México, DF, 26 sep 12 (CIMAC).- El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan acusó que, contrario a lo que afirma el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha dado cabal cumplimiento a las sentencias de Inés Fernández y Valentina Rosendo, violadas por militares en 2002.
En entrevista con Cimacnoticias, el abogado Santiago Aguirre –integrante de Tlachinollan– criticó que el pasado fin de semana la SCJN enviara una comunicación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), para informar que acató estas sentencias sin que antes se pronunciara respecto a la impartición de justicia con perspectiva de género y etnicidad.
El defensor que litigó los casos de Inés y Valentina ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos expuso que la SCJN no ha cumplido las sentencias a través del análisis del “Expediente Varios”, mecanismo a través del cual le dio seguimiento y trámite a la primera sentencia internacional que recibió la Corte, referente a la desaparición del activista Rosendo Radilla por parte de militares.
En octubre de 2010 la CoIDH notificó la sentencia condenatoria contra al Estado mexicano, y en noviembre de 2011 Inés y Valentina solicitaron a la SCJN que determinara los pasos a seguir para cumplir con un fallo de carácter internacional, toda vez que en el caso de Radilla la Corte siguió ese mismo protocolo para acatar de manera cabal la sentencia respectiva.
En enero pasado el tribunal mexicano informó a las indígenas que en respuesta a su solicitud inició el “Expediente Varios” 1396 a cargo del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.
Sin embargo hasta la fecha el pleno no ha analizado tal expediente, en el que se determinarán las obligaciones del Poder Judicial respecto a las sentencias, por lo que Santiago Aguirre consideró que no pueden darse por cumplidos los fallos de la CoIDH.
En este escenario, la Articulación Regional Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género, y Asociadas por lo Justo (JASS, por sus siglas en inglés), urgieron a la SCJN a analizar las sentencias, toda vez que durante las recientes discusiones sobre los alcances del fuero militar las y los ministros no analizaron los casos de Inés y Valentina.
Pese a ello la SCJN, a través de la Secretaría de Gobernación, informó que cumplió con su parte al hacer una interpretación sobre las restricciones del fuero militar y realizar talleres, seminarios y foros de capacitación a jueces y servidores públicos.
En este escenario, grupos feministas de Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador y Chile ayer entregaron al alto tribunal mexicano un amicus curiae (“documento amigo” de la Corte) donde exponen que el Poder Judicial de la Federación está obligado a pronunciarse respecto a la justicia con perspectiva de género
La Articulación Regional Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género y JASS son dos de las organizaciones que suscriben el documento en el que expertas en género explican que se deben definir criterios, para impartir justicia en casos de violación sexual de mujeres indígenas
En el amicus (documento jurídico que aporta argumentos para el análisis de la Corte, aunque sin carácter vinculatorio) las organizaciones señalan que la SCJN debe considerar la jurisprudencia y los criterios internacionales, para garantizar que los jueces generen las condiciones necesarias para que las denuncias por violación se procesen de forma exhaustiva y rápida.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario