Por Danilo Valladares
Con el rostro cubierto y apoyada por una traductora y una
psicóloga,
esta indígena maya q'eqchi' dijo entre lágrimas cómo
efectivos del
ejército secuestraron a su esposo y la convirtieron en
esclava sexual
y laboral del destacamento militar Sepur Zarco, situado en
el
municipio El Estor, en el nororiental departamento de
Izabal.
La declaración de esta mujer* se concretó en la audiencia preliminar que celebra esta semana un tribunal de la capital de Guatemala junto a otras 14 aborígenes víctimas de esclavitud sexual y laboral entre 1982 y 1986, causa en las que están acusados 37 agentes militares.
"Se van al destacamento, se necesita que se les lave la ropa, se les cocine el fríjol y se les haga el café a los soldados", les ordenó el comisionado militar Miguel Ángel Caal, a Pérez y a otras mujeres, sin que imaginaran entonces los vejámenes que sufrirían durante meses dentro del cuartel, relató la testigo.
"Me decían que si no me dejaba me iban a matar y me ponían una pistola en el pecho", mientras era sometida por varios militares después de lavarles la ropa, prepararles y servirles sus alimentos desde las seis de la mañana, añadió.
"Una vez me armé de valor y me fui a quejar con el teniente y él me dijo que tal vez yo los había acostumbrado así", narró Pérez, quien sufrió un aborto espontáneo a raíz de los constantes abusos sexuales de los que fue víctima.
También señaló que antes de ser conducida al destacamento militar, los soldados habían secuestrado a su esposo, con quien tuvo tres hijos y del cual no supo nada hasta que aparecieron sus restos mortales.
En el conflicto armado interno de Guatemala, de 1960 a 1996, fueron detenidas y desaparecidas 45.000 personas y murieron en total unas 250.000, muchas enterradas sin identificar en cementerios, fosas clandestinas y cuarteles, según la independiente Comisión para el Esclarecimiento Histórico.
Ese cuerpo especial señaló, además, que la mayoría de los asesinados eran indígenas, que una de cada cuatro víctimas de violaciones a los derechos humanos era mujer y que el ejército fue el responsable de más de 90 por ciento de esos crímenes.
El hambre mata en la montaña
Uno de los testimonios más desgarradores en la audiencia judicial de esta semana fue el de Juana Morales*, quien relató cómo huyó a la montaña en 1982 junto a sus tres hijos desde San Marcos, una comunidad situada entre Izabal y el vecino departamento de Alta Verapaz.
Morales dijo que a su casa llegaron varios militares a secuestrar a su esposo, cuyo paradero aún desconoce, y luego comenzaron a abusar sexualmente de ella.
"Me pusieron un arma en el pecho y me tomaron por la fuerza. Fueron tres y los demás solo observaban. Uno de mis hijos, de cuatro años entonces, andaba conmigo y daba gritos al ver lo que me hacían", relató.
Para intentar resguardar su vida y la de sus hijos, esta indígena q'eqchi', como las demás declarantes, logró finalmente esconderse en la montaña próxima. "No teníamos nada que comer, ya no probábamos tortillas y mis hijos comenzaron a enfermarse" hasta morir, indicó.
"Mi hija me decía que regresáramos a la casa, (porque) ‘ahí hay huevos de las gallinas en la mesa’", recordó entre sollozos, mientras aclaraba que no lo pudo hacer. Uno a uno, sus tres hijos fueron muriendo de hambre en la montaña.
Tras seis años de permanecer aislada en el bosque, un día regresó a San Marcos, pero sus pertenencias y su vivienda habían desaparecido. "Tenía dos casas, pero las habían quemado. Me quedé sin nada", aseguró.
Lucía Morán, de la no gubernamental Mujeres Transformando el Mundo, dijo a IPS que con este caso "Guatemala está sentando un precedente histórico jurídico para la humanidad, pues nunca una corte nacional ha conocido hechos de violación y esclavitud sexual".
"La violencia sexual se ha usado como arma de guerra y no fue hasta los años 90 que los tribunales internacionales de Yugoslavia y de Ruanda empiezan a hacer justicia en estos casos", agregó.
