Colaborador Invitado
28 Sep. 12
Pablo Amílcar Sandoval B.
La iniciativa preferente que presentó el Ejecutivo Federal en materia de Contabilidad Gubernamental, aprobada por el Senado y turnada a la Cámara de Diputados, aparenta ser una discusión contable y de transparencia, pero ataca los cimientos sobre los que se instaura el Estado Mexicano: el federalismo y la división de poderes.
Claramente hay un gravísimo problema de corrupción y sobreendeudamiento en los gobiernos estatales, pero la salida que Calderón propone es autoritaria y contraria a principios republicanos. Establece el falso dilema de centralismo o corrupción.
Es preocupante que la iniciativa se presente como una propuesta para "transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de los recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno", cuando en los hechos concentra funciones que claramente tiene establecidas el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, centralizando el ejercicio del gasto público, ni más ni menos que en la ya poderosa Secretaría de Hacienda.
La iniciativa propone controlar la información financiera de todos los entes públicos de los diferentes ámbitos de gobierno desde la programación, el presupuesto, ejercicio de los recursos, la evaluación y aun la rendición de cuentas. Ello se remata con la instauración del llamado "Presupuesto Basado en Resultados" y del "Sistema de Evaluación del Desempeño". Las directrices de todo ello las dictará el "Consejo Nacional de Armonización Contable", controlado plenamente por la Secretaría de Hacienda. Establece reglas sobre la presentación de los presupuestos estatales y llega a referirse a las participaciones federales, que son recursos soberanos de las entidades federativas.
En realidad son los estados quienes fundan la Federación y de ninguna manera en sentido inverso. En el federalismo se maneja el conflicto y la diversidad, mediante un mecanismo sofisticadamente sencillo: la distribución de competencias entre los ámbitos de gobierno. Cada cual tiene la autoridad de tomar algunas decisiones finales independientemente del otro, una relación donde el gobierno federal y los gobiernos estatales son al mismo tiempo coordinados e independientes.
En los hechos, la Federación se ha apropiado de las fuentes impositivas generando un centralismo en los ingresos. El problema es que ahora se propone controlar también el gasto público desde el gobierno central.
Con la instauración del Presupuesto Basado en Resultados y un Sistema de Evaluación del Desempeño le serían arrebatadas funciones cardinales a los legislativos para transferirlas a un comité.
Desde el origen del Estado liberal se manifestó una prevención contra la concentración de funciones en una autoridad despótica, que podría amenazar las libertades de los ciudadanos, por ello Locke y Montesquieu sostuvieron la doctrina de "división de poderes". La evolución de esos principios ha atribuido a los congresos las funciones presupuestaria y de control o fiscalización.
Autorizar el gasto y poder evaluar políticamente su efectividad son funciones republicanas que deben estar a cargo de la representación popular, son funciones históricas de los parlamentos en todo el mundo.
La iniciativa presenta problemas constitucionales serios, el artículo 79 de nuestra Carta Magna establece que las participaciones federales no son objeto de fiscalización. El artículo 134 prevé que los resultados del ejercicio de los recursos económicos de que dispongan los gobiernos federal, de los estados y municipios, serán evaluados por instancias técnicas que ellos mismos definan, dejando a salvo la función fiscalizadora del Congreso y de la entidad de fiscalización superior de la Federación. La Constitución también establece que "corresponde a las Legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente" y que las entidades tienen sus propios órganos de fiscalización.
La solución a la corrupción y el endeudamiento debe atacarse fortaleciendo a la Auditoría Superior de la Federación, dándole poder a los congresos locales y a los ciudadanos, a sus órganos de fiscalización y a las instancias de transparencia, debe legislarse para controlar la deuda de las entidades federativas, sin atentar contra la soberanía estatal, por ejemplo ligándola a la banca de desarrollo.
Esta reforma parece querer restaurar el centralismo exacerbado que la alternancia atenuó. La tecnocracia guarecida en la Secretaría de Hacienda parece haberse cansado de tener que supeditarse a los poderes republicanos y ahora propone erigirse en el "Supremo Poder Conservador".
El autor es economista, ex secretario de organización del PRD.
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