Así lo advirtió una de las dirigentes de organismos ciudadanos consentidos de Calderón, María Elena Morera. Dijo que a veces acostumbramos inventar proyectos vacíos, aunque política y mediáticamente rentables
Aun cuando no redunde en un resultado concreto, la denuncia ciudadana ante la Corte Penal Internacional (CPI) en contra del Ejecutivo mexicano, sienta un sano precedente que habrá de contribuir a crear conciencia de que nada se puede hacer internamente, para abatir la impunidad con la que actúan los altos funcionarios, en grave daño a la sociedad nacional. A cinco años de que Felipe Calderón decretara su “guerra” contra el crimen organizado, lo único real es que los resultados han sido contraproducentes, con más de 50 mil muertos, más de 10 mil desparecidos, 230 mil desplazados y mil 300 jóvenes y niños asesinados.
Ayer fue hecha pública la denuncia preparada por un grupo de la sociedad civil compuesto por abogados, defensores de derechos humanos, académicos, periodistas y miembros de organizaciones no gubernamentales, en contra de Felipe Calderón y altos mandos militares y civiles, entre ellos los secretarios de la Defensa, de Marina y de Seguridad Pública, Guillermo Galván, Francisco Saynez y Genaro García Luna, respectivamente. La petición a la CPI es respaldada por 20 mil firmas de ciudadanos mexicanos. En el documento se afirma que “vivimos una situación de impunidad estructural en la que únicamente 12 por ciento de los delitos son denunciados y 8 por ciento investigados”.
Ante tal realidad, es evidente el fracaso de una estrategia mal diseñada, pésimamente realizada y con una serie de costos impagables, sobre todo en lo que se refiere a vidas humanas y a una acelerada descomposición del tejido social. Como si no bastara, también hay que agregar el tremendo descrédito sufrido por las fuerzas armadas que no podrá ser revertido ni por costosísimas campañas mediáticas, por muy bien realizadas que puedan ser. De ahí que sea un acto más, sin ningún sentido, la creación de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos. Tan será inútil, que nació sin presupuesto ni personal, sin siquiera teléfonos suficientes ni un plan de trabajo básico. Una verdadera tomadura de pelo.
Así lo advirtió una de las dirigentes de organismos ciudadanos consentidos de Calderón, María Elena Morera. Dijo que “a veces acostumbramos inventar proyectos vacíos, aunque política y mediáticamente rentables”. En este caso ni siquiera cabe esperar que llegue a ser rentable políticamente, porque no tendrá una elemental posibilidad de ofrecer resultados mínimamente aceptables. ¿Qué podría hacer esta novísima dependencia para ayudar a las víctimas de allanamientos de casas, cuando se trata de acciones que se llevan a cabo de manera cotidiana? ¡Ni siquiera se salva un diputado federal del PRI, como le sucedió a Eduardo Bailey, cuya casa particular en Monterrey fue allanada impunemente la madrugada del 15 de septiembre por elementos de la Marina!
En la ceremonia de inicio de trabajos de la nueva procuraduría, Calderón demandó a la sociedad “ir más allá del reclamo, y que la indignación, que por supuesto todos sentimos ante la violencia criminal, la transformemos en acciones eficaces, en propuestas viables, en responsabilidades compartidas”. Todos sabemos que se trata de palabras vacías, pues no va a llevar a cabo lo que a gritos reclama la sociedad desde hace tres años: que ponga fin a su absurda “guerra”, que regrese a las fuerzas armadas a sus cuarteles, que ponga fin a la impunidad de que disfrutan los altos funcionarios para actuar sin ningún respeto a las garantías individuales de la ciudadanía. Denuncias van y vienen y la corrupción sigue con mayor intensidad su marcha ascendente. Entonces, ¿qué caso tiene seguir queriendo darle atole con el dedo a la sociedad?
Lo único que consigue es enojar a los ciudadanos más o menos informados, hacerlos sentir aún más indefensos, víctimas propiciatorias de un estado de cosas caracterizado por altas dosis de cinismo y desvergüenza. En este sentido, el PAN pasará a la historia como el culpable de la crisis de violencia y de impunidad que ha vivido México a partir del 2007. Pero en honor a la verdad, no podría serlo de la debacle económica, como afirmaron Manlio Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto, al presentar en Chihuahua sus proyectos generales en materia política y económica.
El responsable lo es el PRI, sin ninguna sombra de duda, pues a dicho partido le correspondió poner en marcha, en 1983, el programa neoliberal impuesto por el Consenso de Washington. Claro está que lo habría hecho el PAN si hubiera estado en el poder en ese año, pero el hecho real es que correspondió a los ultraderechistas disfrazados de priístas, impulsar un cambio profundo en la política económica gubernamental que nos condujo a severas crisis, cada vez más agudas y costosas. A partir de ahora, le tocará al PAN llevar a cuestas el peso de la debacle de violencia e inseguridad pública a la que nos condujo Calderón, con el mezquino afán de legitimar un “gobierno” que llegó al poder por la puerta trasera de la Cámara de Diputados y que por la misma habrá de finalizar, tal como están las cosas.
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