Como titular de Fevimtra, Sara Herrerías incurrió en negligencia
Por la Redacción
México, DF, 12 oct 11 (CIMAC).- Como titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), Sara Irene Herrerías –hoy procuradora social de Atención a Víctimas del Delito– se negó a investigar el caso de una agente de la Policía Federal (PF) agredida y amenazada de muerte por su ex pareja (un alto mando de la misma corporación), así como a brindarle medidas de protección.
En un comunicado, el Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM), con sede en Cancún, Quintana Roo, y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), de Chihuahua, acusaron a la ahora procuradora social, Sara Irene Herrerías, de negarle protección a la suboficial de la PF en el estado de Querétaro Margarita González Carpio, luego de que en febrero y septiembre pasados fue agredida sexualmente y golpeada de manera brutal por Salvador Cruz Neri, coordinador de la PF en esa misma entidad.
Lydia Cacho y Lucha Castro, directoras del CIAM y del Cedehm, respectivamente, narraron que cuando Margarita González se comunicó vía telefónica con la entonces titular de Fevimtra, Sara Herrerías, la fiscal le dijo a la agente que si denunciaba la instancia declinaría la competencia al fuero común, ya que –según la funcionaria– Cruz Neri había cometido el delito “cuando no estaba en funciones”.
“La ex titular de la Fevimtra y actual titular de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito se negó a brindarle medidas de protección (a Margarita González), a las cuales estaba obligada y corresponden a su responsabilidad y de carácter inexcusable”, de acuerdo con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), el Código Penal federal, y la reciente reforma constitucional en materia de Derechos Humanos (DH), sostuvieron las activistas.
Y es que la agredida le informó en su momento a la fiscal de la grave situación en la que se encuentra, toda vez que su integridad física corre peligro por las amenazas que empezó a sufrir por parte del mando policiaco luego de que decidió denunciarlo.
LOS HECHOS
De acuerdo con la alerta emitida por las organizaciones civiles, González Carpio fue agredida sexualmente en febrero pasado por Salvador Cruz Neri. Luego el pasado 24 de septiembre, el agresor llegó al domicilio de la agente acompañado de su guardaespaldas y a bordo de un vehículo oficial, con el fin de “obligarla de nuevo a tener relaciones sexuales sin su consentimiento”.
Ante la negativa de Margarita, el coordinador de la PF en Querétaro la golpeó “brutalmente con puñetazos y patadas hasta dejarla inconsciente, al mismo tiempo que la amenazaba con asesinarla”. El guardaespaldas intervino para calmar al mando federal.
CIAM y Cedehm aseguraron que existen tres certificados médicos y fotografías que acreditan la violencia, con fechas 25, 26 y 27 de septiembre pasado. El primer documento fue presentado ante la Procuraduría General de la República (PGR), el segundo ante la Fevimtra, y el tercero ante la Procuraduría de Justicia de Querétaro.
Lydia Cacho y Lucha Castro detallaron que el Ministerio Público federal y el subdelegado de la PGR en Querétaro se negaron a recibir la denuncia “argumentando lazos de compañerismo con el agresor y la alta jerarquía del mismo”.
Según las activistas, Neri Cruz “sostiene su impunidad en presuntas relaciones de poder con gobernadores, así como encargados estatales de la PGR, procuradores de los estados y en especial señala contar con la protección del comisario Luis Cárdenas Palomino, quien es su jefe inmediato y actualmente es jefe de la División de Seguridad Regional de la PF”.
Las organizaciones defensoras de los DH afirmaron que la víctima, quien “permanece escondida”, pidió ayuda a la sociedad civil para denunciar el hecho a nivel nacional e internacional.
Por ello, CIAM y Cedehm demandaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que brinde medidas cautelares urgentes a Margarita González Carpio, y expida quejas contra Sara Irene Herrerías, la PGR y la Procuraduría de Justicia de Querétaro, por su inacción ante el intento de feminicidio.
Cabe destacar que organizaciones de mujeres contra la violencia de género han acusado que desde su creación en 2008, la Fevimtra ha sido inoperante e ineficaz para investigar y sancionar las agresiones contra las mexicanas.
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