MÉXICO, D.F., 15 de febrero (apro).- Tras recuperar su libertad luego de 80 días de arraigo en Tijuana, Baja California, Ricardo Castellanos Hernández logró que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR) finalmente atendieran su queja y comenzaran a investigar a los soldados que lo torturaron.
Él y otros 10 policías municipales de Tijuana fueron arrestados por órdenes del secretario de Seguridad Pública local, el teniente coronel Julián Leyzaola, y por el director de la Policía Municipal, el capitán Gustavo Huerta. El grupo de uniformados fue conducido a la II Zona Militar en septiembre de 2009, donde fueron torturados y obligados a firmar declaraciones que los vinculaban con el crimen organizado (Proceso 1722).
El 5 de noviembre último, en el marco de la 137 Sesión Ordinaria de Audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), varias organizaciones sociales expusieron el caso de los policías municipales de Tijuana y los de otros agraviados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En los otros casos las víctimas son dos policías ministeriales, 25 policías municipales y cuatro civiles. En ambos, los agraviados están presos en el penal de alta seguridad de El Rincón, Nayarit, procesados por presuntos vínculos con el narcotráfico y secuestro, respectivamente.
Las organizaciones que interpusieron la queja fueron: la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) y el Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos de Baja California (OCDH-BC).
En aquella ocasión, Luis Castellanos, hermano de Ricardo, viajó a la sede de la CIDH en Washington y participó en la audiencia denominada Seguridad Pública y Derechos Humanos en Tijuana, Baja California. Ahí denunció que ni la CNDH ni la PGR habían atendido la denuncia que implicaba a elementos de la II Zona Militar (Proceso 1724).
Un mes después de la audiencia, el 6 de diciembre, Ricardo Castellanos fue puesto en libertad, junto con sus 10 compañeros, quienes estaban arraigados en el hotel Tijuana Inn.
Ese día, relata, “alrededor de las 10 de la mañana llegó un agente del Ministerio Público y nos hizo firmar un documento que no pudimos leer, y nos dijo que nos fuéramos. Al salir, señoras y niños que esperaban la visita, así como agentes federales, nos aplaudieron. Estos últimos sabían que los militares habían cometido una arbitrariedad contra nosotros, pues así nos lo hicieron ver durante el arraigo”.
El día del arresto, el 16 de septiembre, Ricardo fue trasladado a la II Zona Militar por indicaciones del capitán Gustavo Huerta. En ese lugar sus captores le vendaron los ojos y le inmovilizaron pies y manos, incluso lo envolvieron en una cobija.
Con voz entrecortada, relata: “No tengo duda de que los torturadores fueron militares. Me golpearon en todo el cuerpo y me colocaron una bolsa en la cara para asfixiarme; perdí el sentido en varias ocasiones, pero era despertado al parecer por una descarga eléctrica…”.
Después, del 20 de septiembre al 6 de diciembre, cuenta, estuvo esposado de pies y manos; incluso dormía sobre la alfombra de la habitación donde estuvo cautivo. Perdió 10 kilos.
Ya en libertad, acompañado por Silvia Vázquez Camacho, del OCDH-BC, Ricardo acudió el 10 de enero pasado a la delegación de la PGR para conocer su situación jurídica. “Estoy libre bajo reservas de ley, un término que me incomoda porque –dice– fui torturado y arraigado por un señalamiento falso”. Él y Vázquez Camacho se quejan porque, insisten, ni la denuncia que presentaron ante la PGR ni la queja interpuesta en la CNDH contra los militares que lo torturaron fueron atendidas.
Dos semanas más tarde, el 28 de enero, ambos se reunieron con el segundo visitador de la CNDH, Luciano Silva Ramírez, para formalizar la queja y para que peritos del organismo le aplicaran el Protocolo de Estambul. El propósito: certificar las secuelas físicas y psicológicas de la tortura que recibió Ricardo Castellanos. Durante la entrevista estuvo presente la abogada Mayra López, de la CMDPDH.
Las omisiones de la CNDH
Durante la reunión con el visitador Silva Ramírez, Ricardo Castellanos Hernández pidió la intervención del órgano de control interno de la comisión para que procediera contra el visitador de Tijuana, Iván Curiel Villaseñor, cercano al ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, por no integrar su queja mientras estuvo en las instalaciones militares y en el hotel.
Según Castellanos Hernández, cuando Curiel lo visitó en la II Zona Militar a petición de sus familiares, él le entregó un escrito en el que le describía su situación:
“Los soldados me estaban torturando y le pedí que procediera. Después, arraigado en el hotel, me enteré por mi familia de que ese funcionario dijo que yo no quería actuar en contra de los militares. Entonces lo mandé llamar. Y él argumentó que se había confundido, pero que había enviado mi testimonio a las oficinas de la CNDH en México.”
