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Llegan a los hospitales y ahí son denunciadas
Por Aída Suárez Chávez, corresponsal
Pachuca, 25 sep 12 (CIMAC).- Yolanda, de 20 años, al verse embarazada en 2008 temió la reacción de su novio y de sus padres; decidió tomar pastillas para abortar, se lanzó de las escaleras de un puente, se fracturó y tuvo hemorragia; abortó y fue condenada a dos años de trabajos a la comunidad.
Luisa, de 21 años, originaria de Mixquiahuala, Hidalgo, en julio pasado –también por el temor a la reacción de sus padres– tomó medicamento para abortar lo que le causó hemorragia y se trasladó al Hospital Regional donde advirtieron que fue un aborto inducido.
Los médicos avisaron al Ministerio Público (MP), donde se inició de oficio la averiguación previa y Luisa fue consignada. La joven salió bajo fianza, rindió declaración preparatoria y el juzgado le concedió libertad provisional. Ahora está en espera de la sentencia definitiva.
Tanto Yolanda como Luisa, decidieron abortar por un embarazo no planeado y no deseado. Al ser considerado, en Hidalgo, el aborto como un delito no grave, ellas fueron sometidas a una pena de acuerdo con los artículos 154 a 158 del Código Penal estatal, expuso Ana Gabriela Ortiz Pacheco, juez del Juzgado 4º penal de Pachuca.
En suma, 16 jóvenes de 18 años en adelante han presentado casos similares por el delito de aborto.
Del 2007 a 2010 cuatro adolescentes en los municipios de Huichapan, Tula, Actopan y Pachuca, también fueron denunciadas por el delito de aborto.
Su situación no es distinta a la de Yolanda y Lucía, puesto que al verse embarazadas, decidieron abortar, principalmente con la ingesta de medicamento, pero al presentar complicaciones como hemorragias, acudieron a los hospitales de su región.
En Huichapan, en 2007, a través de investigaciones del MP, una adolescente de 16 años fue acusada, sin embargo, aún no se presenta a comparecer y tiene derecho de libertad de tránsito, informó Noé Hernández Rivera, titular del Juzgado 2º para Adolescentes.
En tanto en el Juzgado 1º, en 2007, una pareja de 15 años, en Tula, fue sujeta a proceso y terminó la sentencia, sin especificar cuál. En 2010 otra joven de 16 años, de Pachuca, concluyó el proceso que se le dictó, sin especificar tampoco la sentencia.
El juez Hernández Rivera mencionó que estos son los casos que presenta el MP y que se siguen de acuerdo con la Ley de Justicia para Adolescentes, que las privilegia siguiendo el proceso en libertad y solamente les pide que se sujeten a algunas medidas cautelares para garantizar que respondan al procedimiento que se lleva en su contra.
El procedimiento ante los jueces inicia desde el momento de las investigaciones del MP y las jóvenes son remitidas a los juzgados, entonces el MP ejercita acción legal en contra de una adolescente, es decir, le atribuye el haber cometido un delito, y desde el momento que el juez conoce del asunto se resuelve en un máximo de tres a cuatro meses.
El procedimiento concluye con el dictado de una sentencia. Para esto se analiza si existe el delito de aborto y si es responsable de esto. De ser así, el juez, a solicitud del MP, puede imponer medidas como apercibimiento –la más sencilla–, libertad asistida, prestación de servicios a favor de la comunidad, limitación de residencia, obligación de acudir a determinadas instituciones para recibir formación educativa, técnica, orientación o asesoramiento; la obligación de abstenerse de tomar bebidas alcohólicas o estupefacientes, entre otras.
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