La Sagarpa registró “irregularidades” en el manejo de más de 193 millones de pesos del Subprograma de Apoyo a la Cadena Productiva de Productores de Maíz y Frijol 2007, fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación. El proyecto, diseñado para beneficiar a la población más pobre del país, entregó recursos a personas distintas a las que estaba oficialmente dirigido
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), encabezada por Alberto Cárdenas Jiménez, tuvo en su primer año de administración “irregularidades” por casi 200 millones de pesos en los planes emergentes de frijol y maíz, según el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2007.
Alberto Cárdenas
Contenidos en el Subprograma de Apoyo a la Cadena Productiva de Productores de Maíz y Frijol 2007 (Promaf), dichos planes tuvieron como objetivo oficial incrementar los índices de “bienestar” de las familias vinculadas a la producción en el campo.
No obstante que el Promaf está dirigido a la población más pobre del país, el documento elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indica que 193 millones 918 mil 900 pesos no impactaron en dicha población.
Contrario a su objetivo, hubo incumplimiento de requisitos entre los beneficiarios, apoyos duplicados y en exceso, adquisición de maquinaria no justificada y proyectos no concluidos en los tiempos establecidos, entre otros.
Los montos observados por la ASF que podrían significar un daño al erario corresponden a 104 millones 119 mil 700 pesos del Plan Emergente de Frijol. En tanto, el Plan Emergente de Maíz registra observaciones por 89 millones 799 mil 200 pesos.
Mientras los recursos públicos no son aplicados conforme a las reglas de operación del mismo Promaf, productores de frijol se quejan de que los “apoyos” son asignados hasta el cuarto mes del año, lo que implica un retraso en la ejecución de sus proyectos de producción y comercialización.
Esta situación, dice Ramón Ochoa Ruiz, representante de la Integradora Estatal de Productores de Frijol de Zacatecas, “afecta a miles de agricultores que nos dedicamos a la siembra del segundo grano de importancia en la canasta básica de alimentos de los mexicanos”.
Héctor Padilla, presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, explica que “el Promaf ha fluido con lentitud y ahí es donde la Sagarpa se tiene que aplicar para mejorar los tiempos de entregas. Debe hacer que los recursos tengan impacto en el mejor tiempo posible”.
El diputado priista asegura que el programa “le ha ayudado a muchas organizaciones a mejorar la productividad y competitividad, y así darle valor agregado a los granos. Si hay casos de uso inadecuado de los recursos, se debe al rigor de la fiscalización, misma que debe mantenerse para evitar que se vaya desvirtuando el proyecto ante una falta de supervisión oportuna”.
Recursos en exceso
La ASF analizó la base de datos nacional de los beneficiarios del Promaf 2007, en la que se registraron apoyos por 132 millones 763 mil 900 pesos. De estos recursos, 1 millón 483 mil 200 pesos son apoyos por montos superiores a los establecidos en las Reglas de Operación del Programa del Fondo de Riesgo Compartido para el Fomento de Agronegocios (Fomagro, del que depende el Promaf).
Además, determinó que en 11 proyectos se otorgaron apoyos por 13 millones 52 mil 900 pesos, pero no se recabó la información correspondiente al número de hectáreas de los productores ni las firmas o huellas de cada uno de los que participarían en los proyectos; requisitos “indispensables” para obtener los recursos.
El máximo órgano de fiscalización del país, a cargo de Arturo González de Aragón, indica que 1 millón 816 mil 400 pesos no fueron entregados a los productores beneficiados en Durango. Ante esta situación, la Secretaría de Agricultura está obligada a devolver los recursos a la Tesorería de la Federación (Tesofe) por el mismo monto.
La observación provocó que los auditores de la ASF solicitaran a la Sagarpa los saldos de las cuentas de las distintas gerencias estatales del Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco) –vehículo financiero a través del cual se dotan de recursos a los productores, constituido en la Financiera Rural–, al 31 de julio de 2008.
Del informe se desprende que existían 64 millones 407 mil 200 pesos –63 millones 741 mil 800 pesos de aportaciones al capital y 665 mil 400 pesos de intereses generados–, “de los cuales no se evidenció su aplicación al subprograma o bien su reintegro a la Tesofe”.
Proyectos irregulares
En la evaluación financiera se registran “irregularidades” por otros 10 millones 299 mil 800 pesos. Las organizaciones de Durango involucradas son: Productores de Frijol de los Llanos, con 4 millones 997 mil pesos; la Organización de la Defensa Campesina Plan de Ayala, a la que se le dotaron recursos por 4 millones 465 mil 200 pesos, y la Unión de Sociedades de Producción Rural Progreso, Justicia y Democracia, con otros 837 mil 600 pesos.
Los casi 5 millones de pesos entregados a los Productores de Frijol de los Llanos fueron atribuidos al proyecto Industrialización del Frijol Pinto Saltillo. El 15 de noviembre de 2007 se suscribió el Convenio de Concertación entre el Firco y la organización, en el que se señaló que todos los compromisos pactados tendrían vigencia hasta el 27 de diciembre de ese mismo año. De lo contrario, la organización estaba obligada a reintegrar a la Tesofe los recursos no ejercidos al término del tiempo programado.
No obstante, el 20 de diciembre de 2007, la organización solicitó una prórroga para su ejecución a través de su representante legal. El argumento de la organización fue: “Obedece a situaciones extraordinarias que ha sorteado la organización producto del suministro del equipo por parte de los proveedores en la implementación del proyecto, las cuales ustedes no están ajenas a la misma, por lo que fácilmente comprenderán la situación por la que atravesamos”.
La ampliación fue otorgada hasta el 31 de octubre de 2008.
La ASF visitó las instalaciones de la organización siete meses más tarde, el 23 de julio de 2008, y “se constató que el proyecto no había sido ejecutado”. El encargado justificó que a esa fecha se tenía un avance del 80 por ciento en las “cotizaciones” de toda la maquinaria, por lo que se estaba a la espera del otro 20 por ciento para llevar a cabo el pedido y compra de la misma.
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