Zedillo y su inmunidad

Por: Sanjuana Martínez

El ritual consistió en abrir el vientre a las siete embarazadas. Los paramilitares de “Máscara Roja” las mataron a todas a machetazos, luego exhibían a los no nacidos como trofeos de caza. También asesinaron a 15 niños, a otras 14 mujeres y 9 hombres; los 45, eran indígenas tzotziles. Sucedió hace catorce años y ningún mexicano debería olvidar el nombre de estos hechos ominosos: matanza de Acteal, crimen de lesa humanidad.

No todos los autores materiales de esta masacre fueron detenidos y sentenciados; algunos incluso fueron liberados. Tampoco los autores intelectuales y sus cómplices fueron llevados ante la justicia, todos gozan de libertad. La impunidad, la maldita impunidad, también cubre este horrendo crimen de Estado.

Su principal responsable, a los ojos de las víctimas, sus familiares, las organizaciones no gubernamentales que les arroparon desde entonces y un grupo de abogados locales e internacionales, es el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.

El actual consejero del grupo mediático español Prisa, director del Centro para el Estudio de la Globalización de la Universidad de Yale, consultor de la Organización de Naciones Unidas y consejero de la Fundación Bill & Melinda Gates, del multimillonario Bill Gates; es nada menos, que un hombre cuestionado por un ignominioso crimen de lesa humanidad.

Qué tan grave será su responsabilidad en la matanza de Acteal que ha decidido defenderse reclamando su “inmunidad legal” ante la Corte Federal en Hartford, Connecticut en Estados Unidos, donde fue acusado por este delito, el pasado 19 de septiembre.

Pero a Zedillo le persigue su pasado. Tiene cuentas pendientes. Cuentas que debe saldar debidamente. Seis hombres y cuatro mujeres sobrevivientes de la matanza de Acteal, algunas viudas e hijos de las víctimas, cuyos nombres se mantienen bajo reserva, decidieron que ha llegado la hora de la verdad e interpusieron una denuncia ante los tribunales de Connecticut porque radica en New Haven, donde se desempeña como profesor de la Universidad de Yale.

Escudándose en su condición de ex presidente, Zedillo pretende eludir nuevamente su cita con la justicia, solicitando a los tribunales estadounidenses que desechen la demanda interpuesta por el despacho “Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess”, con sede en Miami, Florida, que representa a las víctimas de Acteal.

La tesis principal de la demanda es brillante, aguda y apegada totalmente a la realidad. Sostiene que el señor Zedillo Ponce de León conspiró antes y después de la matanza de Acteal para ocultar el papel desplegado por el Ejecutivo federal antes y después de la masacre.

El ex Presidente ha invertido cantidades ingentes de energía y recursos para intentar ocultar su estrategia gubernamental dirigida a aplastar al movimiento zapatista surgido públicamente el 1 de enero de 1994. La matanza de Acteal, orquestada, diseñada y dirigida desde el gobierno de Chiapas en poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), está íntimamente ligada al llamado “Plan de Campaña Chiapas 94”, una estrategia de contrainsurgencia que pretendía acabar con los grupos disidentes que apoyaban al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Zedillo no solamente conspiró durante su mandato para intentar ocultar las consecuencias de la brutal represión en Chiapas convertida en guerra de baja intensidad que costó la vida a cientos de personas inocentes; también lo hizo después de dejar la Presidencia en el año 2000.

Para ello se rodeó de auténticos aliados, entre los cuales destacan Héctor Aguilar Camín, autor de tres textos que supuestamente desmontan las “mentiras” de Acteal publicados en su revista Nexos. Entre sus argumentos expresados en una entrevista que le hice hace cuatro años, asegura que luego de revisar minuciosamente abundante documentación sobre la matanza de Acteal, llegó a la conclusión de que en Chenalho, Chiapas no había paramilitares.

El principal argumento del escritor Aguilar Camín es que los grupos paramilitares como “Máscara Roja”, en realidad eran grupos auto armados. Y de manera insólita sostiene que fueron los mismos indígenas los que hicieron una “cooperacha” para comprar el armamento que utilizaron en la matanza. Más aún, sostuvo de manera insistente que el proceso judicial de la matanza de Acteal estaba lleno de irregularidades con fabricación de muchos culpables por lo cual la mayoría de las 78 personas acusadas eran inocentes.

Zedillo y Aguilar Camín, no estuvieron solos, los acompañó el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) cuyo principal argumento para defender a los inculpados de la matanza de Acteal se basó en que todo fue un conflicto intercomunitario entre zapatistas y antizapatistas, sin la presencia de paramilitares.