Sin embargo, dice Castellanos Hernández a la reportera, en la reunión con Silva Ramírez se enteró de que no había antecedentes de su queja, pues Curiel nunca mandó su testimonio. La abogada de la CMDPDH destaca que la omisión de la CNDH en el caso de Ricardo podría no ser la única. “Eso hace suponer –dice– que algo similar pudo haber ocurrido con las más de 2 mil quejas presentadas contra el Ejército en los últimos tres años”.
De manera simultánea, personal de la PGR inició una denuncia penal contra los militares que lo agraviaron. Al día siguiente, el 29 de enero, Vázquez Camacho, Castellanos Hernández y la abogada López se reunieron con el encargado del área jurídica de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, Carlos de la Torre.
Castellanos Hernández sostiene que el arraigo y las secuelas que le dejó la tortura no pueden superarse. “Durante seis años fui muy feliz en mi trabajo como policía municipal. Cuando me detuvieron no tenía miedo, pues pensaba que todo se iba a aclarar; nunca imaginé que los militares torturaran. Yo creía en ellos, me sentía más seguro cuando patrullaban Tijuana”, dice.
Y se explaya: “Esos hechos dañaron la estructura familiar, y financieramente fueron fatales. Yo era el sostén de mi familia y ahora no tengo trabajo. Mi prestigio quedó por los suelos. Lo que quisiera es que se limpiara mi imagen, que se dijera que nada de lo que se informó sobre mí era cierto, pero sobre todo quiero paz y tranquilidad para mi familia.
“Estaría conforme con saber que los militares que me torturaron, quienes deberían estar tras las rejas, no volverán a hacerlo, ni siquiera contra personas que sí sean responsables de algún delito.”
Otro de los casos denunciados en la sesión de la CIDH en noviembre pasado, el de los civiles Ramiro López Vázquez, Orlando Santaolaya Villarreal y los hermanos Ramiro y Rodrigo Ramírez Martínez, también fue desatendido por la CNDH, que los consideró “sin materia”.
Los cuatro civiles, detenidos el 16 de julio del año pasado en las playas de Rosarito durante un operativo militar, fueron torturados por elementos de la II Zona Militar y del 28 Batallón de Infantería. Permanecieron en los cuarteles hasta el 31 de julio. Luego fueron trasladados al penal de máxima seguridad de El Rincón, en Nayarit, acusados de secuestro y delincuencia organizada.
Los familiares de las víctimas presentaron una queja ante la CNDH el 17 de julio. Y el 30 de octubre siguiente, el entonces segundo visitador , Mauricio Ibarra Romo –quien fue sustituido por Luciano Silva Ramírez al término de la gestión de José Luis Soberanes Fernández–, les notificó, mediante el oficio CNDH/2/2009/3313/Q, que el caso estaba cerrado.
En el documento, cuya copia tiene Proceso, Ibarra señaló que “si bien a los indiciados el personal militar les practicó examen médico en cuyos dictámenes determinó que no mostraban lesiones por tortura, en dos de ellos se estableció que presentaban diversas lesiones, por lo cual el agente del Ministerio Público de la federación, al analizar las constancias de la indagatoria, considerando la probable comisión de actos delictuosos por el personal castrense, dio vista de la averiguación previa AP/PGR/BC/TIJ/1577/09/M-V a su similar adscrito a la II Zona Militar, en Tijuana, Baja California”. El Ministerio Público militar inició la indagatoria 27M/27/2009.
Asimismo, “estimó pertinente dar vista de los hechos al titular de la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena para que los haga del conocimiento de la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, para que investigue y resuelva lo que procede”.
Mayra López resalta que durante el encuentro con el visitador Silva Ramírez, quien sustituyó a Ibarra Romo, “se le pidió reabrir el expediente” porque, dice, la respuesta del entonces visitador no aclara cuáles fueron las actuaciones de la CNDH. Además, argumenta, someter a los agraviados a un juicio militar sólo los revictimiza”.
Respecto del seguimiento de los casos presentados el 5 de noviembre en la CIDH, la abogada de la CMDPDH señala que el gobierno mexicano ha pedido dos prórrogas a las solicitudes de información que le hizo el organismo interamericano, el 23 de noviembre y el 7 de diciembre de 2009, sobre 42 ciudadanos que fueron torturados por militares en Tijuana, sobre la figura del arraigo (fundamentación jurídica, controles judiciales, autoridades que lo ejecutan y los lugares destinados para ello), así como sobre las autoridades que investigan las denuncias de tortura.
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