Colectivos, asociaciones civiles y agrupaciones de mujeres y feministas urgieron a los legisladores del Congreso del Estado de Veracruz una sesión extraordinaria para aprobar la reforma al Código Penal para la tipificación como delito del feminicidio. De igual forma se pronunciaron porque sean incluidas otras medidas y órdenes de protección hacia las mujeres en la entidad, con el fin de protegerlas de todo tipo de violencia
Miguel Ángel Carmona/ Agencia
Colectivos, asociaciones civiles y agrupaciones de mujeres y feministas urgieron a los legisladores una sesión extraordinaria para aprobar la tipificación del feminicidio
Colectivos, asociaciones civiles y agrupaciones de mujeres y feministas urgieron a los legisladores del Congreso del Estado de Veracruz una sesión extraordinaria para aprobar la reforma al Código Penal para la tipificación como delito del feminicidio. De igual forma se pronunciaron porque sean incluidas otras medidas y órdenes de protección hacia las mujeres en la entidad, con el fin de protegerlas de todo tipo de violencia.
Esta iniciativa, resultado del Foro para la Tipificación del Feminicidio celebrado el pasado 24 de mayo y que fue enviada al Congreso local el pasado 16 de junio por el gobernador Javier Duarte de Ochoa debe ser aprobada por unanimidad ante la urgencia de disminuir los índices de violencia en el estado, señaló Mayela García, coordinadora del Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres AC (CIDEM). Añadió que además se debe reformar el código de procedimientos penales, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y la Ley Orgánica del Poder Judicial. “Es una deuda, es inaplazable la aprobación de la tipificación del feminicidio para el estado de Veracruz”.
Actualmente, las comisiones legislativas involucradas en el tema cuentan con el dictamen listo para ser enviado al pleno del Congreso. “Hacemos un llamado respetuoso al pleno del Congreso del Estado para que apruebe a la brevedad, y reforme el Código Penal”.
Para tipificar al feminicidio como delito es necesario reformar el Código de Procedimientos Penales, esto para garantizar a las mujeres medidas y órdenes de protección para su seguridad y su vida.
Mayela García enfatizó en que por igual debe exigirse a los agresores, la reparación de daños como lesiones, delitos contra la libertad y la seguridad sexual, violencia familiar y violencia de género y el delito de feminicidio. “Nos parece sumamente importante que el Ministerio Público y el Poder Judicial tengan las atribuciones para implementar de manera inmediata, las medidas y órdenes de protección para garantizar la vida y la seguridad de las mujeres como lo establece el dictamen”.
De igual forma, se pronunció porque la ley establezca como obligatoria la reparación de daños por parte de los agresores cuando incurran en cualquier agresión contra las mujeres, para lo cual existe ya un conjunto de artículos que indican los tipos de reparación de daños, dependiendo los delitos.
Y es que hasta ahora, el Código Penal establece como castigo –cuando sí se cumple– la privación de la libertad o multas económicas, pero no la reparación del o los daños a las víctimas.
Agregó que aunque en la Ley de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se establece la prohibición de la conciliación entre agresor y víctima cuando se cometen y padecen delitos de violencia sexual, familiar y de género, esta continúa realizándose afectando emocionalmente a las mujeres que denuncian, por lo que además esta reforma incluye en el Código de Procedimientos Penales, la prohibición para conciliar los delitos. “Conminarla a denunciar y además que ella lleve el citatorio para conciliar es ponerla en grave riesgo”.
La reforma también prevé la profesionalización obligatoria del personal de la Procuraduría General de Justicia y del Poder Judicial con el fin de erradicar los juicios discriminatorios contra las mujeres.
Cabe mencionar que aunque en la citada Ley de Acceso a una vida Libre de Violencia para las mujeres en la entidad aprobada desde 2008 incluye la citada propuesta de eliminar la discriminación al momento de la impartición de justicia, “ni la Procuraduría ni el Poder Judicial lo han cumplido cabalmente, pues no todo su personal se encuentra debidamente profesionalizado en las materias de equidad de género y derechos humanos”, por lo que prevalece el sexismo y la discriminación durante las sentencias. “Se les culpa a las mujeres de ser provocadoras de los delitos”.
Por igual se incluye aplicar sanciones que van desde la pena privativa de la libertad hasta inhabilitación a los funcionarios que teniendo la obligación de investigar los delitos de violencia de género y de feminicidio, incurran en violaciones y negligencia.
Otra facultad es la creación del registro público sistemático de los delitos cometidos contra las mujeres en este estado, además se incluye la creación de protocolos en la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas, y la creación por parte de la PGJE de una página de información para conocer los nombres de las mujeres desaparecidas.
Diferentes colectivos del estado se reunieron en Xalapa para urgir y destacar esta reforma que colocaría a la entidad en una de las pocas que cumplen con dotar el derecho de libertad de violencia a las mujeres y aseguraron que las mujeres en el estado se encargarán de que no sea letra muerta como la han sentenciado incluso algunas feministas.
Además anunciaron que a finales de septiembre se llevará a cabo el primer foro estatal para medios de comunicación interesados en la definición y construcción de un código de ética para erradicar la violencia contra las mujeres en nuestro estado.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario