12/03/2016

Datos mundiales sobre feminicidios: Caso América Latina


Feminicidios & Naciones Unidas
Noticias Aliadas

Según ONU Mujeres, 98% de feminicidios y actos de violencia contra la mujer permanecen impunes.


Cada día mueren en promedio 12 mujeres en América Latina y el Caribe víctimas de feminicidio. Así lo señaló Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en la inauguración de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, llevada a cabo del 25 al 28 de octubre en Montevideo, Uruguay. “Necesitamos países libres de violencia de género, libres de feminicidios, libres de muertes de mujeres a manos de sus parejas”, dijo la ministra de Desarrollo Social de Uruguay, Marina Arismendi, durante el evento. Bárcenas, por su parte, hizo un llamado a “poner término definitivo a la violencia de género en nuestros países”.

 “La realidad nos golpea con cifras escandalosas de la violencia machista en América Latina y el Caribe donde, en promedio, mueren 12 mujeres diariamente por el solo hecho de ser mujeres”, dijo. En el 2014, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la CEPAL, 2,089 mujeres fueron víctimas de feminicidio en la región. 

Honduras encabeza la lista con 531 muertes. El feminicidio es definido por la Organización de Estados Americanos (OEA) como “la muerte violenta de mujeres por razones de su género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”. Si bien ya son 15 países de la región que cuentan con leyes que castigan el feminicidio, todavía es muy difícil conocer la magnitud del problema. “En la mayoría de países de la región no es posible tener datos de calidad para conocer los casos en que el agresor terminó con la vida de la mujer por motivos de género, es decir los feminicidios”, señala el estudio “La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2014”, publicado en abril del 2016 por ONU Mujeres, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de las Mujeres de México. De acuerdo con ONU Mujeres, 14.4% de los 324 millones de mujeres latinoamericanas y caribeñas han experimentado violencia por parte de sus parejas al menos una vez en sus vidas. Asimismo, señala que de los 25 países del mundo donde se comete el mayor número de feminicidios y se ejerce cualquier forma de violencia contra la mujer, 14 son latinoamericanos

La Sedem, que juega en contra de las mujeres y a favor de una familia


COLABORACIÓN ESPECIAL
Por: Sandra de los Santos*

Más de una semana se ha cumplido desde que el Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres declaró la Alerta de Violencia de Género para siete municipios de Chiapas. Desde ese día ni un pronunciamiento ha habido de parte de ninguno de los poderes de gobierno, principalmente del Ejecutivo del estado a quien le compete responder a la declaratoria.
 
El silencio del gobierno de Manuel Velasco Coello evidencia, por si alguien aún lo dudaba, la violencia estructural que sufrimos las chiapanecas, el estado en donde existen las peores condiciones de vida para las mujeres en el país: sin acceso a la salud, educación y otros servicios básicos.
 
A diferencia de otros estados en donde se ha dado la declaratoria, en Chiapas no se dio la alerta por el número de casos de feminicidio –que también son considerables- sino por la violencia estructural y sistemática que existe en contra de las mujeres y que nos coloca en una situación de riesgo.
 
Las condiciones de pobreza, la falta de oportunidades y de políticas públicas claras y efectivas en materia de impartición de justicia; de acceso a los servicios básicos y que las mujeres vivan libres de violencia, fue lo que hizo que el Sistema aprobara la declaratoria.
 
La Secretaría de Desarrollo del Empoderamiento de las Mujeres (Sedem) que juega en contra de las mujeres y a favor de una familia
 
Una de las recomendaciones de la declaratoria es fortalecer la dependencia, que desde que inició este gobierno, se ha mantenido en manos de una familia: León Villard.
 
La ahora diputada federal, Sasil de León Villard; Nancy López Ruíz, esposa de Yumaltik León Villard; Itzel de León Villard, han estado al frente de esta dependencia, que en teoría es de las que más recursos económicos recibe, pero en la práctica eso no se traduce en políticas públicas.
 
A la Sedem se le han destinado más fondos en los últimos 2 años, pero eso se debe a que por medio de ella se bajan los recursos, que son utilizados para el programa de apoyo a madres solteras jefas de familia, que lejos de ser una política de empoderamiento para las mujeres se ha convertido en una forma de coacción con fines partidistas.
 
Durante la administración de Manuel Velasco fueron disminuidos los servicios de las unidades y centros  de atención a las mujeres en situación de violencia; las trabajadoras de estos centros han denunciado violencia laboral y hasta ahora no hay un solo programa que tenga seguimiento, que sea una política pública clara y efectiva a favor de las mujeres.
 
La falta de compromiso del gobernador Manuel Velasco con el real empoderamiento de las mujeres se ve, precisamente, en el sostener a la familia León Villard en la Sedem. La dependencia se convirtió para el gobernador en un espacio más para pagar un favor político.
 
Las personas que han dirigido la Sedem no tienen ni la formación, ni el compromiso con el tema para el que fueron elegidas.
 
En 2014 cuando era titular de la Sedem, Sasil de León, dijo que 156 muertes violentas de mujeres –que eran las que se tenían registradas en ese entonces-no ponía en riesgo la paz social en Chiapas por lo que no había necesidad de una declaratoria de Alerta de Violencia de Género en la entidad.
 
Si la lectura que da el gobernador a la declaratoria en el apartado del fortalecimiento a la Sedem se traduce en el empoderamiento de una familia, la dependencia seguirá jugando en contra de las mujeres.
 
CIMACFoto: César Martínez López
Cimacnoticias/Chiapas Paralelo | Tuxtla Gutiérrez, Chis.-  

Las armas y los feminicidas


 QUINTO PODER
Por: Argentina Casanova*

En esas extrañas contradicciones discursivas tan comunes en México, en el Senado de la República se discutió la advertencia de un senador que anunció que presentaría una propuesta para modificar la Ley General de Portación de Armas de Fuego y Explosivos, para permitir que cualquier persona pueda tener acceso a armas, justo en el país donde una tercera parte de los casos de feminicidio se cometen en el hogar con armas de fuego –sin permiso- y que son utilizadas contra las mujeres.
 
El informe Global de la Violencia 2015, señala que de las 360 mil mujeres asesinadas entre 2007 y 2012, en todo el mundo, “más de la mitad perdieron sus vidas en uno de los 25 países con las más altas tasas de feminicidio, entre los cuales se encuentra México, con indicadores de 3 a 6 casos de feminicidio por cada 100 mil habitantes.”
 
La definición de feminicidio no ha sido la más pulcra en México y muchas veces se insiste en esconderlo como Defunciones de Mujeres con Presunción de Homicidios (DMPH) término que se utiliza en el informe más reciente elaborado por ONU Mujeres para el análisis de los últimos años de asesinatos de mujeres en México.
 
El Informe Global, señala que los países con las más altas tasas de feminicidio tienden a registrar las menores proporciones de homicidios relacionados con la violencia conyugal. El documento señala: “en estos países, la proporción de mujeres asesinadas fuera de la esfera privada (en oposición a la ‘esfera íntima’) es mayor que en otros lugares”.
 
Sostiene que “el análisis de los datos también demuestra que la proporción de mujeres asesinadas con un arma de fuego (en oposición a otros mecanismos) es mayor en áreas que registran altas tasas de homicidios perpetrados con armas de fuego”.
 
Estamos hablando de los casos de feminicidio que ocurren en el día a día en México. Al menos 2 ó 3 de los 7 asesinatos de mujeres por razones de género que ocurren en el país, se cometen con armas de fuego.
 
En algunos estados como es el caso de Sinaloa, este año se han cometido 55 homicidios de mujeres, al menos 33 fueron con armas de fuego, el año pasado la cifra fue de 48 homicidios de mujeres, 27 se cometieron con armas de fuego. Éste es el panorama donde el uso de armas se ha generalizado entre la población.
 
Generalmente el feminicidio va acompañado de escenarios de mucha violencia. Suegras, tías o hermanas de las víctimas a las que también se les dispara y que resultan heridas o algunas veces, forman parte de la lista de feminicidio con armas que no necesariamente eran de uso legal. (Apenas terminaba de escribir el artículo y me enteraba que una mujer y su hija recibieron una ráfaga disparada por la pareja de la joven en Sonora).
 
Por esa razón, una de las preguntas básicas para determinar el nivel de riesgo en el que se encuentran las mujeres es preguntarles si su pareja conoce o tiene experiencia en el uso de armas, y por supuesto si tiene a su alcance algún arma de la que podría hacer uso en un  momento en el que ella decida abandonar el hogar.
 
Muchos de los casos de feminicidio también tienen un elemento de violencia más: son cometidos frente a los hijos de las víctimas y de los propios agresores, hablamos de familias que son truncadas por la violencia feminicida causada por la misoginia y el desprecio por la vida de las mujeres, eventos en los que por supuesto la disponibilidad de armas facilita la comisión de estos hechos.
 
Pero también hablamos de mujeres que son asaltadas en espacios públicos, amagadas con armas de fuego y obligadas a ser pasivas en un acto de violencia sexual, que cuando van a denunciar, si el operador de justicia no tiene perspectiva de género preguntará y argumentará ¿por qué no hubo resistencia física que pruebe que realmente se trató de una violación?
 
El argumento del legislador- a quien no haremos propaganda- es de varias vertientes. Una de ellas menciona el “beneficio para las mujeres”. El senador sostiene que “en 1966, cuando en Orlando, Florida, se aprobó el acceso de las mujeres a los campos de tiro, se registró la disminución de agresiones en su contra; durante los próximos 10 años Orlando fue la ciudad con menos violaciones y con menos ataques a mujeres.”
 
Definitivamente no estamos hablando de los mismos escenarios que en México, en donde una mujer por dispararle a su pareja –incluso en defensa propia- puede ser encarcelada hasta por 25 años (Caso Reyna Gómez Solórzano). Y por supuesto no tiene el derecho a defenderse de su violador, porque el juez podría encontrar que cometió “exceso de defensa propia”.

No estamos inventando, recordamos casos ocurridos en México en los últimos años y sabemos que hay muchas mujeres encarceladas por defenderse con un cuchillo con el que el mismo compañero-esposo, intentó asesinarla.
 
No estamos para legalizar armas en un país en el que la justicia por propia mano no es un acto de justicia sino el reflejo de la impunidad. El riesgo de que todos los que deciden hacer justicia por su propia mano se conviertan en agresores de otras personas está ahí, y si nos dicen que eran mujeres, nadie dudará de ello, pero las mujeres podrían ser encarceladas aún si utilizan una cacerola contra su agresor.
 
La contradicción discursiva es precisamente que se promueva el uso de armas en un país que aún no puede garantizar que las que entregan a los policías sean para la protección ciudadana, y que muchos de los casos de feminicidio se cometan con armas de uso legal e ilegal. Otra es la mirada que debemos tener cuando hablamos de la violencia contra las mujeres y  las armas.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche.- 

¿Armas para los feminicidas?


MUJER SONORA
Por: Silvia Núñez Esquer*

 La iniciativa para modificar la Constitución que podría permitir contar con armas de fuego para repeler un ataque en negocios y automóviles, no ha sido del todo respaldada por la ciudadanía.

Es más, como muchas otras, no ha sido suficientemente discutida y analizada por el grueso de la población que parecería ser “beneficiada” con la medida.
 
El Senador panista  Jorge Luis Preciado, presentó al pleno del Senado de la República una iniciativa para reformar el artículo 10 de la Constitución para permitir que en México las personas civiles puedan portar armas de fuego supuestamente para su  seguridad y legítima defensa en sus automóviles y negocios.
 
Para algunas organizaciones de mujeres la modificación nos obliga a poner la discusión en lo público pues sabemos que en los diversos tipos de feminicidio, alrededor de 35 por ciento de éstos involucraron un acto violento justo con arma de fuego que privó de la vida a alguna o varias mujeres.
 
En tiempos de guerra el contexto armado es una oportunidad para que más mujeres desarmadas pierdan la vida ya sea por quedar en medio del fuego, o porque los hombres con los que conviven portan armas y éstas son utilizadas para ultimarlas en  privado o en público.
 
Por ejemplo en Sonora, en el periodo de 2011 a lo que va de 2016, hay un promedio de 35 por ciento de mujeres que fueron acribilladas, les dispararon mientras dormían, las agredieron con un arma por venganza en su casa o en la calle, o el esposo o ex esposo le disparó con el fin de “castigarla” cuando ella le planteó la separación conyugal.
 
La Ley vigente desde el 11 de enero de 1972 prohíbe la portación y posesión de armas en el Artículo 8. “No se permitirá la posesión ni portación de las armas prohibidas por la Ley ni de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, salvo los casos de excepción señalados en esta Ley”.
 
Las que sí se pueden poseer son: pistolas de funcionamiento semi-automático de calibre no superior al .380" (9 mm.), quedando exceptuadas las pistolas calibres .38" Super y .38" Comando, y también en calibres 9 mm. las Mausser, Luger, Parabellum y Comando, así como los modelos similares del mismo calibre de las exceptuadas, de otras marcas.
 
Revólveres en calibres no superiores al .38" Especial, quedando exceptuado el calibre .357" Magnum.
 
Los ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo, fuera de las zonas urbanas, podrán poseer y portar con la sola manifestación, un arma de las ya mencionadas, o un rifle de calibre .22", o una escopeta de cualquier calibre, excepto de las de cañón de longitud inferior a 635 mm. (25"), y las de calibre superior al 12 (.729" ó 18.5 mm.), dice la legislación.
 
El catálogo de armas permitidas contempla las que pueden ser autorizadas para uso de deportistas de tiro o cacería, para poseer en su domicilio y portar con licencia. Éstas son las siguientes: pistolas, revólveres y rifles calibre .22", de fuego circular. Pistolas de calibre .38" con fines de tiro olímpico o de competencia.

Escopetas en todos sus calibres y modelos, excepto las de cañón de longitud inferior a 635 mm. (25"), y las de calibre superior al 12 (.729" ó 18.5 mm.). Escopetas de 3 cañones en los calibres autorizados en la fracción anterior, con un cañón para cartuchos metálicos de distinto calibre.

Hay más: rifles de alto poder, de repetición o de funcionamiento semi-automático, no convertibles en automáticos, con la excepción de carabinas calibre, 30", fusil, mosquetones y carabinas calibre .223", 7 y 7.62 mm. y fusiles Garand calibre .30".
 
Rifles de alto poder de calibres superiores a los señalados en el inciso anterior, con permiso especial para su empleo en el extranjero, en cacería de piezas mayores no existentes en la fauna nacional.
 
Las demás armas de características deportivas de acuerdo con las normas legales de cacería, aplicables por las Secretarías de Estado u Organismos que tengan injerencia, así como los reglamentos nacionales e internacionales para tiro de competencia.
 
Pues bien, la reforma impulsada por el legislador, nunca menciona que las mujeres podrían correr todavía más riesgo pues cualquiera de las armas descritas podría terminar con su vida en un episodio de violencia familiar, o en un contexto de violencia generalizada por cobrar alguna deuda con el hijo, el hermano o el esposo.
 
El asunto no es menor si consideramos que en el país, pero particularmente en Sonora, el arma de fuego y los balazos como acto violento que puede ir sólo o acompañado por golpes, asfixia, ahorcamiento a la víctima, es la forma predilecta y de mayor incidencia para privar a las mujeres de la vida.
 
Mucho se argumenta que el robo tiene desquiciada a la población en general y a las autoridades que responsabilizando al Nuevo Sistema de Justicia Penal,  no han podido dar una salida satisfactoria para controlar ese delito.
 
No obstante, desde las organizaciones que documentamos feminicidio en México, advertimos que la reforma podría acarrear mayor riesgo para las mujeres y niñas, y más ventaja para los agresores.
 
Esto es porque siendo la mayoría hombres quienes portan las armas de fuego, incluso de alto poder, la iniciativa, igual que su autor y quienes la avalan, deben pasar el lente de género antes de obnubilarse con una posible solución que ni siquiera está garantizada.
 
Las mujeres son asesinadas con arma de fuego -incluso AK-44-, hasta en 51 por ciento, como ocurrió en Sonora en 2014, año que motivó la solicitud de Alerta de Género en el municipio de Cajeme.
 
Los gobiernos deben tomar en cuenta que no sólo las víctimas de robo podrían usarlas y deben manifestarse. Los feminicidas las prefieren,  no les demos más permisos.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
CIMACFoto: César Martínez López
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 

La empatía, el indispensable principio civilizatorio


Hablamos de “tejido social desgarrado”, y es un hecho. Desgarrado hasta los altos índices de criminalidad, homicidios, feminicidios que nos marcan la piel.

lasillarota.com

Cuando una lee los testimonios de personas sometidas a circunstancias de crueldad extrema, hay una constante en medio de horror: la esperanza de salvar la vida y de que una vida más humana– tal vez- es posible. Sobrevivir, testimoniar (como un acto de  memoria, de liberación y de justicia) y quizá, ser capaces de crear un futuro en el que el amor (con sus claroscuros y su luminosidad) venzan a los caudillos de la violencia. No es una cursilería hablar de amor, si entendemos que la capacidad de amar y de sentir empatía, la capacidad –verdadera- de sentir con los otros, son principios básicos de la salud emocional y la única manera de construir familias, culturas, sociedades inscritas en los derechos, la equidad y la búsqueda de lo que es justo.
Foto de Adriana Bernal
Foto de Adriana Bernal

No nos tiene que caer bien un vecino, pero la mínima empatía nos podría permitir entender, que el hecho de que su personalidad nos desagrade, no implica que tengamos el derecho a arrojarle la basura en su puerta, ni el de mantener la música a todo volumen, para que no duerma. La empatía nos lleva a llamar una ambulancia, cuando hay una emergencia en la carretera. A detenernos. A hacer lo que esté en nuestras manos para apoyar a las personas que en ese momento viven una desgracia. La empatía es el más hondo y humano de los vínculos: “No te hago a ti, lo que no quiero que me hagan a mí. No te lo hago porque sé que duele, que es una falta de respeto, porque la calidad de tu cotidianidad de vida importa, como importa la mía”. Y esperemos: viceversa. Hablamos de “tejido social desgarrado”, y es un hecho. Desgarrado hasta los altos índices de criminalidad, homicidios, feminicidios que nos marcan la piel todos los días.

El tejido se desgarra y la escalada comienza. ¿Quién se arriesga a abrir su puerta porque le solicitan un vaso de agua? El ejemplo resulta ya tan disparatado, tan absurdo, ¿cómo semejante cosa puede ya siquiera mencionarse? No estoy cantando “De colores”,  pero alguna vez vivimos un país en el que esa escena era posible. En el que era posible tomar el fresco con las puertas abiertas y ofrecer ese vaso de agua de limón. Hay países, en donde esa calidad de vida cotidiana existe. Hay países que han logrado no convertir sus territorios en la geografía de las fosas clandestinas, los secuestros, los abusos y los cuerpos mutilados.


Adriana Bernal
Adriana Bernal
Lo que siento no es una nostalgia por el pasado (que había que transformar de tantas, tantas formas), sino una profunda convicción de lo que puede ser el futuro en una democracia que erradique la violencia y el sistemático despojo que la provoca.  ¿En qué momento se desgarra el tejido social? Quizá en el momento en que la impunidad ocupa el lugar que la ley deja vacío. En el momento en el que la mentira, el despojo y la impostura toman el poder. En el momento en el que las instituciones no responden y las palabras se convierten en la escalada de la burla más pública.  En el momento en el que cada vez más y más personas pierden por completo la esperanza de que otra vida más humana y más justa es posible para ellos. En el momento en que cada vez más personas viven en el: “a mí ya me o arrebataron todo, yo ya no tengo nada que perder”.


Foto de Adriana Bernal
Foto de Adriana Bernal
 Cada vez pienso en los pequeños sicarios que encuentran en las bandas criminales su única posibilidad de “pertenecer” en algún lado, de tener “un lugar”. Me refiero a aquellos que se unen de manera “voluntaria”. Esas/os jóvenes para quienes “la empatía” es una noción inexistente, porque la empatía se aprende. Alguien, alguna vez temprano en la vida, tendría que haberles tendido una mano. Consistente. ¿Quién protege a esa cada vez más inmensa tribu de desprotegidos en este país? ¿Ninguna vida mejor es imaginable? No hay nada imaginable sino ese abandono, esa soledad, ese infinito desamparo, esa infinita injusticia, ese evadirse en un bote de resistol o la atroz “promesa” de ser mirados, ¿y quizá tantito amados? Si logran obtener unos tenis Nike. 


Foto de Adriana Bernal
Foto de Adriana Bernal
  ¿Qué es “la vida” desde la más completa precariedad emociona y material? Bombardeados  por un ciego llamado al consumismo desde el cual la persona no existe, si no compra y exhibe. Un espacio deshabitado de amor en donde todo es comprable y todo es vendible: las personas también, por supuesto.  Si la vida de una persona no ha valido nada para nadie, ¿qué pueden valer – para ella- las vidas de los demás? Si una mujer es asesinada a puñaladas frente a su hijo y lo único que el hijo de la víctima escucha es: “¿en qué andaría metida?” Y salvo su devastación, no pasa más nada. ¿Cuál es el valor de una vida en esa escalada sin límites de la violencia y a inhumanidad? Entonces escuchamos: “mejor vivir pocos años, pero con mucho billete”. En el narco. Y sentimos horror. Escuchamos las descripciones de los asesinos, y sentimos horror. Tenemos miedo en este país en donde la violencia estalla y nos pertrechamos en la “esperanza de que no nos toque”.

Hemos ido bajando los brazos, porque no sabemos qué hacer. Porque la impotencia nos gana. Porque desconfiamos de todos los partidos, de casi todos los liderazgos. Porque ya nos resignamos a que nunca podremos abrir la puerta y ofrecer ese vaso de agua de limón. Porque ya nos resignamos a que cada mañana el periódico sea una larga y dolorosa “nota roja”. Porque decir “empatía”, nos parece de lo más ridículo y de lo más cursi. Sólo que si leemos la descripción de la personalidad de quienes son capaces de secuestrar a una jovencita a la salida de su escuela para destrozarla, cada vez, nos encontramos con el mismo rasgo de personalidad del asesino: “Imposibilidad de sentir empatía”. Quien no siente empatía es, por supuesto, incapaz de vivir ni la más remota forma de amor o de respeto por la integridad de otra persona. Pero la empatía, se aprende, se vive, se expande.

A esas conclusiones no llegan las novelitas rosas, sino los psiquiatras, los psicoanalistas,  los “perfiladores” de los Institutos de Ciencias Penales que estudian las personalidades criminales. Una sociedad en donde se pierde la empatía, una sociedad en las que miles y miles de personas se dicen cada mañana (y cada vez más): “yo ya no tengo que perder”, es una sociedad alienada, ¿hasta cuándo? ¿hasta dónde? En el desamparo, la injusticia, el dolor y la violencia. El, “yo no corro sino por mí y que el mundo ruede”. Y nos complicamos a vida os unos a los otros, hasta en o más evidente: la manera de manejar aventando hojalata.
           
Adriana Bernal
Foto Adriana Bernal
No permitamos que las palabras (y los contenidos de esas palabras) que construyen los principios básicos de una sociedad civilizada, nos sean arrebatadas. Las llevan y las traen desde sus tribunas impostoras de tan baja manera. Una los escucha decir: “Se hará justicia”, “el crimen no quedará impune”, “la educación es nuestra principal preocupación”, y una tiembla de impotencia. Una cierra el periódico. Apaga la tele.  Pero esas palabras y sus contenidos “justicia”, por ejemplo, con todo lo que ese elemental anhelo humano implica, son nuestras, de cada mexicana/o que esté dispuesta/o a honrarlas. Leo constantemente testimonios de personas que sobrevivieron en circunstancias extremas que no podemos ni imaginar, ni asimilar, cuando no las hemos vivido. Observo la lucha sin tregua de las/os familiares de las/os desaparecidos y/o asesinadas/os. Y allí encuentro lo que estamos perdiendo: la fuerza y la esperanza de que otra vida, otro país es posible. Podemos reconstruir la empatía. Claro que podemos. Recuperar el valor de cada singularidad, de cada infancia, de cada adolescencia, de cada vida adulta. Podemos recuperarnos. Poco a poco: justicia, equidad, empatía, derechos. Confianza.  Esperanzas.

Precarización laboral constituye una forma de violencia contra las mujeres


Sueldos bajos, nulas prestaciones, ausencia de seguridad social

La precarización laboral, que se traduce en sueldos bajos, nulas prestaciones, ausencia de seguridad social, inestabilidad en el empleo, jornadas extenuantes, discriminación y explotación, perpetúa y es antesala de la violencia contra las mujeres.
 
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2011) señala que más de la tercera parte de las 9.7 millones de mujeres casadas o unidas que trabajan, ha padecido violencia infligida por su esposo o pareja. “Las cifras revelan que la violencia de género se acentúa entre quienes trabajan o buscan incorporarse al mercado laboral”, dice el análisis.
 
En 2010, ONU Mujeres publicó el informe “Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas, 1985-2010”  que afirma que en México las mujeres padecen violencia económica e institucional –como salarios desiguales, menores posibilidades de firmar un contrato y ausencia de seguridad social-, lo que constituyen características estructurales de la violencia feminicida.
 
PRECARIEDAD LABORAL, UNA VIOLENCIA EN SÍ MISMA   Al respecto, la etnóloga y educadora popular feminista Norma Cacho, responsable de la Coordinadora Nacional de Defensoras de Derechos Humanos Laborales (CNDHL un proyecto que convoca y coordina el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ProDESC), aseguró en entrevista con Cimacnoticias, que el trabajo precario es en sí mismo una violencia contra las mujeres.   Ello porque son las mujeres más marginadas (las que viven en los cinturones de miseria, migrantes, campesinas e indígenas) quienes se ocupan en los escalafones más bajos de los trabajos con nula regulación laboral.   “Esto representa una violencia económica estructural porque significa una ausencia de oportunidades de desarrollo laboral que respondan a sus necesidades más básicas y que entre en el esquema de lo que se ha llamado trabajo digno y decente: con seguridad social, estable y que no implique riesgos”, explicó.   Cacho, quien también ocupa el puesto de coordinadora del área de Procesos Organizativos del ProDESC, una organización que defiende Derechos Humanos laborales, explicó que por la falta de oportunidades educativas  y el ejercicio de trabajos de cuidado a los que son obligadas las niñas en sus hogares para que los varones salgan estudiar y producir, muchas mujeres tienen acceso únicamente al trabajo del hogar, el trabajo agrícola, la maquila y todo el sector servicios: dependientas de las tiendas, recepcionistas, comerciantes. Sectores bastante precarizados.   Sin embargo, desde ProDESC –dijo- hemos detectado que en esos sectores se registran fuertes violaciones a los Derechos Humanos laborales contra ellas "por su condición de mujeres, indígenas, y que viven en contextos de marginación”. Actualmente muchas mujeres siguen teniendo trabajos semiesclavizantes, con ganancias de 50 pesos diarios por 8 horas de trabajo y sin seguridad social, lo que va en perjuicio de ellas y sus familias.   Sin un trabajo digno y decente no hay oportunidades de desarrollo, ni de esparcimiento, ni de otros derechos a los que las mujeres deben acceder. Los derechos están muy interrelacionados, observó.   Así sucede con las trabajadoras que experimentan acoso sexual y discriminación por embarazo en sus centros de trabajo. Cacho detalló que una mujer que tiene un papel preponderante en el mantenimiento de su familia, que tiene hijos y para quien no es fácil salir de un trabajo para llegar a otro, muchas veces se ve sometida a un círculo de violencia del que no puede escapar porque enfrentaría, además, violencia económica y toda una precarización en su vida.   En efecto, el cuaderno de trabajo “Retratos de la violencia contra las mujeres”, que en 2012 publicó el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), muestra que el único grupo de mujeres que presenta un mayor riesgo de ser acosada sexualmente o discriminada por motivos de embarazo es el de las empleadas en fábricas, “con un riesgo 88 por ciento mayor que las empleadas públicas”.   Cacho explicó que con el proyecto de la CNDDHL también han registrado que las trabajadoras de estos sectores experimentan fuertes violencias psicológicas y una gran violencia social porque la sociedad subvalora su trabajo, como el trabajo del hogar y el de la maquila.   “Son ofendidas por el propio trabajo que realizan. Me tocó escuchar una vez a una mujer que al llegar a su casa su pareja le decía que apestaba a cloro. Ella se la pasaba todo el día lavando tazas de baño con cloro, y era la encargada de llevar el sustento a su familia. Hay una gama de violencias”, relató.   La también activista dijo que cuando las trabajadoras pasan de la condición de víctimas y trascienden a defensoras de DH laborales enfrentan otras formas de violencias.   Y señaló que hasta ahora, las políticas públicas que ha emprendido el gobierno para enfrentar la violencia laboral y la violencia contras las mujeres en general, tienden a homogenizar a las mujeres en una misma categoría, sin reflexionar sobre la división genérica, racial y de clase del trabajo que realizan.        No obstante, transformar las estructuras sociales, culturales y económicas que sostienen esta precarización va a llevar mucho tiempo y tiene que empezar porque el Estado reconozca el aporte de las mujeres al Producto Interno Bruto del país, y con escuchar a las mismas trabajadoras, “quienes diariamente resisten, recrean sus propios saberes y salen avante”.   LA RESPUESTA ESTÁ EN LAS DEFENSORAS   Algunos testimonios que recopiló Cimacnoticias le dan la razón a Cacho. Por ejemplo, Justina Hermillo, integrante de la Red de Mujeres Empleadas del Hogar, A.C. en Guerrero -quien participa en la CNDDHL-, explicó en entrevista que no tienen vacaciones, aguinaldo, seguro social ni atención médica. “Todo eso es lo que nos preocupa porque como trabajadoras del hogar estamos desamparadas totalmente”, explicó. Esta situación la llevó a reunirse con sus compañeras en un lugar público en Guerrero y visitar a más mujeres que trabajaban en casas, para informarles sobre sus derechos. Lo mismo pasa en el sector de la maquila, donde Magdalena Izquierdo, integrante del Colectivo Rosas y Espinas, Derechos de las Mujeres, A.C. en Coahuila, (también integrante de la CNDHL), dijo que sus compañeros hombres tienden a relegarlas cuando ellas exigen el cumplimiento de sus derechos. Además, los hombres conforman sindicatos y las amenazan con propiciar su despido bajo el argumento de que no son jefas de familia y no tienen que llevar un sueldo a casa. Otro de los retos, dijo, es empoderar a las jefas de familia, quienes tienen que buscar quién cuide a sus hijas e hijos. “Es una situación complicada y es un reto para nosotras como organización que las mujeres tengan un grado de conciencia en cuanto a los derechos que tienen como personas, después como trabajadoras y luego como ciudadanas”.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa y Greta Gómez Rico
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

Las olvidadas por el Estado…


LA VOZ DE LA COALICIÓN

Como salida de una película surrealista de Luis Buñuel, las mujeres indígenas viven en un mundo olvidado; y ahora el Estado las deja a su suerte, eliminando y disminuyendo programas presupuestales que  impulsaban su desarrollo y el de sus familias.
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público con su propuesta de Proyecto de Presupuestos (PPEF) para 2017, emitida en el mes de septiembre, y la Cámara de Diputados, al aprobarla prácticamente sin cambios, han consumado un brutal recorte al Anexo 10 de “Erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos indígenas”, que asciende a más de 10 mil millones de pesos, además de eliminar 8 programas presupuestarios que beneficiaban a mujeres indígenas y sus familias.   
 
En el periodo comprendido del 2013 al 2016, el presupuesto indígena pasó de 74 mil 102 millones a 85 mil 260  millones de pesos; lo que representaba un  progresivo aumento para la atención de la población.
 
Infortunada sorpresa tuvimos, cuando conocimos el Paquete Económico para el ejercicio fiscal de 2017, revisado y  aprobado en lo general por los legisladores, pues éste propone que el presupuesto transversal para población indígena disminuya a 74 mil 895 millones de pesos, lo que representa una reducción de 12.16 por ciento, en comparación a lo aprobado por la Cámara en 2016.   
 
Campo, pequeños productores, desarrollo de carreteras, apoyos para microempresarios y la mujer rural, educación, cultura indígena, sustentabilidad ambiental, estudios de preinversión, y fomento de los Derechos Humanos de los pueblos y comunidades indígenas son los programas que desaparecerán en 2017, aunado al recorte presupuestal que limitará las acciones de 7 dependencias que tienen a su cargo financiamientos transversales para pueblos indígenas.
 
Otros programas que se verán alcanzados por la ola de recortes transversales para pueblos indígenas son: Salud materna, sexual y reproductiva (-18.70 por ciento); Fortalecimiento de la atención médica (-14.17) y el Programa de estancias infantiles para apoyar a madres (-13.30 por ciento).
 
De la misma manera, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), organismo encargado del seguimiento de toda la política pública indígena del país, tendrá una reducción de su presupuesto (-51.21) de más de la mitad de sus recursos, comparado con los que operó este año.   
 
Ante este panorama, resulta paradójico que el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) del actual gobierno contemple entre sus metas, “fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades” y como  estrategia transversal “garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres”; mientras que la Secretaría de Hacienda paulatinamente disminuye, fusiona y en algunos casos, elimina, financiamientos que impactan directamente en la vida de las mujeres indígenas y sus comunidades y pueblos.
 
Ahora más que nunca es imperioso recordarles a nuestros gobernantes que existe todo un marco internacional y nacional que obliga a los Estados a integrar  acciones a favor de los pueblos indígenas y sus mujeres.
 
La Constitución Política Mexicana, Artículo 2°, apartado B  mandata responsabilidades a las instituciones del Estado para diseñar y poner en marcha una política integral y transversal de atención a la población indígena y sus mujeres y garantizar la vigencia de sus derechos y el desarrollo de sus pueblos.
 
La carta magna hace énfasis en que, para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos indígenas y sus mujeres, la Federación, los Estados y los Municipios tienen la obligación de:
 
  • Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de los pueblos.
  • Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la inclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior.
  • Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud, (…) aprovechando debidamente la medicina tradicional.
  • Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación.  
  • Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo.
  • Extender la red de comunicaciones.
  • Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable.
  • Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero.
  • Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.
 
Sin embargo las decisiones tomadas por la Secretaría de Hacienda y las y los legisladores al disminuir el presupuesto destinado a la política social indígena, violan e incumplen este artículo constitucional.  
 
Ciertamente el año venidero, dejará a su suerte a más de 12 millones de indígenas de diversos grupos culturales por la aprobación de un presupuesto mezquino, que limitará su desarrollo y perpetuará la deuda histórica que nuestros gobiernos tienen con los pueblos indígenas.  
 
*Integrante de Kinal Antzetik Distrito Federal, A. C.
 
**Kinal Antzetik es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
 
16/MSFV/LGLCIMACFoto: César Martínez López
Por: María Sarai Fabián Villa*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

Proyecto “Cuántas Más” para visibilizar feminicidio en Bolivia


No hay datos oficiales, organizaciones documentan casos

 En Bolivia, las autoridades no saben a cuántas mujeres está matando el machismo. A falta de datos oficiales, Raisa Valda, Ida Peñaranda y Marcelo Lazarte, crearon el proyecto “Cuántas Más”, que recopila cifras de feminicidio en el país andino.
 
En entrevista para LADO B, Raisa Valda, becaria de la Escuela de Datos, explicó que el proyecto nació inicialmente como un reportaje periodístico, pero fue creciendo hasta convertirse en un producto autónomo.
 
- Raisa Valda (RV): “Cuántas Más” nació como un reportaje periodístico dentro de la plataforma digital La Pública, pero al ver la acogida y el impacto que generó a un año de la promulgación de la Ley 348, el equipo decidió darle vida propia y encausarlo para darle continuidad y darle mayor amplitud al proyecto.
 
-Lado B (LB): ¿Cómo es la situación de la violencia de género en Bolivia?
 
-RV: En Bolivia la situación es terrible en sentido de que a la fecha se han contabilizado 86 casos de feminicidio y el nivel de violencia de cada uno de estos es terrible. Entendemos que las cifras oficiales que reporta la policía en muchos casos no coinciden con las que recopilan otras organizaciones feministas, de mujeres o de defensa de derechos de mujeres, pero justamente ante ese vacío nace la iniciativa” Cuántas Más”, para poder no solamente llenar los datos que faltan -que son altamente necesarios- sino para poder darle un rostro, una imagen a esos datos, poder darles cara.
 
“Cuántas Más” trabaja con datos abiertos; es decir, comparte la información para que cualquier persona pueda utilizarla.
 
Hay otras iniciativas a partir de Organizaciones No Gubernamentales, colectivos feministas, colectivos de apoyo y de defensa a los Derechos de las mujeres, pero tenemos entendido que no abren sus datos, entonces justamente la idea de “Cuántas Más” es que se pueda generar una base de datos abierta que pueda ser útil a cualquier persona que quiera hacer un estudio, una investigación o un análisis.
 
-LB: ¿Cómo es la interacción con el gobierno y autoridades?
 
-RV: Sabemos que desde este año está en funcionamiento la agencia de gobierno electrónico y tecnologías de la información en Bolivia, que tiene como objetivo a empezar a generar espacios para la discusión de gobierno abierto, de gobierno electrónico y también de liberación de datos.
 
Todavía está en una fase inicial pero confiamos en la buena disposición de sus actores para que puedan colaborar en la parte de apertura de datos en lo relacionado a temas de género.
 
El panorama a noviembre de 2016 en cuanto a violencia de género específicamente de feminicidio en Bolivia es lamentable. En los últimos datos que hemos podido revisar en nuestras bases de datos encontramos que 44 por ciento de los feminicidas están en un rango de edad de 21 a 30 años. Lo mismo pasa con las víctimas, el rango está entre los 21 y 30 años. También hemos encontrado por ejemplo que en 79 por ciento de los casos el feminicida era pareja o tenía algún nivel de relación emocional con la víctima ya sea el esposo, el novio, el conviviente.
 
Son elementos que nos llamaron la atención sobremanera porque consideramos que hay mucho trabajo pendiente por hacer. Si bien tenemos la Ley 348 que se supone está para que pueda brindar apoyo y protección a las mujeres, en los hechos lo cierto es que no es tan efectiva porque muchos de los casos no tienen sentencia, pese a que la Ley debe tratar estos temas de manera expedita.
 
-LB: ¿Qué sigue con el proyecto?
 
-RV: Empezamos a desarrollar mucha comunicación orientada a redes sociales y hemos tenido gran acogida en ese sentido. Algunos colectivos, algunas organizaciones se han acercado a nosotros con sus casos para que podamos darle más eco, para que podamos profundizar los perfiles de cada víctima. En ese sentido también ha surgido un siguiente brazo de “Cuántas Más”, que es la serie de talleres “Juntas somos más fuertes” que básicamente lo que busca es generar mejores capacidades digitales para Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que trabajan temas de género, ya sea redes sociales, comunicación social, trabajo con datos, escritura para web… puede abarcar mucho, desde lo más simple hasta lo más complejo tratando de cubrir el tema de la brecha digital.
 
*Este artículo fue retomado del portal ladobe.com.mx
 
Imagen retomada del sitio ladobe.com.mx
Por: Aranzazú Ayala Martínez*
Cimacnoticias | Puebla, Pue.- 

Por el derecho a la tierra: nicaragüenses quieren hacer cumplir la ley


Varones continúan con mayor acceso a tierras

Integrantes de una de las cooperativas agropecuarias de mujeres de Nicaragua trabajan juntas en la instalación de un vivero de mil plantas maderables y frutales para enfrentar el cambio climático en una comunidad del departamento de Madriz 



Un movimiento de mujeres campesinas que se organizó para pelear a los hombres siglos de posesión de las tierras agrícolas en Nicaragua, busca así una parcela para producir y también contribuir a la seguridad alimentaria de sus familias y de la población en general.
 
La agricultora y vicepresidenta de la Federación Agropecuaria de Cooperativas de Mujeres Productoras del Campo de Nicaragua (Femuprocan), Matilde Rocha López, dijo a IPS que desde finales de los años 80, cuando las mujeres capacitadas en la revolución sandinista se organizaron para crear cooperativas, el tema del acceso de la tierra ha sido una de las principales batallas de su gremio.
 
Según Rocha, desde 1997 la organización trabaja de forma coordinada para avanzar en el reconocimiento de los derechos de las mujeres productoras del campo no sólo en lo agrario, sino también en lo económico, lo político y lo social.
 
Junto con otras 14 organizaciones gremiales, sociales y académicas, la federación de productoras rurales sumaron diversos aliados para impulsar en 2010 la aprobación de la Ley Creadora del Fondo para Compra de Tierra con Equidad de Género para Mujeres Rurales, conocida como Ley 717.
 
También contribuyeron a la incorporación del enfoque de equidad de género en la Ley General de Cooperativas y la participación en las Comisiones Municipales de Soberanía y Seguridad Alimentaria.
 
De acuerdo a Rocha, esa incidencia les permitió a las mujeres campesinas actualizar el mapeo de actoras en las principales zonas productivas del país, fortalecer las capacidades de las productoras y capacitarlas en comunicaciones sociales y como promotoras de derechos de las mujeres para buscar recursos y tomar decisiones sin presiones de sus parejas masculinas.
 
“Para las mujeres campesinas, la tierra es vida, algo vital para la familia; la propiedad de la tierra y activos para hacerla producir están estrechamente ligados al empoderamiento económico de las mujeres, en la toma de decisiones para producir nuestros alimentos, preservar nuestro ambiente, y garantizar la seguridad alimentaria, cuidando nuestras semillas criollas para no depender de semillas transgénicas”, sintetizó Rocha.
 
LAS NICARAGÜENSES BUSCAN HACER REALIZAD LEY DE ACCESO A LA TIERRA   La Femuprocan es la única federación del país constituida sólo por productoras agropecuarias: más de 4 mil 200 socias organizadas en 73 cooperativas de seis departamentos del país: Madriz, Managua, Granada, Región Autónoma del Caribe Norte, Matagalpa y Jinotega.   El avance, para Rocha, ha sido más cualitativo que cuantitativo.   En 2010, cuando ellas lograron que se aprobara la Ley 717, se estimaba oficialmente que un millón 100 mil 679 mujeres vivían en áreas rurales y una mayoría de ellas carecían de propiedades y bienes propios.   La norma nació para otorgar apropiación jurídica y material de la tierra a favor de las mujeres rurales, para así mejorar su vida económica y equidad de género, garantizar la seguridad alimentaria y combatir la pobreza general del país, estimada entonces en 47 por ciento.   6 años después Nicaragua cuenta con una población de 6.2 millones de habitantes, de los cuales 51 por ciento aproximadamente son mujeres y 41 por ciento viven en áreas rurales, según datos del Banco Mundial.   Datos de la Encuesta de Hogares para Medir la Pobreza en Nicaragua, publicada en junio por la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global, indica que 39 por ciento de la población sufría pobreza general en 2015.   En el sector urbano el porcentaje de pobreza era de sólo 22.1 por ciento, pero en el área rural se elevaba a 58.8 por ciento.   Datos de la organización humanitaria internacional Oxfam indican que de las mujeres rurales que trabajan en el campo en Nicaragua, solo 18 por ciento posee tierras, mientras el resto tiene que arrendarlas y pagarlas antes de la siembra.   “El acceso de las mujeres de Femuprocan a la propiedad de la tierra es una deuda pendiente para 40 por ciento de las afiliadas, lo que representa un total de mil 680 mujeres sin tierra”, confesó Rocha.   La batalla por el acceso a la tierra, agregó la lideresa, sigue siendo dura, pero su organización no desmaya.   “En 17 municipios del tendido territorial de nuestra federación, 620 mujeres entre líderes y promotoras trabajan en el proceso de búsqueda de tierras para nuestras afiliadas. El proceso de identificación de tierras para hacerlas producir, no sólo cuenta con las mujeres que no tienen tierra, sino con el apoyo de las que ya tienen, así como de otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que nos apoyan”, explicó.   Una de las socias de la organización aseguró a IPS que luego de la aprobación de la ley, no ha existido voluntad política ni financiamiento económico del Estado para hacerla cumplir. Las nicaragüenses buscan hacer realidad ley de acceso a la tierra   “Cuántas puertas no hemos tocado, a cuántas oficinas no hemos ido a presionar, cuántas reuniones hemos tenido y nada que nos cumplan la ley”, expresó la productora durante un viaje a Managua, que pidió ser identificada sólo como María.   “Lo que pasa es que todito el sistema jurídico y económico-productivo aún lo dominan los hombres y más que como competencia, nos ven como amenazas a sus negocios tradicionales”, planteó.   Otras organizaciones de mujeres incluso han llegado desde sus territorios rurales hacia las ciudades a protestar por la falta de cumplimiento de la ley de acceso a la tierra.   En mayo pasado, la presidenta de la Coordinadora de Mujeres Rurales, María Teresa Fernández,  denunció en Managua que “ante la falta de tierras propias, las mujeres tienen que pagar hasta 200 dólares por el alquiler de una hectárea durante un ciclo agrícola”.   Además del pago de las tierras, las campesinas de esa organización en los últimos 2 años han enfrentado problemas ambientales como la sequía, tolvaneras, cenizas volcánicas y plagas, sin recibir el beneficio de las políticas públicas de créditos bancarios para enfrentar sus situaciones.   “Hace 6 años se creó la Ley 717 que manda la creación de un fondo para la compra de tierra con equidad de género para mujeres rurales, y aún no se ha incluido el fondo en el presupuesto general de la República para que las mujeres puedan acceder a un crédito hipotecario administrado por el banco estatal para tener tierras propias”, denunció entonces Fernández.   Sin un título legal de propiedad de tierra, el sistema financiero nicaragüense no otorga créditos para producción a mujeres campesinas, debilidad que el gobierno trata de paliar con programas de asistencia social como Hambre Cero, Usura Cero, Plan Techo, Patios Saludables y Programa Cristiano y Solidario (entrega de alimentos para consumo), entre otros.   Sin embargo para el sociólogo Cirilo Otero, director del no gubernamental Centro de Iniciativas de Políticas Ambientales, el apoyo gubernamental no es suficiente y reiteró a IPS que la falta de acceso de las mujeres a la tierra es uno de los más graves problemas de equidad de género en Nicaragua.   “Sigue siendo una deuda pendiente del Estado para las mujeres campesinas”, dijo.   Más allá de esta deuda de género, datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sitúa a Nicaragua como uno de los 17 países latinoamericanos que cumplieron las metas de reducción del hambre y mejora de la seguridad alimentaria durante los primeros 15 años del siglo, dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.   Según el organismo, entre 1990 y 2015 el país redujo la proporción de población subnutrida de 54.4 por ciento al 16.6 por ciento.   *Este artículo fue publicado originalmente por la agencia de noticias IPS.  


| Foto: Femuprocan
Por: José Adán Silva*
Cimacnoticias | Managua, Nic.-  



Un Tributo a lxs defensorxs de derechos humanos que ya no están con nosotrxs


Helen Joanne 'Jo' Cox

Jo fue una figura política del Partido Laborista y representó a la población de Batley y Spen en el Parlamento. Defendió los derechos de las mujeres, de la diversidad y de las personas refugiadas, además de hacer campaña para que Gran Bretaña permaneciera en la Unión Europea.
En junio de 2016 le dispararon y la apuñalaron hasta matarla, aparentemente al grito de «Primero Gran Bretaña». Un hombre de la localidad que ella representaba fue detenido y está acusado de haberla asesinado.

Olena Tsukerman

Activista apasionada y firme defensora de los derechos de las «personas que usan drogas» y de los derechos de lxs trabajadorxs sexuales, Olena era parte del Comité Directivo Internacional del Fondo Paraguas Rojo. También era directora ejecutiva de una asociación autoconvocada llamada Legalife «Liga Pan Ucraniana».
Olena falleció repentinamente en diciembre de 2015.


Magaly Pineda Tejada

Magaly fue una líder feminista, socióloga, investigadora y docente. Creó el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), primero de su clase en la República Dominicana y uno de los primeros en América Latina. También fue una de las fundadoras de varias redes feministas nacionales y regionales.
Magaly falleció en marzo de 2016.

Elaine Rosa Salo
Elaine era una importante académica feminista africana. Ejercía como profesora asociada en el departamento de Estudios de Género y Derechos de las Mujeres en la Universidad de Delaware, Estados Unidos. Con anterioridad, había sido directora del Instituto de Estudios de Género y la Mujer en la Universidad de Pretoria, Sudáfrica. Entre otras disciplinas, dictaba clases de género y política, movimientos de las mujeres, género y desarrollo.
Luego de luchar contra el cáncer de mama, Elaine falleció en agosto de 2016.

Berta Cáceres Flores

Activista feminista, ambientalista, defensora de derechos humanos y líder de la comunidad indígena lenca, Berta fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), que defiende con firmeza los derechos a la tierra y a los recursos naturales. En 2015, recibió el Premio Medioambiental Goldman. 
Berta fue brutalmente asesinada mientras dormía, en marzo de 2016. 
Rebecca Masika Katsuva
Rebecca, a quien muchas personas llamaban «Mama Masika», fue una defensora de derechos humanos que sobrevivió a distintos períodos de violencia en la República Democrática del Congo y dedicó su vida a apoyar a las mujeres de su región. Creó un refugio para mujeres víctimas de violación, sus hijxs y niñxs huérfanxs además de fundar la Asociación de Personas Desheredadas por el Desarrollo y Unidas mediante la cual ayudó a más de 6000 mujeres.
Rebecca falleció en febrero de 2016 por complicaciones producto de la malaria.
Dr. Nuzhat Amin
Nuzhat Amin era una activista, periodista y profesora. Fue cofundadora del Foro de Acción de las Mujeres de Pakistán, escribía para distintos periódicos del Asia meridional y Medio Oriente antes de establecerse en América del Norte. Impartía clases de estudios sobre los derechos de las mujeres y temas de diversidad en la educación y lingüística aplicada en universidades de Canadá y los Estados Unidos.
Nuzhat falleció en 2007 a causa de las complicaciones producto de un cáncer de mama
Shahinda Maklad
Shahinda era una activista de izquierda que consagró su vida a los derechos campesinos. Como integrante electa de los comités de la Unión Nacional, logró la implementación de las reformas agrarias en Kamshish, Menoufya. En dos ocasiones, durante la presidencia de Sadat, fue arrestada por su activismo. Tuvo también una participación activa en las revueltas contra el régimen de la Hermandad Musulmana en Egipto en 2012.
Shahinda falleció en junio de 2016 y tras ella dejó 50 años de férreo activismo, lealtad y determinación.

Feminizar NO es feminismo



De “la mujer, mujer” de la que un día hablara Aznar a la “feminización de la política” en forma de cuidados, expresada por Pablo Iglesias, parecería, quizá, que se ha dado un salto cualitativo…. Pero lo cierto es que ambos mensajes parte del mismo supuesto, la idealización de las mujeres. Este tipo de mensajes nos retrotraen al siglo XIX y a excelsos representantes de la “misoginia romántica” como Schopenhauer, Nietzsche o el más galante Kierkegaard.

Afirmaba Kierkegaard, por ejemplo, que las mujeres son “el sueño del hombre”, que representan la “perfección en la imperfección”. Kierkegaard destacaba que la naturaleza femenina tendía a la proximidad, esto es, que su capacidad “para estar cerca” las diferenciaba de modo completo y absoluto de las capacidades y características de los varones. Así es que cuando en boca de un varón del siglo XXI oigo expresiones como “feminizar la política”, y todo ello consiste en atribuir un cierto esencialismo a lo que significa “ser mujer” como – cito textualmente- “feminizar es un tipo de solidaridad”, “feminizar es construir comunidad”, “feminizar es una red de apoyo” o “matria es la comunidad que te cuida”, pienso inevitablemente en que la galantería misógina del siglo XIX vuelve a tener voz a través de Pablo Iglesias.

Cuando en boca de un varón del siglo XXI oigo expresiones como “feminizar la política”, y todo ello consiste en atribuir un cierto esencialismo a lo que significa “ser mujer” como – cito textualmente- “feminizar es un tipo de solidaridad”, “feminizar es construir comunidad”, “feminizar es una red de apoyo” o “matria es la comunidad que te cuida”, pienso inevitablemente en que la galantería misógina del siglo XIX vuelve a tener voz a través de Pablo Iglesias

Afirma, sin embargo, el galante Iglesias que le parecen bien las cuotas o la paridad por las cuales las mujeres alcanzan una representación equitativa en puestos de representación política o empresarial. Podría por lo tanto parecer que me excedo al emparentar a Iglesias con la misoginia decimonónica, pero todos mis intentos por salvarlo de la cohorte misógina se tornan vanos cuando él mismo es el que afirma que la representación equitativa de mujeres y varones en puestos representativos trasviste a las mujeres, y cito textualmente, en “portavoces varones que son mujeres”.

Parece pues que el galante Iglesias, incapaz de hablar de “mujeres” menos aun de “feminismo”, cuando se refiere a eso de “feminizar” piensa más bien en “el sueño del varón” y que en coincidencia con Kierkegaard “la emancipación de las mujeres es una invención del diablo”.

12/02/2016

Carstens, el tranquilo del “simple catarrito”, frente a los desesperados por “el derrumbe”



Pedro Echeverría V.

1. Diría Agustín Carstens, “no pasa nada, estén tranquilos y verán que todo regresa más o menos a su estado actual”; eso ha representado para mí la expresión de Carstens del “simple catarrito” cuando la mayoría de los economistas ante una “crisis” saltan desesperados anunciando que no saben lo que pasará. Hace poco mi amigo Paco Taibo, respondiendo a mi pregunta acerca de lo que sucedía con el derrumbe de las izquierdas en México y el mundo, mi aconsejó a “no hacer análisis inmediatistas sino a ver las cosas a largo plazo”. Pienso que Carstens, con todos sus especialismos en economía desde 1989, y que siempre haya representado los intereses de la gran burguesía mexicana y del imperio de EEUU, su pensamiento de ver que “no pasa nada, que toda hay que tomarlo con calma confiando en que se va a componer”, le ha dado mucha solidez.

2. Obviamente a Carstens, con 27 años ocupando altos y variados cargos en el Banco de México, cobrando estratosféricos salarios y recibiendo buenas donaciones o regalos de gobiernos y empresarios “por sus favores” de cuidar sus intereses, nada le desespera. Está convencido de que en México y el mundo sí se van a registrar cambios, pero muy lentos; así como que la desigualdad social no desaparecerá y que el dominio imperial se suavizará a través de las décadas; que por todo ello no existe razón alguna para desesperarse. No le preocupa mucho que en México el 90 por ciento de la población viva en la pobreza y la miseria; tampoco que un puñado de grandes empresarios controle la riquezas del país. Piensa que así es la estructura política, económica y social del mundo y que tendrán que pasar muchas décadas para comenzar a cambiarla.

3. Revisando el currículum de Carstens me encuentro que es un técnico, un especialista, un teórico del campo de la economía. No habla de política ni se mete a opinar de otros campos porque como todo buen profesionista o técnico sólo conoce -y creo que bien- esa rama. Recuerdo cuando pregunté a un médico sobre la cantidad de niños que sufrían esa enfermedad, el presupuesto que se dedicaba a ella, etcétera; me respondió: “no sé, sólo se curar”. La realidad es que no sé por qué renunció Carstens: porque le ofrecieron una mejor chamba; porque tuvo enfrentamientos internos o, de plano, porque se avecina una crisis severa que no quiere enfrentar. De todas maneras con Carstens o sin él, México sigue tan jodido como antes: a) sin crecimiento, b) sin inversiones, c) creciendo el desempleo, d) emigración a los EEUU, desplome del peso, etcétera. (2/XII/16)

alterar26@gmail.com

Definición tardía y acertada en Ayotzinapa


Utopía

Eduardo Ibarra Aguirre



Melitón Ortega y Estanislao Mendoza acudieron a la presentación en la muy acreditada Feria Internacional del Libro, de Ayotzinapa: La incansable lucha por la verdad, la justicia y la vida, un libro de Carlos Alonso Reynoso y Jorge Alonso. Con Jorge, el historiador, tuve la fortuna de coincidir en el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista (1983-86) y participar en el volumen Democracia emergente y partidos políticos, producto de un seminario que encabezó Pablo González Casanova, con el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas. La FIL, por otra parte, es encabezada por Raúl Padilla López, un individuo impugnado en ámbitos de la cultura, la educación superior y la política jaliscienses.

Pues bien, hasta la perla tapatía fueron Ortega y Mendoza a precisar, según la nota del corresponsal de La Jornada, Juan Carlos G. Partida:

“El gobierno no logrará romper la fortaleza de los padres de Ayotzinapa; lo que queremos es que nos diga la verdad, no culpamos a (el presidente Enrique) Peña Nieto. Sólo queremos la verdad”, subrayó Ortega.

Ambos dijeron que los actos de resistencia continuarán. “No dejaremos de andar en la calle tomando casetas, edificios, carreteras. (Es deseable que no dañen monumentos, en particular los de avenida Reforma, pintarrajeándolos no logran nada). No andamos en la calle porque queremos quitar a Peña Nieto de su puesto; lo que queremos es tener la verdad, pero seguimos sin ver la voluntad política de los funcionarios, de los diputados”, aclaró Melitón.

Importante definición que tardó 28 meses y que resulta indispensable saber si la respaldan los demás padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, en particular el vocero Felipe de la Cruz, y también si la comparte la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, que para bien y para mal, más para lo primero, tiene una presencia decisiva en el movimiento por los 43, debido a que la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (en la que participé en 1969-73) tiene una presencia muy localizada, pese a su impar trayectoria en la lucha por la transformación del país.

Después de 26 meses de movilizaciones llega esta importante definición que en su ausencia, a mi juicio, inhibió a muchos para apoyar a los adoloridos padres de familia de Ayotzinapa. Respaldo de sectores de la sociedad mexicana y global, destacadamente en octubre-diciembre de 2014, en que a juicio de los expertos hubo dos marchas que fueron superiores en asistencia a la más grande realizada en 1968.

Todo indica, salvo su mejor opinión, que privilegiar la demanda de la renuncia de Peña constituyó un serio error de cálculo de los dirigentes de la CETEG, integrante de la diversa Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues en la realidad política de ayer y de hoy –correlación de fuerzas, la llaman– el sustituto sería uno del mismo grupo gobernante, y eso en el remoto caso de que produjera.

Además del agotamiento natural de cualquier movimiento social por legítimo y justo que sea, los errores los cobran los que desde cerca o de lejos apoyan las movilizaciones. Y es sabido que las fuerzas propias son insuficientes para arribar a buen puerto.


@IbarraAguirreEd