icato de trabajadores si no lo pensamos en relación con su objeto, que es el contrato colectivo de trabajo, ni, tampoco, sin su medio de defensa y de presión, que es la huelga. El maestro Mario de la Cueva decía que esta relación podría representarse gráficamente como un triángulo equilátero, cuyos ángulos, todos idénticos en graduación, serían el sindicato, la negociación y contratación colectivas y la huelga, de tal manera que ninguna de las tres figuras de la trilogía podría faltar, porque desaparecería el triángulo(Nuevo derecho del trabajo, Porrúa, 1986, t. II, pp. 216-217).
Los sindicatos, nos decía el mismo De la Cueva, “son sociedades humanas naturales (…) son cuerpos sociales reales (…) que persiguen fines determinados, que no son una simple suma de intereses individuales” (p. 256). Son personas jurídicas en sí mismas. Cuando se da el sindicato, los individuos dejan de ser entes sueltos para integrar entre todos una nueva persona jurídica. Esta persona jurídica tiene intereses que la identifican como tal, diferentes de los de sus integrantes, porque ahora son los intereses generales de todos. Por eso el maestro definía a la libertad sindical como un derecho político, pues el sindicato viene a ser un auténtico contrato social de los ciudadanos trabajadores asalariados.
Néstor de Buen, a su vez, escribió que “los sindicatos (…) tienen personalidad jurídica y (…) son, por tanto, sujetos de lo que se ha llamado el derecho colectivo” (Derecho del trabajo, Porrúa, 1991, t. I, p. 475). A ese derecho el filósofo alemán del derecho Gustav Radbruch le llamó derecho social. Es un derecho de individuos privados, los trabajadores, que se reconocen por su ser colectivo, justo, en el sindicato que ostenta derechos colectivos. Podrá verse, entonces el despropósito que nos receta la iniciativa panista de reforma a la Ley Federal del Trabajo en su artículo 356, que define al sindicato como una asociación de interés público
. Los tontos que hicieron ese proyecto, como puede verse, equiparan al sindicato con el partido político, que es definido en la Constitución como entidad de interés público
.
Fieles a su concepción individualista indeclinable, los panistas insisten en reducir las relaciones de trabajo a la forma individual de relación. No pueden concebir que el sindicato sea una persona única y que, en cuanto aparece, los trabajadores son parte del mismo. Ven en el proceso de contratación sólo a dirigentes sindicales y al conjunto de trabajadores como individuos aislados. Así se observa en varias disposiciones que proponen. En el artículo 364 hablan de una relación de trabajo suspendida
. En derecho colectivo de trabajo es una burrada y por eso no aparece en el actual texto de la ley.
Cuando se trata del registro de los sindicatos, el artículo 365 propone que su documentación debe presentarse bajo protesta de decir verdad
, requisito innecesario y abusivo que, junto con el que sugiere el siguiente artículo, que exige que esa documentación debe llevar índices actualizados
de los sindicatos, ya no es un sistema de información sino de control que puede extremarse hasta llegar a excesos policiacos, pues no hay modo de oponérseles. El 368 de la iniciativa establece que el registro sindical produce efectos ante las autoridades laborales, pero también ante terceros
. No se a qué idiota se le habrá ocurrido eso, pero sólo se puede imaginar que esos terceros
son sólo sindicatos blancos o similares.
El proyecto panista se esmera puntillosamente en intervenir en las relaciones internas de los sindicatos, sea para su constitución y funcionamiento, sea para el proceso de contratación colectiva. La fracción IX del artículo 371 propone que la elección de directiva sindical sea por voto secreto o votación pública
. La actual ley no se mete con esas cosas. En la doctrina del derecho del trabajo el titular del contrato colectivo es el sindicato. El último párrafo del 388 impondría que el titular sea la mayoría de todos los trabajadores
. Tal vez así, piensan, se pueden pasar por el arco del triunfo al sindicato. El 395 propuesto elimina el último párrafo del vigente que dice que el patrón separará del trabajo a los miembros que renuncien o sean expulsados del sindicato contratante
. Así los esquiroles estarán a salvo.
