Miguel Carbonell
No cabe duda que el gobierno del presidente Felipe Calderón quedará marcado en la historia por el cúmulo de malas noticias que se fueron dando en el país a lo largo de estos seis años.Las malas noticias tuvieron que ver con la crisis de la gripe H1N1, con la trágica muerte de dos secretarios de Gobernación, con las violaciones de derechos humanos multiplicadas hasta el infinito, con la incapacidad de superar la inseguridad pública, con la crisis económica de 2008 y sus efectos sobre el empleo, con el secuestro y asesinato de miles de migrantes, con el incendio del casino Royale, etcétera.
Pero si me pidieran una de entre todas las malas noticias, diría que la peor es la muerte de miles de víctimas de homicidios intencionales.Según datos del INEGI y del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (dependencia adscrita a la Secretaría de Salud federal), los homicidios en México se triplicaron entre 2007 y 2010. Mientras que en 2007 hubo en todo el país 8 mil 868 homicidios registrados, para el 2010 fueron 25 mil 757 las víctimas de ese delito.Por fortuna no se trata de un fenómeno que abarque todo el territorio nacional. Del total de homicidios correspondientes al año 2010, casi 30% se produjeron solamente en dos entidades: Chihuahua (6 mil 407) y Sinaloa (2 mil 423).Hay entidades con índices de homicidio muy por debajo de los países más desarrollados. Campeche y Yucatán, por ejemplo, tienen tasas de homicidio 50% inferiores a los de la mayor parte de los países de Europa occidental.Ahora bien, la concentración geográfica de ese descomunal número de homicidios no puede disipar el carácter de catástrofe que representan, de la que el país tardará mucho en recuperarse.
El gobierno federal ha dicho que 90% de homicidios han tenido que ver con enfrentamientos entre cárteles de la droga, deslizando así la idea de que en realidad no se trata de algo tan grave ni que merezca siquiera ser investigado.Aduciendo eso, el gobierno federal comete un descomunal error, en el plano moral, político y jurídico. Desde el punto de vista moral no cabe identificar la vida de una persona como más valiosa que otra. Una vida es una vida, siempre única e irrepetible. Políticamente la tesis gubernamental encierra una enorme miopía, ya que supone en los hechos la claudicación de la tarea más básica del Estado, que ya desde Hobbes se ha identificado con la protección de la vida de (todos) los integrantes de la comunidad política.
Y desde el punto de vista jurídico la tesis gubernamental no tiene sustento: ¿en qué código penal o de procedimientos penales dice que un homicidio no debe ser investigado, perseguido y sancionado si la víctima tenía “relación” con el narco (cualquier cosa que ello quiera significar, según las laxas definiciones conceptuales con que el gobierno suele justificar sus políticas)?Para que quede claro: la responsabilidad moral, política y jurídica del gobierno se produce por falta de prevención eficaz del delito y sobre todo por la ausencia de las correspondientes investigaciones contra los responsables de miles de muertes. No hay excusa que valga para eximir del juicio histórico al que muy pronto se verán sometidos altos mandos (sobre los cuales no sólo habrá consecuencias de orden histórico, sino seguramente también de tipo político o incluso jurídico).
Hay una dimensión adicional en la tragedia por el número de homicidios durante el sexenio: la mayor parte eran muy jóvenes. El 39% de los fallecidos tenía entre 15 y 29 años. Es el grupo de edad más afectado por la ola de violencia en que se han sumido regiones enteras del país.Todas esas personas habían recibido algún grado de educación, habían convivido con amigos y vecinos, habían pagado impuestos y habían formado parte de un grupo familiar. Muchos (90% de sexo masculino) seguro eran padres al momento de morir. Habrá una legión de huérfanos que no podrá comprender ninguna excusa que les explique la ausencia de sus progenitores.De entre todas las malas noticias, la muerte de decenas de miles de personas por hechos de violencia es la peor de todos. De ella ya nadie podrá recuperarse nunca.@MiguelCarbonell
Pero si me pidieran una de entre todas las malas noticias, diría que la peor es la muerte de miles de víctimas de homicidios intencionales.Según datos del INEGI y del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (dependencia adscrita a la Secretaría de Salud federal), los homicidios en México se triplicaron entre 2007 y 2010. Mientras que en 2007 hubo en todo el país 8 mil 868 homicidios registrados, para el 2010 fueron 25 mil 757 las víctimas de ese delito.Por fortuna no se trata de un fenómeno que abarque todo el territorio nacional. Del total de homicidios correspondientes al año 2010, casi 30% se produjeron solamente en dos entidades: Chihuahua (6 mil 407) y Sinaloa (2 mil 423).Hay entidades con índices de homicidio muy por debajo de los países más desarrollados. Campeche y Yucatán, por ejemplo, tienen tasas de homicidio 50% inferiores a los de la mayor parte de los países de Europa occidental.Ahora bien, la concentración geográfica de ese descomunal número de homicidios no puede disipar el carácter de catástrofe que representan, de la que el país tardará mucho en recuperarse.
El gobierno federal ha dicho que 90% de homicidios han tenido que ver con enfrentamientos entre cárteles de la droga, deslizando así la idea de que en realidad no se trata de algo tan grave ni que merezca siquiera ser investigado.Aduciendo eso, el gobierno federal comete un descomunal error, en el plano moral, político y jurídico. Desde el punto de vista moral no cabe identificar la vida de una persona como más valiosa que otra. Una vida es una vida, siempre única e irrepetible. Políticamente la tesis gubernamental encierra una enorme miopía, ya que supone en los hechos la claudicación de la tarea más básica del Estado, que ya desde Hobbes se ha identificado con la protección de la vida de (todos) los integrantes de la comunidad política.
Y desde el punto de vista jurídico la tesis gubernamental no tiene sustento: ¿en qué código penal o de procedimientos penales dice que un homicidio no debe ser investigado, perseguido y sancionado si la víctima tenía “relación” con el narco (cualquier cosa que ello quiera significar, según las laxas definiciones conceptuales con que el gobierno suele justificar sus políticas)?Para que quede claro: la responsabilidad moral, política y jurídica del gobierno se produce por falta de prevención eficaz del delito y sobre todo por la ausencia de las correspondientes investigaciones contra los responsables de miles de muertes. No hay excusa que valga para eximir del juicio histórico al que muy pronto se verán sometidos altos mandos (sobre los cuales no sólo habrá consecuencias de orden histórico, sino seguramente también de tipo político o incluso jurídico).
Hay una dimensión adicional en la tragedia por el número de homicidios durante el sexenio: la mayor parte eran muy jóvenes. El 39% de los fallecidos tenía entre 15 y 29 años. Es el grupo de edad más afectado por la ola de violencia en que se han sumido regiones enteras del país.Todas esas personas habían recibido algún grado de educación, habían convivido con amigos y vecinos, habían pagado impuestos y habían formado parte de un grupo familiar. Muchos (90% de sexo masculino) seguro eran padres al momento de morir. Habrá una legión de huérfanos que no podrá comprender ninguna excusa que les explique la ausencia de sus progenitores.De entre todas las malas noticias, la muerte de decenas de miles de personas por hechos de violencia es la peor de todos. De ella ya nadie podrá recuperarse nunca.@MiguelCarbonell
Investigador del IIJ de la UNAM
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