1/07/2011

¿Quién carajos dijo que las utopías son irrealizables o que lo “imposible” no pueden hacerse posible?



Pedro Echeverría V.

1. Mi queridísimo compañero Juan Castro Soto, junto con Álvaro López, encabezan un maravilloso proyecto en el norte de Veracruz, en Espinal de la zona indígena totonaca, con participación comunitaria, que le han llamado: «Mercado Alternativo y Economía Solidaria”; el objetivo es contrarrestar la crisis económica del sistema capitalista y neoliberal. El proyecto es impulsado por asociaciones civiles como el Centro de Investigación Intercultural para el Desarrollo (Ciides), la Red Unidos por los Derechos Humanos (rudh), alumnos y docentes de la Universidad Veracruzana Intercultural (uvi) y busca que los productores y demandantes de servicios consuman los productos de la región. Esta propuesta, que han comenzado a poner en práctica con todo cuidado y observando detenidamente sus resultados, es tan interesante e importante que ha comenzado a causar reacciones negativas de la burguesía alarmada de la región.

2. Consiste en poner en circulación una moneda comunitaria, cuyo nombre es “Túmin” (significa dinero en Totonaca) que equivale a un peso mexicano y hay denominaciones de 5t, 10t y 20t, mismos que comenzaron a circular en septiembre de 2010 entre 50 comerciantes; hasta la fecha ya suman 80 dueños de establecimientos que creyeron en “mercado alternativo” que no depende de los gobiernos sino de los ciudadanos que buscan solucionar dificultades en la economía de su pueblo. Juan Castro Soto, presidente del proyecto, ha dicho que no se trata de sustituir la moneda mexicana y agregó que «mientras el peso se fuga a las grandes tiendas que acaparan el comercio en otros pueblos o ciudades, el Túmin se recicla y es autosustentable». La moneda «alternativa» nunca se va de la comunidad pues sólo se acepta entre los participantes. «Es un circuito cerrado donde la gente siempre tiene dinero para comprar» detalla el díptico de diez ideas sobre la economía solidaria.

3. Los mas ricos comerciantes y negociantes del estado, pensando solamente en sus ganancias, sin reflexionar, y acostumbrados a controlar económica y políticamente a los indígenas, campesinos y gente pobre de la región, han puesto el grito en el cielo pensando en que podría ser una experiencia comunista o socialista (que por cierto tanto en Veracruz, Estado de México, Michoacán y Sinaloa se registraron ensayos de ayuda mutua, luego magonistas, desde antes de la Revolución Mexicana de 1910-17) que buscaban que las comunidades trabajaran y consumieran de manera colectiva con el fin de que los humildes trabajadoras tengan confianza y seguridad en sus vidas. Con toda seguridad gobierno y los más ricos, buscarán estrangular ese proyecto comunitario que –según han declarado: “podría ser una bonita utopía, pero que viola todas las normas del derecho mexicano y hasta a la cárcel deberían parar los creadores”.

4. Los compañeros profesores universitarios, habitantes y pequeños comerciantes, artesanos y prestadores de servicio que participan en el proyecto regional son: alimentos preparados, carnes, corte de pelo y belleza, frutas, verduras, Internet, computación, médicos, farmacias, panaderías, tortillerías y servicios como hotel, costura, carpintería, asesoría jurídica, plomero, entre otros, están conscientes en que es un experimento que se irá reformando y adaptando a las necesidades de la población y que muy bien puede traer buenos resultados para la comunidad de Espinal y para toda la región. ¿Qué otras experiencias de este tipo hay en México? Varios cientos se desarrollan en otras tantas comunidades con enormes dificultades porque el sistema capitalista las aplasta usando cualquier pretexto. Pero sin duda, la más conocida es la que practican los zapatistas en siete municipios autónomos de Chiapas bautizados como “Los Caracoles”.

5. El trabajo comunitario es intenso. Sus directivos y dirigentes tienen que visitar comercios, hablar detenidamente con cada uno de sus dueños, convencerlos del proyecto y orientar a los habitantes acerca de cómo se debe proceder. Muchos profesores y estudiantes de la universidad veracruzana son miembros de las diferentes comunidades del estado y son ellos quienes en reuniones y asambleas analizan a fondo la problemática con el fin de poder explicársela a la comunidad. Debemos estar pendientes de lo que suceda en esa región de Veracruz, conocer muy bien esa experiencia comunitaria cuyo único objetivo es que la población pobre, explotada y sin trabajo construya directamente su vida. Pero también exigir que el gobierno y los empresarios respeten al pueblo, a sus dirigentes y profesores que luchan denodadamente por la instrumentación de ese proyecto. Más aún, debemos apoyarlos.

6. Recuerdo que desde que era niño me mal enseñaron que utopía quiere decir “irrealizable” (incluso en los diccionarios se repite esa frase); que Tomás Moro era su creador y hablaba de una sociedad ficticia, es decir “en ningún lugar”, pero ya Platón la definió como sociedad idealizada hace más de dos mil años. Luego estudiando a Marx y a Engels, en su “Socialismo utópico y socialismo científico”, me encuentro a los llamados “socialistas utópicos”: Saint Simon, Charles Fourier y Robert Owen que pusieron proyectos en práctica que se convirtieron en interesantes ensayos socialistas que por una u otra causa no pudieron funcionar durante mucho tiempo. Por su parte, lo anarquistas –como seres activos- no dejaron nunca de poner en práctica acciones comunitarias que desnuden el autoritarismo del Estado capitalista y pongan en actividad a las masas. Aunque las experiencias han sido diferentes han ido por el mismo camino.


7. Las Juntas de Buen Gobierno instaladas en Chiapas en agosto de 2003, así como el proyecto “Marcado Alternativo y Economía Solidaria” que se ha empezado a poner en práctica en el norte de Veracruz, son experiencias comunitarias que están naciendo desde abajo, que nos enseñan que “Otro mundo es posible”, es decir, que las ideas toman cuerpo en la materialidad cuando prenden en la gente. Espero que la izquierda radical mexicana se de cuenta de los cambios que se dan a diario con la participación de las comunidades y que la socialdemocracia, preocupada sólo por lo electoral, también comprenda que tiene la obligación de apoyar los movimientos sociales para extender su influencia política. ¿Qué piensan los movimientos sociales y el sindicalismo acerca de estas propuestas, como la de Veracruz, que ayudan a desnudar las prácticas capitalistas y contribuyen a la movilización de la población?


http://pedroecheverriav.wordpress.com

Crea gobierno de México programa antitrata


Tres años después de que se aprobó ley contra ese delito


De la redacción

México, DF, 6 ene 11 (CIMAC).- A tres años de que se aprobó la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas en el país, la Presidencia de la República publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que crea el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas (PNPST) 2010-2012.

El Ejecutivo federal asigna responsabilidades claras a las dependencias y organismos gubernamentales en cuanto a la prevención del delito, la persecución criminal y la protección de las víctimas. Además cuenta con 58 líneas de acción relacionadas con campañas de sensibilización, prevención y denuncia.

En un comunicado de prensa, la Secretaría de Gobernación (Segob) precisó que el Programa establece la realización de un “Diagnóstico Nacional del Delito de Trata de Personas”, el diseño e implementación de un sistema para la búsqueda de personas desaparecidas y la celebración de un convenio marco con los estados de la Federación para prevenir y sancionar el delito de trata de personas.

Asimismo se prevé un código de conducta con los medios de comunicación para que se comprometan a “no difundir anuncios que fomenten la trata de personas”.

Se estima que en México casi un millón 200 mil personas son víctimas de la trata, lo que coloca al país en el quinto lugar de América Latina con el mayor número de casos, de acuerdo con la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWALC, por sus siglas en inglés).

El organismo ha reportado que de cada 10 personas víctimas de trata al menos dos son menores de edad. También ha señalado que en México hay un aumento de mujeres y adolescentes provenientes de Rusia y Bulgaria que son explotadas, en su mayoría de forma sexual.

A pesar de la existencia de la ley para combatir la trata y de mecanismos para su atención en la Segob y el Congreso, en México “el número de investigaciones y condenas por este delito siguen siendo bajas”, afirmó el Departamento de Estado de Estados Unidos en el Informe sobre Trata de Personas 2010.

La dependencia estadounidense advirtió que los resultados de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas son escasos, ya que sigue habiendo falta de recursos gubernamentales, y sentencias, o castigos severos contra ese delito.

De acuerdo con el “Primer Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que Propician la Trata de Personas en México”, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, en 2008 -a un año de la entrada en vigor de la Ley de Trata- sólo se iniciaron 24 averiguaciones previas por ese delito. De esas averiguaciones, sólo dos fueron consignadas.

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) han señalado que existen vacíos en la Ley de Trata que la hacen inoperante, toda vez que en varios estados de la República no se establece una distinción legal entre el tráfico de indocumentados y el delito de trata de personas, por lo que consideran urgente tipificar esta actividad ilícita.

La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas entró en vigor el 27 de noviembre de 2007, la cual establece entre sus disposiciones la responsabilidad del Presidente de la República de crear un Plan Nacional para atender el problema.

Narco atomizado


Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, DF, 7 de enero (apro).- Hace cuatro años, en cuanto ocupó la Presidencia de la República, Felipe Calderón embarcó al país en un conflicto en el que ni él mismo sabía en qué acabaría.

Decidido a hacer de la violencia una política de legitimación, fue improvisando en el camino:

Metió y sacó al Ejército en distintas ciudades, provocó discordia en las Fuerzas Armadas por su decisión de crear una Marina de guerra y generó suspicacia al entregarle al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, una fuerza de 35 mil hombres constituida en un virtual Ejército paralelo.

Urgido de orientación por la violencia desbordada que desde un principio estimuló, acudió a su alter ego, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, para terminar maniatado a la estrategia estadunidense a través de la Iniciativa Mérida.

A cambio de algunos millones de dólares, ató a las Fuerzas Armadas y a las otras instituciones de seguridad del Estado mexicano a las políticas diseñadas por Estados Unidos, que gracias a esa estrategia logró por fin lo que ansió por años: establecer un centro de espionaje autorizado, civil y militar, en la Ciudad de México.

Si su objetivo declarado ha sido el de atacar a las organizaciones del narcotráfico, lo único que Calderón ha logrado es atomizar a los grupos delictivos.

Al comienzo de su “guerra”, cuando se hacia llamar el “presidente valiente”, los cárteles estaban estructurados en organizaciones jerarquizadas que centralizaban su fuerza.

Al ir en contra de algunas cabezas de esos grupos, lo que ha provocado es una dispersión de la violencia. Muchas células que antes operaban en obediencia de algún jefe, ahora se han vuelto autónomas.

Se ha perdido el control de la fuerza ilegítima de las organizaciones del narcotráfico.

Los arreglos con las autoridades civiles y militares también se han descentralizado. Ahora son más coyunturales que nunca.

Un jefe militar tiene sus propios arreglos, un mando policial --federal, estatal o municipal-- ve por su propio acuerdo y un jefe político local busca los suyos.

A eso obedece, y no a un supuesto éxito de la represión a los cárteles del narcotráfico, que la delincuencia organizada se haya dispersado durante este sexenio hacia otras actividades, como el millonario robo a los ductos de Pemex.

Si el gobierno de Calderón no es capaz de controlar lo que pasa en la empresa más estratégica del país, que se supone está bajo su mando, cómo va a imponerse a la delincuencia organizada más allá de los golpes espectaculares.

Si lo represivo ha sido lo más vistoso, en el castigo a los responsables del narcotráfico el resultado es catastrófico. Cierto que esa es una tarea compartida con el Poder Judicial, pero los jueces --según se defienden-- juzgan con lo que les entrega el Ministerio Público federal.

Y lo que sucede en la Procuraduría General de la República es competencia exclusiva del gobierno federal. La PGR es un hoyo negro, aunque la única certeza es que en relación con el narcotráfico administra la justicia a golpes de dinero, delatores, manipulaciones y traiciones.

No es extraño entonces que el “éxito” de Calderón, al final de su sexenio, sean 50 mil o más o menos delincuentes muertos.

Con instituciones gastadas, sobre todo las militares, entre otros motivos por su reiterada violación de derechos humanos como parte de esta “guerra”, la atomización del narco heredada por Calderón habrá sido demasiada cara para la población, la hacienda pública y la imagen del país.

Después de cuatro años, el problema del narcotráfico se agravó por las urgencias políticas personales y autoritarias.

Comentarios: jcarrasco@proceso.com.mx

Remoción en la Auditoria Superior



FOTO: Octavio Gómez
Juan Manuel Portal. Suspensión.
Jesusa Cervantes


MÉXICO, DF, 7 de enero (apro).- Después de medio año de impugnaciones y protestas en contra de uno de los hombres impuestos por el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, parece que finalmente la Cámara de Diputados se adjudicó un acierto y en breve lo suspenderá del cargo.

Se trata del ingeniero Celerino Cruz García, un exempleado de Petróleos Mexicanos que durante su paso por la paraestatal tuvo la “rentable” cartera de gerente de Contratos y Proyectos de Pemex. De ahí, Juan Manuel Portal insistió en nombrarlo director general de Auditorías de Inversiones Físicas Federales de la ASF.

El primero en impugnar el nombramiento de Celerino Cruz fue el diputado petista Mario Di Costanzo, le siguió la perredista y presidenta de la comisión de la ASF en la Cámara de Diputados, Estela Damián, y finalmente al reclamo y malestar se sumó el PRI, a través de la diputada nuevoleonesa, Marcela Guerra.

Todos argumentaron conflicto de intereses, pues una vez que estuviera en la ASF, Celerino Cruz se iba a auditar a sí mismo, cuando fue justamente el tema que dejó pendiente el exauditor saliente, Arturo González de Aragón, y lo cual era una de las prioridades del nuevo titular de lo que podríamos llamar la verdadera auditoría hacia el gobierno federal.

Cuando dejó la ASF, González de Aragón, que auditó Pemex e hizo una serie de observaciones a la paraestatal, las respuestas en su defensa las tuvo que realizar Celerino Cruz en su calidad de funcionario, y luego como integrante de la ASF le correspondía revisarse a sí mismo.

Este conflicto de interés fue el principal obstáculo que PT, PRD y PRI le pusieron a Celerino Cruz y a su jefe Juan Manuel Portal, sin embargo, como es potestad del auditor nombrar al resto de los auditores, los legisladores nada más pudieron hacer para impedir la designación.

Finalmente, el 1 de julio de 2010 Cruz asumió la dirección general de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, pero la denuncia llegó a oídos de la Unidad d Evaluación y Control de Investigación de la Cámara de Diputados, que encabeza Roberto Michel.

Mientras Michel revisaba el extenso expediente en contra de Celerino Cruz, el auditor superior de la Federación le encomendó la realización de las 26 revisiones a Pemex exigidas por distintos legisladores; sin embargo, no alcanzó a consumarlas, pues se encontraba tratando de resolver las acusaciones de conflicto de interés por la auditoría a su propia gestión.

Fue tal la oposición y el reclamo de PRI, PRD y PT a que fuera justamente él, Celerino Cruz, quien le daría continuidad y verificación a las observaciones que hizo a Pemex el exauditor Gonzáles de Aragón, que el nuevo titular de la ASF, Juan Manuel Portal, hubo de acordar contratar un despacho externo para que realizara tal trabajo.

Tan sólo en noviembre pasado, durante la discusión del presupuesto para la ASF, el factor Celerino Cruz provocó una acalorada discusión en la Comisión de Auditoría de la Cámara de Diputados que preside la perredista Estela Damián; incluso se llegó a decir que no se le diera un solo centavo a la ASF –instancia que depende de la Cámara de Diputados--, hasta que no se removiera a Cruz García del cargo.

Pese a todo, Portal lo mantuvo, el presupuesto concluyó y el año terminó con Celerino Cruz en su puesto, sin embargo, la Unidad de Evaluación (UEC), que encabeza Roberto Michel, parece ser que ya concluyó su investigación encontrando varias “perlas” en contra del funcionario. Todo apunta a que a Celerino Cruz se le fincarán responsabilidades, por lo que es posible que muy pronto salga de la ASF.

Así, en contra de Juan Manuel Portal, quien por cierto también trabajó en Pemex durante la dirección de Francisco Rojas, Celerino Cruz podría ser removido de su cargo, mismo que ocupó haciendo a un lado a Luis Nava Díaz (contrincante de Portal en la búsqueda por la titularidad de la ASF), y quien curiosamente fue prejubiladado para dar el paso a Celerino.

De concretarse la salida del funcionario de la ASF, la Cámara de Diputados se apuntaría un acierto, sólo es tiempo de esperar… quizá a que el propio Celerino Cruz regrese de vacaciones, pues según se comentó a esta reportera, aún disfruta de su descanso navideño.

Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx

Dilma Rousseff refuerza el liderazgo femenino en América Latina

“Las niñas podrán tener los mismos sueños que los niños”

Redacción


México, DF, 04 ene. 11. AmecoPress/Cimac.- Dilma Rousseff se convirtió en la primera mujer presidenta de Brasil y en la novena en América Latina luego de que el pasado sábado tomó posesión del cargo en el Congreso Nacional del país sudamericano.

Durante su discurso, la nueva mandataria de esa nación dijo que debían sentirse “orgullosas todas las mujeres de Brasil” y además afirmó que gobernaría “para todos los brasileños sin distinción, con coraje y cariño de madre”.

Aunque la economista de profesión no logró el triunfo en la primera vuelta de las elecciones, durante la segunda ronda celebrada el pasado 31 de octubre de 2010, Rousseff obtuvo el 56 por ciento de los votos, con lo cual derrotó a su principal opositor, José Serra, del Partido de la Social Democracia.

Rousseff, de 62 años de edad e integrante del Partido de los Trabajadores, se comprometió a continuar con los programas sociales y las políticas económicas del ahora ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien ocupó el cargo en dos ocasiones.

Esta mujer que pasó de ser guerrillera a ministra, militó en diversas organizaciones de izquierda, lo que le valió ser encarcelada y torturada en la década de 1970 después de ser acusada de querer implantar en Brasil el régimen comunista soviético.

Tras el golpe de Estado de 1964, Rousseff ingresó al Instituto Central de Belo Horizonte, donde existía un fuerte movimiento estudiantil. Fue entonces que inició su activismo político, luego de esta etapa desarrolló su actividad profesional e incursionó oficialmente en la política.

Durante el primer mandato de Lula da Silva en 2003, Dilma estuvo al frente del Ministerio de Energía y más tarde, en junio de 2005, ocupó la jefatura de Gabinete del Gobierno.

De acuerdo con sus seguidores, durante su gestión Rousseff destacó el impulso a un ambicioso plan de inversiones en infraestructura de saneamiento, viviendas, transporte, energía y recursos hídricos.

Además destacan que al frente de la presidencia del Consejo de Administración de la petrolera estatal Petrobras, Brasil alcanzó la autosuficiencia en la producción de crudo.

Al ganar las pasadas elecciones, la nueva presidenta afirmó que a partir de ese momento “las niñas podrán tener los mismos sueños que los niños”. Al tiempo prometió políticas especiales contra la discriminación hacia las mujeres.

Con el inicio del mandato de Rousseff, quien durante su campaña se expresó a favor de la maternidad libre y voluntaria de las mujeres, suman nueve los países de América Latina que tienen o tuvieron una mujer presidenta.

Estas mujeres son Laura Chinchilla, en Costa Rica; Cristina Fernández e Isabel Perón, en Argentina; Michelle Bachelet, en Chile; Mireya Moscoso, en Panamá; Rosalía Arteaga, en Ecuador; Violeta Chamorro, en Nicaragua, y Lidia Gueiler Tejada, en Bolivia.

Actualmente, América Latina tiene tres mujeres presidentas: Dilma Rousseff, Laura Chinchilla y Cristina Fernández.

Peligro para las mujeres en las elecciones de 2011


FOTO: Miguel Dimayuga
Protesta en contra de la penalización del aborto.


Sara Lovera

MÉXICO, D.F., 6 de enero (apro).- Este año, cuando comienza la segunda década del siglo XXI, habrá elecciones locales en siete entidades del país, donde se renovarán 338 puestos elegibles --y vuelve a campear la idea de las alianzas entre las fuerzas progresistas y la derecha--, algo verdaderamente importante para la vida y la condición de las mujeres.

En este 2011 se elegirán seis gobernadores o gobernadoras, así 116 congresistas estatales y 224 presidentes municipales. Ello significa que en cuatro entidades se modificará el plantel congresista: Baja California Sur, Coahuila, Nayarit y Michoacán.

Al final de 2010 y contra toda la tradición despenalizadora del aborto en México, Tamaulipas se sumó a las entidades donde los congresos pusieron en la Constitución estatal la categoría de persona al feto. Y se sumó porque tenía ya una iniciativa al respecto.

Hoy suman ya 17 los estados donde se consideran derechos al feto. Todo ello sucedió entre 2008 y 2010, y existe una iniciativa para reformar la Constitución general del país. Además de la enviada por el Congreso de Veracruz, se sumó otra a la lista en el último periodo de sesiones, con lo que creció el peligro de perder las excepciones de aborto.

Importa el calendario electoral porque en Baja California Sur, donde habrá elecciones el 6 de febrero para renovar todos los órganos de gobierno, existe una iniciativa turnada a comisiones, cuyo objetivo es prohibir todas las formas de aborto y una salida aliancista con los partidos progresistas y el derechista (Acción Nacional), lo que nos pone un foco rojo. Y ahí donde gobierna el Partido de la Revolución Democrática (PRD) podría haber un nuevo retroceso.

Importa porque en Nayarit ya existe esa modificación constitucional contra el aborto legal, y una alianza sería desastrosa, aunque las opiniones se dividan y haya la certeza de pretender parar la llegada al poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), antiguo partido de Estado. Y lo peor de todo es que no hay diferencia entre los partidos, pues los priistas han votado contra la interrupción legal del embarazo en numerosos congresos locales en los últimos dos años.

Igualmente grave lo es para el Estado de México, donde habrá elecciones el 3 de julio próximo, porque en esa entidad, además de existir la iniciativa, se han registrado los peores retrocesos institucionales, además de que no existe un Instituto de la Mujer y la concepción familista sólo es comparable con las ideas conservadoras del siglo XIX.

En Michoacán se logró parar el cambio constitucional, aunque ahí, por la creciente violencia y las dificultades de gobernabilidad, el pronóstico es difícil. El gobierno del PRD tuvo serios intentos, en los últimos 11 años, de establecer una buena política para las mujeres, pero hace cinco años que todo parece imposible.

Las alianzas de los progresistas con la derecha son peligrosas. En Oaxaca, donde todo son bombos y platillos, porque el actual gobernador, Gabino Cué, es identificado con la socialdemocracia (donde muchas personas pusieron sus mejores instrumentos para “colaborar”), el gobierno no se define respecto del aborto, a pesar de ser señalado o definido como un gobierno que imitará en sus acciones o políticas al gobierno del Distrito Federal, que bajo el mandato del PRD y de Marcelo Ebrard ha avanzado como nunca imaginamos en políticas y programas que reconocen el estatus y los derechos de las mujeres, los homosexuales y las lesbianas. El del DF es un gobierno que no escatima recursos para afrontar la violencia contra las mujeres, y existe el aborto legal hasta las 12 semanas de gestación.

Lo que se espera, según el marcaje histórico, es precisamente el establecimiento de gobiernos cada vez más ligados a los compromisos con entidades tan poderosas como la Iglesia católica, los empresarios retrógrados y las fuerzas más atrasadas dentro del PAN, y es un foco rojo a la hora en que las mujeres organizadas, con alguna fuerza visible o de amplia movilización o resistencia, incursionen en los procesos electorales.

Algo adicional lo es la participación. Los 338 puestos a elegir significan una oportunidad y un reto para la incursión femenina, desde luego, y las campañas una ocasión privilegiada para difundir los derechos de las mujeres.

