Con motivo del Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, integrantes del Colectivo por La Paz se reunieron para exigir justicia y avances en las investigaciones para localizar a sus familiares.
Foto: Yerania Rolón
11 de noviembre de 2015
MÉXICO,
DF (apro).- Convencidos de que “no existía posibilidad de obtener
justicia” en México, los abogados de las organizaciones Litigio
Estratégico en Derechos Humanos I(dh)eas y Comisión de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) presentaron tres casos de
desaparición forzada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Directo
en la sede del organismo en Ginebra, los representantes de esas
organizaciones también llevaron los casos por tener deficiencias en el
acceso a la justicia para los expedientes de “desaparición en contexto
sistemáticos y generalizados de impunidad”.
Las comunicaciones
enviadas por I(dh)eas y la CMDPDH se refieren a Christian Téllez,
estudiante detenido en 2010 por la Policía Intermunicipal de Poza Rica,
Veracruz, de quien no se sabe nada “a pesar de que existen testigos de
los hechos que reconocieron a los agentes”. El segundo caso es el de
Jesús Israel Moreno, visto por última vez en 2011 en Chacahua, Oaxaca, y
cuya investigación por parte de la Procuraduría estatal está plagada de
irregularidades.
El último es el caso de Víctor Manuel Guardado,
desaparecido en 2013 después de que integrantes del Grupo de Armas y
Tácticas Especiales (GATE) de Coahuila allanó su domicilio, lo golpeó,
torturó delante de su familia y se lo llevó a instalaciones de la
corporación sin que hasta ahora se conozca su destino.
Al
presentar estos casos ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, las
organizaciones consideraron que el organismo internacional tiene
competencia para atenderlos, toda vez que en nuestro país no existe
“posibilidad de obtener justicia”.
Para el coordinador de
I(dh)eas, Juan Carlos Gutiérrez, recurrir al litigio internacional “abre
una esperanza a las víctimas de desaparición forzada de personas”.
De
acuerdo con el abogado, la ONU “tiene competencia para juzgar a México
por violaciones a los derechos humanos reconocidos en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Tratado Internacional
más importante en el Sistema Universal y además envía un mensaje al
Estado mexicano sobre la existencia de vías diferentes al Sistema
Interamericano de la OEA, que también son obligatorias y sus decisiones
deben ser cumplidas”.
Gutiérrez consideró legítimo que los
familiares de las víctimas de desaparición forzada ejerzan su derecho a
“explorar vías que les permitan continuar en la lucha contra la
impunidad y buscar caminos de justicia que han sido cerrados en el
país”.
El defensor retomó las observaciones que hizo el Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al
Hussein, en su reciente visita al país, en el sentido de que “98% de los
crímenes cometidos en México queda sin resolver y la mayoría de ellos
no son nunca propiamente investigados”.
Asimismo, recordó que en
las observaciones finales de febrero de 2015, el Comité contra la
Desaparición Forzada de la ONU señaló que en México hay “un contexto de
desapariciones generalizadas en gran parte del Estado, muchas de las
cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”.
Según
las organizaciones, el objetivo del litigio ante el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU es “el reconocimiento de las violaciones de los
derechos humanos, la búsqueda y localización de las personas
desparecidas, la determinación de la responsabilidad y con ello la
reparación integral del daño a las familias y la reforma de las
instituciones”.
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