Con la huelga estamos peor. Aparte la impudicia del pretendido nuevo 48 que limita el pago de salarios caídos a seis meses, por ejemplo, la actual fracción IV del 469, que dice que la huelga terminará por laudo de la junta a petición de los trabajadores
, se quiere cambiar por ésta: Por laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje
, sin que medie petición de los trabajadores. El gorila que padecemos en la Secretaría del Trabajo ya lo había expuesto antes.
En el 920 que se propone, el procedimiento se vuelve extremadamente farragoso. No sólo hay que enunciar pormenorizadamente el propósito de la huelga y las violaciones al contrato que se aleguen, antes de que se substancie el juicio, sino que la papelería que debe acompañar al proceso se vuelve una montaña gigantesca que sólo busca imponer un mayor control de los actores, señalándoles los pasos que deben seguir y sólo está destinada a interrumpir una posible negociación en medio del conflicto. El 924 que se sugiere y alegando derechos de terceros propietarios, establece que la junta tome las medidas necesarias para restituir la posesión de bienes afectados. Una junta, que ni siquiera es un auténtico tribunal, no puede tener semejante facultad.
Los abogados derechistas siempre apuntan a un blanco que creen es fácil presa de la chicanería de abogados o de las decisiones corruptas de jueces sin escrúpulos: el demostrar (siempre para la parte más débil) el interés legítimo que se alega y si se tiene personalidad jurídica para alegarlo. Eso es lo que hace el nuevo 927 propuesto. Y en esa vía, lo que se intenta es diluir hasta el infinito la personalidad jurídica del sindicato, para ver más bien a sus afiliados aislados. Esa es la finalidad que se adivina en el 931 de la iniciativa que se extiende en una serie de requisitos a cumplir que tienen siempre que ver con la constatación de la membresía del sindicato y su autenticidad como representante legal.
Es verdad que se establecen algunos controles que, en otras circunstancias, servirían para que los sindicatos actuaran con mayor transparencia. Pero todo va siempre en la misma dirección: aherrojarlos en una telaraña de papeleo, requisitos de trámite, condiciones previas de la acción sindical que fácilmente inhiben el ejercicio de la libertad sindical y de contratación, hasta la anulación de la libre expresión de la voluntad de las partes, por determinaciones autoritarias de las juntas de Conciliación y Arbitraje, que no aparecen en el texto vigente y que incluye el proyecto panista.
En la marcha del Día del Trabajo sindicatos independientes repudian a las autoridades
El gobierno de Calderón, uno de los 3 peores en la historia de México, señala el dirigente del SME
Foto Roberto García Ortiz
Domingo 2 de mayo de 2010, p. 5
En la marcha del Día del Trabajo del primero de mayo de 2010, los sindicatos independientes del país señalaron al gobierno de Felipe Calderón como uno de los tres peores
en toda la historia del país, equivalente a los de Antonio López de Santa Anna y Victoriano Huerta; manifestaron el rechazo unánime a la reforma laboral del PAN; condenaron el empobrecimiento masivo de los trabajadores mexicanos y votaron a mano alzada por la salida inmediata
del titular de la secretaría del ramo, Javier Lozano Alarcón.
La movilización estuvo caracterizada por la ocupación de la plancha capitalina de los 72 integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en huelga de hambre; por el repudio unánime a la política laboral del gobierno, el cual decenas de organizaciones sindicales mostraron en mantas, carteles y playeras, así como por la ausencia de uno de los contingentes más combativos en este tipo de conmemoración: el del Seguro Social.
Entre las organizaciones imperó también la condena a la ley antimigrante de Arizona, incluso hubo un llamado a realizar un boicot a las empresas estadunidenses y se criticó la pasividad de Calderón y de su canciller por estar a la espera
de lo que decida el gobierno de Estados Unidos respecto de su reforma migratoria, cuando debería ser un asunto de negociación bilateral.