El proceso ya arrancó. El próximo 30 de enero se elegirá gobernador en Guerrero, ahí donde nació la primera Secretaría de la Mujer, una región de gran injusticia donde un día quedó claro que existe el mayor número de muertes maternas y donde la violencia contra las mujeres y el feminicidio es algo mayúsculo.

La alianza con militantes del PAN y de Nueva Alianza es preocupante, entre otras cosas porque el candidato de “Guerrero Nos Une”, Ángel Aguirre, es además expriista y no ha manifestado opiniones claras sobre la condición de las guerrerenses. Este hombre tiene posibilidades de ganar.

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son fundamentales y no ha quedado más remedio que estar en la pelea en actitud de resistencia y sin avances en casi todo el país. De seguir la tendencia de lavado de manos, como en el caso de Oaxaca, no existen muchas esperanzas.

En Guerrero, donde podría haber un gobernante apoyado principalmente por las fuerzas progresistas, también podría haber un gobierno con muchos compromisos con las fuerzas de la Iglesia y sectores retrógrados.

Cuando se hacen las cuentas de lo sucedido en los últimos tres años se le hiela a una el alma. Hay 17 entidades con prohibiciones de aborto, además de que hay un crecimiento exponencial de la violencia y el asesinato de mujeres, que sólo entre 2009 y 2010 cobró la vida de 469 de ellas en Ciudad Juárez, Chihuahua, cifra que superó en número a las 427 reconocidas oficialmente y asesinadas entre 1993 y 2007, según todas las investigaciones.

En Hidalgo, donde habrá elecciones en 84 ayuntamientos, la cuenta también habla de 31 mujeres encarceladas por aborto, y ello es grave porque la información oficial señala que personal médico de muchos municipios es el que hace las denuncias y propicia el encarcelamiento.

En Coahuila, donde habrá elecciones para todo el gobierno el 3 de julio, no hay posibilidades de gran cambio. El gobernador saliente, Humberto Moreira, probablemente vaya a la dirección del PRI, mientras que su hermano pretende ser candidato y gobernador. Ellos son una pareja sui generis, entre progresistas, populistas y de mano dura. Tradicionales, en el tema de los derechos de las mujeres, cuyo progreso fue lento y anodino. Ahí se usa doble lenguaje y no existe ni por asomo un movimiento potente de mujeres, lo que dificulta mirar al futuro.

La tuerca política de quienes se van y quienes llegan tras los procesos de elección resulta una tarea fundamental para el movimiento progresista de las mujeres, que pensando en un sólo compartimento del extenso mapa de intervenciones, todo se vendría abajo. Es necesario ver más ampliamente, y un camino a seguir es el de la movilización, el seguimiento y la exigencia de rendición de cuentas a los gobiernos y no necesariamente de la participación política que agota energías y da pocos resultados.

saralovera@yahoo.com.mx

El secreto sucio de nuestra cultura


FOTO: Alejandro Saldívar
Consumo cultural. Mínimo.

Sabina Berman

1

El 48% de los mexicanos no se interesa en la cultura. 86% nunca ha pisado un museo. 57% no ha entrado a una librería. 73% no ha leído un libro el último año. Etcétera: los números de la encuesta nacional de consumo cultural o el redescubrimiento de nuestra realidad.

Ya en el año 2003 la primera encuesta de consumo cultural arrojaba el mismo resultado general: La política cultural de México no toca las vidas de la mayor parte de los mexicanos. Sus clientes, durante los últimos 21 años, han sido los artistas y los intelectuales, y no la sociedad.

La novedad, en este 2010, es otra. La seriedad de la última encuesta, que despliega un mapa del consumo cultural detallado estado por estado y ciudad por ciudad, y que se publica al mismo tiempo que un atlas minucioso de la infraestructura cultural del país. La utilidad de combinar ambos documentos podría ser dramática.

Empalmándolos, podría contarse por primera vez con un mapa nacional que explique de forma objetiva por qué diablos la cultura no llega a los muchos y que transparente las maneras de lograrlo.

Al puro ojeo de ambos documentos, ofrezco un botón de muestra.

La encuesta revela que los habitantes de la Ciudad de México son consumidores de cultura tan ávidos como los de las metrópolis de los países desarrollados, y el atlas trasluce el cómo esto es posible: En la capital del país se concentran más museos, librerías, teatros, cines y casas de cultura que en varios estados combinados. En cambio, los nayaritas ven mucha televisión, ven un poco de cine, apenas leen y en su gran mayoría nunca han cruzado el umbral de un espacio cultural, y la encuesta revela que aunque quisieran no podrían: La densidad de los espacios culturales es casi nula en Nayarit.

Si se trata de disminuir la desigualdad cultural en el país, la solución salta a la vista. Nayarit necesita espacios para la cultura, promoción de sus bondades y estímulos para que empresarios culturales locales surjan.

Otro botón de muestra.

En Monterrey, la cultura es apoyada por empresarios civiles que la han hecho depositaria de su filantropía, pero también de otros empresarios que la han hecho su negocio. No es casual que para los regiomontanos el arte contemporáneo se ha vuelto un emblema de su identidad común. En cambio en Veracruz, aparte del Estado, hay pocos que invierten en cultura, y la cultura viva es la popular, la folclórica, mientras el arte ha perdido espectadores.

¿Cómo reproducir el efecto Monterrey en Veracruz y en otras ciudades culturalmente empobrecidas?

Y un tercer botón de muestra.

Un cruce primario del atlas y la encuesta revelan lo que sabemos, de forma azarosa, quienes hemos viajado por la República. Desperdigados por nuestra geografía, vegetan centros culturales inservibles, o casi, y sin embargo onerosos. Bibliotecas visitadas por siete personas a la semana. Teatros convertidos en salones de mítines de sindicatos. Cientos de casas de cultura con presupuestos suficientes para tener los pisos y las paredes lavados y ofrecer clases de bordado y de baile de salón, pero no más.

Proveer a esa infraestructura de lo necesario para que sirva a los ciudadanos, es más urgente que nuevas edificaciones faraónicas.

2

Este es el secreto sucio de la política cultural mexicana: a pesar de que su acta fundacional expresa que su finalidad es “hacer llegar el arte y la cultura a la mayor cantidad posible de mexicanos”, el Conaculta nunca se lo ha propuesto. Desde su fundación en 1989, la atención de sus sucesivos presidentes ha sido articular la trabajosa y conflictiva inercia de las instituciones preexistentes, pero sobre todo amistarse con los artistas y los intelectuales.

Así, el Conaculta del PRI se dedicó sobre todo a contentar a los patriarcas culturales. Contentarlos con homenajes y premios, becas vitalicias y dinero contante y sonante para sus proyectos personales. También fue generoso con los artistas incipientes: de 1989 al año 2000 fue el periodo de la multiplicación de las becas, federales y estatales, para menores de 35 años y para mayores de 35 años, así como la multiplicación de las inversiones en sus películas, obras escénicas, exhibiciones y publicaciones, que eran atendidas, típicamente, y para tortura psíquica de los artistas, por públicos raquíticos.

Era solo natural que Sari Bermúdez, cuya presidencia del Conaculta arrancó a la par de nuestra democracia electoral, se propusiera ahora sí abarcar en su proyecto a los ciudadanos. De cierto, en su toma de posesión declaró: “Vamos a ciudadanizar la cultura”. Ya se sabe, durante los siguientes seis años Sari intentó imaginarse qué podría querer significar la feliz expresión, regalada a ella por un intelectual ameno, mientras en los hechos su administración calcó el pasado, más una adición. Edificó siete universidades de arte, para seguir multiplicando a los artistas.

¿Qué hizo Sergio Vela? El proyecto que el presidente Calderón le aprobó preveía ordenar el funcionamiento de la burocracia del Conaculta. El anacronismo sorprende: así se acortaba aún más la mira y se dejaba fuera de ella, otra vez, a nada menos que a 120 millones de ciudadanos.

