Utopía
Eduardo Ibarra Aguirre
Liberados 34 de los 35 funcionarios municipales y estatales de Michoacán –12 por desvanecimiento de pruebas, ocho por revocación del auto de formal prisión y nueve por sentencias absolutorias--, la Procuraduría General de la República se engalla y anuncia que litigará contra el juez Efraín Cázares López ante el Consejo de la Judicatura Federal. Solicita, también, el desafuero del diputado Julio César Godoy Toscano.
Está en su pleno derecho el impugnado procurador a alegar y, sobre todo, demostrar lo que llama “exceso de atribuciones” y haber decretado “de forma cuestionable” el titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal con sede en Michoacán, la libertad de 20 de los 35 alcaldes, regidores y funcionarios estatales. Más aún: ése es su trabajo y para eso cobra sueldo y prestaciones espléndidas.
La que no está apegada ni remotamente a derecho es la conducta del titular del Ejecutivo federal, quien al erigirse en agente del Ministerio Público –como antes lo hizo de gastroenterólogo, investigador policiaco, sicólogo, sacerdote y hasta epidemiólogo-- invade atribuciones de lo que se ha dado en llamar “abogado de la sociedad”, pero es un simple empleado del presidente, como lo demostró al postular en la radiodifusora Max FM de Morelia y sin el menor de los rubores, que hay elementos incriminatorios en contra de los funcionarios liberados, “versiones de testigos” –protegidos y pagados por su gobierno-- y “según entiendo” grabaciones telefónicas.
Políticamente se comprende que Felipe de Jesús Calderón Hinojosa defienda el más importante y escandaloso de los operativos policiaco y militar que, explica ahora, buscaba una “completa depuración y fortalecimiento de la fuerza pública, de la policía estatal concretamente, de la Procuraduría de Justicia y sus ministerios públicos”.
Para lograr lo anterior, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús ignoró al gobernador michoacano, pero no a Luisa María Calderón Hinojosa, a la que según sus indiscreciones pueblerinas enteró oportunamente del anticonstitucional operativo en la República federativa, que incluyó entrar al Palacio de Gobierno a detener funcionarios. Lo bueno es que en Los Pinos vive y despacha un abogado que, además, tiene como propósitos centrales construir un “gobierno de leyes” y un estado de derecho, así cueste a la sociedad 29 mil vidas, el 12 por ciento de ellas víctimas inocentes.
Por ello, Leonel Godoy Rangel le dijo en la magna ceremonia por los 245 años del nacimiento de José María Teclo Morelos Pérez y Pavón lo que recomendó en Los sentimientos de la nación: “Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario”. Ésta y otras pertinentes citas de la máxima obra del héroe independentista fueron ovacionadas por los asistente al acto, entre los que destacaban los exprisioneros y sus familiares, pero “ni los veo ni los oigo” fue la conducta del también economista y administrador público, refugiado en la frase de Carlos Salinas de Gortari.
En todos los tonos, legisladores de los partidos de oposición aún condenan el michoacanazo de hace 18 meses y advierten ante la persistencia y tenacidad de Chávez que “todo fue un montaje de la autoridad federal armado con una intención distinta a la de combatir a la delincuencia organizada”.
Intencionalidad eminentemente política, que tiene como obsesión presidencial posicionar a su partido, Acción Nacional, y despejarle el camino a Luisa María Calderón para que sea la candidata a gobernadora en 2011 y, más tarde, despache en el Palacio de Gobierno de Morelia, y su hermano disponga de esta manera de un refugio seguro dentro del país.
Acuse de recibo
Petición ciudadana para Enrique Peña Nieto: “La Unión Popular de Madres y Padres de Familia por la Educación Gratuita, quiere hacer la denuncia de que los directores de las siguientes escuelas públicas, han implementado diferentes medidas de coerción para hacer pagar a los padres de familia cuotas de inscripción o de clases especiales, que deben tener un carácter de voluntarias como obligatorias (…) Incluso han llegado a señalar a los niños y jóvenes cuyos padres no han pagado estas cuotas, cometiendo claras faltas de discriminación contra ellos al ser obligados a salir de los salones de clase, incluso han sido amenazados de que no recibirán los libros de texto gratuitos”. Mencionan a los siguientes directores de escuelas primarias: Marta Patricia Martínez Gaona, Bernardino Romero García, Mercedes Guadalupe Méndez Padilla, Carlota del Carmen Castillo Marín, Raymundo Ocampo Casco, Claudia Orozco Jiménez y Javier Ortiz Abundia”… El 10 de octubre de 2008, la educadora y sicóloga Angélica Méndez Zamora, fallecida el pasado 20 de mayo, denunció hostigamiento laboral y corrupción de Alejandra Cuevas Ayala, directora del jardín de niños Joaquín Arcadio Pagaza, de Tlalnepantla, estado de México… Fernando Carmona Bolaños avisa: “Cooperación correspondiente a este mes, la he depositado. No cejes y ¡adelante!
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