La critica al gobierno de Calderón rebasó el ámbito local. Organizaciones extranjeras del Tribunal Internacional de Libertad Sindical condenaron la política sistemática del Estado mexicano para coartar la libertad de sindicatos, y señalaron que las autoridades del sector son parte de una red de corrupción con empresarios
.
A nombre del jurado, Luis Guillermo Pérez, secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos, llamó al gobierno de México a no utilizar al Ejército o a la fuerza pública contra la histórica huelga de Cananea... de lo contrario, utilizaremos todos los recursos e instituciones a nuestro alcance para que los crímenes que se puedan cometer no gocen de impunidad alguna
.
Con monigotes del presidente Felipe Calderón vestido de militar; figuras de mujer que representaban a la justicia vencida y tirada en el piso; mantas denostando la actuación del secretario Lozano; carteles del SME que decían sigo vivo
; la entrega del premio a la sangre
al dueño de Grupo México por tener las minas más inseguras de México, los manifestantes conmemoraron este día, bajo un inclemente sol que deshidrató a varios participantes, incluso hubo desmayados.
Los mayores contingentes fueron los de los sindicatos de trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), telefonistas y tranviarios; también la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tuvo una amplia representación y marcharon junto a los del SME, los mineros, pilotos, integrantes de los gremios de industria nuclear, Bellas Artes, Chapingo, ferrocarrileros, del Colegio de México y Posgraduados, de la Universidad Iberoamericana, Nacional Financiera, Metro, Instituto Nacional de Pediatría y el Instituto Mexicano del Petróleo, así como a personalidades como el sacerdote Miguel Concha, entre otros.
Ante una plaza ocupada en su totalidad, tomaron la palabra entre otros los secretarios generales del STUNAM y del SME. El primero, Agustín Rodríguez, además de hacer un recuento de todas las afectaciones a los derechos laborales que contiene la reforma en el ramo presentada por el PAN, llamó a construir un frente amplio sindical y unitario para transformar la política económica de este país y que los trabajadores tengan una ruta crítica de acciones enérgicas más allá de los mitines y las marchas.
El líder electricista Martín Esparza, a su vez, fue quien pidió a todos los trabajadores asistentes que votaran por la salida y el desafuero
de Lozano, y el Zócalo en pleno levantó la mano aprobando la moción. Fue quien comparó este gobierno con el de López de Santa Anna y el de Huerta. En su primera marcha del primero de mayo tras la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, el dirigente criticó el cerco informativo que tienen las televisoras y varios medios de comunicación a la huelga de hambre de los electricistas, mientras destinaron horas al caso del huelguista Guillermo Fariñas, en Cuba.
Por la CNTE, el líder de la sección 9 del Distrito Federal, Francisco Bravo, quien señaló que todas las organizaciones democráticas del magisterio reprueban la reforma laboral y dijo que sólo personajes como Elba Esther Gordillo pueden apoyar esta iniciativa porque le deben favores al régimen, el cual la ha entregado 80 mil millones de pesos, para programas culturales y de vivienda
que no existen.
Del sindicato minero, Sergio Beltrán Reyes, secretario del interior, calificó de esclavista
la reforma del PAN; dijo que ya llegó el momento de frenar el desastre de la política antilaboral del régimen de Calderón.
Quien habló del caso Arizona fue José Luis Andrade, del Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp), al reclamar al gobierno de Calderón el inmediato establecimiento de una mesa de diálogo con Estados Unidos que resuelva el problema migratorio. En el mismo tono, Elvira Arellano, representante de migrantes, criticó que el Presidente se ha quedado callado
ante este agravio y llamó a un boicot contra las empresas de Estados Unidos que operan en México.
