FRAGUA
Para algunos
especialistas, analistas e incluso organizaciones sociales lo sucedido
en Iguala, Guerrero el 26 de septiembre de 2014 y la impunidad que hasta
hoy se mantiene en el caso es resultado de una crisis estructural en
materia del cumplimiento de los Derechos Humanos de la población y de
una crisis de corrupción del Estado.
Nosotros no coincidimos con esa opinión, nosotros
afirmamos que el acto de terrorismo de Estado contra los estudiantes de
la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, la impunidad sostenida
con base en mentiras y el sistema judicial imperante refleja la esencia
(“el corazón podrido” diríamos nosotros) del sistema económico
capitalista que ha sustentado su origen y desarrollo en el
aplastamiento de la vida de millones de personas. Lo sucedido en Iguala
es resultado de la profunda crisis económica que vive hoy el capitalismo
en todo el mundo y en particular en México.
Sostenemos que lo
que para algunos es una crisis de impunidad, de corrupción y de
violaciones de derechos humanos no es más que resultado de la
implementación a “sangre y fuego” del neoliberalismo en nuestro país;
que la corrupción y la impunidad imperante en México no son las
causas de las graves violaciones de derechos humanos, sino el efecto de
la inhumanidad de la que se sirve la clase dominante para perseguir la
máxima ganancia a costa de todo y de todos.
La corrupción,
la impunidad y las violaciones permanentes y sistemáticas contra los
derechos humanos de la mayoría de la población son inherentes al sistema
capitalista de producción que hoy ante su crisis económica intensifica y
profundiza su política neoliberal sin importar el aumento del grado de
crueldad ejercido hacia todo aquél que se oponga a sus intereses
económicos o políticos o que para “su mala suerte” se atraviese en su
camino.
El motivo de la ejecución extrajudicial y
desaparición forzada de los estudiantes y no estudiantes en la noche del
26 de septiembre de 2014 lo debemos de buscar en cómo se ha venido
despojando de su territorio a pueblos y comunidades del estado de Guerrero (y en todo el país) para la explotación minera y maderera principalmente; la motivación debemos buscarla en la estrategia de control social y contrainsurgente que lleva años aplicándose en ese estado; y también en las leyes que legalizan la explotación al máximo de la fuerza de trabajo y le niegan a ésta, toda posibilidad legal de defenderse.
La motivación para desollarle el rostro a un joven la debemos de buscar
en el entrenamiento de los elementos de las fuerzas militares,
policiacas y paramilitares en el uso del terror para inmovilizar a la
población, para acallarla, para hacerla cómplice de las prácticas de
sometimiento de un Estado que ha planificado una estrategia para
beneficiar a una cuantas empresas nacionales e internacionales y, por
supuesto, a sus dueños.
En los años ochenta los militares
salvadoreños empalaban a quienes consideraban base social de la
insurgencia, en Guatemala degollaban y abrían el vientre a las mujeres
embarazadas, en Perú envolvían vivos a los prisioneros con la piel de un
animal recién desollado para que, cuando ésta se pudriera, los gusanos
que ahí se alojaban se comieran viva a la persona. Los métodos más
crueles de tortura y ejecución han sido inventados por los militares al
servicio de la clase burguesa para mantener su sistema económico y
político de dominación.
Claro, la burguesía dirá que no es
cierto, y algunos funcionarios de otros países dirán incluso que lo que
pasa es que el Estado está ausente porque no sabe qué hacer o no quiere,
omitiendo decir la verdad: el Estado, este Estado mexicano está al
servicio de los intereses de la burguesía y, al mismo tiempo, como
clase, es igual o más responsable de lo que está sucediendo en nuestro
país.
Es lamentable leer que esta verdad es la que casi nadie se atreve a decir; es
lamentable que aún en lo que se dice “izquierda” se hable más de la
corrupción que de las razones económicas y políticas de esta clase para
continuar masacrando a la población; es lamentable que la mayoría de
las organizaciones de derechos humanos no hablen de manera amplia y
abierta del derecho de las víctimas a la Reparación Integral del Daño y
dentro de este derecho, omitan las llamadas garantías de no repetición.
Las garantías de no repetición son las medidas políticas, jurídicas,
económicas y sociales, que permiten que las estructuras legales e
ilegales que originan y fomentan las violaciones de derechos humanos, e
incluso crímenes de lesa humanidad, sean destruidas y sus responsables
castigados.
Del oportunismo no nos sorprende que se quede en
la superficie de la realidad y no desee profundizar en las causas y que
además intente, como siempre, estar al frente del movimiento cuando la
ola está en ascenso. Será interesante conocer cómo justificarán su
ineficacia, su incongruencia, su falta de compromiso para llegar en
serio a la verdad de los hechos y, sobre todo, al saber la Verdad,
comprobar una vez más que no estarán dispuestos a luchar con energía y
firmeza por la Justicia y la Reparación Integral del Daño, porque pedirles que luchen contra el capitalismo sería ingenuo de nuestra parte.
Nosotros los integrantes de la OLEP
tenemos un compromiso con nuestro pueblo: transformar la realidad
capitalista que nos oprime, vincular las luchas inmediatas del pueblo
con las luchas a largo plazo, elevar el nivel de conciencia proletaria
para construir alternativas organizativas que nos permitan terminar de
raíz con las desgracias que se originan en este paraíso de la
descomposición humana y de las justificaciones simplonas que pretenden
convencernos de que el sistema económico y social existente no es su
origen.
¡Contra el despojo, la explotación y la represión; resistencia, organización y lucha por el socialismo!
Este artículo fue publicado como EDITORIAL del No. 11 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), en circulación desde el 17 de octubre de 2015.
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