Programas y participación de las mujeres

   QUINTO PODER
Por: Argentina Casanova*

Uno de los problemas latentes en la política pública de prevención de la violencia es que no alcanza a articular una visión integral que, por un lado, incorpore la visión e interés desde la participación de las mujeres, y por otro, que no alcanza a ser una propuesta transversal que reconozca las dificultades para la organización, participación e incidencia, y finalmente la intervención en la toma de decisiones en los espacios públicos.

De acuerdo con el Inegi, la población de 18 años y más que manifestó la existencia de un problema en su comunidad y su capacidad para ponerse de acuerdo en la solución, a nivel nacional, puso en primer lugar a los robos, con 54.3 por ciento de población que manifiesta su existencia.

De ese 54.3 por ciento, sólo en 29.6 por ciento de los casos se pusieron de acuerdo para resolverlo. Los problemas comunes son: el robo, la falta de alumbrado público y la delincuencia en los alrededores de las escuelas, problemas que coinciden como causas o situaciones que contribuyen a la violencia sexual contra mujeres y niñas, que denuncia acoso en los alrededores de mercados, escuelas y puntos de reunión de las mujeres.

El Programa Nacional de Prevención de la Violencia Social y la Delincuencia (Pronapred) incorpora en su marco legal, y en sus lineamientos como una línea específica, la participación de las mujeres, pero no hay una propuesta surgida del trabajo con las mujeres bajo el esquema de “Ciudades Seguras” que promueve ONU-Mujeres en la “construcción de imaginarios colectivos de las ciudades desde la visión de las mujeres”, y no hay información estadística que precise cómo afecta a las mujeres la violencia social desagregada por género.

El Pronapred, derivado de la Ley de Prevención de la Violencia Social y la Delincuencia, no ha incorporado –en la práctica– las voces y perspectivas de las mujeres que viven en los denominados “polígonos” con una metodología que desarrolle las categorías de análisis propuestas por el programa “Ciudades Seguras para las Mujeres y Niñas”, desde la organización, apropiación y uso de espacios públicos y la configuración de “ciudades imaginadas por las mujeres”, en relación con la infraestructura que atienda las divisiones de poder en lo colectivo.

Esto procurando que a través de la inversión pública no se perpetúen las diferencias y desigualdades de género que derivan en formas de violencia comunitaria y familiar, en su tipo físico, sexual, sicológico y patrimonial contra las mujeres y las adolescentes, además de generar sobrecargas de trabajo y condiciones para la victimización.

La inversión para los municipios donde se registra mayor incidencia de violencia no están considerando que la infraestructura y servicios públicos en los que se invierte, se planifican sin considerar la participación de las mujeres y la intervención de éstas en los espacios públicos.

Esto genera y propicia riesgos situacionales de diseño urbano para las mujeres y niñas, y deriva en ataques sexuales tanto por hombres/jóvenes de la comunidad como por elementos policiales que ejercen acoso y hostigamiento y revisiones acompañadas de detenciones arbitrarias que derivan en violencia sexual.

Si bien la violencia contra las mujeres más visible ocurre en los espacios denominados como “privados”, los espacios públicos constituyen un contexto desde el que puede incidirse en las políticas públicas que transformen esos contextos, como son las legislaciones, números de emergencia y generación de información sobre órdenes de protección y otras medidas como acompañamientos en casos de violencia, y que transcurren en estos espacios donde la participación de las mujeres se restringe en función de que se desarrollan desde ópticas que no reconocen las características y particularidades de los sistemas de poder y de control, que se fortalecen mediante la distribución y diseño urbano.

El avance y rendición de cuentas del Pronapred no incorpora estadísticas ni información acerca de cómo afecta a las mujeres a pesar de ser un tema prioritario en la agenda de la sociedad civil, debido al número de casos de feminicidio que se registran diariamente en México, así como la violencia sexual, acoso y hostigamiento en los espacios públicos contra las mujeres, las adolescentes y las niñas.

No se documentan bibliografías sobre experiencias de promoción a la intervención de las mujeres en la toma de decisiones en los municipios donde se ubican los polígonos de mayor incidencia de violencia social y de delincuencia.

Aunque las mujeres se “sugieren” implícitamente en las causalidades por maternidades adolescentes y los hijos que crecen sin atención en los hogares, en contraparte las líneas de acción se limitan a una correlación con el objetivo 2, y un indicador: la prevalencia total de la violencia contra mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida expresada en porcentaje.

Pero hasta ahora no se genera ningún documento que muestre la intervención y acción de las mujeres de un problema en el que aparecen en el diagnóstico en la causa del problema.

*Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.

Foto: Producciones y Milagros Agrupación Feminista AC

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