Foto: Eduardo Miranda
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El Partido Revolucionario Institucional prefiere un Consejo General del Instituto Federal Electoral incompleto que uno en el que no tenga garantizada la mayoría. Eso es lo que traba cualquier negociación para lograr la designación de los tres consejeros faltantes desde hace más de 11 meses.
La lectura de los priistas es muy sencilla: ellos hoy tienen dos votos seguros en todas las votaciones que se realicen, pues Marco Antonio Baños y Francisco Javier Guerrero siempre se alinean a las posiciones de los tricolores. Pero en los temas controvertidos tienen la posibilidad de conseguir el voto adicional de Macarita Elizondo y/o de Leonardo Valdés, porque su lectura e interpretación de la ley es coincidente con la que hacen los priistas en muchas de las ocasiones, lo cual es suficiente para impedir (y eventualmente rechazar, si se suman los dos votos) que se aprueben acuerdos o resoluciones a los que ellos se oponen o que los sancionen.
El caso emblemático de esta situación fue la multa de 288.8 millones de pesos que se aplicaría al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en la sesión del 27 de abril de este año, por haber difundido su plataforma electoral a través de publicidad disfrazada, y que no pudo concretarse porque la consejera Elizondo, a pesar de estar de acuerdo en que hubo violación de la norma, rechazó la sanción propuesta. El resultado fue que la sanción quedó en suspenso. Y eso es precisamente lo que puede suceder en otros casos importantes y controvertidos.
Si, como pretende, el PRI logra colocar a otros dos consejeros de los tres faltantes, quedaría en la misma situación que ahora, pero con la ventaja de que con un voto adicional haría la mayoría, no simplemente lograría el empate, con lo cual no sólo estaría en posibilidades de impedir la toma de ciertos acuerdos o resoluciones, sino incluso de impulsar algunos que le fuesen especialmente significativos. En cambio, si únicamente logra un consejero más, necesariamente debería conseguir dos votos adicionales, lo cual eleva el grado de dificultad.
Además, el PRI también tiene vetos inamovibles, particularmente el de Emilio Álvarez Icaza, a quien no quieren dejar llegar básicamente por dos razones: una, por sus antecedentes en la función pública (consejero en el Instituto Electoral del Distrito Federal y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF), donde se evidenciaron las diferencias con las posturas tricolores; y, de manera importante, porque saben que el liderazgo que él puede ejercer al interior del órgano colegiado les dificultaría todavía más la posibilidad de conseguir los votos adicionales.
Así, la postura del PRI es definitiva: ellos colocan a dos consejeros y además tienen el derecho de cribar las propuestas de PAN y PRD, especialmente para vetar a aquellos personajes que les resultan incómodos. Esto se reflejó claramente en la terna que presentaron, con el apoyo de los cuatro partidos minoritarios, donde Enrique Ochoa y Cecilia Tapia provienen de sus preseleccionados, e incluyeron a David Gómez, de la propuesta panista, para tratar de captar el voto de algún legislador blanquiazul despistado.
Una vez que el pleno no pudo aprobar la terna y el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Emilio Chuayffet, regresó la propuesta a la Junta de Coordinación Política, las posibilidades son múltiples. Una alternativa es volver a negociar la conformación de una terna a partir de los 11 candidatos que quedan después de revisar las ternas que propusieron cada uno de los siete grupos parlamentarios; otra, hacerlo a partir de la lista de 17 candidatos que, desde octubre de 2010, elaboró la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, de donde emergió la minilista de 11; una más, revisar nuevamente la lista de 135 candidatos que reunían los requisitos para ser consejeros electorales y comparecieron ante la Comisión de Gobernación; y, finalmente, otra opción consistiría en declarar desierto este proceso y emitir una nueva convocatoria.
Opciones hay. Lo que falta es voluntad política, particularmente por parte de los legisladores tricolores, que a toda costa quieren sumar cuatro incondicionales en el Consejo y no dejar pasar a ningún candidato que les resulte especialmente incómodo.
Las consecuencias de esta situación están por verse, pero el mayor riesgo es que se empaten más votaciones (debido a que no es posible abstenerse en la votación de los proyectos de resolución que se presenten ante el Consejo General y no hay voto de calidad) y eso impida concluir la resolución de procedimientos especiales sancionatorios, muchos de los cuales, más allá de las sanciones, buscan suspender acciones que pueden tener impacto directo en la equidad de la contienda e, incluso, en las preferencias electorales.
Por otra parte, la pasividad del Consejo General del IFE permite que hoy varios de los aspirantes, de diversas fuerzas políticas, estén en plena precampaña o campaña electoral, con lo cual violan flagrantemente las disposiciones electorales. Y las repercusiones de estas acciones se manifestarán durante el registro de los precandidatos a los procesos de selección interna o el registro de candidatos para la elección constitucional, dado que en ese momento los precandidatos o partidos que se sientan afectados interpondrán las quejas administrativas correspondientes para solicitar que se niegue o cancele el registro a todos los adelantados.
En esos momentos los conflictos pueden ser mayores, especialmente si resulta que dichos procedimientos no pueden resolverse porque se empaten las votaciones en el Consejo General del IFE. Pero también lo serán si se permite o niega la participación de un candidato con porcentajes importantes de preferencia electoral y altas probabilidades de obtener el triunfo en el proceso electoral.
Y, por si todo esto fuera poco, las modificaciones al Reglamento de Radio y Televisión revocadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación evidenciaron el claro y abierto enfrentamiento entre el IFE y el duopolio televisivo, lo cual se suma a los obstáculos que tiene éste para organizar la elección presidencial del 2012.
Así que están presentes todos los ingredientes para vivir un conflictivo y controvertido proceso electoral, con evidentes consecuencias negativas para la incipiente democracia mexicana.
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