Es muy preocupante la actitud asumida por varias organizaciones ciudadanas guerrerenses, de amenazar a los normalistas de Ayotzinapan con tomar represalias por propia cuenta. “¡Si el gobierno (de Ángel Heladio Aguirre Rivero) no puede, lo haremos nosotros, ya basta!”. Califican como “delincuentes” a los estudiantes de dicha escuela rural, quienes lo único que piden es un apoyo mínimo para poder terminar sus estudios, el cual se les ha negado sistemáticamente. El mandatario está obligado a evitar que la violencia que ha enlutado a dicha entidad, tome cauces que harían mucha más complicada una eficaz labor pacificadora, al conducirse con una finalidad clasista y discriminatoria.
Ciudadanos Unidos de Guerrero, la organización que hizo la amenaza antedicha, se deja llevar por prejuicios ideológicos que sólo desembocan en la irracionalidad. El riesgo es que de pasar a los hechos, la situación de por sí grave podría desencadenar una violencia social incontrolable, en uno de los estados que históricamente se han distinguido por el uso de las armas como método para “solucionar” conflictos sociales y políticos. El problema de fondo es que en la actual coyuntura, una violencia de este tipo podría rebasar las fronteras de la entidad y entrelazarse con la desatada por la “guerra” de Felipe Calderón, con todas las dramáticas implicaciones que cabría esperar.
Esos ciudadanos que sólo piensan en sus mezquinos intereses, no se ponen a pensar en las causas que provocan el descontento de los sin voz. Si a los estudiantes de las normales rurales se les cierra la única posibilidad que tienen de hallar una mejor oportunidad en la vida, es comprensible que luchen por evitarlo, sin salirse de los cauces legales, como fue el caso con los normalistas de Ayotzinapa. Si no se les presionara como se ha hecho, con un absurdo egoísmo que no tiene justificación, seguramente esos pobres campesinos que quieren salir de la miseria a la que están condenados, se dedicarían en cuerpo y alma a su objetivo.
Podrá argumentarse que no sólo se dedican a estudiar, sino que desde siempre los estudiantes de las normales rurales han sido “unos revoltosos”, motivo por el que Elba Esther Gordillo (la ahora aliada de Enrique Peña Nieto), quiere que sean cerradas las pocas que aún quedan en el país. Cabría puntualizar que lo único que hacen es ejercer un elemental derecho ciudadano de solidarizarse con el sector del cual provienen, el que ha sido más profundamente afectado por los gobiernos neoliberales que han empobrecido aún más a los campesinos, obligándolos a abandonar sus tierras, contribuyendo así a la dramática improductividad del agro y a la costosísima importación de alimentos de consumo básico.
Qué diferencia con el trato del “gobierno” de Calderón a las universidades privadas, a las cuales habrá de beneficiar con el plan de becas para 23 mil jóvenes con una inversión inicial de 2 mil 500 millones de pesos que serán avalados por Nacional Financiera. Podrá decirse que se trata de una labor “altruista”, pues permitirá que estudiantes sin recursos puedan terminar sus estudios en muy costosos centros educativos privados, como el Instituto Tecnológico de Monterrey y la Universidad Anáhuac. Con todo, el hecho fundamental es que con eso no se resuelve el problema de fondo, o sea la creciente incapacidad del sector público para satisfacer una demanda en ascenso.
Es de dudarse, por otro lado, que estudiantes pobres puedan adaptarse a convivir con la flor y nata de la elite, quienes sin duda aprovecharán cuanta oportunidad se les presente para humillarlos y hacerlos desistir de su empeño en codearse con ellos. Además, tendrían que aceptar servir a los intereses de esa minoría privilegiada, pero en calidad de sirvientes de lujo, lo que hará aún más difícil el cumplimiento de dicho plan. Otra cosa muy distinta, y correcta desde todo punto de vista, sería que ese monto se destinara a apoyar programas de desarrollo de las universidades públicas, las cuales se ven obligadas a trabajar con las uñas para cumplir medianamente sus objetivos.
Vemos así que Calderón, hasta el último día de su mandato, seguirá firme en su empeño de beneficiar a la oligarquía, en grave detrimento de los grupos más vulnerables. Eso no lo ven quienes, como la organización Ciudadanos Unidos de Guerrero, sólo tienen ojos para ver lo que les conviene, no para comprender las causas y efectos de una realidad absolutamente injusta. Por lo pronto, el autor de la campaña de desprestigio contra Andrés Manuel López Obrador, el español Antonio Solá, ya asesora a la virtual precandidata panista, Josefina Vázquez Mota, seguramente para desatar otra criminal ola de vituperios contra el abanderado del Movimiento Progresista. Luego se disgustan porque el pueblo llega a cansarse, víctima de tanta injusticia, y no quiere dejarse pisotear más, como quisiera esa elite privilegiada surgida de universidades privadas.
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