. Matanza de estudiantes el 2 de octubre en Tlatelolco incluida, y lo derivado de ello: desaparición, tortura, ejecución extrajudicial, etcétera. Represión desde el Estado, es el tema lamentable de la persecución de personas, básicamente opositores políticos, luchadores sociales y militantes de organizaciones pertenecientes a la guerrilla rural y urbana. Lastres del sistema todos. Y otros problemas, como Acteal, Aguas Blancas, San Salvador Atenco, Oaxaca, etc. Y hoy la inimaginable todavía secuela que acarreará la violencia contra la violencia generalizada emprendida para combatir a las bandas del crimen organizado, que ha descompuesto todo escenario anterior en materia de violaciones a los DH y la impunidad que deriva de ello.
Pues bien. Este breve recuento es tan sólo para recordar que el sistema presidencialista, vertical y autoritario, tiene mucha cola que le pisen. Un sistema político que arrastra muchos vicios del pasado. Por tanto temas irresueltos el compromiso con la sociedad es tremendamente grande. Más ahora que la “guerra contra las drogas”, decretada por el actual presidente Calderón, ha creado un mar de impunidad porque los crímenes, de implicados o no en el problema del narcotráfico, pasan desapercibidos o nadie investiga. Ya son alrededor de 50 mil, los caídos en lo que va del sexenio, más lo que falta, y se acumulan como mera estadística.
En este escenario reciente, donde por supuesto juegan un papel relevante los luchadores en pro de los DH, las ONG que tienen como objeto de su existencia la denuncia y exigencia de justicia, no pueden no deben ser criminalizados por nadie. Así los señalamientos vengan de un alto mando militar, en su caso del titular de Marina, el almirante Mariano Francisco Saynez. Si bien cabe decir que “grupos delictivos que tratan de manchar el buen nombre de las instituciones, utilizando grupos ciudadanos que, mediante engaños, pretenden que caigan en el juego perverso de los criminales, ya que al utilizar la bandera de los derechos humanos intentan dañar la imagen de las instituciones con el fin malévolo de obstruir la participación de las mismas en su contra y así tener el campo abierto a su maldad”. No vale sin pruebas, o sólo para descalificar a los luchadores sociales. Ello no obsta, claro está, que haya grupos que pretendan pasar por tales defensores de DH para denostar a las FAM e intentar una descalificación per sé de las FAM.
Porque dichas así sin pruebas, además de vulnerar la seguridad de quienes desempeñan el rol en pro de los DH, los coloca en el ojo del huracán, desvirtúa el trabajo de dichas ONG y genera un falso debate al interior de la propia sociedad. Más cuando no sobran los puntos de vista de que el primer responsable, incluso de que se violen los derechos por parte de los militares, está en quien decide sacarlos de sus cuarteles a realizar tareas que no les corresponde; porque la tarea le compete a las policías federal, estatal y municipal. No a las FAM.
Pero además, por otra parte, lanzarse en contra de los defensores de DH, es como quedarse solos. Me refiero a la FAM. Porque el Comandante Supremo se va dentro de poco y quien se queda con el paquete de tamaña tarea son los militares. Defender los DH es tarea de todos. Contener la impunidad también.
Correo: maniobrasdelpoder@gmail.com
http://maniobrasdelpoder.blogspot.com
*Cuando el pasado autoritario priista queda impune
*Acusaciones infundadas, falso debate en la sociedad Las leyes para garantizar el respeto a los derechos humanos (DH) son de carácter universal.
Y el concepto tiene hondo calado, histórico también. Es decir, se remonta hasta los preceptos bíblicos y no nace con la Declaración Universal de los DH de las Naciones Unidas de diciembre de 1948, como creen algunos. Pero así formalizan y adoptan como norma los estados del mundo. También están en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde su Capítulo 1° [de reciente reconocimiento], como preceptos para garantizar la dignidad de los mexicanos a nivel individual, social, material y espiritual.
La lucha porque el Estado respete los DH en México tiene un largo pasado, de estira y afloja entre el poder característico del presidencialismo autoritario, que se asume democrático pero tiene antecedentes violatorios, y aquellas organizaciones —hoy las ONG— que tienen como fin exigir, presionar u obligar a los gobernantes a cumplir con los preceptos jurídico-constitucionales del respaldo a tales derechos.
Y tan importante es la labor de las ONG sobre el tema, como que el pasado reciente [las décadas de los 70 y 80, pero también en los últimos años] del Estado mexicano es de violaciones continuas. Y éste tiene una gran responsabilidad para con la sociedad, porque la impunidad se hermana con los excesos del poder, y la injusticia brota de los actos de sus mismos operadores.
Así por ejemplo. Apenas la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, que estalló como conflicto el 1° de enero de 1994 [el día del tan anunciado por Carlos Salinas como de ingreso del país al Primer Mundo, por la entrada en vigor del TLCAN con Estados Unidos y Canadá], destapó la discriminación, el atropello, el sojuzgamiento, la explotación, la humillación de que son víctimas los hombres originarios, en uno de los estados del país más atrasados en cuanto al tipo de relaciones laborales y salariales, con fuertes resabios caciquiles, religiosos, y carentes de respeto a la diversidad de creencias, de lenguas y de expresiones culturales.
Ni se diga los impedimentos para la autodeterminación en cuanto a sus formas tradicionales o de autogobierno y organización comunitaria. Ahí se descubrió que el pluralismo —hoy multiculturalismo— no existe, porque está cargado de fuertes actitudes racistas, discriminatorias y de abusos de toda índole dentro de un Estado que se ufanaba de integrarse a otros Estados, también presunta y abiertamente democráticos.
Lastre del pasado reciente y con cicatrices que no cierran, la llamada guerra sucia de las décadas mencionadas delata el rostro opresor, casi tan fascistoide como el de otras dictaduras latinoamericanas, de aquellos presidentes que adujeron y asociaron el surgimiento de la guerrilla con presuntos intereses extranjeros, comunistas y prosoviéticos. Ese rol lo jugaron los presidentes Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, y en otro sentido también Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y sobre todo el actual Felipe Calderón.
Estos últimos, porque ningún gobernante ha sellado las puertas a la impunidad características del sistema político priista. Cada uno ha heredado asuntos de violaciones a los DH irresueltos. Nadie ha intentado ajustar las cuentas con la guerra sucia operada desde las instancias del poder, presidencial y policiaco. Matanza de estudiantes el 2 de octubre en Tlatelolco incluida, y lo derivado de ello: desaparición, tortura, ejecución extrajudicial, etcétera. Represión desde el Estado, es el tema lamentable de la persecución de personas, básicamente opositores políticos, luchadores sociales y militantes de organizaciones pertenecientes a la guerrilla rural y urbana. Lastres del sistema todos. Y otros problemas, como Acteal, Aguas Blancas, San Salvador Atenco, Oaxaca, etc. Y hoy la inimaginable todavía secuela que acarreará la violencia contra la violencia generalizada emprendida para combatir a las bandas del crimen organizado, que ha descompuesto todo escenario anterior en materia de violaciones a los DH y la impunidad que deriva de ello.
Pues bien. Este breve recuento es tan sólo para recordar que el sistema presidencialista, vertical y autoritario, tiene mucha cola que le pisen. Un sistema político que arrastra muchos vicios del pasado. Por tanto temas irresueltos el compromiso con la sociedad es tremendamente grande. Más ahora que la “guerra contra las drogas”, decretada por el actual presidente Calderón, ha creado un mar de impunidad porque los crímenes, de implicados o no en el problema del narcotráfico, pasan desapercibidos o nadie investiga. Ya son alrededor de 50 mil, los caídos en lo que va del sexenio, más lo que falta, y se acumulan como mera estadística.
En este escenario reciente, donde por supuesto juegan un papel relevante los luchadores en pro de los DH, las ONG que tienen como objeto de su existencia la denuncia y exigencia de justicia, no pueden no deben ser criminalizados por nadie. Así los señalamientos vengan de un alto mando militar, en su caso del titular de Marina, el almirante Mariano Francisco Saynez. Si bien cabe decir que “grupos delictivos que tratan de manchar el buen nombre de las instituciones, utilizando grupos ciudadanos que, mediante engaños, pretenden que caigan en el juego perverso de los criminales, ya que al utilizar la bandera de los derechos humanos intentan dañar la imagen de las instituciones con el fin malévolo de obstruir la participación de las mismas en su contra y así tener el campo abierto a su maldad”. No vale sin pruebas, o sólo para descalificar a los luchadores sociales. Ello no obsta, claro está, que haya grupos que pretendan pasar por tales defensores de DH para denostar a las FAM e intentar una descalificación per sé de las FAM.
Porque dichas así sin pruebas, además de vulnerar la seguridad de quienes desempeñan el rol en pro de los DH, los coloca en el ojo del huracán, desvirtúa el trabajo de dichas ONG y genera un falso debate al interior de la propia sociedad. Más cuando no sobran los puntos de vista de que el primer responsable, incluso de que se violen los derechos por parte de los militares, está en quien decide sacarlos de sus cuarteles a realizar tareas que no les corresponde; porque la tarea le compete a las policías federal, estatal y municipal. No a las FAM.
Pero además, por otra parte, lanzarse en contra de los defensores de DH, es como quedarse solos. Me refiero a la FAM. Porque el Comandante Supremo se va dentro de poco y quien se queda con el paquete de tamaña tarea son los militares. Defender los DH es tarea de todos. Contener la impunidad también.
Correo: maniobrasdelpoder@gmail.com
http://maniobrasdelpoder.blogspot.com
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