ón en Arizona de la arbitraria ley 1070 ha puesto de relieve la urgente necesidad de la reforma migratoria en Estados Unidos. De esa forma el gobierno federal contará con un marco legal que hasta ahora ha sido ineficiente, incongruente e injusto.Es seguro que la ley 1070 será apelada ante los tribunales y, de acuerdo con más de un experto en derecho constitucional, será puesta en la congeladora por inconstitucional. Otras leyes cuyo contenido esencial es el castigo a trabajadores indocumentados y sus familias han corrido la misma suerte. En algunas ciudades de Pennsylvania y Texas fueron aprobados ordenamientos legales para prohibir que los indocumentados pudieran rentar departamentos o casas. No sólo fueron revocados por inconstitucionales, sino la economía de esos poblados cayó en picada, producto de la desbandada de trabajadores latinos. No obstante esas experiencias, es factible que en las próximas semanas aparezcan en otros estados proyectos similares, particularmente en donde el Congreso sea de mayoría republicana.
El problema de la disfunción en el sistema migratorio de Estados Unidos es uno más de los que heredó el presidente Barack Obama. Su antecesor, George W Bush, se quedó corto en el apoyo a un proyecto de reforma integral, según lo confesó, y permitió que legisladores de su mismo partido impidieran su aprobación. A ese fracaso contribuyó el gobierno mexicano, que en lugar de preparar una estrategia de apoyo a la reforma prefirió dar un golpe mediático con declaraciones espectaculares exigiendo todo o nada. Esto muy probablemente influyó en el ánimo del Congreso estadunidense para postergar indefinidamente la reforma.
El jueves pasado, en medio del revuelo causado en Arizona, el presidente declaró su intención de apoyar la reforma migratoria, pero advirtió la dificultad para que se logre este año. Agregó que para los legisladores de su partido ha sido un año difícil, primero con la reforma al sistema de salud y ahora con la del sistema financiero. Por ahora no puede exigirles que se embarquen en la migratoria, cuya complejidad requiere mucho trabajo y negociación política. No obstante esa declaración del mandatario, los líderes demócratas en el Senado tienen ya lista una propuesta de reforma que puede ser discutida en los próximos meses.
La comunidad latina, con razón, ha dado muestras de exasperación ante tantas promesas incumplidas y su reacción es congruente con esa exasperación. En respuesta puede optar por votar en contra del partido que ahora gobierna o simplemente no sufragar. Esa reacción pudiera complicar la aprobación de una reforma que beneficie a los millones de indocumentados que viven en el país, entre los que se cuentan sus familiares y amigos. Por la experiencia de los últimos meses, le será muy difícil al gobernante lograr la aprobación de cualquier reforma si llegara a perder la mayoría en cualquiera de las cámaras, mucho más una de la magnitud de la reforma migratoria.
Horizonte políticoJosé Antonio Crespo
Así como nuestro gobierno ha sido enfático al condenar las tendencias racistas y antimexicanas en Arizona, ojalá mostrara el mismo empeño en combatir el racismo en nuestro territorio. Y no sólo por el conocido mal trato que nuestras policías otorgan a migrantes que vienen de la frontera sur, sino por el que dan también a los mexicanos, sea por su origen humilde o por ser indígenas. Un racismo y un clasismo, legado del virreinato, que no han podido ser erradicados ni por la Independencia ni por la Reforma ni por la Revolución. Los mismos liberales veían en la población indígena un lastre para sus proyectos de desarrollo y modernización. Y no les daban un trato precisamente justo, promovían, en cambio, la inmigración de europeos como palanca de desarrollo, como contrapeso a “los excesos de los indios”. La población indígena, narra el historiador Moisés González Navarro, era buena “sólo para colonizar las cárceles”. Un hacendado de Chihuahua confesaba al historiador estadunidense L.B. Simpson: “La más grande calamidad que México ha sufrido fue el disparate de Estados Unidos al no ocupar todo el país en 1848. ¡Ustedes sí saben cómo tratar a los indios!” Eso, para no hablar del racismo ejercido contra otras razas, como la negra, y el pueblo chino. Guillermo Prieto, por ejemplo, pensaba que los negros “ruborizan por su fealdad al cerdo, a la tortuga y al burro”. Y el diputado Jesús Castañeda escribía: “El pueblo chino es el más antiguo del mundo y a su vez el menos civilizado... emplean la agudeza de su ingenio en inventar los medios más hábiles para adquirir la propiedad ajena”. Paradójicamente, no fue Juárez sino Maximiliano el gobernante del siglo XIX que más intentó hacer por indígenas y campesinos pobres. Esfuerzo que fue boicoteado por los burócratas y los funcionarios mexicanos a los que se encomendó la tarea de proteger e impulsar a los grupos más humildes.En el actual discurso oficial, desde luego, no existe tal racismo, pero en los hechos lo vemos con demasiada frecuencia. Uno de los ejemplos más recientes fue el caso judicial construido contra las tres otomíes queretanas, Jacinta, Alberta y Teresa, que por fortuna han sido dejadas en libertad (las dos últimas, por un fallo de la Suprema Corte de Justicia). Lo cual suscita algunas reflexiones:
A) Por lo visto, hay quienes siguen pensando que los indígenas sólo sirven “para colonizar las cárceles”.
B) La tesis oficial en que se sustentó su aprehensión y condena (por más de 20 años) fue que las tres mujeres secuestraron a seis agentes de la AFI. Con razón los cárteles de la droga desafían y se ríen de nuestras instituciones encargadas de la “seguridad”.
C) Pero, en los hechos, se trató de una venganza hacia la comunidad queretana a la que pertenecen las tres mujeres, y que reaccionó a la arbitrariedad de esos agentes de la AFI contra sus pobladores. Los motivos y las formas en que se llevó el proceso a las tres otomíes son un ejemplo de racismo mexicano, ejercido institucionalmente.
D) El problema no fue sólo de la AFI al cometer esa atrocidad, sino de la PGR, que compró el absurdo cuento del secuestro a manos de las tres mujeres y lo llevó a las últimas consecuencias, violando el proceso debido y los derechos humanos de las detenidas, y fabricando pruebas.
E) Preocupante también fue que el juez que condenó a las mujeres haya querido quedar bien con la autoridad ejecutiva (por la razón que sea), violentando la autonomía que debe preservar el Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura debe investigar al juez en cuestión, en el caso —no descabellado— de haber habido corrupción para emitir un fallo tan pleno de mezquindad, con claro sello clasista y racista.
F) Bien por la Suprema Corte, porque volvió a exhibirse el grado de putrefacción que prevalece en nuestro sistema de impartición de “justicia”. Para enmendarlo no basta con liberar a las tres víctimas —y ni siquiera una hipotética y más que merecida reparación por los daños y atropellos sufridos—, pues mientras no haya castigo para quienes perpetran tales injusticias (agentes, ministerios públicos y jueces), no habrá precedentes eficaces que hagan más costoso incurrir en ellas, en el futuro próximo. Se hizo, pues, sólo justicia a medias. Sin el justo castigo de quienes sembraron pruebas e inventaron testimonios, no hay prevención de futuras mezquindades como ésta.
G) Por fortuna, pese a la demagogia y el oportunismo del Partido Verde, no hay pena de muerte. Con este sistema de justicia, ¿cuántos inocentes irían a parar al cadalso?
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