¿Ha llegado el fin de los proyectos miopes y anárquicos de cultura? ¿El Conaculta por fin asumirá su meta retórica (“hacer llegar el arte y la cultura a la mayor cantidad posible de mexicanos”)?

Está por verse.

La enfermedad está diagnosticada al detalle, gracias a la encuesta y al atlas, y es radical. Igual, los remedios debieran ser precisos y radicales.

Este artículo se publica en la edición 1783 de la revista Proceso, ya en circulación.

La sumisión



Luis Javier Garrido

El papel de escritores y académicos mexicanos avalando las atrocidades del gobierno panista no tiene paralelo en nuestra historia reciente, de ahí que 2011 se abra con la necesidad de reflexionar sobre esta cuestión fundamental y hay material para ello.

1. En un artículo memorable titulado El dandy y el histrión. La crítica y la paradoja del comediante (Proceso, número 1783), José Emilio Pacheco analiza el papel de los escritores y de la crítica en México, y acaso sin proponérselo al hablar del siglo XIX plantea esta cuestión en toda su actualidad.

2. El punto de partida de la reflexión de Pacheco, lo constituyen sus estudios sobre Juan de Dios Peza, poeta destacado de finales del XIX, pero olvidado, a quien la mafia de la época, encabezada entre otros por Manuel Puga y Acal, que escribía con el seudónimo de Brummel, buscó ningunear, y es notable por todo lo que sugiere el que es uno de los más grandes escritores mexicanos, con el que el gobierno español quiso el año pasado dar lustre a su Premio Cervantes, y quien conoce como pocos la vida intelectual del país, marcada por esa difícil relación de artistas y escritores con el poder político.

3. La historia del afán de algunos escritores por erigirse como un poder cultural y literario en estrecha vinculación con el poder político se remonta en México, como recuerda Pacheco, al triunfo de la República, cuando se creó la que se llamó República de las Letras, cuyo primer presidente fue Ignacio Manuel Altamirano, remplazado pronto por su discípulo Justo Sierra, quien por su fama literaria creciente y su exitosa carrera política en el porfiriato asumió el papel de autoridad cultural y de jefe, sin decirse, de un poderoso grupo de poder. Ya como ministro de Instrucción Pública, a partir de 1905 controló las revistas, las editoriales, los periódicos, las becas para los pintores y los cargos diplomáticos para escritores, lo que sin proponérselo sentó un precedente para el nuevo siglo.

4. Entre el régimen porfirista y el posrevolucionario muchas son las diferencias, pero también múltiples las coincidencias, y la tentación de muchos escritores siguió siendo la misma. Enrique González Martínez habría ejercido el cargo intangible de esa República cada vez más dictatorial a partir de 1915, y de 1939 a 1959 ocupó la presidencia Alfonso Reyes en un periodo poco estudiado, en el que esos grupos se transformaron cuando a inicios de los 60 la conocida entonces como Sociedad de Elogios Mutuos derivó en La Mafia –término creado no por Luis Guillermo Piazza, como muchos creen, sino por Luis Spota o Margarita Michelena–, y en la que Pacheco no se detiene, acaso por ser sus contemporáneos.

5. La descomposición de las elites culturales en las últimas décadas del siglo XX no es motivo de su artículo y Pacheco no llegó ya a reflexionar sobre el proceso desastroso para la cultura mexicana de finales de los años del neoliberalismo, limitándose a apuntar que desde los 60 hasta su muerte, en esa República, que de monarquía había pasado a ser una Iglesia con todo y sacerdotes y eunucos, ocupó esa posición Octavio Paz, que el siglo XXI encontró en su lugar a Carlos Monsiváis, y que ahora la gente se pregunta si existe aún la República de las letras y si están a su cargo Héctor Aguilar Camín y/o Enrique Krauze.

6. José Emilio no pontifica, sino sugiere, y ojalá algún día hable del proceso reciente de los escritores en relación con el poder. El momento determinante de la consolidación de un grupo mafioso con la pretensión de decidir lo que vale y lo que es artística y políticamente correcto en México, se produjo en la parte final del siglo XX, precisamente cuando otra mafia, ésta política y empresarial, empezó a privatizar al Estado mexicano y a entregar los recursos de la nación al capital multinacional, y su sacerdote supremo fue Octavio Paz. Olvidándose de lo que había escrito sobre la necesidad de que el escritor se mantuviese alejado del poder, Paz se convirtió en el consejero del Príncipe en los años del salinismo y, prevaliéndose de su asociación con Televisa, se autoimpuso como el zar de la cultura mexicana en las dos últimas décadas del siglo, alcanzando un poder del que no soñó Sierra, pues dictó las políticas culturales del Estado y como él decidió las becas gubernamentales para los artistas por conducto del CNCA e influyó en que se le diesen cargos diplomáticos a escritores, pero sobre todo contribuyó a legitimar un poder espurio.

7. Tras de que convalidó el fraude de 1988, y pontificó que el programa de Carlos Salinas de Gortari era el mejor para México, el papel de Octavio Paz no dejó de ser significativo, pues a cambio de que el Estado –es decir, el gobierno y Televisa– le diesen una preponderancia política, le encumbrasen por medio de la propaganda y de ediciones lujosas del Fondo de Cultura Económica –la editorial oficial–, y lo promovieran al Premio Nobel, él se dedicó a justificar todas las exacciones y crímenes de Salinas de Gortari y a defender las acciones ilegales del poder, como más tarde lo haría también con Ernesto Zedillo, dando al grupo de artistas e intelectuales que encabezaba un rol del todo diferente.

8. El papel de los grupos mafiosos en la cultura ha tendido desde el siglo XIX a hacer prevalecer a unos cuantos mediocres con discutibles méritos por sobre muchos artistas a los que han buscado ningunear, y luego de la experiencia de Paz a finales del XX, ha buscado justificar acríticamente al poder político y económico. Lo más patético de lo que acontece en el México panista es que esto se haga desde los intereses de la ultraderecha empresarial e ideológica, y que esas minorías de presuntos artistas, escritores y académicos parezcan obsesionadas en pretender que el modelo neoliberal que desmantela a la nación y empobrece a los mexicanos es la única vía hacia una imaginaria modernidad.

9. Hay algo que muchos no han advertido. La corrupción extrema que asfixia la vida cultural del país está dejando en estado de liquidación a esos presuntos artistas y académicos mexicanos, que desgastados en su papel cortesano tienen un papel cada vez menos relevante por lo que están siendo desplazados, con todo y que avalaron el fraude electoral de 2006, pues su utilidad para el poder es cada vez más dudosa: no son ni Garrick ni Brummel –el gran actor y el dandy impoluto de la Inglaterra dieciochesca–, como aspiraban a ser los críticos mexicanos del XIX, de los que habla Pacheco, sino zánganos y bufones del capital trasnacional y de los grupos de la derecha que los han enriquecido. El papel de hacer el análisis de lo que acontece desde la perspectiva oficial lo tienen cada vez más los locutores de la radio y la televisión.

10. La siempre necesaria y venturosa crítica, debe seguir siendo ejercida en México, es cierto, pero no desde los tenebrosos intereses del poder político o de los aún más oscuros de las grandes corporaciones económicas.

Impulsan senadoras reforma política para mujeres


Paridad en candidaturas y financiamiento de liderazgos

Por Anayeli García Martínez México, DF, 6 ene 11 (CIMAC).- Garantizar la paridad de género en las candidaturas a cargos de elección popular, fortalecer liderazgos femeninos en los estados y homologar las leyes contra la violencia hacia las mujeres, son sólo algunos de los temas que se impulsarán en el próximo periodo ordinario de sesiones del Senado.

En entrevista con Cimacnoticias, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara alta, Blanca Judith Díaz Delgado, dijo que estas iniciativas ya están en comisiones por lo que se impulsará su aprobación durante el próximo periodo de sesiones que inicia el 1 de febrero. “Este paquete de reformas debe salir”, subrayó.
La senadora por el Partido Acción Nacional (PAN) señaló que entre los temas más relevantes para la Comisión que ella encabeza están los derechos políticos de las mujeres porque –dijo– es importante superar el 2 por ciento de alcaldesas y el 14 por ciento de diputadas locales que hay en el país. Asimismo recalcó que es una prioridad fortalecer los liderazgos femeninos al interior de los partidos políticos.