La activista precisó que entre 1982 y 1988 no hubo enfrentamientos armados en la llamada Franja Transversal del Norte, donde se asentaban estas comunidades, pero el ejército se instaló en el destacamento Sepur Zarco para proteger intereses económicos de grandes latifundios dedicados a la explotación de petróleo, minería y monocultivos.
"Así fue como procedieron a hacer listados para perseguir a los líderes campesinos que en ese momento procuraban la titulación supletoria de sus tierras", una característica que comparten los hombres secuestrados y desaparecidos de estos 15 casos en proceso judicial, afirmó.
Otra de las víctimas que acudió al juzgado también testimonió cómo fue violada y sometida a servidumbre en Sepur Zarco.
"Fui abusada sexualmente por cinco soldados cada día. Estuve allí seis meses, un día sí y un día no", relató Marta López*, quien debía dejar solos a sus ocho hijos en la casa mientras acudía a la brigada de 8 de la mañana a 5 de la tarde.
Pero antes de todo esto, el ejército había ido por su esposo. "En 1982, los militares llegaron a la casa y se lo llevaron, lo mataron y lo tiraron en un hoyo", recordó.
Un sargento incrédulo
Mientras se sucedían los testimonios, el militar Ricardo Méndez Ruiz admitió que "el ejército cometió abusos durante el conflicto", pero "también la guerrilla".
Por eso "la justicia debe ser igual para todos", añadió este sargento de reservas que en 2011 querelló a 26 personas por el secuestrado de que fue víctima en 1982 a manos de la guerrilla. Hoy lidera las expresiones de defensa de los militares acusados de violar los derechos humanos durante la guerra civil.
"Es evidente que los testigos que está aportando el Ministerio Público y el querellante son personas de muy escasa formación, con muy poca educación. Incluso no tienen idea de fechas exactas, lo cual da lugar a pensar en que puedan ser manipulados", dijo a IPS en referencia a las mujeres que narraron los crímenes que soportaron.
Méndez Ruiz ha dicho reiteradamente que el trabajo de la fiscalía está "parcializado" y que es utilizado "para buscar venganza" contra el ejército.
En este caso, además, sostuvo que el interés "es por dinero". "La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado en otras oportunidades al Estado guatemalteco a pagar resarcimientos millonarios, que estoy seguro van a dar a los bolsillos de los querellantes", acusó.
* Todos los nombres de las víctimas son ficticios por razones de seguridad.(FIN/2012)
La declaración de esta mujer* se concretó en la audiencia preliminar que celebra esta semana un tribunal de la capital de Guatemala junto a otras 14 aborígenes víctimas de esclavitud sexual y laboral entre 1982 y 1986, causa en las que están acusados 37 agentes militares.
"Se van al destacamento, se necesita que se les lave la ropa, se les cocine el fríjol y se les haga el café a los soldados", les ordenó el comisionado militar Miguel Ángel Caal, a Pérez y a otras mujeres, sin que imaginaran entonces los vejámenes que sufrirían durante meses dentro del cuartel, relató la testigo.
"Me decían que si no me dejaba me iban a matar y me ponían una pistola en el pecho", mientras era sometida por varios militares después de lavarles la ropa, prepararles y servirles sus alimentos desde las seis de la mañana, añadió.
"Una vez me armé de valor y me fui a quejar con el teniente y él me dijo que tal vez yo los había acostumbrado así", narró Pérez, quien sufrió un aborto espontáneo a raíz de los constantes abusos sexuales de los que fue víctima.
También señaló que antes de ser conducida al destacamento militar, los soldados habían secuestrado a su esposo, con quien tuvo tres hijos y del cual no supo nada hasta que aparecieron sus restos mortales.
En el conflicto armado interno de Guatemala, de 1960 a 1996, fueron detenidas y desaparecidas 45.000 personas y murieron en total unas 250.000, muchas enterradas sin identificar en cementerios, fosas clandestinas y cuarteles, según la independiente Comisión para el Esclarecimiento Histórico.
Ese cuerpo especial señaló, además, que la mayoría de los asesinados eran indígenas, que una de cada cuatro víctimas de violaciones a los derechos humanos era mujer y que el ejército fue el responsable de más de 90 por ciento de esos crímenes.
El hambre mata en la montaña
Uno de los testimonios más desgarradores en la audiencia judicial de esta semana fue el de Juana Morales*, quien relató cómo huyó a la montaña en 1982 junto a sus tres hijos desde San Marcos, una comunidad situada entre Izabal y el vecino departamento de Alta Verapaz.
Morales dijo que a su casa llegaron varios militares a secuestrar a su esposo, cuyo paradero aún desconoce, y luego comenzaron a abusar sexualmente de ella.
"Me pusieron un arma en el pecho y me tomaron por la fuerza. Fueron tres y los demás solo observaban. Uno de mis hijos, de cuatro años entonces, andaba conmigo y daba gritos al ver lo que me hacían", relató.
Para intentar resguardar su vida y la de sus hijos, esta indígena q'eqchi', como las demás declarantes, logró finalmente esconderse en la montaña próxima. "No teníamos nada que comer, ya no probábamos tortillas y mis hijos comenzaron a enfermarse" hasta morir, indicó.
"Mi hija me decía que regresáramos a la casa, (porque) ‘ahí hay huevos de las gallinas en la mesa’", recordó entre sollozos, mientras aclaraba que no lo pudo hacer. Uno a uno, sus tres hijos fueron muriendo de hambre en la montaña.
Tras seis años de permanecer aislada en el bosque, un día regresó a San Marcos, pero sus pertenencias y su vivienda habían desaparecido. "Tenía dos casas, pero las habían quemado. Me quedé sin nada", aseguró.
Lucía Morán, de la no gubernamental Mujeres Transformando el Mundo, dijo a IPS que con este caso "Guatemala está sentando un precedente histórico jurídico para la humanidad, pues nunca una corte nacional ha conocido hechos de violación y esclavitud sexual".
"La violencia sexual se ha usado como arma de guerra y no fue hasta los años 90 que los tribunales internacionales de Yugoslavia y de Ruanda empiezan a hacer justicia en estos casos", agregó.
La activista precisó que entre 1982 y 1988 no hubo enfrentamientos armados en la llamada Franja Transversal del Norte, donde se asentaban estas comunidades, pero el ejército se instaló en el destacamento Sepur Zarco para proteger intereses económicos de grandes latifundios dedicados a la explotación de petróleo, minería y monocultivos.
"Así fue como procedieron a hacer listados para perseguir a los líderes campesinos que en ese momento procuraban la titulación supletoria de sus tierras", una característica que comparten los hombres secuestrados y desaparecidos de estos 15 casos en proceso judicial, afirmó.
Otra de las víctimas que acudió al juzgado también testimonió cómo fue violada y sometida a servidumbre en Sepur Zarco.
"Fui abusada sexualmente por cinco soldados cada día. Estuve allí seis meses, un día sí y un día no", relató Marta López*, quien debía dejar solos a sus ocho hijos en la casa mientras acudía a la brigada de 8 de la mañana a 5 de la tarde.
Pero antes de todo esto, el ejército había ido por su esposo. "En 1982, los militares llegaron a la casa y se lo llevaron, lo mataron y lo tiraron en un hoyo", recordó.
Un sargento incrédulo
Mientras se sucedían los testimonios, el militar Ricardo Méndez Ruiz admitió que "el ejército cometió abusos durante el conflicto", pero "también la guerrilla".
Por eso "la justicia debe ser igual para todos", añadió este sargento de reservas que en 2011 querelló a 26 personas por el secuestrado de que fue víctima en 1982 a manos de la guerrilla. Hoy lidera las expresiones de defensa de los militares acusados de violar los derechos humanos durante la guerra civil.
"Es evidente que los testigos que está aportando el Ministerio Público y el querellante son personas de muy escasa formación, con muy poca educación. Incluso no tienen idea de fechas exactas, lo cual da lugar a pensar en que puedan ser manipulados", dijo a IPS en referencia a las mujeres que narraron los crímenes que soportaron.
Méndez Ruiz ha dicho reiteradamente que el trabajo de la fiscalía está "parcializado" y que es utilizado "para buscar venganza" contra el ejército.
En este caso, además, sostuvo que el interés "es por dinero". "La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado en otras oportunidades al Estado guatemalteco a pagar resarcimientos millonarios, que estoy seguro van a dar a los bolsillos de los querellantes", acusó.
* Todos los nombres de las víctimas son ficticios por razones de seguridad.(FIN/2012)
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