Un grupo de abogados dirigido entonces por Ricardo Raphael logró en agosto de 2009 que la Suprema Corte de Justicia revocará 20 de las sentencias de los 34 detenidos y ordenara la liberación de 11 encarcelados por fallas en el debido proceso. El CIDE no inició nunca una investigación para intentar hacer justicia a las víctimas de Acteal. Su principal cometido fue liberar a los supuestos “inocentes”, pero lamentablemente no invirtieron esfuerzos a favor de la detención de los verdaderos culpables.

Catorce años después, hay suficiente bibliografía, expedientes e informes sobre la verdad de la matanza de Acteal. Los magníficos informes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C. que asumió la defensa de las víctimas son esenciales. En el documento: “Acteal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación: la defensa de los paramilitares” esta organización no gubernamental sostiene que de los 80 sentenciados y presos por la masacre, el CIDE eligió a 12 para exponer las deficiencias del Sistema de Justicia de manera interesada: “El CIDE equivoca su análisis y su intención al escoger a los presos por la masacre de Acteal para su “litigio estratégico”, primero porque existirían muchos más casos que señalarían las mismas deficiencias y que a la vez constituirían agravios serios a la sociedad y a la democracia, baste pensar en Atenco y Oaxaca, por ejemplo; segundo, porque a pesar de las deficiencias, los 12 paramilitares presos son culpables, lo que implicaría, contrario a cualquier sentido ético, que estarían aprovechando las deficiencias del sistema de justicia para liberar a criminales”.

Paradójicamente, la defensa del CIDE a los inculpados que añadió más impunidad a la matanza de Acteal, ha servido para que una corte estadounidense abra el caso. Zedillo y sus aliados pretendían cubrir con un manto de olvido una de las peores masacres de indígenas de la reciente historia de México, pero la exculpación de la Suprema Corte de Justicia fue clave para que las víctimas sobrevivientes conocieran los detalles del encubrimiento y buscaran justicia en tribunales extranjeros al cerrarse la posibilidad de la justicia mexicana.

Las víctimas de Acteal acudieron en 2005 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para buscar justicia y reparación; un proceso largo que aún espera resultados. Pero la Alien Tort Claims Act o ATCA, conocida también como Ley de Protección a Víctimas de Tortura y la Ley de Protección y de Reclamos por Agravios a Extranjeros en Estados Unidos, que permite a ciudadanos de otros países el derecho de ejercer acciones legales en las cortes de Estados Unidos contra quienes radican en ese país, ha dado estupendos resultados y se ha logrado detener a diversos criminales latinoamericanos. El Center for Constitutional Rights ha asumido varios casos de manera exitosa.

A pesar de protegerse de manera vergonzosa con el estatus de ex presidente, no le será fácil a Ernesto Zedillo mejorar su imagen después de esto. Desde que dejó la Presidencia, ha sabido venderse como estadista, envuelto en la bandera de héroe democrático por la “histórica hazaña” de “permitir” el triunfo del Partido Acción Nacional. Sin embargo, su verdadero historial deja mucho que desear ante la comunidad internacional a pesar de que la mayoría del establishment prefiera cerrar los ojos frente a la abyección de su presunto delito.

Zedillo pretendía trascender. Quizá por eso forma parte del consejo ejecutivo de importantes empresas como Prisa, Procter and Gamble, Alcoa y Unión Pacific. Curiosamente, esta última es concesionaria de la compañía Ferromex (anteriormente llamados Ferrocarriles Nacionales de México) privatizados durante su mandato. No es ético ni moral servirse del poder para su beneficio. Tampoco ser señalado en una matanza como la de Acteal, un caso que ofende a toda la humanidad.

Tal vez, sus cómplices, aliados, amigos y compañeros de su prospera carrera de estadista mundial, deberían conocer la Comunidad de la Sociedad Civil de las Abejas en Acteal, su extraordinaria fortaleza, dignidad y lucha por la justicia. Tal vez, deberían conocer y no olvidar el testimonio de la indígena Micaela, recogido por Rosalía Aída Hernández Castillo autora del libro “La Otra palabra mujeres y violencia en Chiapas: antes y después de Acteal” que narra la forma en que actuaron los paramilitares financiados, estimulados y orquestados por el Estado bajo el mandato de Ernesto Zedillo Ponce de León:

“Desvistieron a las mujeres muertas, les cortaron los pechos, a una le metieron un palo entre las piernas y a las embarazadas les abrieron y sacaron a sus hijitos y jugueteaban con ellos, los aventaban de machete en machete”.