Yucatán cumplió Alerta, Morelos y Puebla con resultados negativos
La Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) declaró la Alerta de Violencia de Género (AVG) en el estado de Zacatecas, sumando 13 entidades con este mecanismo en el país.
El decreto de la Alerta de Género derivó de una petición que hizo el gobernador Alejandro Tello Cristerna a la Conavim para que la institución activara el mecanismo en Zacatecas, después del feminicidio de una niña de 9 años de edad que indignó a la población local. La niña San Juana Romo Navarro desapareció el 20 de julio, su cuerpo fue hallado tres días después en un lote baldío del municipio de Guadalupe, con el rostro desfigurado, marcas de estrangulamiento y violencia sexual.
La petición de AVG ya estaba hecha desde enero de 2017 por las agrupaciones el Centro Las Libres y Coordinación Feminista Olimpia de Gouges, enfocada en 11 municipios de la entidad. Conavim la aceptó un mes más tarde e instauró un Grupo de Trabajo (conformado por académicas) que recomendó al gobierno de Zacatecas nueve medidas de prevención, atención y sanción de la violencia de género.
En noviembre de 2017 el gobierno de Tello Cristerna entregó un informe de cumplimiento de estas recomendaciones, pero la resolución de la procedencia de la AVG -aunque se trata de mecanismo de emergencia- se dio siete meses después, una vez que ocurrió el feminicidio de la niña San Juana.
Conavim resolvió el 8 de agosto de 2018 en el decreto de AVG que para prevenir el feminicidio, homicidios dolosos, violencia sexual y desapariciones niñas y mujeres en Zacatecas, el gobierno debe hacer un “mapeo” de estos delitos con la finalidad de “generar política pública”. Tiene que fortalecer las órdenes de protección para las víctimas de violencia de género, crear módulos de atención inmediata para mujeres en situación de violencia e instaurar albergues y refugios para estas mujeres y sus hijos e hijas.
También deberá crear equipos municipales de reacción inmediata para la búsqueda de mujeres y niñas reportadas como desaparecidas, sancionar a personas servidoras públicas que violenten la debida investigación en casos de violencia de género, e impulsar una estrategia que garantice a la niñez en orfandad por el feminicidio de sus madres acceso a servicios de salud, educación y alimentación. Entre otras medidas, que incluyen generar campañas de sensibilización a la población respecto a la violencia hacia las mujeres.
ALERTAN DE VIOLENCIA CONTRA NIÑAS
Entre los votos que hicieron las integrantes del Grupo de Trabajo para determinar la procedencia de la AVG en Zacatecas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos manifestó su preocupación por la situación de violencia ejercida contra las niñas en la entidad.
En la argumentación del voto que hizo la instancia de Derechos Humanos –publicado por la Conavim en su sitio web-, destacó que el feminicidio infantil de San Juana Romo mostró la apremiante necesidad de generar acciones para prevenir la violencia contra las niñas de la entidad. Además, que el estado ocupa el segundo lugar a nivel nacional en el delito de corrupción de menores.
De acuerdo con una investigación que realizó Cimacnoticias sobre el feminicidio infantil en México, en Zacatecas de 2011 a 2016 ocurrieron 11 asesinatos de niñas entre 0 a 14 años de edad, de estos, cinco ocurrieron en el último año.
El feminicidio de San Juana llevó a múltiples manifestaciones en la entidad y ahora motivó a que se active la AVG en Zacatecas.
YUCATÁN SE LIBRA DE AVG
La Conavim también resolvió este mes no activar la AVG en Yucatán, bajo el argumento que el gobierno estatal cumplió con las medidas propuestas por el Grupo de Trabajo para erradicar la violencia de género.
La AVG en Yucatán la solicitó en junio de 2017 la organización Ni Una Más AC por hechos de feminicidio en el estado. Tras conocer las acciones que emprendió el gobierno con el fin de atender la situación, la Conavim determinó que fueron suficientes y negó decretar el mecanismo, pero dijo, seguirá vigilando la política pública que genere el gobierno estatal en la materia.
Con estas resoluciones ya son 13 entidades las que tienen activa la AVG (Colima, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Zacatecas y Veracruz que tiene dos alertas); en otras ocho entidades Conavim negó activar el mecanismo (Puebla, Baja California, Querétaro, Tlaxcala, Guanajuato, Sonora, Tabasco y Yucatán); mientras están pendientes resolverse siete procedimientos.
Es decir, de las 32 entidades de México 27 han solicitado –algunas más de una ocasión- el mecanismo de la AVG por los altos niveles de violencia que enfrentan mujeres y niñas. Sólo Hidalgo, Chihuahua y Aguascalientes, no han pedido una Alerta de Género.
MORELOS A 3 AÑOS DE VG
En tanto, organizaciones peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) del estado de Morelos, denunciaron, como lo han realizado cada año, el incumplimiento de las medidas para erradicar la violencia contra mujeres y niñas por parte de las autoridades.
La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) destacó en un informe que la fiscalía General del estado se comprometió en proporcionar datos reales sobre feminicidio, lo cual hasta la fecha no ha cumplido, lo que ha retrasado que los casos tipificados como homicidios dolosos y culposos no puedan ser reclasificados como feminicidio.
Destacó también el incumplimiento para la difusión de una campaña masiva que llegue a los municipios. De acuerdo con la organización peticionaria de la AVG, desde el 2000 al 2016, documentaron 891 casos de feminicidio mientras que, en 2017, registró 86 casos de feminicidio en 22 municipios de los 33 que conforman el estado de Morelos.
Reiteró que “ningún esfuerzo es menor cuando se trata de (garantizar) la seguridad de las mujeres… (a pesar) de quienes pretenden minimizar o descalificar la AVG como un mecanismo inútil.
Cabe recordar que la AVG declarada en Morelos el 10 de agosto del 2015, en los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.
INVISIBILIZACIÓN DE LA VIOLENCIA EN PUEBLA
En tanto, en Puebla, las organizaciones denunciaron en un comunicado, que el informe presentado por el Grupo de Trabajo no toma en cuenta el contexto de violencia feminicida, desaparición y trata en el que viven las mujeres y niñas, y sólo generaliza las problemáticas, lo que deja invisibilizada la gravedad y las particularidades de cada una de ellas como los mecanismos en las que éstas se realizan.
Denunciaron que el Grupo de Trabajo omitió en su informe los datos sobre desapariciones y trata, mismos que ya han sido documentados por las organizaciones sobre los patrones que se presentan en las desapariciones y de la ubicación geográfica del “corredor de Puebla-Tlaxcala” conocido como el lugar donde se da la trata con fines de explotación sexual comercial.
De acuerdo con su análisis, el informe no permite identificar acciones efectivas para atender cada problemática, especialmente la desaparición de mujeres y niñas. Hasta octubre de 2017, señalaron que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) registró que a nivel nacional existían 34 mil personas no localizadas, de las cuales 8 mil 800 eran mujeres.
En tanto, las cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), de 2015 a 2016, registraron a través de solicitudes la desaparición de 820 mujeres, de las cuales 6 fueron encontradas asesinadas y 300 no fueron localizadas.
Reiteraron su preocupación por la serie de irregularidades que ha realizado la Conavim como llevar a cabo reuniones con organizaciones sin la presencia de personas expertas, por lo que en más de dos ocasiones –aseguraron- tuvieron que retirarse.
Por ello exigieron al gobierno de Puebla se emprendan acciones jurídicas para investigar, prevenir y combatir las causas que inciden en el aumento de la violencia de género y se vigile el trabajo de las autoridades estatales, pero sobre todo, el de la Conavim por avalar informes que no cumple con “rigurosidad y análisis que el contexto amerita”, declararon.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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