Al igual que en la invasión a Afganistán en 2001 e Irak en 2003, Estados Unidos prepara el escenario para intervenir militarmente en México con el pretexto de hacer frente a una “narcoinsugencia” que amenaza su seguridad en la frontera sur, ante la posibilidad de que un nacionalista de izquierda y popular gane las elecciones presidenciales del 2012. En 2001, EU mintió al justificar su invasión a Afganistán pretextando buscar a Osama Bin Laden, a quien se culpó del ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York; en 2003, EU mintió otra vez al justificar que invadieron Irak para buscar armas de destrucción masiva, las cuales nunca aparecieron; en 2011 vuelve a mentir al asegurar que en México existen “narcoinsurgentes” asociados con terroristas de Medio Oriente, y para ello creó el “narcoterrorismo” y la “narcoinsurgencia” en el marco de la guerra de Felipe Calderón contra los cárteles de la droga.
La mentira es una de las principales armas de destrucción del gobierno de Estados Unidos. La invasión de Afganistán realmente se llevo a cabo por el interés del gobierno norteamericano en las reservas de petróleo y gas en el noroeste de ese país, con estimaciones de 1.5 billones de petróleo y de 15 a 30 trillones de pies cúbicos de gas natural en el sur, además de sus vastos depósitos de Uranio. Por si eso fuera poco está el opio, toda vez que el 92 por ciento del opio mundial viene de este país y su valor en la calle oscila entre 30 y 80 billones de dólares al año, y cubren el 60 por ciento de la demanda de heroína de los Estados Unidos. La invasión de estadounidense a Afganistán es una de las guerras más prolongadas de ese país y aún no concluye.
También en el caso de la invasión de Estados Unidos a Irak la mentira fue su primera y principal arma. Aún y cuando se argumentó que la razón de esta guerra fue la búsqueda y destrucción de armas masiva y acabar con la relación entre el gobierno baasí iraquí y la organización guerrillera Al Qaeda, las verdaderas causas están en el control de las grandes reservas de petróleo y el evitar que la Unión Europea o potencias emergentes como China e India se acercaran a esas gigantescas reservas de hidrocarburos. Este hecho fue incluso admitido en 2007, en su libro de memorias, por el ex presidente de la Reserva Federal estadounidense, Alan Greenspan. Esto fue otra mentira que el tiempo muy pronto reveló.
Ahora en México se maneja la misma estrategia. Se pretexta que en territorio mexicano operan narcotraficantes, terroristas e insurgentes, que representan un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. El pequeño e importante detalle de que en territorio mexicano no existen insurgentes ni terroristas ha sido cubierto en los últimos años por las agencias de inteligencia estadounidenses que han ido creando grupos de “narcoterroristas” y “narcoinsurgentes”, en el marco de la guerra declarada por Felipe Calderón a los cárteles del narcotráfico, en estricto apego a los lineamientos de la “Iniciativa Mérida” que George W. Busch obligó a firmar a Felipe Calderón y cuyo resultado para el país es, hasta el momento, más de 50 mil muertos, más de 10 mil desaparecidos, más de 230 mil desplazados, el empobrecimiento del país y el proyecto en marcha del establecimiento de un estado policíaco militar.
La administración de Felipe Calderón es totalmente sumisa a las órdenes de Washington y representa un verdadero peligro para la soberanía nacional de México y para su independencia política. En este marco es donde se inscribe la información difundida por fuentes federales de Estados Unidos en donde señalan que el FBI (Oficina Federal de Investigación) y la DEA (Dirección Estadounidense Antidrogas) frustraron una trama para cometer “un importante acto de terrorista en Estados Unidos” vinculado a Irán, que incluía el asesinato del embajador de Arabia Saudí en Estados Unidos, Adel Al-Jubeir, con una bomba, y otros ataques posteriores también con bomba contra las embajadas de Arabia Saudí y de Israel en Washington.
Erik Holder, fiscal general de Estados Unidos, quien conoció la fallida operación “Rápido y Furioso” de contrabando de miles de armas a México, argumentó que un agente encubierto estadounidense en México -¿cuántos de estos agentes trabajan en los cárteles del narcotráfico?- se hizo pasar por narcotraficante para efectuar el atentado, gracias al cual se pudo capturar a Mansor Arbabsiar, un iraní de 56 años naturalizado estadounidense, quien fue detenido el 29 de septiembre pasado a su regreso de México, tras haber mantenido varias entrevistas con ese falso narcotraficante, mientras que otro iraní, Gholam Shakuri, un presunto miembro del grupo de élite militar Al Qods, con base en Irán, permanece en fuga.