El secretario adjunto del sindicato de telefonistas, Jorge Magaña, señaló que la de ayer fue una de las conmemoraciones más difíciles y dolorosas del Día del Trabajo, pues en un año se ha registrado una escalada de agresiones en contra de agrupaciones democráticas e independientes
.
Editorial La Jornada.
La conmemoración del Día Internacional del Trabajo en nuestro país se realizó ayer en una circunstancia particularmente difícil para los trabajadores mexicanos y sus agrupaciones; en medio de una amplia crisis de representatividad política general, y ante una nueva intentona por escamotear derechos laborales históricos y por dar cobertura legal a la precarización del trabajo que se da de facto desde hace años.Respecto de esto último, resulta significativa la afirmación hecha ayer por el dirigente de la bancada panista en el Senado de la República, Gustavo Madero, en el sentido de que los trabajadores necesitan de un nuevo marco jurídico que los proteja y les permita mejorar sustancialmente sus condiciones de vida, y defendió, a continuación, el proyecto de contrarreforma laboral presentado por su partido en la Cámara de Diputados, cuya aprobación –dijo– no sólo protegerá los derechos de los trabajadores, sino permitirá la creación de los empleos que nos hacen falta
.
La defensa, por parte del legislador blanquiazul, de una iniciativa que preconiza el deterioro de condiciones laborales como supuesta vía para el desarrollo y la creación de empleos
; que entre otras cosas plantea obstáculos a la contratación colectiva y al derecho de huelga, y que parece, en suma, perseguir el beneficio de los patrones antes que el de los trabajadores, se incrusta en el proverbial desinterés del grupo que detenta el poder por el bienestar de los asalariados. Tal desinterés, por lo demás, se ve reflejado con la pronunciada caída del poder adquisitivo del salario –indicador que no ha repuntado desde principios de los años 80–, en la implacable contención salarial vigente desde entonces, y en el arrasamiento de conquistas, derechos y asociaciones laborales, algunos de los hilos de la continuidad que van de los gobiernos del priísmo postrero a las administraciones panistas de la última década.
El movimiento obrero, por su parte, se debate actualmente entre los remanentes del charrismo priísta –cuya representación más clara comparte ahora la Confederación de Trabajadores de México con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, controlado por Elba Esther Gordillo–, y la crisis de liderazgo y de consenso que exhibe el llamado sindicalismo independiente, el cual –pese a sus pronunciamientos críticos en torno a la política laboral vigente– no acierta a definir una propuesta de país, y cuyos dirigentes incluso parecieran contentarse con la obtención de curules legislativas y demás posiciones de poder. Un dato significativo, al respecto, es la ausencia, en la concentración de ayer en el Zócalo, del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, uno de los contingentes más combativos en las marchas de años anteriores y cuyo dirigente, Valdemar Gutiérrez –actual diputado federal por el PAN–, anunció recientemente su ruptura con la Unión Nacional de Trabajadores, y se desmarcó de las críticas que esa central obrera lanzó al proyecto de reforma laboral panista.
En tal circunstancia ha sido puesta de manifiesto una situación por demás exasperante, pues mientras los grandes capitales se han concentrado en los últimos años, en connivencia con el grupo que detenta el poder político, en avanzar una encarnizada lucha de clases en contra de los trabajadores –bajo la mascarada de la flexibilización del ámbito laboral–, éstos han sido sometidos, por distintos frentes, a un discurso que busca neutralizar –a través de lo que Noam Chomsky denominó la fabricación del consenso
– algunas de sus reivindicaciones históricas en búsqueda de un desarrollo económico por demás incierto.
Con todo, en la circunstancia presente, el catastrófico desempeño oficial en el ámbito económico, y el intento actual por llevar las condiciones laborales a un nuevo nivel de precarización e incertidumbre, han acabado por tensar la paciencia de los trabajadores del país, y han sembrado una irritación social que se amplía y multiplica, y que puede, si no se atiende a tiempo, desembocar en escenarios indeseables de ingobernabilidad.
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