Carta a la Jornada.

Sra. directora de La Jornada.

A la clase política no le agradan los instrumentos ciudadanos. Por eso, el senador perredista Pablo Gómez propone que sea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la que se encargue de investigar los alrededor de cincuenta mil decesos ocurridos durante la Guerra contra la Delincuencia Organizada que emprendió el gobierno encabezado por Felipe Calderón. Sus argumentos son básicamente los mismos que esgrimió Santiago Creel cuando estaba al frente de la SEGOB: que en las instituciones existentes hay más posibilidades de éxito, pues la Comverdad tendría limitaciones: “No podría, por ejemplo, meterse en las averiguaciones previas, ni inquirir al Ministerio Público para que le dé información de ciertas cosas que, de acuerdo con la ley, estarán reservadas mientras no se ejercite acción penal”. Además, “las consecuencias jurídicas de una investigación hecho por la CNDH serían mucho más amplias que las de una comisión de la verdad integrada por personas que no forman parte del alto poder del Estado” (La Jornada, 31 de julio del 2100, página 3).

Es deplorable que un legislador de oposición facilite a los partidos dominantes (PRI y PAN) la salida del jaque en que los pone la propuesta del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Sobre todo, cuando utiliza argumentos que ya mostraron su falsedad con la creación de la FEMOSPP, que no era otra cosa que una Agencia del Ministerio Público especializada y que devino en un completo fracaso.

Es precisamente el no ser parte del “alto poder del Estado” lo que posibilita que sirva de algo la Comverdad. O sea, que sus comisionados no deben formar parte de la clase política gobernante ni partidaria, ni cobrar por sus servicios. Sólo de esa forma se podría llegar a una investigación seria y profunda de lo ocurrido en esa Guerra insensata e violatoria de los Derechos Humanos. Aunque hay que dejar claro que por sí sola la Comverdad tampoco garantiza resultados; se requiere, además de ser totalmente ciudadana, que cuente con facultades legales para llevar a cabo su tarea.

No dejemos que los miembros de la casta gobernante sigan obstruyendo, o falsificando como ahora se pretende, la participación de la sociedad.

Atentamente.

México, D.F. a 31 de julio de 2011.

José Enrique González Ruiz.

Coordinador del Postgrado en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.