Holder asegura que el complot fue “concebido, financiado y dirigido desde Irán”. La operación, denominada “Coalición Roja”, arrancó en mayo cuando Arbabsiar entró en contacto con el agente encubierto de la DEA en México, supuesto narcotraficante de un cártel mexicano que se haría cargo del ataque a cambio de 1.5 millones de dólares. La versión del fiscal general estadounidense fue respaldada de inmediato por la administración de Felipe Calderón. El subsecretario para América del Norte de la cancillería mexicana, Julián Ventura, añadió que al detectar y expulsar del país al iraní Mansor Arbabsiar, se desactivó un riesgo “relevante” para la seguridad nacional, de Estados Unidos, por supuesto.
Ventura leyó un mensaje ante la prensa mexicana en la que explica que el 28 de septiembre el Instituto Nacional de Migración (INM) detectó al presunto terrorista nacionalizado estadounidense, intentado ingresar a México y se le impidió ese objetivo en virtud de que no cumplía con los requisitos de internación previstos en la Ley General de Migración y su Reglamento, por lo que se le regreso a su sitio de origen, en una escala al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York.
Este escándalo tiene aristas internacionales muy importantes: la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, afirmó que en torno a las acusaciones que su país hizo a Irán sobre un intento de asesinato del embajador saudita en EU, Washington consultará con sus aliados sobre mecanismos para “aislar más” a Teherán. Washington podría buscar nuevas sanciones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas así como sanciones unilaterales por parte de sus aliados, desde Australia hasta Europa, contra Teherán.
Por su parte, Arabia Saudita calificó de “despreciable” el presunto complot para asesinar a su embajador en Estados Unidos, Adel Al-Jubeir, señalando que viola “los principios de humanidad”, y agradeció a “los organismos responsables del gobierno de Estados Unidos por prevenir un acto criminal”.
Mientras tanto, el gobierno iraní rechazó la acusación y dijo que se trata de “un escenario prefabricado para desviar la atención de la opinión pública estadounidenses de los problemas internos de Estados Unidos”. Alí Akbar Javanfekr, consejero de prensa del presidente iraní Mahmud Ahmadinejad, acusó que “el gobierno estadounidense y la CIA tienen una larga experiencia en desviar la atención de la opinión pública de los problemas internos de Estados Unidos. Ahora habrá que esperar conocer los detalles de este escenario prefabricado para descubrir los objetivos del gobierno norteamericano”.
Varios de esos objetivos centrales sin duda alguna están centrados en México, en la guerra de Felipe Calderón contra los cárteles de la droga, en la escalación de la “Iniciativa Mérida” hacia un “Plan México”, similar al “Plan Colombia”, que implicaría una intervención militar de Estados Unidos en nuestro país, en donde ya se realiza una amplia operación de inteligencia por parte de agentes estadounidenses encubiertos, se continúa con la introducción de grandes cantidades de municiones hacia México desde puestos fronterizos estadounidenses y en donde cada día se amplia la estrategia policíaco-militar de intervenir entidades de la República con fuerzas militares y policíacas federales, que potencian la violencia en esos territorios y culpan después a los cárteles de la misma.
En ese marco, en el que también están a toda marcha las presiones legislativas en el Congreso estadounidense para empujar al gobierno de Barack Obama a enfocar la cooperación con México como un asunto de urgencia y de prioridad militar, al estilo del plan colombiano de lucha contrainsurgente de los años 1990, el subsecretario del Ejército de Tierra de Estados Unidos, Joseph Westphal, declaró que corresponde a Felipe Calderón decidir qué tipo de ayuda militar quiere recibir de Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico. La cual, por supuesto, se le brindaría de inmediato.
Más que clara fue también la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, quien reiteró que la lucha contra los cárteles del narcotráfico en México es un asunto de seguridad interna para los EU, porque, dijo, tienen la habilidad de penetrar diversos estados de ese país. La funcionaria consideró muy importante que no se pierda el estado de derecho en los estados fronterizos en México, donde, señaló “se han hecho avances con la captura o muerte de los líderes”. En un foro en la Universidad George Washington, dijo que Estados Unidos busca abordar en forma simultánea la compleja relación con México para mantener control fronterizo, libre flujo comercial y lucha contra el narcotráfico.
El complot de un presunto atentado contra embajadas en Estados Unidos reavivó en el Congreso estadounidense las preocupaciones respecto a la seguridad en la frontera. La republicana Ileana Ros-Lehtinen, presidenta del Comité de Asuntos Internacionales en la Cámara de Representantes, advirtió sobre el posible vínculo de Irán con el crimen organizado en México, una advertencia que repercutirá sin duda alguna en los discursos políticos de las elecciones presidenciales del año próximo en ambos países.
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