México, DF, 24 sep 12 (CIMAC).- La iniciativa preferente de reforma laboral que envío Felipe Calderón a la Cámara de Diputados, obstaculiza la organización sindical de las y los trabajadores del país al aumentar los requisitos para que puedan asociarse y defender sus derechos.
Este hecho representa “un golpe más” a la asociación sindical democrática, “violencia” que durante la administración calderonista se tradujo en la desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y la amenaza de quiebra de Mexicana de Aviación, dijo Carlos Rodríguez, director del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal).
Rodríguez dijo a Cimacnoticias que la propuesta del Ejecutivo, que discute la Comisión del Trabajo de la Cámara baja, defiende “intereses privados” por encima de derechos laborales como la libertad sindical.
Esta práctica fue “evidente” durante el sexenio de Calderón, y ejemplo de ello es que con la extinción de LyFC, además de desaparecer 44 mil fuentes de trabajo, el gobierno federal intentó liquidar al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Otra muestra del embate a la contratación colectiva y a las organizaciones que defienden este derecho fue la suspensión de actividades de Mexicana de Aviación, que dejó sin empleo a cerca de 8 mil trabajadoras y trabajadores, agremiados a tres sindicatos.
La libertad sindical representa una “amenaza” a los “intereses privados”, ya que las empresas pretenden establecer las condiciones de trabajo de forma “unilateral”.
Por ello, la reforma de Felipe Calderón amplió los requisitos para que las y los empleados se organicen para hacer cumplir sus derechos, denunció el director del Cereal.
Luisa María Alcalde, diputada federal por el partido Movimiento Ciudadano (MC), señaló que las disposiciones contenidas en la propuesta “limitarán todavía más o anularán” las posibilidades de organización sindical, sobre todo para las mujeres y jóvenes que afrontan más dificultades para ocuparse en el empleo formal.
La legisladora indicó que actualmente sólo uno de cada 100 sindicatos es democrático, es decir 99 por ciento son elegidos por el patrón y no por las y los trabajadores, por lo que representan los intereses del empleador, es decir son sindicatos “blancos o de protección”.
Las mujeres y las personas jóvenes en su mayoría tienen acceso a empleos precarios en los que no hay sindicato o cuando existe, es patronal y no las representa. La iniciativa de reforma pretende perpetuar esta situación en vez de revertirla, lamentó Alcalde.
Con esa finalidad, propone que cuando las y los trabajadores decidan demandar la titularidad del contrato colectivo o emplazar a huelga para crear una organización sindical, deben pasar un listado de quienes están movilizándose “para que el empleador le dé el visto bueno”.
“Así le dan tiempo al patrón para que corra a las y los trabajadores que demandan este derecho”, abundó.
Y añadió que otra dificultad que afrontarán, de aprobarse la reforma laboral, es que si se presenta una demanda de titularidad de un contrato colectivo debe pasar un año para que se presente otra demanda por el mismo contrato.
Lo anterior perjudicaría a las y los trabajadores que quieran formar un sindicato democrático, porque al pasarle la lista al empleador, éste podría (a través de un sindicato patronal) demandar primero la titularidad del contrato, y el personal tendría que esperar un año para “intentar volver a demandar”.
Los obstáculos planteados en la propuesta de reforma “llevarían a la clandestinidad a la organización de las y los trabajadores porque no va haber más forma de organizarse”, advirtió.
Luisa María Alcalde alertó que “no podemos ceder, no podemos dar ni un paso atrás, la iniciativa es un peligro inminente para la vida de las y los trabajadores”.
Por lo que las legisladoras y legisladoras del Frente Progresista (MC, PT y PRD) pugnarán porque el dictamen sea rechazado en lo general y con tiempo se analicen las modificaciones pertinentes a la Ley Federal del Trabajo.
Para frenar la reforma, concluyó, también es preciso que se sumen sindicatos y la sociedad en general, principalmente las mujeres y jóvenes, quienes serán las personas más afectadas, en caso de aprobarse.
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