Recordó que ambos temas forman parte de las iniciativas de Reforma política que aún está en análisis en las Comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativo, y de Reforma del Estado. Ante esto, Díaz Delgado señaló que una de sus tareas para el periodo ordinario será impulsarlas entre las y los legisladores.
En marzo de 2010, un grupo de senadoras de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista (PVEM), presentaron una iniciativa para reformar diversos artículos de la Constitución e introducir el principio de paridad entre mujeres y hombres en las candidaturas, afirmó.

Esta iniciativa respondió a la propuesta de un grupo plural de mujeres que se acercó a la Cámara alta al observar que ninguna de las iniciativas de Reforma política presentadas por los diferentes grupos parlamentarios contempló los derechos políticos de las mujeres.

Además, abundó Blanca Judith Díaz, otro de los retos para senadores y diputados es asegurar que las legislaciones electorales en los estados garanticen que los partidos políticos destinen el 2 por ciento de su financiamiento público para fomentar liderazgos femeninos, toda vez que, consideró, “las entidades federativas son el espacio de menos avance en participación política de las mujeres”.

En cuanto a la homologación de las leyes para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, la senadora panista recordó que en febrero del año pasado, la Comisión exhortó a los estados a que regulen las disposiciones de dichas leyes a través de un reglamento. Esto con el fin de determinar competencias y asignar responsabilidades a cada órgano e institución de gobierno, explicó. “Estamos insistiendo con todas las Comisiones locales de Equidad, y estamos juntando la información necesaria, aunque en ocasiones ha sido difícil; el propio Instituto Nacional de las Mujeres y la Cámara de Diputados están apoyando esta tarea.

Hay leyes muy bonitas pero sin reglamentos no sirven de nada”, advirtió la legisladora.
Por otra parte, afirmó que se impulsa una ley para que cuando una legisladora pida licencia al cargo sea suplantada por otra mujer y no por un varón como ocurrió el año pasado en la Cámara de Diputados. “Queremos que las cuotas de género sean respetadas con una suplente mujer”, insistió.

Esta iniciativa suscrita por las senadoras de todas las fracciones parlamentarias se encuentra en las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, y propone que cuando un partido o una coalición registren a una candidata en las listas de representación proporcional para cargos legislativos federales, la suplencia debe estar ocupada también por una mujer.

Gobierno de Oaxaca se compromete a proteger DH


Crea comisión para generar política de Estado en la materia

Por Nadia Altamirano Díaz, corresponsal

Oaxaca, 6 ene 11 (CIMAC).- Para la nueva comisionada de Derechos Humanos del gobierno de Oaxaca, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, las graves violaciones a las garantías individuales en el estado fueron las que provocaron la transición democrática en la entidad, por lo que la administración de Gabino Cué Monteagudo está obligada a castigarlas. “Mi papel es de coadyuvancia, tengo el mandato formal del gobernador de generar una política de Estado de respeto a los derechos humanos”, dijo luego de que Cué Monteagudo le tomó hoy protesta al frente de la comisión especial de nueva creación que depende directamente del gobernador. Cruzvillegas encabeza desde hoy la Comisión Especial en materia de Derechos Humanos del gobierno de Oaxaca.

Esta nueva instancia sustituye a la Subsecretaría de Derechos Humanos que dependía de la Secretaría General de Gobierno del estado.
La situación de los migrantes, los agravios a periodistas, la situación de las y los activistas, así como la tensión social en la zona triqui, son las preocupaciones que la nueva comisionada tiene como prioritarias, ya que en el panorama nacional Oaxaca ocupa el segundo lugar en agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos, y el cuarto lugar por el número de recomendaciones emitidas por organismos humanitarios.

“Me preocupa que los derechos humanos se atienden de manera reactiva, cuando ya se dan los casos, cuando por ejemplo la violencia en contra de las y los periodistas se debe prevenir además de atender”, explicó en entrevista.
Más allá de la atención victimológica, Cruzvillegas propuso trabajar de manera integral y propiciar políticas públicas que eviten la repetición de violaciones a garantías individuales: Se debe priorizar un programa integral y un presupuesto con perspectiva de derechos humanos, expuso. Al tomar protesta a la comisionada especial, el gobernador Gabino Cué destacó el papel fundamental que tendrá la funcionaria para dar seguimiento a la implementación de medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado al gobierno de Oaxaca, pero también en lo referente a las agresiones a periodistas, migrantes o quienes durante el conflicto político social del 2006 vieron vulnerados sus derechos.

Dijo que la creación de la comisión especial “responde a la urgencia que tenemos los oaxaqueños de que desde el propio gobierno se fomente una cultura de derechos humanos; de que se establezcan estrategias que tiendan a su respeto y protección”.
En entrevista, la presidenta del Congreso estatal, Eufrosina Cruz, destacó que la nueva comisionada “tiene conocimiento y sensibilidad” para asumir el cargo. “Yo tengo esperanza que hagamos un trabajo coordinado para que en el Legislativo se hagan las reformas que sean necesarias para dar garantías a los que generalmente se les vulneran sus derechos: mujeres, indígenas, discapacitados, niñas y niños y personas de la tercera edad”.

La activista y ex presidenta de la Liga para la Defensa de los Derechos Humanos, filial Oaxaca, Jessica Sánchez Maya, destacó el alto perfil de la nueva comisionada porque no sólo se habla de una comisión, sino de una oficina de alto nivel que estará al lado de la del gobernador. Lo urgente, opinó, “será atender el tema del feminicidio, la criminalización de la protesta social y todo el tema de represión, pero sobre todo de cómo marcar una política de no repetición en el estado para la no permisibilidad de las violaciones a los derechos humanos, para mí el punto nodal es la voluntad política”.

Erendira Cruzvillegas Fuentes es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y licenciada en Derecho por la Universidad de México, además de ser pasante de la maestría en Ciencias de la Comunicación. Ha sido relatora de Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores en Derechos Humanos en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; fue directora del Centro Nacional de Comunicación social A.C. (Cencos); ha coordinado diplomados, programas, redes y publicado trabajos en materia de acceso a la información, gobernabilidad democrática y libertad de expresión.

Arranca ONU Mujeres trabajo a favor de la equidad


“Oportunidad para acelerar logros”: Michelle Bachelet


Por la Redacción

México, DF, 6 ene 11 (CIMAC).- Bajo el mando de la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet, ONU Mujeres arrancó sus actividades a nivel mundial favor de la equidad de género y la erradicación de la discriminación contra la población femenina, informó Naciones Unidas.

En un comunicado, el organismo internacional destacó que ONU Mujeres tiene como uno de sus objetivos trabajar con los países miembros para acordar normas para la igualdad de género.

El mecanismo cuenta con un presupuesto anual de 500 millones de dólares (cerca de 6 mil 114 mdp) y junto con la sociedad civil trabajará para impulsar la participación femenina en la productividad, el crecimiento económico y la política; y además erradicar la discriminación, la exclusión y la violencia contra las mujeres.

La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, dijo que “este es un momento de grandes esperanzas ya que representa una oportunidad histórica de acelerar el logro de aquello por lo que han trabajado durante años quienes abogan por la igualdad de género”.

El pasado 2 de julio, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó por unanimidad crear ONU Mujeres como una nueva entidad para acelerar los progresos de atención de las necesidades de las mujeres y las niñas del mundo.

Esta organización fusiona y dará continuidad al trabajo de cuatro instancias de la ONU: la División para el Adelanto de la Mujer, el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer, la Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer.

Naciones Unidas destacó que con ONU Mujeres se consolidan y expanden los trabajos de la organización orientadas a lograr la igualdad de género en todo el mundo.

Respaldada por el movimiento global de mujeres, esta agencia internacional impulsará considerablemente los esfuerzos de la ONU para “promover la igualdad de género, expandir las oportunidades y superar la discriminación alrededor del mundo,” declaró el secretario general Ban Ki-moon.

Alejandro Encinas como candidato de la izquierda: la piedra en el estanque


Ricardo Rocha



La virtual candidatura de Alejandro Encinas al gobierno del Estado de México puede tener efectos inimaginables. El gran revulsivo que requería no sólo la elección local sino todo el proceso hacia el 2012. Un catalizador que apunta en todas direcciones. Como si se tratase de una piedra que, arrojada a la quietud de un estanque, provoca ondas concéntricas y expansivas. De qué tamaño serán, dependerá de los próximos días y semanas.

Por lo pronto, representa el mayor triunfo político de Marcelo Ebrard desde que asumió la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y se metió a la batalla por la Presidencia de la República en el 2012. Lo muestra como un artista del tejido fino de la política, cada vez más escaso en estos tiempos de cavernícolas y cuatreros. Es de Ebrard no sólo el mérito de la construcción y el consenso de una postulación —que tuvo muchos simpatizantes pero igual fieros oponentes—, sino también de un acuerdo político fundamental con Andrés Manuel López Obrador; ni más ni menos que su potencial adversario primario en la presidencial. En la comida convocada por Marcelo, López Obrador fue no sólo el gran ausente, sino también el gran presente.

El caso es que Ebrard convenció a Encinas de que fuera candidato, acordó con Andrés Manuel ir paso a paso, coordinó al PT y Convergencia y rebasó por mucho a un PRD cuya actual y paquidérmica dirigencia se mueve en cámara lenta. Lo dicho por Jesús Ortega de que hay que respetar los tiempos del partido resulta hasta conmovedor. Los perredistas no tienen ningún otro candidato.

Pero hay otras implicaciones más allá del ámbito de las izquierdas. Y están en el carril de junto. Ahora el PRI, y concretamente los señores Humberto Moreira y sobre todo Enrique Peña Nieto, están presionados y en serio. Encinas ya está en campaña y los priístas no pueden seguir como novia indecisa, deshojando la margarita. Les urge un candidato ya, y fuerte. Y ahora, menos que nunca, pueden darse el lujo de escoger al más bonito, al más cuate o al más incondicional. Tendrán que optar por el más sólido, el más experimentado, el más ganador, el más probado. Y en su baraja sólo hay uno así. Y ellos lo saben. Si se equivocan, será el suicidio político de Enrique Peña Nieto, quien podría ver derruida su ventaja en las encuestas rumbo al 2012.

Otro efecto colateral es que en el PAN tendrán que hacer a un lado la soberbia y aceptar que no tienen un precandidato tan prometedor como Encinas, y buscar la alianza, aun a regañadientes, si quieren sobrevivir. Un paso que también provoca durísimas resistencias en las izquierdas, en AMLO y en el propio Encinas. Porque por supuesto que es posible que Alejandro gane así como va, pero con el PAN sumado, ya no es cuestión de matemáticas, sino de pura aritmética. Una suma que no garantiza nada pero que, obviamente, amplía las posibilidades de triunfo.

Otra consecuencia alentadora de Encinas-candidato es que se trata de un respetable y admirable hombre de izquierda, cuya probidad, capacidad y congruencia, ni siquiera sus adversarios políticos cuestionan. Entonces no sería tan ilusorio pensar en que su entrada a la arena política abierta pudiera provocar un debate de altura sobre ideas y proyectos de nación, y ya no sólo de ocurrencias, imagen y mercadotecnia electoral.

El país ya no da para más. Todos los datos y prospectivas económicas y sociales son aterradores. Y las urgencias impostergables:

— Apremia una reforma del Estado que replantee la relación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y del centro con todas las entidades.

— Urge un pacto social amplio que convoque a la implementación de un modelo económico a la mexicana que nos evite el lastre de la pobreza que ata al pasado e impide el futuro.

— Es indispensable una revolución educativa que termine con vergüenzas históricas como seis millones de analfabetas y ocho millones de ninis, y nos permita cambiar el destino como han hecho otros países del planeta.

Hay que agitar las aguas estancadas para que no se descompongan al grado de pantano. Apenas estamos a tiempo.


ddn_rocha @hotmail.com Twitter: @RicardoRocha_MXFacebook: Ricardo Rocha-Detrás de la Noticia
Periodista

Alertan riesgo de que jueces regresen a sus funciones


Caso Marisela Escobedo

Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 6 ene 11 (CIMAC).- La coordinadora de la Red Mesa de Mujeres de Juárez, Imelda Marrufo Nava, alertó sobre el riesgo de que regresen a sus funciones los jueces acusados de exonerar a Sergio Barraza Bocanegra, asesino confeso de Rubí Marisol Frayre, y principal sospechoso del asesinato de la activista Marisela Escobedo.

En entrevista con Cimacnoticias, la abogada afirmó que al parecer se complica el proceso para que el Poder Judicial de Chihuahua castigue a los jueces Catalina Ochoa Contreras, Nezahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudib Jurado por haber absuelto a Barraza Bocanegra, a pesar de contar con las pruebas suficientes para condenarlo por la muerte de Rubí Marisol. Marrufo Nava explicó que el procedimiento legal se vislumbra “bastante largo y complicado”, ya que el Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua tiene cerca de un mes para determinar si los jueces incurrieron en faltas u omisiones.

Aclaró que si se determina que así fue, los inculpados tienen la posibilidad de ampararse. El pasado lunes el Supremo Tribunal notificó a los jueces que se encuentran bajo proceso por lo que ahora tienen hasta el próximo 14 de enero para presentar las pruebas en su defensa. Desde el pasado 16 de diciembre los jueces están suspendidos de sus funciones de manera indefinida. Marrufo Nava consideró que el gobierno de Chihuahua espera el momento político “adecuado” para determinar lo que sucederá con la y los jueces, con lo que hay riesgo de que el proceso cambie en cualquier momento.

Sin embargo, las organizaciones estaremos pendientes del resultado de este proceso y lo seguiremos de cerca, así como con la exigencia de justicia para Marisela Escobedo y su hija Rubí, apuntó la activista. En tanto, Luz Estela Castro, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), señaló a Cimacnoticias que separar del cargo a los tres jueces implicados en la liberación de Barraza es una respuesta tardía, limitada y parcial, que responde a los hechos que se están dando y para acallar los reclamos. Esto va más allá, insistió, ya que se necesita una revisión del Poder Judicial que llegue hasta la Procuraduría estatal, toda vez que en la revisión del caso encontramos una gran cantidad de omisiones y negligencias desde que se reportó la desaparición de Rubí, enfatizó. Mientras, el Congreso de Chihuahua aprobó por unanimidad realizar un período extraordinario de sesiones a partir del próximo martes 11 de enero, para determinar si procede el juicio político contra los tres jueces.

El Congreso estatal informó en un comunicado que tomó la determinación toda vez que la diputación permanente no tiene facultades para aprobar el inicio del juicio político, ni para integrar la Comisión Jurisdiccional que llevaría el proceso.


Oaxaca: derechos humanos y transición


Emilio Álvarez Icaza L.


Gabino Cué encabeza una nueva administración e inició en Oaxaca un nuevo gobierno hace tan sólo unas semanas. Es el primer gobernador que no es elegido bajo las siglas del PRI, por lo que estamos ante la primera alternancia en esa entidad. Justamente en estas semanas se está delineando el alcance de ésta y si se abre también un periodo de transición que vaya más allá de la alternancia en el poder.
Como todo gobierno de alternancia, el de Cué también es depositario de un enorme cúmulo de expectativas. Muchas de ellas son producto de las ofertas de campaña y muchas más son consecuencia de la dramática realidad de pobreza e injusticia que se ha vivido en esa entidad, o bien, producto del propio entendimiento de la gente sobre lo que será el nuevo gobierno.
Dados los sucesos en el pasado reciente en Oaxaca, estas expectativas rebasan, por mucho, el ámbito estatal. No es exagerado decir que desde la perspectiva nacional e internacional se dará puntual seguimiento a lo que ahí suceda. Una vez más, Oaxaca se convierte en laboratorio de la democracia mexicana.
Esta particular situación se puede ver, al menos, desde dos perspectivas. Desde la primera, Gabino Cué tiene por delante un gran problema, pues el difícil contexto oaxaqueño no permitirá avances significativos, se podría frasear así: la distancia que existe entre las expectativas y la realidad puede ser igual al tamaño del desencanto (para mayor detalle preguntar a Vicente Fox o a Barack Obama sobre el particular). Desde la segunda, el inicio de un nuevo gobierno constituye también una extraordinaria oportunidad, pues Cué puede poner en evidencia que es posible gobernar de otra manera y coadyuvar así a una verdadera transición democrática.
Este miércoles y ayer jueves se dieron en Oaxaca dos hechos que apuntan más a la segunda perspectiva y que por su alcance bien vale detallarlos. El primero constituye una iniciativa inusual en la relación de un gobernante con la población. De las ocho de la mañana del miércoles a las cinco de la mañana del día siguiente el gobernador se instaló en audiencia pública para recibir a los y las ciudadanos que solicitaron verle. Algo aparentemente tan elemental como la cercanía con la gente, la escucha con sensibilidad y la atención a las necesidades, resultó un éxito. Se estableció el compromiso de repetirlo cada mes y llevarlo a cabo en las distintas regiones de la entidad.
La segunda, fue la presentación pública de una iniciativa pionera en su tipo. Este jueves se dio a conocer la creación de la Oficina de la Comisionada para la Atención de los Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Oaxaca. Se trata de una iniciativa que busca el diseño e implementación de la política pública con enfoque de derechos humanos; la atención y seguimiento a las víctimas de violación a los derechos humanos y a los entes de la materia, tanto públicos (local y nacional), como civiles e internacionales, y el diseño de acciones de derechos humanos con los poderes en el estado y tender puentes con la sociedad civil y agentes de la cooperación internacional.
Esta iniciativa sienta un extraordinario precedente a nivel nacional y que su titular sea la maestra Eréndira Cruz Villegas Fuentes da elementos para confiar plenamente en ella, pues tiene una larga trayectoria en derechos humanos y cuenta con un enorme reconocimiento de organismos locales y nacionales, así como experiencias en gestión pública.
En cualquier país o estado, pero en Oaxaca especialmente, la manera en que se aborda y compromete con la problemática y los desafíos en materia de derechos humanos, da una idea muy precisa de qué tipo de gobierno existe. Es precisamente la atención, respeto y defensa a los derechos humanos uno de los indicadores más concretos del desempeño los gobiernos y de la fortaleza de la gobernabilidad democrática. Aquí radica la importancia de la Oficina de la comisionada.
Estas dos iniciativas ponen en evidencia componentes fundamentales de las democracias modernas. Por una lado, la cercanía con la gente y la eficacia en la gestión pública para atender sus necesidades; y por el otro, el respeto a los derechos humanos como término de relación entre gobernantes y gobernados.
Por ahora, las señales que se mandan desde Oaxaca son esperanzadoras y representan un mensaje fuerte por la transición y la reforma del Estado democráticas. Nos dicen que se puede pasar de una Oaxaca que duele profundamente a una Oaxaca líder y esperanza nacional. Por el bien de este país, de Oaxaca y su gente ojalá que así sea y siga así.
Sociólogo, defensor de los derechos humanos

Otro año de guerra absurda y feminicida

Víctor M. Quintana S.

Unos cuantos datos resumen la situación que viven Chihuahua y el país al terminar un año y comenzar otro. Durante 2010, en todo el estado el número de homicidios dolosos ascendió a 5 mil 212, contra 3 mil 249 en 2009, 60.4 por ciento más. En Ciudad Juárez y los dos municipios del Valle de Juárez la cifra de asesinatos ascendió a 3 mil 111, contra 2 mil 754 en 2009, 13 por ciento más. Y durante los 12 meses que acaban de transcurrir fueron ultimadas 304 mujeres en Juárez, más que ningún otro año. (El Diario de Chihuahua, 25/12/10; El Diario de Juárez, 2 y 3 de enero de 2011.).

Nunca en la historia del estado de Chihuahua y del país habían acaecido tantos asesinatos como en el cuarto año de la guerra calderoniana contra el crimen. Pero lo que más indignación produce a la ciudadanía son la ineficacia de dicha guerra y la economía política de la misma, es decir, a quién, o a quiénes aprovechan las decenas de miles de muertos en México, con la destrucción física, mental y social que traen consigo.

Porque hay más datos para fundamentar nuestra indignación, sobre todo si comparamos la estrategia de Washington con la de Los Pinos: en las tres mayores ciudades de Estados Unidos, el número de muertes violentas entre 1990 y 2009 experimentó decrementos muy significativos: en Nueva York, de 2 mil 245 homicidios anuales pasó a 471 en esas dos décadas, 79 por ciento menos; en Chicago, de 850, a 458 asesinatos anuales: 46 por ciento menos, y en Los Angeles, de 983, a 312: 68 por ciento menos. (Datos de USA Today, 29/12/10).

Es más, en El Paso, Texas, que colinda metro por metro con Juárez, la urbe más violenta del mundo, el número de homicidios del primero de enero hasta el 25 de diciembre de 2010 fue de sólo cinco, contra 12 en 2009, lo que la convierte en una de las localidades más seguras del país vecino (El Diario de El Paso, 2 de enero de 2011).

Entonces no es cierto que a mayor número de adictos, más violencia: en Nueva York se cuenta con un millón 300 mil adictos, esto es, 18 por ciento de su población, según la New York City Liberties Union, mientras en Juárez hay cerca de 100 mil, pero el número de homicidios dolosos en esta última durante 2009 fue 660 por ciento mayor. Aun sumando los asesinatos que en 2010 acaecieron en las tres mayores urbes estadunidenses, los homicidios en la frontera juarense son todavía 250 por ciento más: 3 mil 111 contra mil 241, pero el número de adictos en esta última es mucho menor.

Las preguntas brotan a borbotones: ¿para quién trabaja la estrategia del Estado mexicano?, ¿para hacer más segura la distribución de droga en las calles de las ciudades estadunidenses?, ¿por qué acá pagamos los costos en vidas, en seguridad, en tensión familiar en desgarramiento del tejido social y allá no?, ¿qué otros combates está emprendiendo Calderón bajo la cobertura de la guerra al narcotráfico por encargo de quienes detentan el poder allende el Bravo? Cuando la seguridad de la mayoría de los ciudadanos es la que ha sido gravemente vulnerada, ¿puede decirse que la guerra calderoniana es por la seguridad nacional? En todo caso ¿de cuál nación?

El aspecto absurdo de esta guerra no debe, sin embargo, invisibilizar otro no menos importante: los feminicidios. Si bien todavía no pueden catalogarse como tales los 304 asesinatos de mujeres ocurridos en la región de Juárez en 2010, nos revelan con toda claridad que en el contexto de esta guerra hay una situación de extrema vulnerabilidad para la vida de las mujeres. Más cuando ellas se atreven a reclamar justicia y a defender los derechos humanos, como acaba de mostrar a todo el mundo el feminicidio de Marisela Escobedo Ortiz, el 16 de diciembre.

Y hasta ahora los diversos niveles de gobierno, mejor dicho el Estado Mexicano en su conjunto, no ha hecho nada por atacar de raíz esta situación de violencia. Así lo muestran la tardanza y la negligencia en acatar y llevar a cabo de inmediato la sentencia sobre el caso del Campo Algodonero emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos desde noviembre de 2009. En ninguno de sus niveles el Estado ha puesto los medios necesarios para llevar a la práctica cada uno de los resolutivos de dicha sentencia, orientados no sólo a reparar el daño a las familias de las víctimas, sino también a generar las condiciones para desterrar de raíz la violencia de género.

Y mientras gobierno federal y gobierno del estado siguen atascados en esta absurda y costosa guerra sin traza alguna de cambiar de estrategia, las voces ciudadanas, que llevan agravios, que llevan reclamos, que exigen cuentas, se siguen expresando en las velas, provenientes de muchos rumbos que ya rodean al Palacio de Gobierno en Chihuahua. Ahí donde la muerte de Marisela generó una indeclinable lucha por la vida.

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